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Tras ser aprobadas por las dos cámaras del Congreso de la Unión y por la mayoría de las legislaturas de los estados, se publicó la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones el 11 de junio de 2013. Tales reformas incluían aspectos muy importantes que habían demandado las organizaciones sociales en lucha por la democratización de los medios en México.

Constitucionalmente, a partir de esta reforma es un compromiso del Estado el diseño de una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales para garantizar que la población se integre a la sociedad de la información y el conocimiento. Asimismo, que las telecomunicaciones sean un servicio que se preste “en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias”. Además de competencia y calidad, la radiodifusión, el otro servicio público de interés general que es materia de esta reforma, debe brindar “los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional”, para que contribuya a los fines educativos establecidos en el artículo 3 de la Constitución.

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El proyecto neoliberal tuvo un fuerte impulso en las industrias de la radiodifusión y de las telecomunicaciones durante los dos últimos sexenios presidenciales del viejo régimen político encabezado por el Partido Revolucionario Institucional ( pri). Entre los años 1988 y 2000, se realizaron transacciones económicas que dejaron en manos privadas a las empresas estatales de televisión abierta y telefonía. Además, se implementaron medidas legislativas que iban a marcar para la industria de las telecomunicaciones un derrotero donde la participación del Estado disminuyó considerablemente y dejó el papel protagónico a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.

Este conjunto de decisiones políticas tuvo lugar en una etapa en la cual se dio un acelerado avance en las telecomunicaciones e inició la internacionalización de la televisión de paga; una verdadera revolución tecnológica que tenía su centro en el conocimiento. Según los economistas Sergio Ordóñez y Daniel Navarrete, a partir de los años ochenta del siglo pasado surgió una nueva fase de desarrollo del capitalismo, pues el conocimiento se constituyó en la principal fuerza productiva del crecimiento económico.15 Para estos autores, la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones hizo posible que el capitalismo diera un salto de calidad en la aplicación de la ciencia y el conocimiento en la producción social; logró articular inmediata e interactivamente al sector científico-educativo con la producción social a través, por un lado, del incremento en la capacidad de procesamiento de información y producción del conocimiento, el cual fue directamente accesible y aplicable a la producción.

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Hacia la mitad de la década de los setenta del siglo xx, en América Latina había interés por cambiar la situación de los medios masivos de comunicación pues casi todos estaban controlados por la iniciativa privada y eran operados de forma comercial. Ello implicaba poca o nula intervención estatal en el desarrollo de esta área tan importante para la economía y la cultura de cualquier país. En julio de 1976, bajo el auspicio de la unesco, representantes de veinte países de América Latina y el Caribe, incluido México, se reunieron en San José de Costa Rica para discutir políticas nacionales de comunicación.1 La reunión se planteó como objetivos la elaboración de políticas de medios que orientaran la inversión en infraestructura, determinaran niveles tecnológicos óptimos, coordinaran los sistemas de comunicación con metas de desarrollo económico, social y cultural, y racionalizaran la capacitación y el uso de recursos humanos. El fin era asegurar la producción en cada país y fortalecer la soberanía nacional, especialmente en el aspecto cultural.2 Pero pocos años después, quienes aspiraban al rescate nacional de los medios masivos de comunicación en América Latina se enfrentaron al avance de las ideas de libre mercado, privatización y eliminación del Estado benefactor. Se trató de la expresión regional de un proceso más amplio de la expansión del capitalismo global que parecía terminar con la controversia “entre los partidarios de la ideología de la libertad total del mercado y los defensores de la participación activa del Estado en la gestión económica”.

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Los dos principales grupos que controlan las industrias de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México son tan fuertes que constituyen en los hechos contrapoderes frente al Estado. Se trata de grupos de presión que lo desafían para favorecer sus intereses económicos. Los actores políticos, en su mayoría, resultan incapaces de enfrentar a los dueños de las concesiones; gran parte de su imagen pública depende de ese oligopolio que controla la radio, televisión, telefonía fija y móvil, e internet en México. Por esa razón, es fundamental la participación activa de grupos sociales organizados en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información como pilares de la vida democrática. En México, existen muchos grupos sociales interesados en este tema (sindicatos y gremios de comunicadores, escuelas de comunicación y múltiples ong como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc, y otras). En este trabajo se eligió estudiar las principales propuestas y acciones de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi) en torno a las reformas constitucionales en materia de radiodifusión y telecomunicaciones aprobadas por los legisladores en junio de 2013. También estudiaremos el debate alrededor de las leyes reglamentarias propuestas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en marzo del 2014. El objetivo fue plantear la perspectiva de esta organización como un caso específico en el análisis del papel de la sociedad organizada en los procesos legislativos, todo ello en una coyuntura particularmente importante en el país. Las reformas realizadas afectan a las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, los medios sin los cuales no es posible la comunicación política. Además de la presente introducción y las reflexiones finales, el trabajo está estructurado en cinco apartados. En el primero se presenta la problemática de los medios de comunicación y el cambio del papel del Estado en la economía como un fenómeno común en América Latina, incluido México. Se reflexiona brevemente sobre la simultaneidad del fortalecimiento de la sociedad civil y la imposición del neoliberalismo económico en esos años.