# data[].attributes.attachment_caption
Organizaciones piden a Francia y a Petro intervenir sobre el Museo de la Memoria

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
La vicepresidenta electaFrancia Márquez y el presidente electo Gustavo Petro recibieron dos peticiones este fin de semana para proteger la memoria histórica del país, especialmente frente al accionar de las directivas del Centro Nacional de Memoria Histórica: "Solicitamos su intervención urgente para asegurar que el Museo Nacional de Memoria Histórica (MNM) y el Archivo Nacional de Derechos Humanos se abran y extiendan frente al país y en ese sentido cumplan su mandato institucional y su objeto misional de escuchar y promover la reflexión nacional", resume uno de los documentos.

La preocupación cobra relevancia porque el museo y el archivo son las únicas estamentos que quedarán tras la finalización del mandato de la Comisión de la Verdad y del trabajo de CNMH para garantizar una pedagogía hacia la reconciliación sobre elconflicto armado colombiano.

Quienes enviaron las solicitudes fueron la Alianza Colombiana de Museos y la Red Colombiana de Lugares de Memoria. La primera fue creada en 2020 por organizaciones de memoria y museos del país, ante la "emergencia cultural" causada por las cuarentenas de la pandemia del covid, para impulsar discusiones sobre políticas públicas de cultura, patrimonio y memoria. Una de sus miembros es la Red, la segunda, que desde hace más de 20 años integra a 39 lugares de memoria del Caribe, Antioquia, el Pacífico y el sur oriente del país, para construir una memoria que garantice la no repetición.

Ambas peticiones van en el mismo sentido: que intervengan para que el Centro Nacional de Memoria Histórica cumplan su misión en la estructuración del museo de manera participativa con organizaciones de derechos humanos, de víctimas y académicas y que promueva la pedagogía en los territorios. Según la Alianza Colombiana de Museos, "el director del CNMH, Darío Acevedo, y la Junta Directiva del mismo omiten (evaden o simplemente desconocen) el sentido profundamente transformador de las memorias de las víctimas". Como resultado, dicen, el país no cuenta con un Archivo Nacional de Derechos Humano s ni un Museo de Memoria "que comprendan el valioso e histórico ejercicio de la sociedad en procura de la No Repetición".

Para Italia Samudio, de Comité de Incidencia de la asociación, esto es especialmente grave porque el Museo Nacional de Memoria es el eje de todo el trabajo que se debe hacer ahora que la Comisión de la Verdad entregó su Informe Final. "El Museo es la única institucionalidad que queda de todo el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y la No Repetición. Y con él, el Archivo Nacional de DDHH, que contendrá el acervo patrimonial más grande del país y de donde saldrán todas las investigaciones, no solamente de naturaleza jurídica sino el trabajo académico, de lugares de memoria y procesos territoriales, pero que hoy se encuentra en un limbo institucional", explica.
En contexto: En el guion del Museo de Memoria de Darío Acevedo no existen los paramilitares
La intervención del próximo gobierno al CNMH debe tener en cuenta, para la Red, que "una de las principales limitaciones para la satisfacción integral de este derecho en nuestro país es el hecho de que la política de memoria en Colombia ha sido hasta ahora más una política de Gobierno que una política de Estado". Por eso, solicitan a Petro y a Francia, que, además de reformular la arquitectura institucional del Museo de la Memoria este "quede anclado dentro de la institucionalidad" para garantizar su independencia de los gobiernos de turno.

Además, insisten en que la estructura directiva de esa entidad debe contar con representación de las víctimas y del gremio museológico y académico. " Dicha representación debe superar la mera instancia consultiva, permitiendo voz y voto en la directiva para garantizar la activa y decisoria participación en la formulación y definición de los Planes Museológico, Museográfico, Curatorial y Archivístico", señala. Y recuerdan que una muestra de su invisibilización es que el guion publicado en abril pasado no fue consultado con las organizaciones.

En esa misma medida, solicitan que quien esté a la cabeza sea una persona que genere confianza en la institucionalidad. " Darío Acevedo ha repetido y repetido que, según la Ley 1448 y 4803, la construcción debe ser participativa pero eso no ha sucedido. Ha hecho unas cuatro reuniones, pero solo una ha tenido asistencia porque las asociaciones le dijeron que con él no se puede trabajar, porque solo nos pone a llenar listas de asistencia, porque desde el inicio ha sido un negacionista del conflicto, la muestra son las exposiciones entuteladas por la JEP", explica Samudio.
Le puede interesar: Estos son los capítulos del Informe Final de la Comisión de la Verdad
Las organizaciones piden ser tenidas en cuenta tanto en el comité de empalme para el Centro Nacional de memoria Histórica como en la estructuración de una política pública de memoria, que además fue una de las recomendaciones de la CEV. "No es solo cambiar la directivo del CNMH. Nos preocupa la política pública que define cuál es el lugar institucional del museo, porque el museo no es un edificio en el centro de Bogotá, es una estrategia para generar las reflexiones en todos los rincones del país que nos permitan pensar y hacer de la transformación de los territorios una salida a la guerra. Es llevar esos conocimientos, ponerlos a disposición de los territorios y generar el diálogo con las comunidades que nunca pudieron hablar. Todo en el camino de la no repetición", añade.

Un guion en contra de la memoria

Como bien lo había documentado Colombia+20, el guion del Museo de la Memoria presentado por Darío Acevedo genera grandes reparos entre las organizaciones de memoria, de víctimas y otros conocedores del tema pues no apunta hacia la misión que le delegó la Ley 1448, de víctimas y restitución de tierras: contribuir a la reconciliación y la No Repetición de la violencia en e país.
Lo invitamos a leer: Política de Memoria y otras recomendaciones del Informe para reparar a víctimas
En el documento de la Alianza Colombiana de Museos, que también fue enviado a Iván Cepeda y Álvaro Prada, resumen los reparos en tres puntos. Aseguran que desconoce los esfuerzos de las organizaciones de DDHH y memoria por prevenir atender y superar la violencia y reduce a las víctimas a cifras y datos al carecer de una metodología de escucha. En segundo lugar, señala que esa revisión de datos es precaria y pretende negar u ocultar la responsabilidad del Estado "contradiciendo el mandato que tiene el CNMH y el MNM de no oficializar verdades desde el establecimiento porque ello va en detrimento de los necesarios alcances reflexivos que debemos hacer como sociedad y hace mella en la legitimidad de la institucionalidad creada en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR", según señala.

Y, finalmente, limita "las narrativas museologicas" a una "simple exposición cronológica de hechos en donde los recursos expositivos no van más allá de una mirada historicista de momentos y acciones que no corresponde ni conceptual ni analíticamente con lo que en los procesos de memoria desde los territorios se ha construido desde hace más de treinta años". Por eso insisten en que debe ser reformulado, teniendo en cuenta el trabajo previo de otras organizaciones académicas, observatorios de paz y de tierras, las redes de víctimas y hasta el mismo trabajo del CNMH, para que el museo esté al servicio de las comunidades.

# data[].attributes.attachment_link.title
Organizaciones piden a Francia y a Petro intervenir sobre el Museo de la Memoria

# data[].attributes.attachment_link.description
La vicepresidenta electaFrancia Márquez y el presidente electo Gustavo Petro recibieron dos peticiones este fin de semana para proteger la memoria histórica del país, especialmente frente al accionar de las directivas del Centro Nacional de Memoria Histórica: "Solicitamos su intervención urgente para asegurar que el Museo Nacional de Memoria Histórica (MNM) y el Archivo Nacional de Derechos Humanos se abran y extiendan frente al país y en ese sentido cumplan su mandato institucional y su objeto misional de escuchar y promover la reflexión nacional", resume uno de los documentos.

# data[].attributes.attachment_caption
Este martes se presenta el histórico Informe Final de la Comisión de la Verdad

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En un hecho histórico, Colombia conocerá este martes 28 de junio el Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) sobre el conflicto armado que vivió el país durante casi 60 años. La entrega se realizará a las 11 de la mañana en el teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá con retransmisión en ciudades como Arauca, Barrancabermeja, Villavicencio, Mocoa, Pasto, Cali, Leticia y Mitú.

En 2016, el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc, creó esa comisión que en poco más de tres años de mandato debió investigar las verdades ocultas de la guerra, cuáles fueron sus causas y por qué prevaleció durante tantos años. También las afectaciones poblaciones como las comunidades étnicas, la población LGBTI, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.
En contexto: El país en transición al que llega el Informe final de la Comisión de la Verdad
La titánica tarea estuvo a cargo de trece comisionados de la Verdad, presididos por el padre Francisco de Roux, que iniciaron su labor formalmente el 29 de noviembre de 2018. Dos de ellos murieron en el cumplimiento de su labor: Ángela Salazar y Alfredo Molano Bravo. El equipo de investigación de la CEV además estuvo compuesto por 290 personas en Bogotá, 200 personas repartidas en los territorios y 120 transcriptores.

La extensa y exhaustiva investigación tuvo en cuenta 28.543*relatos de víctimas pueblos indígenas, afro, campesinos, miembros de grupos armados ilegales, de la Fuerza Pública, políticos, empresarios y otros actores de la sociedad civil que de alguna forma tuvieron que ver con el conflicto armado.
Le puede interesar: Una Comisión de la Verdad inédita en el mundo
Además, recibió 1.195 informes de esclarecimiento por parte de instituciones, organizaciones sociales, colectivos de víctimas, entre otros. También recibió 730 casos de organizaciones e instituciones.

¿Qué contendrá el Informe Final?
En video: +Verdad -Cuento: ¿Qué es y cómo será el informe final de la Comisión de la Verdad?
El documento tendrá diez capítulos que abordarán temas claves para entender el conflicto como las violaciones a Derechos Humanos, las consecuencias en la salud mental y física que dejó la guerra, el comportamiento de los actores armados en el territorio, entre otros. El capítulo sobre afectaciones y violencia sexual hacia mujeres y población LGBTI, así como el dedicado a los colombianos que debieron exiliarse a causa del conflicto, son inéditos con respecto a otras comisiones de la Verdad en el mundo.

Durante la ceremonia de entrega solo se conocerá uno de los diez capítulos: el de Síntesis y hallazgos que obtuvo la comisión durante su trabajo. Ese capítulo también contendrá una serie de recomendaciones para que la cruenta guerra que vivió el país no vuelva a suceder. Colombia+20 tuvo acceso a un borrador, donde se abordan medidas y sugerencias en temas como el avance del Acuerdo de Paz, cómo enfrentar la violencia del narcotráfico, cómo superar la impunidad, las garantías para la reparación de las víctimas y la transformación del sector seguridad. Además, recomendaciones para consolidar la democracia y la transformación de los terrirorios, entre otras.

La CEV también entregará un manifiesto o declaración a cargo del padre De Roux, con el mensaje de esa entidad para el país.
Además: Así funcionará el comité que continuará con el legado de la Comisión de la Verdad
Es importante recalcar que el contenido del Informe Final no tiene consecuencias judiciales, lo que significa que no sirve para la imputación penal ante ninguna autoridad. Esto porque se entendía que, si tuviera repercusiones ante la justicia, varias personas no se hubiesen atrevido a contar lo que sabían.
*Datos hasta el 13 de junio de 2022
¿Qué sigue tras la entrega del Informe Final?

Tras la entrega de este informe, la Comisión tiene dos meses más para socializarlo y difundirlo con la mayor amplitud por todo el país. Después de ello quedará un Comité de seguimiento y monitoreo que tendrá la función de verificar el cumplimiento de las recomendaciones que haga la CEV a diferentes instituciones del Estado. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos.

El informe llega en un momento crucial y de transición para Colombia. Por primera vez en más de dos siglos de historia republicana, el país tendrá un gobierno de izquierda tras la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez en las elecciones del pasado 19 de junio. Será esa administración quien debe hacer seguimiento a esas recomendaciones, que de todas maneras no son de obligatorio cumplimiento. No obstante, el comité emitirá informes periódicos que divulgará ampliamente sobre el avance de estas.

Aquí algunas cifras que nos deja el Informe Final:

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
informe final de la comisión de la verdad

# data[].attributes.attachment_link.title
Este martes se presenta el histórico Informe Final de la Comisión de la Verdad

# data[].attributes.attachment_link.description
En un hecho histórico, Colombia conocerá este martes 28 de junio el Informe Final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) sobre el conflicto armado que vivió el país durante casi 60 años.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En agosto de 2010, el Congreso de la República aprobó la Ley 1408, por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, aprobada un año después, incluía un artículo cuyo objetivo era "contribuir en la búsqueda de los desaparecidos y colaborar para la identificación de cadáveres y su inhumación posterior, según las tradiciones familiares y comunitarias, a través de las entidades competentes para tal fin". No es la única medida al respecto.

Desde que la Unidad para las Víctimas entró en funcionamiento en 2012, la entidad ha acompañado la entrega de restos a 1.579 familias con víctimas de desaparición forzada y homicidio, en 26 departamentos del país. Este acompañamiento se convierten en una medida de satisfacción, parte de la reparación integral a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado.

"Uno de los deseos habituales de familiares y amigos consiste en saber dónde está el ser querido. Por eso, es importantísimo el apoyo psicosocial que ofrecemos en estos casos, cuando se tramitan duelos y recuerdos, que significan, de algún modo, cerrar un capítulo personal en la vida de esas familias que anhelan reencontrarse con esa persona tan querida", asegura Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas.

Los familiares de personas desaparecidas incluidos en el Registro Único de Víctimas tendrán derecho a medidas de asistencia como la ayuda humanitaria. En cuanto al programa de reparación individual, se han destinado más de 355.000 millones de pesos en la indemnización administrativa de unas 78.000 víctimas directas e indirectas de este hecho.

Además, la Unidad para las Víctimas viene implementando una 'Estrategia de recuperación emocional a nivel grupal' con el propósito de contribuir al proceso de reparación integral de las víctimas. En ese contexto, se han atendido 1.919 familiares de personas desaparecidas forzadamente, con corte a junio de 2015.

Las voces de las víctimas han adquirido un protagonismo como nunca antes en nuestra historia. Víctimas de desaparición forzada también ocupan puestos de representación en las mesas de participación municipales, departamentales y nacional.

Sus testimonios se están abriendo paso en las instituciones y la opinión pública, como sucedió recientemente en el conocido caso de 'La Escombrera' de Medellín, donde la Unidad para las Víctimas está brindando acompañamiento psicosocial a las víctimas involucradas y se realizan talleres para la construcción de acciones simbólicas.

"En Colombia, a medida que las víctimas están cobrando protagonismo en el espacio público, también vamos entendiendo las implicaciones de estos hechos y la importancia de escuchar los relatos de los familiares que aún esperan encontrar a sus seres queridos", sostiene Paula Gaviria.

# data[].attributes.attachment_link.title
Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

# data[].attributes.attachment_link.description
Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Beneficiarios tiendas de paz, Directivos de Bavaria y AB InBev Global, Prosperidad Social e Interactuar
Este miércoles, delegados de Prosperidad Social y un grupo estratégico de Bavaria llegaron a tres comunidades de Cocorná, para escuchar de viva voz de la comunidad cómo ha sido su experiencia con las Tiendas de Paz

Cocorná en Antioquia, es uno de los 29 municipios en Colombia, en donde Prosperidad Social y la Fundación Bavaria construyeron 3 de las 34 Tiendas de Paz, un proyecto conjunto para incentivar el regreso de población desplazada a sus tierras, ofreciéndoles un espacio de arraigo para comercializar los productos que cosechan y mejorar sus ingresos familiares.

A este municipio del Oriente Antioqueño, llegaron hoy el director de Gestión y Articulación de la Oferta Social de Prosperidad Social, Juan Felipe Rodríguez y el director de Fundación Bavaria, Jorge Enrique Bedoya, con el fin de conocer la experiencia de más de 400 personas de las tiendas de las veredas San José, Los Medios y La Chapa, que en este municipio se benefician con el proyecto.

"Tiendas de Paz es una iniciativa que empezó en octubre de 2011 con la alianza de Prosperidad Social, la Fundación Bavaria y la Corporación Interactuar. A largo plazo se espera consolidar las Tiendas de Paz como centros de acopio de la producción de los campesinos, en lugares centralizados de comercialización de los productos de sus fincas y en puntos comunitarios de articulación entre las comunidades", explicó el director de Oferta, Juan Felipe Rodríguez Sauda.

De las Tiendas de Paz se han beneficiado 7 mil 805 personas de manera directa e indirecta en 29 departamentos. La mayoría de ellos pertenecen a los programas Familias en su Tierra y Red Unidos, dada su condición de víctimas del desplazamiento forzado, en proceso de retorno, o en pobreza extrema.

Para Jorge Bedoya, "En Bavaria queremos unir a la gente por un mundo mejor y tiendas de paz es un gran ejemplo de unión y reconciliación. Estas tiendas están orientadas a la atención y reconstrucción del tejido social de comunidades víctimas de la violencia a través de la intervención de organizaciones comunitarias que trabajan de la mano de la comunidad. Para este fin, este año invertiremos 1.000 millones de pesos."

El máximo órgano de decisión es la Asamblea en pleno, y para decisiones de administración y sostenibilidad se cuenta con los comités de tienda y de ahorro, que además deben garantizar la permanencia de la tienda y el ahorro comunitario. Ambos comités reciben formación empresarial en temáticas administrativas, financieras y de mercadeo, según corresponda Y acorde a la necesidad específica de cada uno.

A la fecha se han invertido recursos del orden de $4.860 millones en total, de los cuales Prosperidad Social ha aportado $2.800 millones, Fundación Bavaria $1.900 millones y Corporación Interactuar $160 millones.

De le delegación que visitó las Tiendas de Paz en Cocorná, también hicieron parte directivos del grupo empresarial Anheuser-Busch InBev.
TESTIMONIOS DE BENEFICIARIOS
Edilson Eduardo Duque Ramírez

Tiendas de Paz Vereda San José Cocorná

"Las Tiendas de Paz son una oportunidad para la comunidad, pues está hecho para que los campesinos se relacionen más y ha generado un mayor fortalecimiento en los conocimientos empresariales y técnicos, logrando un cambio significativo en la comunidad."

Maria Orfilia Hoyos

Tiendas de Paz El Prodigio

Municipio San Luis - Antioquia

"Tiendas de Paz ha significado la unión de la misma comunidad, el compartir experiencias y conocimientos con las mismas personas que la integran. El Ahorro comunitario les brindará a la comunidad la oportunidad de acceder a un dinero siempre y cuando sean con los requerimientos establecidos y también un beneficio para todos."

# data[].attributes.attachment_link.title
Cocorná, Antioquia, ejemplo de reconciliación con proyecto Tiendas de Paz

# data[].attributes.attachment_link.description
Beneficiarios tiendas de paz, Directivos de Bavaria y AB InBev Global, Prosperidad Social e Interactuar Este miércoles, delegados de Prosperidad Social y un grupo estratégico de Bavaria llegaron a tres comunidades de Cocorná, para escuchar de viva voz de la comunidad cómo ha sido su experiencia con las Tiendas de

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En Cocorná, el conflicto armado causó tanta destrucción y dolor que, sin contar las vidas perdidas, unos 13.000 de sus 15.000 habitantes son considerados víctimas, es decir el 86,6 %.

Este municipio del oriente antioqueño, de 210 kilómetros cuadrados de extensión, llegó a ser uno de los pueblos más expulsores del país (desplazamiento por el conflicto armado).

Ahora, cinco 'Murales de Memoria' buscan mostrar el pasado y recordar cómo lograron resurgir. Así lo cuenta Alexander Quintero, artista y también víctima, que recopiló historias reales de la violencia en Cocorná y las plasmó en paredes del casco urbano.

"Buscamos tener historia sobre esos tiempos, desde lo simbólico, contando cómo fue la población resiliente, cómo fue resistente a esta época tan difícil. Que las personas tengan reconocimiento de lo que pasó, que podamos conservar la historia y podamos seguir siendo fuertes y evitemos que estas violencias regresen a Cocorná", dijo el artista.

En los murales quedó representado uno de los hechos más recordados por los cocornenses: la destrucción de la Casa de la Cultura, en noviembre de 1998 durante una toma guerrillera, hecho en el que se afectaron la estación de Policía y la Alcaldía.

(Le puede interesar: Chinácota: el pueblo que busca plasmar la paz a través de murales).

De allí, el artista Hectalivar Toro creó la escultura El sacrificado de la intolerancia, con partes de los instrumentos retorcidos que quedaron en medio de los escombros, protagonista en el mural.

Dentro de las piezas artísticas también se retrató el desplazamiento forzado, pues entre los años 1995 y 2005 este municipio sufrió cinco desplazamientos masivos.

En uno de ellos huyó Teresa Quintero, de la vereda Las Mercedes, y quien ahora es la presidenta de la Asocomunal Cocorná e integrante de la Mesa de víctimas. La violencia exterminó un grupo de mujeres llamado Amusí, de la cual era presidenta y que se redujo de 150 integrantes a 30 que se quedaron resistiendo en el territorio.

Giraldo Gómez confirmó que el municipio no tiene amenazas vigentes de grupos armados, ni alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo por riesgos a su población. "Cocorná está libre de grupos organizados; se presentan sucesos aislados que también los hemos atendido a tiempo. Es un municipio que hoy goza de una paz y tranquilidad muy importante y eso es lo que queremos, que el mundo lo escuche", sentenció.

Aunque el conflicto golpeó con fuerza a Antioquia y a la subregión del Oriente, Cocorná representaba un sitio estratégico, teniendo en cuenta que se ubica sobre la autopista Medellín-Bogotá, el eje vial que comunica al departamento con el centro del país.

Entrados los años 80, el frente 47 de las Farc se asentó allí, luego se sumó el Eln y finalmente llegaron las Auc, a inicios del 2000, motivo por el que pasar por ese tramo de la autopista era toda una odisea.

La reparación

Durante siete años, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas desarrolló 10 acciones parte de la reparación colectiva del Gobierno Nacional, luego de que la comunidad priorizara sus necesidades.

María Odilia Pineda, líder de las víctimas en dicho comité, explicó que el diagnóstico del daño se evaluaron las pérdidas que dejó la guerra, en términos morales y de infraestructura. En el pueblo hasta los convites se habían perdido, espacios comunitarios de trabajo conjunto.

"Era un ambiente de desconfianza, porque en el conflicto armado se vio que mi vecino podía ser mi enemigo, que mi familiar podía ser mi enemigo. También había desconfianza en todos los entes de gobierno. Del Comité de Impulso se creó Tejedores y Tejedoras, porque vimos que la parte psicosocial era supremamente importante en el municipio. Trabajamos en eso siete años", contó Pineda.

(Lea también: Impunidad, el sello de las historias de líderes ambientales asesinados).

Según se pudo recoger de entre 40 y 60 líderes que se reunían, de los aspectos más importantes en la reparación fue haber recibido la dotación de la Casa de la Cultura (vestuario, instrumentos musicales, elementos deportivos) para que volviera a haber escuela de música, la reparación del Hogar Juvenil, donde se hospedan los niños que vienen de las veredas a estudiar y la Casa Campesina, donde los campesinos pueden hospedarse en el casco urbano.

Pineda señaló que, aunque dos de esas acciones benefician a los campesinos, lo que falta ahora es el proceso de buscar una reparación colectiva para la población rura l.

Le apuntan al turismo

La última acción fue la dotación de materiales de construcción y dotación mobiliaria y tecnológica para un proyecto ecoturístico, que incluirá senderos y un trapiche panelero que beneficiará a campesinos que también sufrieron el conflicto armado.

Durante el acto cultural de cierre en Cocorná el pasado 9 de diciembre, el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena, informó que el "cierre del plan de reparación colectiva significa la recuperación del tejido social y de proyectos de vida y emprendimiento para sobreponerse a esos hechos macabros de los grupos armados".

Para el alcalde Saúl Giraldo, quien también es víctima de la violencia como sus ciudadanos, es necesario que se sigan brindando las oportunidades a los campesinos jóvenes que "ya no se desplazan por la violencia, sino por la falta de oportunidades".

Frente a la apuesta por el turismo, expuso que se espera tener el parque de la Panela, que puede llegar a ser como el Parque del Café, por su vocación panelera.

(Siga leyendo: El turismo nacional cierra el 2021 con sus cifras al alza).

"Queremos en la finca del municipio, tener un trapiche comunitario, que les pueda brindar a muchos productores herramientas, para que se vuelvan competitivos ante el mercado y pensar en exportar la panela. El proyecto turístico busca integrar a muchos cultivadores de caña, que vengan y la muelan acá. El parque de la panela va a ser muy importante para que las víctimas verdaderamente tengan una opción productiva que les represente recursos importantes", dijo el mandatario.

La Unidad para las Víctimas ha invertido cerca de 54.000 millones de pesos en ayuda humanitaria, la entrega de 7.210 indemnizaciones económicas individuales y la reparación colectiva. También se implementa un plan de retornos y reubicación de desplazados.

MELISSA ÁLVAREZ
Medellín
EL TIEMPO

Más noticias de Colombia

- La dura respuesta de Daniel Quintero por revocatoria

- Arrancó la Feria con 'Cali pachanguero' y el talento del Salsódromo

- La cifra de lesionados con pólvora que va creciendo en el Atlántico

# data[].attributes.attachment_link.title
Así resurgió Cocorná, el pueblo donde el 86 % de habitantes son víctimas

# data[].attributes.attachment_link.description
En Cocorná, el conflicto armado causó tanta destrucción y dolor que, sin contar las vidas perdidas, unos 13.000 de sus 15.000 habitantes son considerados víctimas, es decir el 86,6 %. Este municipio del oriente antioqueño, de 210 kilómetros cuadrados de extensión, llegó a ser uno de los pueblos más expulsores del país (desplazamiento por el conflicto armado).

# data[].attributes.body
Análisis de la conflictividad

# data[].attributes.body
Fundación ideas para la paz

# data[].attributes.body
Biblioteca virtual Clacso

# data[].attributes.body
Centro de memoria histórica

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Más de 2000 millones de pesos deberá pagar la Nación porque en la madrugada del 27 de abril de 2001, las FARC -que ya firmaron el acuerdo de paz-, llegaron con lista en mano y asesinaron a cuatro personas en el corregimiento de El Prodigio en el municipio de San Luis, Antioquia. El Consejo de Estado revisó los hechos y estableció que hubo una omisión por parte del Ejército por lo que tiene responsabilidad en lo sucedido.

Un mes antes de los asesinatos, las FARC y el ELN se habían tomado el corregimiento y habían causado la muerte de otras personas, daños materiales y desplazamiento.Tras esa matanza, el Ejército llegó a la zona, revisó la situación y permaneció por unos días. Sin embargo, la vigilancia que ejercían duró solo unos días pues les dijeron a los pobladores que no estaban en riesgo y se fueron. Esto sin hacer caso a los habitantes que pedían que no los dejaran solos porque las FARC habían dicho que iban a volver y así lo hicieron.

Por esto el Consejo de Estado determinó apoyar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que lo declaraba responsable del hecho y que el Ministerio de Defensa apeló.

"Si bien fueron terceros al margen de la ley quienes dieron muerte a estas personas, tal hecho no exime de responsabilidad al Ejército Nacional, pues lo cierto es que éste omitió los deberes de vigilancia, control y protección de la vida y bienes de los habitantes, no obstante que tenía conocimiento de las intenciones de las FARC de tomarse de nuevo la población, de modo que se encuentra comprometida su responsabilidad", se lee en la sentencia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Millonaria suma debe pagar la Nación por la masacre de las FARC en San Luis, Antioquia

# data[].attributes.attachment_link.description
Más de 2000 millones de pesos deberá pagar la Nación porque en la madrugada del 27 de abril de 2001, las FARC -que ya firmaron el acuerdo de paz-, llegaron con lista en mano y asesinaron a cuatro personas en el corregimiento de El Prodigio en el municipio de San Luis, Antioquia.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

# data[].attributes.attachment_link.description
Campesinos aseguran que han vuelto a ver patrullar en la zona rural de Granada, Antioquia, a hombres del ELN. Las autoridades ya denuncian extorsiones y microtráfico. ¿Está en peligro ese importante laboratorio de paz?

# data[].attributes.headline
San Luis apuesta a la reparación colectiva para superar las secuelas del conflicto 

# data[].attributes.subject
San Luis apuesta a la reparación colectiva para superar las secuelas del conflicto 

# data[].attributes.body
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reparación/san-luis-apuesta-la-reparación-colectiva-para-superar-las-secuelas-del-conflicto/8895

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El XV Encuentro Regional para la Paz tuvo lugar en San Carlos, Antioquia. En este se discutieron varios temas que son sensibles para una zona marcada profundamente por la guerra como lo es el Oriente Antioqueño. Megaproyectos energéticos, reconocimiento de víctimas y recuperación de la memoria, fueron varios de los ejes que signaron la discusión.

El Oriente Antioqueño tiene un potencial hídrico que pocas regiones del país poseen, este ha sido una suerte de espada de Damocles que ha puesto en vilo la seguridad y la vida de quienes habitan esta región.

La historia de San Carlos, Antioquia, como la del Oriente Antioqueño es el resumen de múltiples procesos violentos que han ido transformando las vidas de los campesinos que allí habitan, así como su entorno.

Desde que se adelantaran los grandes proyectos energéticos, con la creación de los embalses del Peñol y Guatapé, que supusieron el desplazamiento de miles de familias y las transformación de las condiciones de vida debido al drástico cambio sufrido por los ecosistemas y los suelos, la población del Oriente Antioqueño ha esperado que haya una reivindicación de sus dignidades.

Teniendo como marco el XV Encuentro Regional para la Paz, en San Carlos, Antioquia, varios líderes de la región discutieron las dificultades y retos de alcanzar la paz en la zona.

Uno de los primeros elementos que llama la atención es el parte de tranquilidad y paz absoluta que da la administración local y que el Alto Comisionado para la Paz rescata. Según la alcaldesa de San Carlos, María Patricia Giraldo, desde hace dos años no existe presencia de grupos armados al margen de la ley en la población. Sin embargo, varios asistentes al Encuentro, la mayor parte procedentes de Argelia y Granada señalaron la presencia de hombres armados, posiblemente de la guerrilla de las FARC o del ELN. Por otro lado, también fueron enfáticos en señalar que el conflicto aún está presente en la región toda vez que hace dos semanas murió en un bombardeo de las Fuerzas Armadas, alias Fredy.

Muchas de las voces que participaron en las mesas de discusión señalaron que la paz no llega al Oriente Antioqueño por la vía militar, sino por la vía de las grandes transformaciones sociales. Entre ellas destaca la inconveniencia de adelantar el proyecto Porvenir II que usaría 10.75 hectáreas de los municipios de San Carlos, San Luis y Puerto Nare, estancando el río Samaná Norte. Según lo dicho por Óscar Castaño, líder social de San Rafael, "El problema de estos megaproyectos es que poco o nada le queda a la población. EPM recibió de ganancia en 2014,1.4 billones de pesos mientras que en inversión social en tres décadas apenas ha aportado cerca de un billón de pesos".

Esta exigencia tiene una relación directa con el conflicto armado toda vez que después de haberse llevado a cabo los proyectos del Peño y Guatapé, las guerrillas de las FARC y del ELN encontraron en el descontento popular la posibilidad de asentarse en la zona. Esta situación trajo consigo la presencia paramilitar en la década de los 90 que logró su máxima expresión con las masacres y desplazamientos llevados a cabo a finales de la década del 90 y comienzos de los 2000. De los entre 23 mil y 24 mil habitantes de San Carlos y sus veredas aledañas se desplazaron 19 mil de ellos. A ello se suman la denuncias de omisión de sectores de la Fuerza Pública frente a estas situaciones.

Pese a que dicha situación es el problema más acuciante no fue el eje en torno al cual giró la discusión en el Encuentro Regional para la Paz. El reconocimiento de las víctimas fue uno de los ejes de la discusión, toda vez que si bien la victimización ha disminuido sensiblemente, aún no ha habido verdad, justicia y reparación para múltiples casos de desaparición forzada.

Además, los asistentes enfatizaron en la necesidad de que el lenguaje se desescale para que los procesos de reconciliación y reintegración puedan ser una realidad y que sean las construcciones territoriales de paz las claves en un eventual posacuerdo que logre transformar a Colombia en una sociedad en paz.

Otra de las necesidades expresadas es la consolidación de distritos agrarios que permitan rescatar las condiciones de producción alternativas para la región. Esto va de la mano del afianzamiento de la participación política de la ciudadanía para lograr generar diálogos entre las instituciones y las organizaciones sociales que redunden en la construcción de una paz territorial.

Por último hablaron de la necesidad de que la educación sea la piedra angular de esa construcción. Esto lleva a que la memoria y la creación de cultura de paz sea una realidad que permita garantizar la no repetición de una guerra que se ha cobrado suficientes vidas en esa región.

Como ejemplo de ello, San Carlos exhibe orgulloso, en la plaza central, el Jardín de la Memoria. Como parte de la estrategia de retorno a la región de cerca de 300 familias que decidieron ganarle el pulso al desplazamiento, este monumento recoge los nombres de varias víctimas. Estos están escritos en varias flores que representan realidades de la guerra. Así, la hoja verde oscuro representa el desplazamiento; la hoja verde claro el retorno; la flor roja un homicidio; la morada, desaparición forzada; la amarilla, minas antipersona; la azul, reclutamiento forzado; la blanca, abuso o violencia sexual y la naranja es "en homenaje a todos los resistentes".

Con la presencia del Alto Comisionado para la Paz se espera que estas exigencias y reivindicaciones queden en un lugar privilegiado dentro de la agenda de la Mesa de Diálogos de La Habana. Sin embargo, como lo señala Castaño "La Mesa de La Habana solo abre la puerta para que se acabe la guerra, la paz exige que se hagan grandes transformaciones que dignifiquen a los pobladores del Oriente Antioqueño".

Los Encuentros Regionales para la Paz son una iniciativa de la Red Prodepaz, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Comunidades e Iniciativas de Paz desde la Base, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las embajadas de Suiza, Suecia y Noruega.

# data[].attributes.attachment_link.title
"La paz exige que se hagan grandes transformaciones en el Oriente Antioqueño"

# data[].attributes.attachment_link.description
El XV Encuentro Regional para la Paz tuvo lugar en San Carlos, Antioquia. En este se discutieron varios temas que son sensibles para una zona marcada profundamente por la guerra como lo es el Oriente Antioqueño. Megaproyectos energéticos, reconocimiento de víctimas y recuperación de la memoria, fueron varios de los ejes que signaron la discusión.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Trabaja por las víctimas y desplazados
"El Ángel sonriente de San Luis"

Bibiana Ceballos tiene 19 años y a los 13 debió salir de la vereda "Villa nueva", del municipio de San Luis, porque los grupos ilegales que operan en la región estaban reclutando jóvenes. Desde entonces, por amor a su tierra y a su gente, adelanta un trabajo social con las víctimas y los desplazados de este municipio del Oriente antioqueño.

Oscar Alberto Morales
radionoticiasdelsuroriente@yahoo.es

Cuando Bibiana habla sobre el trabajo social que adelanta con la comunidad de San Luis desde hace dos años, en su mirada transparente y su sonrisa contagiante se refleja la satisfacción de trabajar por el prójimo y más cuando esos semejantes han padecido la misma situación: el desplazamiento forzado y las secuelas que deja la guerra absurda que se vive en el país.

Cuando transcurría el año 2000, Bibiana tenía una vida tranquila y normal, esa que llevan los jóvenes a su edad: estudiaba, jugaba y compartía con sus amigos de la vereda "Villa Nueva" de San Luis. De repente, un grupo insurgente de la región comenzó a reclutar en sus filas a todo muchacho desprevenido que encontraba a su paso.

"A mi familia y a mí nos dio temor que de pronto me reclutaran, entonces nos fuimos a vivir a Medellín", recuerda con nostalgia Bibiana, mientras anota que dos años después se unió a la Colonia de San Luis que hace presencia en esta ciudad y la cuál brinda ayuda a los menos favorecidos y desplazados de este municipio.

"Al principio, cuando comencé a atender a desplazados y a víctimas, me sentía muy triste porque recordaba todas esas situaciones trágicas que yo también había vivido".

Sin embargo, esta joven "héroe" cada vez se entusiasmaba más con la idea de poder ayudar con su trabajo a sus coterráneos. Hace dos años la corporación Conciudadanía, la Asociación de Mujeres del Oriente (Amor) y el Programa por la Paz Compañía de Jesús iniciaron un proyecto llamado "Provisames", Promotoras de vida y salud mental, el cual consiste en capacitar a líderes comunitarios, hombres y mujeres, en la asistencia psicosocial a las víctimas de la violencia.

"Cuando me enteré de esa capacitación, sentí la necesidad de prepararme en la teoría y en la práctica para continuar con mi labor, además podía ayudar sicológicamente a otras personas y ayudarme a mí misma" recuerda Bibiana con su sonrisa "pegajosa", mientras piensa en lo difícil que fue separarse de las actividades que hacen los jóvenes de ahora (pasear, escuchar reggueatón, "farriar" y tener mil novios al mismo tiempo", todo por dedicar su vida, su tiempo y su conocimiento al servicio de los demás.

El pasado 27 de julio en Rionegro, recibió al lado de otras 64 mujeres del Oriente el título de "Promotora de vida y salud mental", acreditación que hizo la Universidad Javeriana de Bogotá y que la autoriza a brindarle a las personas los primeros auxilios emocionales y sicológicos que deja el conflicto.

Para lo que venga

Ahora Bibiana Ceballos, a sus 19 años, con su título de "Provisames", con los estudios universitarios de ciencias políticas que comenzará en septiembre próximo en la Universidad de Antioquia y con la experiencia de haber asistido sicológica y emocionalmente a cerca de 250 familias durante dos años, se siente preparada para afrontar cualquier situación por dura que parezca.

"He crecido mucho como persona y por medio de esta labor he podido mirar el mundo con otros ojos, los ojos de la realidad", concluye "el Ángel sonriente de San Luis", mientras hace un llamado al pueblo colombiano para que no vea al desplazado como alguien extraño que llega a nuestro terreno, sino como un ser humano que tiene familia, que tiene sueños y que algún día por una razón tuvo que dejar su suerte a la buena de Dios.

# data[].attributes.attachment_link.description
Bibiana Ceballos tiene 19 años y a los 13 debió salir de la vereda "Villa nueva", del municipio de San Luis, porque los grupos ilegales que operan en la región estaban reclutando jóvenes. Desde entonces, por amor a su tierra y a su gente, adelanta un trabajo social con las víctimas y los desplazados de este municipio del Oriente antioqueño.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sábado, 09 Julio 2016

Así es el mapa municipal del desplazamiento en Colombia

Por Miriam Forero

Colombiacheck estrena sus sección Datos. Un espacio donde encontrarán información estadística sobre el conflicto colombiano presentada a través de útiles y accesibles herramientas digitales o visualizaciones.

Colombia terminó el año pasado como el país con más desplazados internos en todo el mundo, según Acnur, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Y es que del territorio nacional sólo en 33 municipios (de los 1.101 más 20 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés que en total tiene Colombia) no han llegado víctimas de este flagelo, según un análisis que hizo Colombiacheck de las estadísticas detalladas que maneja la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.

Este mapa* es el primero de varios ejercicios que hará Colombiacheck para su sección "Datos", un área que busca poner a disposición del público la información estadística e histórica que da el contexto del conflicto que ha vivido el país por más de medio siglo.

¿Qué vas a encontrar?

Esta sección es un repositorio donde les contamos a investigadores, académicos, periodistas, analistas y usuarios en general dónde encontrar datos sobre desplazamiento, narcotráfico, cultivos ilícitos, víctimas, desapariciones forzadas, minas antipersonal, masacres, ataques armados y demás temas relacionados con el conflicto.

Pero además, iremos desmenuzando cada una de esas bases de datos para convertirlas en información accesible, fácil de descargar y de procesar. Dichos desgloses estarán acompañados de análisis periodísticos y visualizaciones que permitan comprender las realidades que reflejan las cifras.

En esta ocasión, tomamos las estadísticas históricas de desplazamiento del Codhes, unos informes en formato pdf con datos anuales, que indican cuántas personas llegaron a cada municipio dejando sus hogares, entre 1999 y 2012. Las cifras corresponden a las estadísticas internas del Codhes, confrontadas con el Rupta (Registro Único de Predios Abandonados por la Violencia) y el Registro Único de Víctimas, que maneja la Unidad para las Víctimas.

Durante esos 14 años, esa organización contabilizó un total de 4.156.006 desplazados, de los cuales el 25% buscó refugio en una de las cuatro ciudades más afectadas: Bogotá, Medellín, Cali y Santa Marta.

Esa concentración se observa en el mapa elaborado por Colombiacheck (arriba), que permite ver en un color más oscuro las ciudades a las que llegaron más de 50 mil desplazados en el periodo estudiado. Pero también realizamos un análisis con las cifras de población que tiene el Dane, lo cual hace posible ver en cada municipio cuántas personas llegaron por cada mil habitantes, año tras año.

Desde esta perspectiva, es alarmante el caso de Armenia, en el departamento de Antioquia, un pueblito ubicado a dos horas de Medellín, con un área rural que supera cien veces la urbana. En 2012 su población no pasaba de 4.500 habitantes, pero desde 1999 hasta ese año alcanzó a recibir 11.196 desarraigados. Casi el triple de las personas que vivían allí.

Así mismo, llaman la atención otros municipios azotados por la violencia, que tienen las tasas más altas de desplazados (calculamos las tasas anuales y luego las promediamos para obtener un valor general comparable). Los cinco más graves son Armenia (Antioquia), con un promedio de 156 desplazados por cada mil habitantes; Murindó (Antioquia) con 91, El Tarra (Norte de Santander) con 82, Cantagallo (Bolívar) con 72 y San Francisco (Antioquia) con 70.

Según las cifras de Codhes, 2002 fue el peor año en términos de desplazamiento, pues en ese momento 412.705 colombianos dejaron sus hogares, atemorizadas por la violencia. En aquella ocasión, el municipio más afectado fue Convención, Norte de Santander, que recibió siete desplazados por cada diez habitantes.

El desplazamiento forzado es un drama que toca a todos los continentes. El último informe de Acnur, con corte a 2015, da cuenta de 65,3 millones de desarraigados en todo el mundo. Tres países tienen los casos más llamativos, pues expulsan de su territorio a la mitad de la población refugiada en el planeta: Siria, Afganistán y Somalia.

En términos de desplazamiento interno, Colombia ocupa el primer lugar, con 6,9 millones de personas: más del 10 por ciento del total de víctimas de ese flagelo en el mundo.
Descargue aquí los datos de Codhes desagregados por Colombiacheck.

*Procesamiento de datos y visualización: Esteban Ponce de León

Miércoles, 06 Marzo 2019

Explicador: ¿Qué es un conflicto armado interno?

Por Sania Salazar

El Estado colombiano firmó convenios internacionales de Derecho Internacional Humanitario que define el tipo de conflictos existentes en el mundo y regulan la guerra.

La reciente designación de Rubén Darío Acevedo (quien pone en duda que en Colombia haya un conflicto armado) como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, revivió una discusión que se creía ya agotada en el país: ¿qué es, exactamente, un conflicto armado?

Hay que tener claro que en 1996 entró en vigor en Colombia el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra, primer tratado internacional pensado para conflictos armados internos. Los convenios de Ginebra y sus Protocolos son la base del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que regula la guerra y bajo el cual actúan las fuerzas militares en Colombia.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, es el órgano de defensa del DIH por antonomasia.
¿En qué momento la violencia se transforma en conflicto armado?
Kathleen Lawand, quien fue jefe de la unidad del CICR explica que un conflicto armado no internacional (o "interno") se refiere a una situación de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre grupos de ese tipo.

Mientras que en los conflictos armados internacionales se enfrentan las fuerzas armadas de los Estados, en un conflicto armado no internacional al menos una de las partes que se enfrentan es un grupo armado no estatal.

Además, resalta que la existencia de un conflicto armado no internacional da lugar a la aplicación del DIH, también conocido como derecho de los conflictos armados
¿Qué es el DIH?
"Un conjunto de normas destinado a limitar, por razones humanitarias, los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que han dejado de participar en las hostilidades e impone restricciones a los métodos y medios bélicos". Todas las partes involucradas en el conflicto deben respetar el DIH.
¿Cómo se decide si en un país hay un conflicto armado interno?
Según el CICR, esto está determinado por dos criterios objetivos del DIH: la organización de las partes y la intensidad de las hostilidades. Por 'organización' se pueden observar, entre otros factores, la cadena de mando, estructura, capacidad para entrenar personal, capacidad para sostener operaciones militares en el tiempo y administración del territorio. Por 'intensidad' se pueden tener en cuenta factores como la gravedad, frecuencia y duración de los enfrentamientos, el equipamiento utilizado, el número de heridos y muertos e involucramiento de las fuerzas armadas cuando la policía no es suficiente.

Christoph Harnisch, jefe de la delegación del CICR en Colombia, le dijo a Colombia2020 que el Estado puede usar otras palabras, pero "nosotros nunca vamos a usar esos términos, ni el término terrorista, porque no están en los Convenios de Ginebra ni en los Protocolos I y II. Uno puede cambiar políticas de seguridad, pero quienes tienen la obligación de respetar el DIH, porque son firmantes, son los Estados. Y esto vale para Colombia y para todos los Estados del mundo. Nosotros somos los guardianes del DIH y les recordamos a los Estados cuáles son sus obligaciones en cuanto al tratado internacional que han firmado. Se deben respetar las reglas y las palabras".
¿En qué casos aplica el Protocolo II firmado por Colombia?
Según explica el CICR, en conflictos no internacionales entre las fuerzas armadas de un país y fuerzas disidentes o grupos armados organizados, así como entre grupos armados dentro del mismo país. Esto incluye a los grupos que controlen una parte del territorio desde el cual puedan realizar operaciones armadas sostenidas.
¿Y en qué casos no aplica?
En situaciones que no alcancen el umbral de un conflicto como, por ejemplo, disturbios, situaciones de tensión o actos de violencia aislados.
¿Qué pasa si las partes en un conflicto armado no internacional no respetan las obligaciones que les impone el DIH?
El CICR explica que cada una de las partes en un conflicto armado está obligada a respetar y hacer que las personas bajo sus órdenes, o bajo su dirección y control, respeten el DIH. Cabe destacar que cada parte debe respetar el DIH aunque su adversario no lo haga; en otras palabras, la obligación de respetar el DIH no depende de la reciprocidad.

Precisamente sobre esa regulación del DIH bajo la cual actúan las fuerzas militares en Colombia llamó la atención Humberto De La Calle, exjefe negociador del Gobierno en La Habana, en una reciente columna en El Espectador selañó que, "como lo define el Manual Operacional de las Fuerzas Militares, "cuando se está ante un conflicto armado interno (...) entran a aplicarse las disposiciones del DIH". Si no existe un conflicto, las reglas aplicables son las que configuran el Derecho de los Derechos Humanos y las demás regulaciones normativas de derecho interno. De tal manera que es la existencia del conflicto la que permite señalar objetivos militares y regular el uso de la fuerza letal dentro de los límites humanitarios de rigor". En conclusión, sin conflicto armado, acciones militares como bombardeos y ataques serían ilegales y generarían serias responsabilidades a soldados y oficiales, resalta De La Calle.

# data[].attributes.attachment_link.title
Así es el mapa municipal del desplazamiento en Colombia

# data[].attributes.attachment_link.description
Sábado, 09 Julio 2016 Por Miriam Forero Colombia terminó el año pasado como el país con más desplazados internos en todo el mundo, según Acnur, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Fuente de la imagen, Jesús Abad Colorado

*Este artículo, publicado originalmente en septiembre de 2016, es republicado con motivo del premio a la Excelencia 2019 concedido a Jesús Abad Colorado por la Fundación Gabo de periodismo.

Este lunes en Colombia se firmó un acuerdo de paz con la guerrillas de las FARC que pone fin a una guerra de más de 50 años y que ha dejado al menos 220.000 muertos, siete millones de desplazados y decenas de miles de desaparecidos.

Paradójicamente, para ser una guerra tan larga, no abundan las imágenes icónicas de este conflicto.

El periodista Juan Carlos Pérez Salazar, de BBC Mundo, nos presenta el trabajo del fotógrafo Jesús Abad Colorado López, con quien laboró en los años 90 y argumenta que algunas de sus imágenes pueden convertirse en símbolos de una guerra fratricida.

Jesús Abad Colorado es quizás el fotógrafo que mejor ha retratado el dolor de la guerra en Colombia en los últimos 25 años. Pero esta historia empieza antes de su nacimiento. Y con una foto que él no tomó.

1960. Sus abuelos viven con su familia en la población de San Carlos, departamento de Antioquia, en el centro del país.

Es la época que en Colombia se conoce simplemente como La Violencia, cuando simpatizantes de los dos principales partidos políticos -Liberal y Conservador- se enfrentaban en una guerra mortífera.

Sus abuelos eran liberales en un pueblo conservador.

Una noche la turba entró en su casa, asesinó al abuelo y degolló al menor de sus hijos, un niño. La abuela no quiso alimentarse más y murió de dolor a los cuatro meses.

Toda la familia se vio obligada a escapar hacia Medellín, la capital de Antioquia, y a la región del Magdalena medio. Allí volvieron a vivir la guerra entre los años 70 y 90.

En esa historia y en esa foto en blanco y negro de sus abuelos se hunden las raíces de la violencia actual de Colombia y del oficio de Jesús Abad Colorado.

De la violencia, porque esa lucha bipartidista está en el origen mismo de las FARC y de la guerra que ha azotado a Colombia en las últimas décadas.

En la foto, porque Abad Colorado asumió la decisión de tomar la inmensa mayoría de sus imágenes en blanco y negro.

"Creo que es más respetuoso. El color agrede en situaciones de violencia. El blanco y negro le da más carácter de documento, de duelo".

Fuente de la imagen, Jesús Abad Colorado

Pie de foto,

Entierro colectivo de víctimas de un atentado de la guerrilla del ELN a un oleoducto en 1998. Al final murieron 78 personas por esta acción de la guerrilla.

El blanco y negro representa otra de las obsesiones del fotógrafo: la memoria. Dejar registro del horror de la guerra. Por eso, muchas veces es el único periodista en viajar a lugares donde se ha cometido una matanza.

Y casi siempre es el último en irse. Porque no le interesa el hecho en sí, sino sus consecuencias. Esas ondas expansivas que genera todo acto violento y que transforma -o destruye- vidas y sociedades.

Eso le ha permitido formar conexiones con las personas y tomar fotos tan íntimas como la de Aniceto, quien vio a su esposa Ubertina desangrarse por una herida de fusil, mientras el ejército y la guerrilla le impedían llevarla a un hospital.

Cuando lo permitieron ya era demasiado tarde. Jesús Abad lo acompañó a llevarla de regreso a casa y registró su profundo dolor.

"Si yo le doy importancia a un ser humano y él entiende mi solidaridad, seguro no hay problemas en tener ese registro, es mi deber de memoria. Soy testigo", reflexiona el fotógrafo.

Esa es otra de las obsesiones de Jesús Abad Colorado: reflejar a las víctimas.

Jamás exhibe fotos de comandantes o generales, de quienes detentan el poder. Sólo de los combatientes rasos y civiles.

Y muchos de ellos en situaciones difíciles, como el soldado que sobrevivió a una emboscada de la guerrilla en septiembre de 1993 al convoy en el que viajaba, mientras sus compañeros muertos siguen tirados en la carretera.

O este soldado que llora desconsolado porque la guerrilla asesinó a su hermanita de 13 años. Previamente le habían advertido que si no se retiraba del ejército iban a matar a su familia. Sus superiores no le creyeron cuando les contó de la amenaza.

Pero el lente de su cámara ha estado sobre todo enfocado a los civiles, a aquellos que se encuentran en medio del fuego cruzado y que han contribuido al grueso de las 220.000 muertes violentas que, se calcula, han ocurrido en las últimas décadas en Colombia.

Así fue como consiguió fotos tan impresionantes como la del niño que cierra la camisa de su padre, asesinado por los paramilitares en San Carlos en octubre de 1998, el mismo pueblo del que 38 años antes habían huido los familiares de Jesús Abad.

O las iniciales Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) marcadas a cuchillo por paramilitares en el brazo de una joven de 18 años a la que secuestraron y violaron en uno de los barrios pobres de Medellín en noviembre de 2002.

O esta imagen, de tonos bíblicos, de un éxodo campesino en San José de Apartadó, luego de una matanza perpetrada por paramilitares con la colaboración del ejército.

Pero las heridas de guerra no quedan sólo en los cuerpos. También se producen en el paisaje, en las poblaciones.

Como ocurrió en El Aro, Antioquia, luego de que los paramilitares -de nuevo con la complicidad del ejército- pasaran cinco días impunemente allí, torturando y asesinando a 15 personas en la plaza principal, mientras obligaban al resto de los habitantes a observar. Luego saquearon e incendiaron el lugar.

Cuando se fueron los paramilitares, los pobladores abandonaron en masa El Aro.

O el cráter dejado por una bomba arrojada por el ejército durante un operativo en contra de la guerrilla en Río Sucio, Chocó, en el que se les acusó de actuar en conjunto con los paramilitares. La operación dejó al menos 8.000 desplazados.

O los boquetes de bala de fusil en una escuela que quedó en medio del fuego cruzado.

La presencia amenazadora de la guerra casi siempre está presente en las fotos de "Chucho", como es conocido el fotógrafo entre sus amigos.

Como en esta imagen, donde un grupo de paramilitares vigila desde las montañas a la ciudad de Medellín, la capital de Antioquia.

A pesar de que su familia ha seguido siendo víctima del conflicto (un primo fue desaparecido por el ejército, otro murió secuestrado por las FARC) y de que él mismo ha sido secuestrado en dos ocasiones por la guerrilla, otro de sus temas favoritos es la esperanza en medio del dolor.

Así lo representa esta imagen en la que muestra una marcha de habitantes del municipio de Granada pidiendo la paz después de que una toma guerrillera dejara semidestruida su población.

En ocasiones son imágenes íntimas, no épicas, como esta mariposa que se posó en el armamento de un paramilitar ( quien aceptó a regañadientes que le tomara la foto, pues creía que cuestionaba su masculinidad).

O el padre que regresa con su hija a su población luego de un desplazamiento de varios meses, producto de un mortífero combate entre guerrilleros y paramilitares.

O estas dos últimas imagenes, con las que cerramos esta historia y que, de alguna manera, encapsulan lo que Jesús Abad Colorado (a quien en Colombia han calificado de "testigo de testigos"), pretende con su oficio: "No olvidar, dejar memoria, hacer duelo, hacer justicia".

Y proporcionar esperanza.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jesús Abad Colorado López nació en Medellín, Colombia, en 1967. Estudió comunicación social en la Universidad de Antioquia. Trabajó en el periódico El Colombiano entre 1992 y 2001. Su trabajo ha sido distinguido con varios premios nacionales e internacionales. Es autor del libro de fotografía "Mirar de la vida profunda" (A gaze at life profound).

# data[].attributes.attachment_link.title
Las conmovedoras imágenes del fotógrafo que mejor ha retratado el dolor de la guerra en Colombia - BBC News Mundo

# data[].attributes.attachment_link.description
En el día que se firma el acuerdo de paz con las FARC en Colombia, presentamos las impresionantes imágenes de guerra, dolor y esperanza de Jesús Abad Colorado, uno de los reporteros gráficos que mejor ha registrado el conflicto armado de su país.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Más de 2000 millones de pesos deberá pagar la Nación porque en la madrugada del 27 de abril de 2001, las FARC -que ya firmaron el acuerdo de paz-, llegaron con lista en mano y asesinaron a cuatro personas en el corregimiento de El Prodigio en el municipio de San Luis, Antioquia. El Consejo de Estado revisó los hechos y estableció que hubo una omisión por parte del Ejército por lo que tiene responsabilidad en lo sucedido.

Un mes antes de los asesinatos, las FARC y el ELN se habían tomado el corregimiento y habían causado la muerte de otras personas, daños materiales y desplazamiento.Tras esa matanza, el Ejército llegó a la zona, revisó la situación y permaneció por unos días. Sin embargo, la vigilancia que ejercían duró solo unos días pues les dijeron a los pobladores que no estaban en riesgo y se fueron. Esto sin hacer caso a los habitantes que pedían que no los dejaran solos porque las FARC habían dicho que iban a volver y así lo hicieron.

Por esto el Consejo de Estado determinó apoyar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia que lo declaraba responsable del hecho y que el Ministerio de Defensa apeló.

"Si bien fueron terceros al margen de la ley quienes dieron muerte a estas personas, tal hecho no exime de responsabilidad al Ejército Nacional, pues lo cierto es que éste omitió los deberes de vigilancia, control y protección de la vida y bienes de los habitantes, no obstante que tenía conocimiento de las intenciones de las FARC de tomarse de nuevo la población, de modo que se encuentra comprometida su responsabilidad", se lee en la sentencia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Millonaria suma debe pagar la Nación por la masacre de las FARC en San Luis, Antioquia

# data[].attributes.attachment_link.description
Más de 2000 millones de pesos deberá pagar la Nación porque en la madrugada del 27 de abril de 2001, las FARC -que ya firmaron el acuerdo de paz-, llegaron con lista en mano y asesinaron a cuatro personas en el corregimiento de El Prodigio en el municipio de San Luis, Antioquia.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
1La construcción de la nación colombiana ha sido enmarcada por la diversidad regional de sus selvas, montañas y llanuras e influida por la composición pluriétnica de su gente, por la apropiación desigual de sus tierras, por la particularidad de sus desarrollos locales, por la variedad de sus estilos de vida y por sus sistemas de representación social específicos. Las divergencias, los intereses encontrados, las tensiones entre los grupos y la lucha por el poder económico y político han desembocado en conflictos de intensidad variada, colocando a las instituciones sociales en crisis permanentes. Son numerosos los hechos sociales violentos que han marcado la historia colombiana, como los acontecidos en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. Hechos que, ayer como hoy, se repiten. Encontramos en ese entonces confrontaciones frenéticas por el control del poder político que condujeron a una guerra fratricida encabezada por los lideres de los partidos tradicionales. El color rojo y el azul se convirtieron en medio de la irracionalidad de las pasiones partidistas, en símbolos de odio, disolución y muerte. Numerosos campesinos fueron obligados a abandonar sus tierras; las ciudades pequeñas y grandes crecieron vertiginosamente; las familias se desarticularon y no pocas de las personas que lograron sobrevivir a la hecatombe, le dieron rumbos inesperados a sus vidas.

2La mayor concentración del poder económico y político generó nuevas tensiones entre las clases sociales. No obstante las transformaciones agraria e industrial del país, multiplicaron los desequilibrios, las desigualdades y la pobreza. El conflicto social se intensificó, favoreciendo el surgimiento de grupos armados de ideologías revolucionarias El conflicto se degradó y su solución también. Las clases dirigentes desbordadas, se han visto obligadas a intentar concertar una paz cada vez más volátil. La composición y acción de los grupos insurgentes y contrainsurgentes, fortalecidas de manera acelerada por nuevos militantes, la tecnificación logística y el apoyo financiero derivado principalmente del narcotráfico, muestra un panorama incierto. Para un número creciente de colombianos, el conflicto ha significado la posibilidad única de emigrar a otros países en busca de seguridad, tranquilidad, alguna estabilidad y un mejor porvenir. Un éxodo sin retorno, por lo menos a corto plazo.

3Otra es la tragedia que viven, por la brutalidad del conflicto armado, cientos de campesinos de todas las regiones del país que de la noche a la mañana y de manera despiadada, se ven obligados a desplazarse al casco municipal más cercano, para proteger sus vidas y las de sus familias. En el lugar de origen dejan los enseres, los bienes, los recuerdos, las alegrías y las frustraciones. Queda atrás una vida hecha día a día, a pulso, con ingentes esfuerzos pero con convicción. Todo se desploma como un castillo de naipes y no hay otra alternativa que dar comienzo a una nueva vida de pobreza y no pocas veces marcada por la exclusión. El drama de la tragedia es peor, cuando a los pueblos donde llegan los desplazados son hostilizados por los grupos armados en conflicto. Además del ataque a los policías y sus cuarteles, también son eliminados, lista en mano, habitantes urbanos, porque supuestamente son "militantes", "colaboradores" o "simpatizantes" del bando contrario.

4Las familias campesinas componen grupos sociales por afinidad y parentesco los cuales son vitales para la actividad productiva, no sólo de los bienes necesarios para su reproducción biológica y social, sino para el abastecimiento de mercados. Por ello, muchos de estos grupos se han constituido en unidades agrícolas de producción familiar. Son también un soporte fundamental de los niños y las niñas en los procesos de socialización primaria, como ocurre igualmente con las familias urbanas de los pueblos azotados por la guerra. Las familias rurales y urbanas de las zonas en conflicto se desarticulan por que asesinan a los jefes de hogar, o eliminan a algunos de sus miembros, activos laboralmente, o porque obligan a los más jóvenes a enrolarse en las fuerzas en conflicto. De igual manera el desplazamiento forzado obligada a las familias o sus retazos a disgregarse en sitios distintos y a distribuirse en espacios distantes. Surgen entonces nuevas formas de familia, articuladas por nuevas estrategias de supervivencia.

5Víctimas directas de los oprobios de la guerra son numerosos niños y niñas en etapas cruciales de sus vidas, con figuras paternas y maternas desdibujadas por la muerte o la emigración forzada. Las balaceras, las explosiones, las masacres, la destrucción, los gritos desesperados, el dolor y el sufrimiento van tejiendo y destejiendo las experiencias y vivencias, que quedan grabadas como marcas imborrables en el transcurrir cotidiano de sus vidas. Estas serán las futuras generaciones del mañana, marcadas por una infancia que se desarrolló en medio de la zozobra, la incertidumbre y el miedo. A las capitales de los departamentos y otras ciudades intermedias llegan numerosas familias, procedentes de distintas regiones de Colombia, con la intención de encontrar refugio y protección. Se hacinan en espacios improvisados, implorando la caridad pública y la ayuda del gobierno nacional y local. Los recursos no dan abasto por el número crecido de desplazados. No hay fuentes de empleo y esto genera enfrentamientos con los residentes locales. La frustración, la depresión, el desespero y las enfermedades, ante todo de los niños, hacen que algunas familias retornen a los lugares de origen, incluso si creen que pueden ser asesinados. Otras con mayor suerte encuentran acogida con amigos o parientes que les dan un mínimo de seguridad, mientras encuentran una vivienda y una fuente de subsistencia.

6A la ciudad de Bogotá han llegado numerosas familias desplazadas, principalmente a los barrios marginales, huyendo de la guerra que se multiplica por todas las regiones del país. Engrosan la mano de obra desempleada y aumentan las necesidades básicas insatisfechas. Algunos hombres se dedican al rebusque, algunas mujeres se emplean en el servicio doméstico o improvisan ventas de alimentos callejeros. No es raro encontrar hombres quienes, ante el hecho de no conseguir trabajo, asumen tareas domésticas mientras sus mujeres obtienen algún sustento fuera del espacio doméstico, convirtiéndose en proveedoras. Los papeles tradicionales del lugar de origen se invierten. La dificultad mayor la padecen las mujeres solas con hijos, que por la fuerza de los hechos se erigen en cabeza de familia.

7En varias escuelas de Bogotá tuvimos la oportunidad de conversar con algunos niños y niñas desplazados por la acción de los grupos armados, oriundos de distintas regiones del país. Sus edades oscilan entre siete y doce años de edad. Los hechos violentos, la destrucción, las muertes, las tomas de los pueblos, las masacres, el sonido de las balas y el estruendo de las bombas están vivos en sus recuerdos. Las actitudes, los gestos, los silencios, las palabras entrecortadas o las narraciones emocionadas muestran el impacto de los hechos, que para siempre los acompañaran en sus vidas. Sus testimonios hablan por sí mismos.

8Alejandra, niña de 8 años de edad, describe el momento más en que con frecuencia la guerrilla elige para tomar el pueblo en las horas de la madrugada, dejando destrucción y muerte. La angustia se apoderaba de su familia por el apuro de todos para estar juntos y refugiarse en un cuarto. No olvida las voces que lamentaban la muerte de un ser querido o imploraban con desesperación a los guerrilleros para que no asesinaran a las personas.

La guerrilla llegaba a la madrugada. Uno se acostaba temprano, el pueblo estaba solo entonces se metían. La guerrilla mataba los señores. Al otro día era muy feo, porque mi mamá me contó que ella fue a la plaza a comprar un mercado y estaba un señor muerto. Una vez desplomaron toda la Caja Agraria. Para ir al colegio yo tenía que pasar por ahí. Estaba todo quemado, había cosas rotas pero no había muertos. Yo dije que era la guerrilla y dije: 'papá allá estaba todo quemado, todo destruido' y él dijo: '¡ay sí!, Que pusieron una bomba la guerrilla'.

Cuando la guerrilla llegaba a la madrugada mi papá me despertaba porque nos daba miedo y nos teníamos que bajar al otro piso. Nos asustábamos y nos íbamos a los cuartos y yo durmiendo y todo. En el primer piso había un cuarto y dormía una empleada, nos íbamos donde ella y ella despertaba con el bebé. El bebé estaba llorando. Estábamos ahí mientras que se iban de para arriba. Se iban caminando y gritando. Yo oía que estaban matando a los señores. En la casa de un señor que lo iban a matar decían salgan todos o ponemos una bomba. Se oía una señora grite y grite, ay mi marido, mi marido, mi marido. Se ponían a gritar y los mataron. Al otro día en el parque en una capilla estaban los muertos en un ataúd.

9Yuri, niña de 10 años de edad, recuerda después de una toma violenta del pueblo la sensación de dolor de la gente, el miedo de su padre que no quería retornar al trabajo y su desconcierto ante los muertos que afectaban su corazón.

Dibujo de un sitio de Granada, elaborado por Yuri.

Yo estaba con una señora en el campo. Era muy amiga de mi mamá. Ella me quería mucho. Entonces yo me vine con ella para el pueblo y por ahí de un helicóptero estaban tirando balas. Yo le dije: mire doña Tulia que están tirando bala; empezamos a ver y entonces nosotras nos fuimos. Unas señoras estaban en la alcaldía y cuando nosotras nos subimos al carro para venirnos, ellas dijeron que habían matado mucha gente. Toda la gente muy compungida. Se miraban unos a otros y cuando ya íbamos llegando al pueblo, en la bomba habían como tres o cuatro muertos tirados. Mi papá no sabía. Él estaba en el monte aserrando; entonces mi papá se quedó sin ir a trabajar porque es que le daba mucho miedo. Él decía que se quería ir porque no aguantaba el miedo, entonces él se quedó como dos meses sin trabajar.

10Omendey, niño de 10 años de edad, recuerda el peligro que corría su hermana en el momento de la toma del pueblo por parte de la guerrilla y como finalmente destruyeron la alcaldía y mataron a los policías.

Dibujo de un sitio de San Luis, elaborado por Omendey.

Una vez en un combate que tumbaron la alcaldía mi hermanita se puso muy nerviosa. Ella es muy nerviosa, le dan ataques al corazón cuando se agita mucho. A uno eso no le gusta. Cuando se encendió el combate ahí en la plaza, como la conocen a ella todo el mundo, entonces la entraron para una casa. Dieron una hora para que se fueran para las casas, entonces mi mamá subió por ella. Yo estaba en la casa y alcancé a ver volquetas llenas de guerrilleros dando bala a los policías. Vi cuando cayó la alcaldía y dije: 'mami ve eso que esta cayendo como puro polvo'. 'Ha dizque tumbaron la alcaldía'. Por una hendija miraba para arriba y veía a la guerrilla dando bala. Mataron a casi todos los policías. Un policía se metió en un túnel que estaba debajo de la alcaldía, cuando la tumbaron le cayeron los escombros encima y no le pasó nada.

11Jorge, niño de 11 años de edad, describe de manera vívida como en plena confrontación entre guerrilla, policía y ejercito, se producían explosiones indiscriminadas, destrucción de distintos sitios, la muerte no solo de personas, -su papá ya había sido asesinado-, sino de ganado y la manera como algunos habitantes se podían proteger entre cuevas construidas por la guerrilla.

Una noche yo me recuerdo que los militares con la guerrilla sostuvieron una balacera muy tremenda. Todos, todos nos fuimos de la finca y nos metimos en el rastrojo. Eso fue de noche. Pasaban avionetas y de todo. Tiraban bombas. La estación de policía la explotaron con una bomba. La Caja Agraria también la explotaron y eso explotaban un poco de cosas allá en el pueblo. También explotaron un colegio. Disparaban para todos lados, tiraban bombas y mataban ganado. Todo eso y nosotros estábamos escondidos ahí. Después como a las tres de la mañana nosotros pudimos salir. Cuando nosotros miramos estaban los helicópteros tirando unas bombas. Esa noche fue muy feo porque explotaron casas y mataron mucha gente.

El día que la guerrilla se tomó el pueblo la balacera duró dos días. Estaba la policía cívica con el ejército. La guerrilla se entró a la brava por todos lados. Duró mucho tiempo la balacera. Hubo muchos muertos. En ese momento la guerrilla tenía muchas cuevas por debajo. Gracias a un muchacho que trabajaba en la finca que era de la guerrilla, nos ayudó a nosotros. Nos metió por las cuevas harto tiempo. Mi mamá cargó una bolsa de comida ya preparada, con agua. Nosotros nos metimos ahí y nos salvamos. Como era puro rastrojo, la gente no se daba de cuenta. Ahí nos tapaban con algo.

12Juan, niño de 11 años de edad, cuenta como ante los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército, le tocaba irse apresurado de la escuela para la casa y desde allí presenciar el desenlace de la pelea. Otras veces el escenario era de noche, iluminado con luces de bengala que disparaba el ejército desde aviones en plena confrontación.

Una vez yo estaba estudiando, cuando una balacera. La profe de una vez dijo terminen de copiar lo que está en el tablero y salen y se van. Era la guerrilla contra los soldados que habían llegado. Ahí cada ratico tenían que llegar soldados y cada ratico se metía la guerrilla. Yo me fui rápido para la casa. Llegué a la casa y eso se escuchaba bien. Había un río. Uno desde el puente miraba toda la gente. Eso se veía que subían. Alcanzaron a dejar grave un soldado que le tiraron una bomba y le cayó en una pierna. Cuando lo subieron al helicóptero se alcanzaba a ver.

13Estiven, niño de 7 años de edad, cuenta con gracia cómo la guerrilla en una de las llegadas sorpresivas que hacía a la finca donde vivían, quiso matar su perro preferido porque iba a morder a un guerrillero. Todos se protegieron escondiéndose en un cuarto de la casa, guardando silencio. En las no pocas llegadas de la guerrilla, le tocaba a la mamá suministrarles alimentos.

14Para Johana, niña de 11 años de edad, quedará imborrable en su mente no solo el día de la desaparición abrupta de su padre, sino la manera como llegaron hombres armados a su casa a amedrentar con un revolver a su mamá para que abandonaran el pueblo. Perdió la casa, los enseres y a su padre para siempre.

15Carmen, niña de 12 años de edad, expresa el malestar que sentía por las acciones de los guerrilleros y la manera como éstos se enfrentaban con el ejército.

16Sandra, niña de 7 años de edad, cuenta como la guerrilla en forma inesperada irrumpía en su colegio, no teniendo las profesoras y las niñas otra alternativa posible que el desalojo apresurado. Sandra sabía que la incursión la realizaba la guerrilla, pero la profesora les decía que era el ejército.

17Los habitantes de los pueblos que están bajo el asedio de los grupos armados, padecen vigilancia constante, infiltraciones e interrogatorios cuando son objeto de desconfianza. Uno u otro bando les hace reclamos, los amenazan a través de letreros colocados en las paredes o les solicitan información precisa sobre personas que son oriundas del pueblo, extrañas o recién llegadas; datos que los interrogados en su mayoría prefieren no dar para no poner en peligro sus vidas.

18No es fácil saber entre la gente del pueblo quién se camufla con la misión de espiar lo que se dice en contra de la guerrilla y prever las consecuencias:

Hay guerrilla también entre la gente. Hay gente que se cambia de ropa y se van como nueva gente a vivir al pueblo. Si el guerrillero sabe que allá hay gente que va a hacer algo contra ellos, van y le avisan a los demás y se vuelven a meter y matan la gente (Entrevista 1).

19Sin embargo mantener la neutralidad frente a la presión de las fuerzas en conflicto no es fácil, poniendo la vida en peligro cuando se colabora con uno u otro bando:

Uno no se daba cuenta quienes eran los muertos en el pueblo. Primero va la guerrilla entonces se ponen de amigos de otros para que le colaboren, entonces los paracos entran y hacen una barrida a los que ayudan a la guerrilla y así sucesivamente hasta que acaban con toda la gente (Entrevista 3).

20Los grupos en guerra cuando no se enfrentan entre sí, entran y salen de los pueblos buscando informantes a veces entre los niños, que no son fáciles de convencer:

Los soldados nos decían: 'nosotros no somos malos' y me preguntaban que por donde cogía la guerrilla. No decíamos nada porque después nos cogían y nos daban (Entrevista 3).

21A pesar de que la gente ajena al conflicto guarda discreción, sienten los ojos de los guerrilleros encima, intranquilizando y perturbando su ritmo de vida diario:

A veces cuando uno dormía la guerrilla lo vigilaba a uno por el monte, porque ellos no duermen ni nada. Lo vigilaban a uno con las armas. Si uno hablaba harto a los dos días lo mataban (Entrevista 4).

22El peligro se cierne sobre las personas objeto de sospecha por supuesta infidencia, lo que fácilmente puede implicar su eliminación:

Lo que uno sabia le tocaba quedarse callado, porque sino la guerrilla se da de cuenta que uno le esta contando a alguien, vienen y lo buscan a uno. A veces lo matan en el pueblo, pero hay veces que lo escogen y se lo llevan para el monte y allá lo matan, lo echan a los carros y lo traen para el pueblo (Entrevista 5).

23La intimidación provenía de todos los grupos armados, atropellando civiles no solo en el pueblo sino en los caminos con retenes inesperados:

Casi siempre se pasaban matando gente. Lo chequeaban a uno. A los macetos a veces los mandaban. Los macetos es casi la misma guerrilla pero ellos visten normal como las personas del pueblo y con botas largas. A veces ellos hacían trancones pero para requisar a los carros. A mi mamá le tocaba ir a comprar mercancía a Yopal y cuando se volvía a veces paraban los carros y los quemaban (Entrevista 5).

24Además de las interferencias imprevistas de los caminos, los guerrilleros utilizan distintos medios para amedentrar a la población inerme, entre ellos, letreros amenazantes:

La guerrilla por la noche cuando uno se acostaba o por la mañana, iban y rayaban el pueblo. Escribían que ´juramos vencer´ que todo eso. Un día en la mañana nos fuimos para misa y miramos todas las paredes rayadas, que ´juramos vencer´, que ´vamos a destruir el pueblo´. Haciéndome la boba leía esas cosas (Entrevista 2).

25En los pueblos donde la guerrilla ejerce total control por ausencia del Estado, imponen, sin contemplaciones, sus propias reglas del juego:

Al que pelea en el pueblo la guerrilla viene y se lo lleva por allá al monte. Si van por él lo devuelven sino van por él lo matan. Sino le dicen que trabaje con ellos y no lo matan (Entrevista 8).

26Las personas en los distintos pueblos terminan por acomodarse de la mejor manera posible a las exigencias de la guerra impuesta, o finalmente optan por desplazarse a un sitio que les brinde un mínimo de seguridad a sus vidas.

27Los grupos alzados en armas tratan de captar la población a su favor generando vínculos de simpatía, de amistad y especialmente desarrollando labores de adoctrinamiento y entrenamiento con niñas y niños menores de edad, con el fin de vincularlos a sus filas. A una determinada edad algunos niños y niñas de los pueblos controlados por la guerrilla son sometidos a una persistente labor de adoctrinamiento:

A mi hermana la estaban entrenando. Ella cambió mucho en pocos meses porque la estaban entrenando. La guerrilla la tuvo yendo por allá. A veces como decían que se anotaran a la guerrilla y había mucha reunión, entonces dijeron que cuando se metieran les mandaban un carro (Entrevista 4).

28Por ello el reclutamiento de niños y niñas para engrosar las filas de la guerrilla produce mucha zozobra en los padres de familia que no se resignan a ver partir a sus hijos sin probabilidad alguna de retorno:

Había mucha guerrilla y se llevaban a los niños de 14, entonces mi mamá nos trajo para acá a estudiar. Van a la casa a preguntar por el niño y se lo llevan. Le mandan papelito y le dicen que tiene que irse. Ahí viene el nombre. Ellos tienen un cuaderno y anotan los nombres de todos. Mandan papelito y dicen que el hijo se tiene que ir para la guerrilla. Después no los dejan venir a la casa ni a visitar (Entrevista 8).

29No es fácil sustraerse a la acción proselitista de la guerrilla que presiona de muchas maneras a la población civil para que acepte sus requerimientos:

Allá en Mesetas la guerrilla jodía mucho. A veces el ejercito se metía por allá. Había muchas balaceras. La guerrilla lo entrenaba a uno, lo obligaba a cosas a uno. La mayoría de la gente tenía que hacerse anotar por allá, para que todos fueran de la guerrilla (Entrevista 4).

30La población civil se veía obligada a reunirse con la guerrilla para escuchar sus programas políticos y las estrategias de acción militar, causando en ocasiones pánico la presencia sorpresiva del ejército:

La guerrilla hacía reuniones para que se unieran a ellos, que ellos salvaban el pueblo. Entonces un poco de señores se fueron a una reunión con ellos y ahí mismo fue entrando el ejercito. Como ocho helicópteros dando bala: trurrr, trurrr, trurrr y entonces ahí mismo se tuvieron que entrar para la iglesia. Los guerrilleros se tuvieron que escapar porque no tenían municiones. Se tuvieron que volar de una (Entrevista 3).

31En algunas poblaciones los niños que se familiarizaban con la presencia física de los grupos comprometidos en la guerra, terminaban por simpatizar con unos y rechazar a los otros:

La guerrilla no me quería a mí. Me querían eran los otros, los paramilitares. Me querían porque yo era muy bueno, muy maldadoso y gracioso. Los paramilitares un día mataron a todos los guerrilleros. Los guerrilleros jamás en la vida volvieron. Entonces se acabó la guerra (Entrevista 6).

32Los grados de simpatía de un niño por uno de los grupos armados en conflicto se daban por hechos inmediatos de convivencia diaria, sin percibir sus implicaciones:

Los paramilitares si eran buenos. Me pedían una papa, yo estaba solito y yo les daba. Y ellos me ayudaban a hacer las tareas muy difíciles. Ellos vivían en unas camas en el monte y si necesitaban algo de comer yo les daba. Ellos me llamaban silbando. Yo los escuchaba. Ellos me decían quiero algo y yo les llevaba alguna cosa. A veces les llevaba bananos con manzanas, o a veces les llevaba manzanas, arroz y papas (Entrevista 6).

33Más que por convicción, los niños y las niñas terminan militando en la guerrilla por imposición proselitista, sin opción distinta a comenzar una vida signada por la guerra entre compatriotas.

34Estar en medio de las presiones constantes, de la intimidación de uno u otro bando, de las tomas abruptas, de las balas encontradas y de la muerte incierta, hacen que las personas se sientan atrapadas por el miedo y opten por salir del lugar:

La guerrilla me asusta y a mi no me gusta. Nos vinimos por el miedo que a uno le da. Nos daba mucho miedo y entonces por eso mi mamá se vino. Mi mamá le decía a mi abuelita que nos fuéramos, mi abuelita decía que no. Hasta que un día le dio miedo a mi abuelita y entonces mi mamá le dijo que nos fuéramos. Un día mi hermana por miedo se desmayó, le dieron un vaso con agua y la llevamos al médico y después nos vinimos al otro día (Entrevista 9).

35Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, niños y niñas, viven en un estado permanente de miedo no solo por las confrontaciones violentas que podían suceder a cualquier hora, sino al sentirse bajo la permanente vigilancia de la guerrilla:

A mi mamá le dio mucho miedo porque (los guerrilleros) nos vigilaban a nosotros (Entrevista 4).

36El miedo va unido a la pesadumbre que produce el hecho de ver que los hijos de un mismo país se maten entre sí:

Me daba miedo porque había mucha violencia. Matar a gente que también es colombiana. Alguien que es colombiano mata a alguien que también es colombiano (Entrevista 1).

37Al presenciar la muerte y destrucción que va dejando la guerra en caminos, pueblos y veredas, los niños se asombran y desconciertan al tener que huir, guardando imágenes imborrables de crueldad y zozobra:

Destruyeron el pueblo. Entonces nos vinimos. Como quemaron tantos trasteos, pedimos un permiso para salir. Si no tenían el papel bajaban el trasteo y lo quemaban. Mi mamá pidió el permiso a la alcaldía y se trajo un poquito de cositas (Entrevista 2).

38Una vida construida en el hacer diario de muchos años, la desbarata el miedo ocasionado por la acción de la guerrilla, quedando el futuro de los niños marcado por la incertidumbre:

Nos vinimos porque había mucha violencia. Porque la guerrilla podía hacer algo allá y se acaba el pueblo y uno no sabe dónde va a quedar (Entrevista 1).

39Las imágenes que tejen los niños frente a la guerrilla se complican al entrar en acción los paramilitares, quedando confusos en medio del fuego cruzado:

Un día nos dio mucho miedo y nos vinimos porque la guerrilla era muy mala. Se disparaban guerrilleros y paramilitares (entre sí) (Entrevista 6).

40Las niñas y los niños entrevistados llegaron con algunos familiares a Bogotá. Se ubicaron en lugares transitorios donde amigos o parientes, mientras encontraban un nuevo espacio para vivir. Tratan todavía de rehacer sus vidas, de la mejor manera posible, pero las circunstancias son adversas. No hay empleo, sobre todo para los hombres. Algunas de las mujeres han corrido con mejor suerte al obtener un ingreso mínimo como empleadas de casas de familia, en restaurantes o colocando ventas callejeras de comestibles. Varios de los niños y niñas quedan, por las dificultades de las circunstancias, bajo la tutela de las abuelas.

41Para los niños y las niñas entrevistadas, el significado de ciertas palabras claves pueden, por la dureza de las vivencias, ser ambiguas o confusas; no obstante expresan ideas, sentimientos y deseos claros, desprovistos de rabia u odio, pero sin dejar de reflejar la influencia de los hechos presenciados.

42La guerra por lo inhumana, brutal y dolorosa tiene implicaciones impredecibles en la vida de las personas, mas si se padece en vivo y en directo como les ocurrió a los niños y niñas entrevistadas. Las secuelas que les deja no se podrán fácilmente eliminar de los recuerdos acumulados. Para Alejandra la guerra significa "no estar en libertad. No estar alegre. No poder estar en familia (Entrevista 1). Mientras que para Johana es "violencia" (Entrevista 7), para Jorge es "que matan a toda la gente" (Entrevista 4). Juan piensa que la guerra tiene que ver con "gente que no comparte, o que vive combatiendo" (Entrevista 5) y Estiven la relaciona con los "que se matan a tiros" (Entrevista 6); también para él la guerra quiere decir "que se muere la gente" (Idem).

43El miedo es una de las sensaciones más fuertes que una persona experimenta cuando enfrenta lo desconocido. Hechos que salen del control individual, como la impotencia ante la agresión de otras personas o animales, producen ansiedad e incertidumbre; también cuando se presiente que por acciones violentas se puede perder la vida. Para Alejandra el miedo es "cuando uno ve la violencia. Piensa que le va a pasar a uno algo, que lo van a matar, que lo van a secuestrar" (Entrevista 1). Johana lo relaciona con "temerle a alguien" (Entrevista 7). Jorge cree que es "cuando entra un espíritu a una casa... empieza a cogerle las cosas, a jalarle las patas..." (Entrevista 4). Juan lo vincula más con la ansiedad de salir a un lugar, cuando ha escuchado "que me van a llevar a un parque, que ya estoy contento. ¡Huy me van a llevar!. Después me dicen que ya no me van a llevar. Me da miedo que de pronto no me lleven, que quería conocer, que quería estar allá" (Entrevista 5). Estiven asocia el miedo con la acción de algunos animales cuando dice "que las culebras lo van atacar" (Entrevista 6). También siente "miedo a los ratones porque ellos muerden" (Idem).

44La muerte siembra pérdidas, desolación, desesperanza y temor de ser eliminado o que eliminen a un ser querido. Alejandra la define como "la gente que mata a los demás que porque no los quiere, porque odia" (Entrevista 1) y para Johana significa como "tristeza, miedo" (Entrevista 7). Jorge piensa que es "cuando la gente mata a alguien. La gente que uno aprecia, como sucedió con mi papá: lo mataron" (Entrevista 4), para Juan es "Matar personas o matar animales" (Entrevista 5), mientras que Estiven intuye que la muerte es algo similar a lo que se siente cuando "se muere un familiar, que me muero, que se muere toda mi familia" (Entrevista 6).

45La alegría expresa sensaciones gratas de satisfacción, de realización de cosas; de encuentros agradables con personas queridas, de sentir placer por lo que se hace, de obsequios recibidos. Es la manera más común usada por el ser humano para comunicar sentimientos positivos. Alejandra siente alegría cuando: "La familia está unida" (Entrevista 1); pero para Johana "ser feliz" es "hacer lo que uno quiera" (Entrevista 7). Para los niños y las niñas la alegría esta contenida en sus juegos y diversiones, por ello Jorge expresa que se siente feliz "cuando estoy jugando fútbol. Cuando me río. Cuando estoy contento que se me olvidan los problemas" (Entrevista 4); mientras que para Juan la alegría se relaciona con sorpresas y deseos, algo así como "que me encontrara algo y me pusiera feliz". Es como sentir "ganas de comprar algo" y tener "plata para ir y comprarlo. Que alguien me dé plata para ir a comprar lo que yo quiera" (Entrevista 5). Estiven se alegra el día de su cumpleaños y cuando le dan regalos, momentos significativos que vuelven los días especiales (Entrevista 6).

46La amistad encierra sentimientos de aprecio, de reconocimiento, de lealtad, de solidaridad. Implica la capacidad de dar y de recibir y poder compartir afecto y objetos materiales. Para Alejandra "conocer gente" y "saber más de una persona" (Entrevista 1) refleja la ampliación del círculo familiar. Johana piensa que la amistad es "tener buenos amigos. No tratarse mal. No pelear" (Entrevista 7). Los niños y las niñas encuentran en la amistad maneras no solo de estar juntos entre pares sino de compartir. Por ello Jorge la define como el "juntarse con amigos a jugar, por lo menos a hacer recocha, a correr" (Entrevista 4); o como para Juan "compartir los juguetes con los amigos, no peliar. Cuidarnos entre amigos, entre hermanos, entre familia" (Entrevista 5). Estiven relaciona la amistad con la felicidad que siente al saber que personas muy cercanas son sus amigas (Entrevista 6).

47La familia constituye uno de los grupos más afectados por todo tipo de presiones internas y externas. Las agresiones, el maltrato, el secuestro y la muerte atentan contra su continuidad y la ponen en permanente crisis, vulnerando la seguridad que le brinda ante todo a los niños en su proceso de formación. No obstante, su fuerza subsiste como apoyo psicoafectivo en la socialización primaria. Para Alejandra la familia significa que las personas ligadas a sus afectos " estén en libertad" (Entrevista 1), mientras que Johana la relaciona con "un hogar" (Entrevista 7). Jorge asocia la familia con un grupo de persona que "me quieren mucho, que me ayudan en cosas, que me regalan cosas" (Entrevista 4); para Juan lo fundamental es "que estén unidos todos" como grupo familiar (Entrevista 5) y para Estiven la familia se hace sentir cuando "me da regalos, me quiere, me da plata" (Entrevista 6).

48No obstante que las masacres, los asesinatos selectivos, las amenazas y el desplazamiento forzado dejan en la memoria de los niños y las niñas entrevistados, recuerdos impregnados de miedo, desconcierto, confusión y pesadumbre, no dudan en expresar sus mejores deseos de realizar en un futuro una carrera. Para alguno de ellos significa servir a la sociedad y ayudar a sus familias.

49Poder enseñar sin egoísmos lo que uno sabe, constituye un acto noble de generosidad con las personas privadas de conocimientos por su condición social. Así se expresa la sensibilidad de Alejandra:

Me gustaría ser profesora porque si uno ya aprendió le puede decir a los demás que fue lo que aprendió. Enseñarle a los demás. Los que no saben y no han podido estudiar. Me gustaría enseñarles la constitución política, porque uno aprende a ser mas educado (Entrevista 1).

50Más que la profesión por la que se opte, importa el poder ayudar, una vez se tengan los recursos y las posibilidades, a las personas queridas tal y como sin rodeos lo expresa Sandra:

Me gustaría estudiar en el ejercito o ser policía para ayudar a mi mamá; para darle comida a mi mamá y a mi hermana (Entrevista 9).

51La sensibilidad por ayudar a sus congéneres necesitados, no obstante las experiencias dolorosas, se refleja en las ideas de Carmen cuando dice:

Me gustaría ser profesora o sino estar de reina. Como profesora uno puede enseñarle a los niños que no saben. Si uno es reina se pone contento. Si yo puedo ganar ese reinado, yo puedo ayudarle a todas las personas que sean pobres. Ayudarles para que no se mueran de hambre, a que tengan una casa. Ayudarles a los que están enfermos (Entrevista 8).

52La reciprocidad como expresión de agradecimiento a quien le ha brindado respaldo, aflora, sin duda alguna, en los labios de Juan cuando expresa:

Me gustaría ser ingeniero de empresas grandes, o ser un policía. Como mi tío (es policía) ha trabajado tanto y ha ganado tanto para ayudarme, cuando no pueda trabajar ayudarlo a él como me ayudó a mí (Entrevista 5).

53La atracción por lo diverso y novedoso, como por la diversión en compañía de su familia salta en la mente vivaz de Estiven, cuando dice que quisiera ser

Piloto de aviones para conocer todos los países y hablar todos los idiomas. Manejar una camioneta chevrolet porque puedo ir a pasear; porque puedo llevar a mi familia a Toche (Entrevista 6).

54La opción de Yuri en la búsqueda de una carrera profesional se centra en la posibilidad de volver a encontrar empleo si la despiden del lugar donde trabaja. Afirma que

Me gustaría estudiar contaduría. Uno con contaduría cambia de trabajo (Entrevista 2).

55La tecnología de la informática deslumbra a los niños y fácilmente los cautiva por los conocimientos que adquieren a través de imágenes, movimientos y sonidos. Por ello es comprensible cuando Omenday dice que le gustaría

Manejar computadores. Es bueno porque uno aprende hartas cosas. Uno en el computador puede ver donde está Marte. Cuantos kilómetros hay de aquí a la luna, todo eso (Entrevista 3).

56El propósito de adquirir conocimientos que sirvan de soporte para dirigir una empresa está en la mente de Jorge cuando dice que

Me gustaría ser profesionalista en computación. Manejar computación. Trabajar en una empresa de arquitecto, sino ser presidente de una empresa (Entrevista 4).

57Los programas de la televisión y sus múltiples imágenes cautivan a Johana, proyectando sus anhelos futuros de ser actriz y aparecer en la pantalla chica junto con otros actores. Dice:

Cuando llegue a grande me gustaría ser actriz, porque uno sale en televisión con los actores (Entrevista 7).

58Por lo menos las vivencias de los niños y las niñas entrevistados, marcadas por la violencia, no mataron sus sentimientos positivos ni sus aspiraciones constructivas.

59La dimensión de la hecatombe a causa de la guerra de control y expansión territorial entre grupos insurgentes y autodefensas, como también la acción de la fuerza pública en el conflicto, no se alcanzan a dimensionar, por los acontecimientos que se multiplican día a día con la movilización de cientos de personas desplazadas a lugares nunca pensados como residencia forzada. Se violan los principios esenciales de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, ocasionando, cuando no la muerte si la desubicación, la ansiedad, la desesperación, el hambre y un porvenir incierto que marca a familias enteras bajo el rotulo de "desplazados".

60El flujo de gentes de unas regiones a otras, con fuertes cargas culturales, pone en confrontación identidades, derivadas de procesos socioculturales enraizados en medios ambientes diferentes. No solo es el choque por la obtención de un espacio físico para comenzar a vivir, sino las tensiones que suscitan en la adaptación la confluencia de estilos de vida distintos. La pobreza es el único denominador común que identifica a los desplazados. Estos adquieren entonces la condición de individuos rechazados, despreciados, excluidos. De la noche a la mañana se convierten en parias dentro de su propia patria.

61La crisis de las familias desplazadas, tanto de las zonas rurales como urbanas, se agudiza por las carencias, los desencuentros, las agresiones, los maltratos, las rupturas y la eliminación de las cabezas de familia. Las figuras paterna y materna se desdibujan, y los hijos e hijas crecen con profundos vacíos afectivos, al lado de padres sociales no pocas veces extraños. Otra es la situación de las madres solas que por abandono o viudez, se ven obligadas a trabajar, casi siempre sobre-explotadas y en oficios inestables, para lograr el sustento mínimo de sus hijos. Estos a veces se ven forzados a cumplir papeles de adultos, cuidando a los hermanos más pequeños, mientras sus madres retornan al hogar al terminar la tarde.

62Los niñas y los niños nacidos y criados en la guerra, serán ciudadanos del mañana con las marcas de un pasado cruel y absurdo, sin explicación válida que justifique la muerte entre los hijos de un mismo país. Las etapas cruciales de sus vidas deben estar alimentadas por experiencias positivas y conocimientos constructivos que consoliden la formación de su personalidad. No obstante en medio de la confrontación son obligados a combatir unas veces y a vivir otras entre balas cruzadas y explosiones de bombas, lesionando su autoestima y vulnerando su autonomía.

63Las violencias en sus múltiples expresiones van devorando como un cáncer corrosivo la geografía del país, matando sueños y esperanzas, obstruyendo las iniciativas de gentes creativas, eliminado esfuerzos y riquezas acumuladas, acrecentando odios y pasiones que alteran los ánimos y perturban las mentes. El estremecimiento debe sacudir todas las conciencias para encontrar caminos ciertos de reencuentro, de contención de las pasiones desbordadas, de renovación de esfuerzos para creer, confiar, compartir y construir un nuevo país, soportado en indisolubles lazos de solidaridad.

# data[].attributes.attachment_link.title
Familia y niñez entre la guerra y el desplazamiento forzado

# data[].attributes.attachment_link.description
La construcción de la nación colombiana ha sido enmarcada por la diversidad regional de sus selvas, montañas y llanuras e influida por la composición pluriétnica de su gente, por la apropiación desigual de sus tierras, por la particularidad de sus desarrollos locales, por la variedad de sus estilos de vida y por sus sistemas de representación social específicos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Conmemoración de la toma guerrillera del 11 de diciembre de 1999 desde los sobrevivientes, San Luis Antioquia
"Entonces continuaron las explosiones de los cilindros bombas y se escuchaban muchos gritos de guerra, pues, de amenaza. El miedo más fuerte cuando comenzaron el intercambio de disparos con la policía, donde a mí me tocó ver que mataron a muchos de la FARC, (...) pero ellos continuaban su toma armando cilindros bomba bajo el palo de mangos que hay en el parque".
Así describe la toma guerrillera del 11 de diciembre de 1999 un líder comunitario de San Luis; la cuenta como si hubiese sucedido ayer. Sus ojos se pierden en los recuerdos y en lo que no puede nombrar, porque el tiempo se lo ha llevado, o porque prefiere no contarlo.

Esta toma, permanece en la memoria de los sanluisanos como uno de los hechos más violentos ocurridos en la historia del municipio, cuando varios frentes de las FARC se tomaron el casco urbano, dejando como saldo final la muerte de ocho agentes de policía, el secuestro de otros cinco uniformados, el asesinato del personero municipal y de la ingeniera forestal Irma Rosa Gutiérrez.

Durante la incursión armada fueron destruidos el comando de la Policía, la Alcaldía Municipal, el Banco Agrario, la Registraduría e inmuebles ubicados en el parque principal.
"Eso fue uno de los días que más violencia y miedo sentimos los que estábamos acá cerca a ese comando, a esa Alcaldía cuando empezaron a atacarla con puras pipetas llenas de metralla. Solamente recuerda uno como quedaba de aturdido con la explosión de esas bombas tan fuertes (...) Nos tocó soportar eso como más pudiéramos, como mejor pudiéramos".
Esto lo dice Reinaldo, quien para esa época era concejal del municipio y al día de hoy se define como un enamorado y conocedor de los ríos, la vegetación, los bosques y de la riqueza agrícola y pecuaria que tiene San Luis.
"Eso fue uno de los días que más violencia y miedo sentimos los que estábamos acá cerca a ese comando, a esa Alcaldía cuando empezaron a atacarla con puras pipetas llenas de metralla. Solamente recuerda uno como quedaba de aturdido con la explosión de esas bombas tan fuertes (...) Nos tocó soportar eso como más pudiéramos, como mejor pudiéramos".
Esto lo dice Reinaldo, quien para esa época era concejal del municipio y al día de hoy se define como un enamorado y conocedor de los ríos, la vegetación, los bosques y de la riqueza agrícola y pecuaria que tiene San Luis.

Como a muchos sanluisanos a Reinaldo le tocó vivir en carne propia las inclemencias de la toma guerrillera. Cuenta con gran efusividad y tristeza, como él y su amigo Humberto Díaz sintieron amenazadas sus vidas cuando les tocó refugiarse durante toda la tarde en la oficina de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA), soportando los gritos de guerra, huyendo de las bombas, de las esquirlas de los ventanales rotos por los impactos, de la nube negra de terror y de gas lacrimógeno que cubría al pueblo; todo esto, sumado al vacío que da la incertidumbre de no saber nada de su esposa y de sus tres hijos.

Entre las víctimas de la toma guerrillera estuvo el personero Mauricio León, quien es recordado como un gran líder con vocación por el trabajo comunitario. También, se recuerda con tristeza a la señora Irma, quien se encontraba en embarazo y para ese entonces, era la jefa de la UMATA."Doña Irma era una persona carismática, dedicada a su trabajo, honesta, muy correcta, siempre el concejo en pleno la felicitaban por su gestión como jefa de la UMATA" añade, Reinaldo.

Por otro lado, don Antonio (un arriero de nacimiento, con su mirada puesta en lo infinito, se define como un amante de las mulas), él, con el dolor que refleja su rostro, recuerda los tiempos del conflicto armado y la toma guerrillera en el pueblo; afirmando que fueron momentos donde la vida se le desdibujaba con cada amanecer, donde el miedo era una constante, donde no había garantías de despertar y donde el silencio era la mayor certeza para sobrevivir.

Él nombra, con el río en sus ojos, a su hermano Gilberto de 30 años, quien fue un hombre cariñoso, comprensivo y generoso; al que la guerrillera mató en la vereda la Tebaida. "Son cosas que son muy duras. Él trabajaba conduciendo una buseta. Él vivía con mi mamá, era el que veía por ella y, lo mataron delante de ella. Él venía de donde la novia, ella vivía por allá para la salida de Granada. Él llegó a las 11:00 de la noche, estaban matando un muchacho allá en la salida, y luego fueron a la casa y allá lo mataron", agrega.

La toma guerrillera dejó recuerdos aún sin sanar y preguntas cargadas de dolor. Las víctimas buscan entender por qué su ser querido no está y reparar el dolor de recordar las ruinas de las calles del pueblo que los vio nacer.
Vivir el despojo del río "Nosotros, en ese tiempo no bajábamos al rio, ¡bendito! a uno le daba miedo hasta salir a la calle. Uno salía, pero no sabía si volvía. Hubo muchas disputas de la guerra en el río. Aquí casi todo al que se lo llevaban lo tiraban al Samaná. Las historias decían por ahí que un señor que vivía junto del cruce (...), se lo llevaron, lo mataron y quedó en unas piedras".
"Fueron muchos los que tiraron al Samaná, en el puente los recogían y allá los asesinaban", agrega un habitante de San Luis. El conflicto armado, también influyó en las formas como los Sanluisanos se relacionaban con el río y su territorio. San Luis, está ubicado en medio de un ecosistema de gran biodiversidad con muchas especies silvestres, algunas de ellas endémicas. El municipio, cuenta con piscinas naturales y varias cascadas que forman el río Dormilón, el cual atraviesa gran parte de las veredas, hasta desembocar en el río Samaná Norte.

En los tiempos del conflicto los grupos armados se disputaban el territorio, impidiendo que los habitantes del municipio disfrutaran de los charcos y los bosques. Para los Sanluisanos, los ríos son una de las características más emblemáticas de su territorio; por lo cual, no haber podido habitar su ecosistema por el miedo de ser asesinados en el intento, también se convirtió en una huella imborrable en su memoria. "Los ríos son los testigos, ellos se tragaron a más de uno" concluye don Reinaldo.
"No solamente las FARC sino que después era corredor de las Autodefensas, también los Elenos (...) nos prohibieron entrar a los bosques y al río, a disfrutar de ellos y caminar por donde nos provocara (...) porque sí, era miedoso meterse uno al bosque, aunque uno no le tuviera miedo al bosque ni al río; pero uno no sabe con quién se iba a encontrar. Muy verraco uno tener que abstenerse de lo que le gusta hacer".
Por otro lado, algunos campesinos manifiestan que debido a las fumigaciones con glifosato para contrarrestar los cultivos ilícitos que sembraron los grupos armados; hoy son todavía evidentes las afectaciones del suelo; ya que este herbicida intoxica la tierra por un largo periodo; afectando no solo la flora y la fauna del territorio, sino contaminando las cuencas y afectando la economía campesina de algunos habitantes.

Sin embargo, reconocen también que algunos grupos armados, protegían los bosques de la deforestación, porque estos regulaban la tala los árboles que muchos campesinos vendían la autopista Medellín-Bogotá.

Algo que tampoco se olvida en San Luis, fueron los desplazamientos forzados que se dieron antes y después de la toma guerrillera. El abandono de las tierras a raíz del miedo y las amenazas directas por parte de los grupos armados; quedando en total desolación algunas veredas del municipio y despojando a los campesinos de su proyecto de vida."Nosotros somos desplazados en dos veces de la Tebaida. Regaron panfletos y nos dijeron que nos teníamos que ir, desocupar. (...)Nosotros volvimos. A los dos meses otra vez, el mismo rumor, y ahí sí, yo le dije a la señora que teníamos que irnos con los animalitos y todo. Después de aquí, cuando mataron al hermano mío, nos tocó irnos para Medellín porque a nosotros nos iban a matar también. Nosotros somos 3 arrieros, por allá por belencito corazón, imagínese usted" añade don Antonio.

Definitivamente, haber vivido desde el río la incertidumbre de no poder habitar con libertad sus aguas y sus montañas, observar el deterioro de la tierra por exterminio de los cultivos ilícitos, padecer el desplazamiento forzado que modificó las formas de relacionarse con los otros; hizo de San Luis, un territorio que se confundió con el dolor y el silencio pero que sobrevivió para defender sus ríos y renacer de las ruinas.
La vida, la sobrevivencia y la esperanza
"Hoy cuento esto con menos dolor porque yo fui un sobreviviente como muchos de mis amigos que ese día gracias a dios nos pudimos librar. Apenas hoy vine a caer en cuenta que hay que celebrar que yo soy sobreviviente de esa toma. Hoy comienzo a robarle ese espacio que ocupa en el corazón los miedos, temores y recuerdos tristes, para que entre un poquito ya como la moral, la motivación. Es que tengo mil razones para estar cantando, estar bailando, estar gozando la vida, ¿no? Lo más importante de la vida es uno mismo; entonces trataré ahorita de permitirme a mí mismo celebrar que estoy vivo".
Sobreviviente de la toma guerrillera, de San Luis

Mucha esperanza, solidaridad y resiliencia son valores que caracterizan a los Sanluisanos, después de 19 años de la toma guerrillera. Un pueblo que ha renacido de las cenizas y que reconoce, se apropia y defiende su patrimonio ambiental. Un pueblo que se juntó en los tiempos álgidos del conflicto a atender a 1.200 personas desplazadas del corregimiento de Aquitania; un pueblo que llora sus muertos, pero que está consciente de la importancia de sobreponerse para retornar a sus tierras, para reconstruir su proyecto de vida a través de la economía campesina, y para encontrar a sus desaparecidos.

"Tenemos varios motivos y muy importantes para andar con la cabeza en alto y empezar a meditar en las acciones nuestras para que realmente le estamos aportando a una nueva etapa de la vida, una etapa donde ya no hay zozobra tan eminente en nuestras narices y disfrutemos, disfrutemos".
habitante de San Luis, sobreviviente de la Toma

Hoy, el miedo ya no es una constante y la incertidumbre de morir violentamente por un fusil se ha ido desvaneciendo. Hoy, ellos pueden caminar por senderos que eran impensables recorrer años atrás. Hoy nadan, se juntan y se aman en sus ríos, en los bosques, en el parque, en el palo de mangos donde antes se camuflaban los cilindros que devoraron todo lo que eran. Hoy, pueden sembrar árboles recordando y conmemorando a sus muertos, pero esto no les impide recordar que respiran, que le ganaron una batalla a la muerte, que están vivos, que son sobrevivientes dignos de la felicidad, conscientes de ser amos de su vida. Hoy ellos agradecen y afirman, como lo hace la poetisa Gloria Fuentes que "la muerte es quedarse solo, mudo y quieto, y no poder gritar y celebrar que sigues vivo".

# data[].attributes.attachment_link.description
Con la consigna "Celebremos la vida y la Esperanza" se conmemoraron los 19 años de la toma guerrillera en el municipio de San Luis. Por: Estefanía Madrid estefaniamadrid@conciudadania.org Conmemoración de la toma guerrillera del 11 de diciembre de 1999 desde los s...

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Se propusieron expandirse al Oriente antioqueño, hasta el colidante norte caldense, para ganarse a la población a la que fuerzas oscuras no estaban dejando renovar su política, pero sus métodos crueles les sabotearon su objetivo. A la brutal reacción paramilitar, la guerrilla intentó competirle en barbarie, hasta que no le quedó un amigo por esas tierras.

A finales de 2003, en una vereda de Sonsón, Manuel Muñoz Ortiz, conocido con el alias de 'Iván Ríos', en ese entonces jefe del Bloque José María Córdova de las Farc, le confió a su jefe de seguridad, Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina', una preocupación que lo rondaba. Tras 10 años de haber iniciado una arremetida sin precedentes en Antioquia, la estructura bajo su mando se había concentrado en doblegar esta región con violencia, descuidando lo político. "Así nosotros no vamos a tomar el poder ni vamos a tener el respaldo del pueblo", recuerda 'Karina' que le dijo 'Ríos'.

Para ese momento, el oriente de Antioquia, una región de 23 municipios exuberante en bosques y páramos, donde se encuentran el aeropuerto internacional y el complejo hidroeléctrico de San Carlos, y la atraviesa la autopista que une a la capital antioqueña con Bogotá, era un cruento escenario de guerra.

'Iván Ríos' sabía muy bien de lo que le hablaba a 'Karina'. Durante los noventa, el Bloque José María Córdova apeló al secuestro, al narcotráfico y atacó a la población civil, acciones que iban en contravía de lo planteado en la VIII Conferencia Guerrillera de abril de 1993, realizada en La Uribe, Meta, cuando las Farc decidieron mejorar las relaciones con la población civil.

En el Oriente antioqueño los medios sabotearon el fin. "Fue una colonización guerrillera a punta de bala", recuerda un periodista de la esta región, quien fue testigo de la irrupción de las Farc, cuando empezó a ampliar su presencia en la región con el Frente 9 en San Luis, Cocorná, Concepción y Alejandría, y luego con el 47, en Argelia, Nariño, Sonsón y San Francisco. Contrario a otras regiones del departamento y del país, aquí no lograron conectarse políticamente con sus pobladores.

Los conflictos que provocó el Estado
En un principio, no fue la guerrilla la que hizo sufrir a la gente de esos parajes, sino el propio Estado impulsando el progreso. Según un informe del PNUD, la construcción de los embalses entre la década de los setenta y ochenta, de la autopista Medellín - Bogotá y del aeropuerto internacional José María Córdova, afectaron social y económicamente a los pobladores que, en su mayoría, eran pequeños comerciantes y agricultores.

Incluso se considera que el primer desplazamiento masivo ocurrió cuando construyeron la represa de El Peñol, lo que provocó la reubicación total del pueblo sin tener en cuenta la opinión de sus habitantes. "El nivel de intervención por parte del gobierno en la zona fue arbitrario, sin consultar", dice un defensor de derechos humanos de la región.

Carlos Ruiz, uno de los tantos ciudadanos que ha participado en los últimos años en jornadas por la memoria en la región, recordó que la construcción de los embalses afectó también la economía campesina, de la que subsistían miles de pequeños propietarios.

"Aquí se producían alimentos para Medellín y para buena parte de la Costa, pero ese cambio en la tenencia llevó a un cambio en el uso de la tierra y en las actividades, especialmente en el altiplano, en donde los campesinos principalmente productores de alimentos se convirtieron en mano de obra barata para las empresas", explica Ruiz.

La construcción del embalse Peñol-Guatapé también generó el surgimiento de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Movimiento Cívico del Oriente y la Asamblea Provincial del Oriente, que acumularon una importante fuerza política al margen de los partidos tradicionales. Otros, como el Movimiento de Acción Peñolita ganó la Alcaldía de El Peñol en 1987 y otras organizaciones cívicas llegaron a los concejos como los de Guatapé y San Rafael.

Pero para desgracia de estos movimientos, su entrada a la política fue rotulada como "subversiva" y comenzaron a ser perseguidos por diversos sectores contrarios a sus posturas cívicas que se respaldaron en paramilitares del Magdalena Medio financiados por narcotraficantes y apoyados por la Fuerza Pública.

Estos ejércitos privados sembraron el terror en la región. Entre 1984 y 1989 fueron exterminados decenas de militantes de izquierda. "Se trazó una frontera invisible que era la autopista Medellín - Bogotá, en donde guerrilla y paramilitares se daban bala de lado y lado", cuenta un habitante de la zona.

El asesinato que más impacto tuvo en la región a finales de los ochenta, fue el de Ramón Emilio Arcila, un dirigente de Marinilla y líder del Movimiento Cívico del Oriente, quien se proyectaba como el más seguro ganador de la Alcaldía de su municipio. Según cifras del Cinep, de enero de 1988 a octubre de 1991, en el Oriente antioqueño fueron asesinados 66 miembros de movimientos sociales.

La llegada de las Farc
Aunque a comienzos de los noventa, las Farc tenían frentes en Antioquia, su zona de mayor influencia no era el Oriente sino el Urabá, así como el occidente, donde tenían un grupo que entraba esporádicamente a poblaciones como Santa Fe de Antioquia y Caicedo. ( Ver Frente 5 de las Farc, protagonista de la guerra)

En la VII Conferencia de las Farc (1982), se constituyeron nuevos frentes que operarían en Antioquia y Chocó. Surgieron entonces el 34, en los límites con el Chocó entre el Atrato y el Darién; y los frentes 35, 36, 37, en el Nordeste antioqueño. Del Frente 5 surgieron el 9 y el 58; y del 18, salió el Frente 47, que en un principio operó en el Magdalena Medio y luego, en la década del noventa, se asentó en el Suroeste y Oriente lejano de Antioquia.

En 1997 se realizó una reunión del Bloque José María Córdova en Urrao, Antioquia, a la que asistieron los comandantes de los frentes 5, 18, 34, 36 y 57. Allí decidieron arreciar la ofensiva en Antioquia y delegaron la responsabilidad de las incursiones en los frentes 9 y 47.

Pero la entrada de las Farc a la región también tuvo otro objetivo: contener la expansión de los paramilitares del Magdalena Medio y controlar la zona de embalses con la intención de sabotear las hidroeléctricas y 'apagar' al país. ( Ver: Vicente Castaño llevó las Accu al Oriente antioqueño)

El Oriente antioqueño estaba bajo la vigilancia de la Brigada IV del Ejército, pero la falta de presencia estatal en los municipios más apartados de la región y la descoordinación entre la misma Fuerza Pública fueron aprovechadas por la guerrilla para entrar y dominar este territorio con algo de facilidad.

También en 1997, el Secretariado de las Farc ordenó a todos sus bloques y frentes sabotear las elecciones regionales. Entonces los jefes del 47 y el 9 les exigieron a todos los candidatos a las diferentes instituciones que renunciaran a sus postulaciones o de lo contrario serían asesinados.

Carlos Zuluaga, quien fue candidato ese año y ganó la alcaldía de Granada recuerda que con esta advertencia la guerrilla desestabilizó la región y mucho más cuando arreciaron los retenes en las vías. "Empezaron a obstaculizar a las administraciones cuando Álvaro Uribe asumió la Gobernación de Antioquia (1995-1997). Presionaban en las carreteras y quemaban carros", dijo.

Entonces, Uribe decidió ir de pueblo en pueblo como muestra de solidaridad con los aspirantes y le pidió a todos los habitantes del Oriente que no se dejaran amedrentar por los grupos armados.

En ese momento, el jefe del Frente 47 era un guerrillero conocido con el alias de 'Harrison', mientras que el 9 estaba comandado por alias 'Marcos', un tipo señalado de ser muy violento a quien acusaban de ser responsable de varios asesinatos en los que las víctimas aparecieron degolladas.

El año de 1997 también fue recordado por la arremetida de los paramilitares de Ramón Isaza, que cometieron masacres en varios municipios de la región. Como retaliación, la guerrilla voló varias fincas en La Unión, mató al presidente del Concejo de ese municipio y a los candidatos a las alcaldías de San Carlos, San Rafael, El Peñol y Guatapé. En reacción a estos crímenes, los candidatos de 20 de los 23 municipios del Oriente renunciaron masivamente. ( Ver: La batalla entre 'paras' y guerrilla)

La presión de la guerrilla sobre las elecciones fue tal que se decidió trasladar los puestos de votación a las cabeceras de los municipios y el resultado fue la altísima abstención. En municipios como San Francisco solo votaron 11 personas, en San Carlos 52 y en El Peñol 140.

Después de las elecciones, el Frente 9, bajo al mando de Rubén Antonio García, alias 'Danilo'- muerto en un bombardeo en 2009-, secuestró a los alcaldes electos de Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Carlos y San Rafael, además, a cuatro periodistas. Luego todos fueron liberados, con la condición de publicar un comunicado en el que denunciaban las atrocidades de los grupos paramilitares en la región.

"La lógica de la guerra era que si la guerrilla mataba una persona, a los ocho días llegaban los paramilitares y asesinaban a otra en retaliación, y de nuevo venía la guerrilla y hacía lo mismo", explica el sacerdote Jorge Tovar, quien hoy es director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Centro y fue párroco de Samaná, Caldas, donde el Frente 47 tuvo una intensa actividad criminal.

La guerra contra las autoridades locales no paró allí y obligó a muchos alcaldes y concejales a despachar desde Medellín o en otros casos a dimitir, como le ocurrió al alcalde de Cocorná, José Aldemar Serna Pérez, quien terminó exiliado tras ser secuestrado en cuatro ocasiones.

Un ex alcalde recuerda que la debilidad de la Fuerza Pública era tal que a veces los policías permanecían encerrados en los comandos porque no tenían cómo patrullar. Fue por eso que varias poblaciones como San Carlos, Granada, Nariño, Argelia y San Francisco, empezaron a ser arrasadas.

El 'Bloquecito'
Como si lo anterior no fuera suficiente, las Farc decidieron exterminar a los frentes del Eln que habían tenido presencia histórica en el Oriente, al parecer porque 'los elenos' se robaron el dinero de un secuestro y se negaron a devolverlo.

Según contó Guillermo Zuluaga en su crónica 'Enemigos íntimos', esa guerra provocó que algunos 'elenos' se entregaran a los grupos de autodefensa que hacían presencia en la región, sobre todo después de que las Farc se tomaran San Luis en diciembre de 1999, dejando 9 muertos y 5 secuestrados. Algunos se integraron a las facciones de Ramón Isaza y otros al Bloque Metro de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), comandando por Rodrigo García, alias 'Doble Cero'.

Para 1998, el Estado Mayor del Bloque José María Córdova ordenó la creación del llamado 'Bloquecito', bajo el mando de alias 'Marcos', un grupo de 500 guerrilleros de los frentes 9 y 47 cuya misión fue atacar poblaciones y llevar secuestrados a la zona de páramos entre Caldas y Antioquia.

La aparición de este 'bloquecito' coincidió con las directrices del Secretariado de las Farc que le exigió a todos sus frentes de guerra incrementar los secuestros de policías y militares para presionar el canje por guerrilleros presos en las cárceles del país. También expidió la llamada 'Ley 002', con la que empezaron a secuestrar a personas que ellos consideran ricos si no les pagaban un "impuesto" obligatorio.

Sus primeras acciones se sintieron en la zona cafetera del norte de Caldas, limítrofe con el Oriente de Antioquia, en donde empezaron a extorsionar a pequeños agricultores, que estaban muy lejos de tener el patrimonio del millón de dólares del que hablaba la 'Ley 002', pero eran los que a los guerrilleros les quedaba más fácil aplicarla. Esta región había estado al margen del conflicto hasta bien entrada la década de los noventa.

Luego vino la toma de Nariño, Antioquia, en agosto de 1999, en la que asesinaron a 15 personas entre civiles y policías, además de secuestrar a ocho policías y dejar en ruinas al 80 por ciento del pueblo, luego de 36 horas de intensos combates con la Policía y el Ejército. El presidente Pastrana ordenó entonces el despeje de Puerto Venus en Nariño, así como el de los corregimientos de Arboleda y Florencia de Pensilvania, Caldas. Lo hizo por solicitud de la guerrilla con la supuesta excusa de liberar a los secuestrados.

Según un periodista de la región, al día siguiente de anunciar el despeje, 'Karina' y sus hombres se instalaron a sus anchas en el casco urbano de Nariño, reunieron a los pobladores en el coliseo central, se excusaron de las incursiones armadas y los asesinatos, y les anunciaron que desde ese momento "mandarían en la región".

Para molestia de los pobladores, los guerrilleros reconstruyeron la estación de Policía que habían destruido y se tomaron las casas de los desplazados. Todo esto ocurrió a lo largo de un año, en el que controlaron no solo el orden público, sino que hicieron las veces de jueces y hasta ajusticiaron a los pobladores que no se acomodaron a su control.

Según un informe del diario La Patria, de Manizales, el Frente 47 por su parte también llegó a "despachar" desde Arboleda. "Allí había más guerrilleros por habitantes que soldados o policías. 'Kadafi', 'Moncholo', 'El Zorro', 'Sucre', y 'El Paisa' parecían intocables. Eran la ley en la zona, nada se movía sin su orden. Por años sembraron terror y muerte en Caldas".

El padre Tovar recuerda que con la consolidación de los frentes de las Farc, la movilidad se restringió. "Los paramilitares hicieron un corredor liderado por 'Memo Chiquito', mientras que a las afueras de Berlín, un corregimiento de Samaná, había otro de las Farc. También trazaron una barrera imaginaria en el corredor entre Berlín, San Diego y La Victoria, en Caldas. Era común ver operativos conjuntos entre la fuerza pública y los paramilitares. Estos querían recuperar el corregimiento de Florencia que era un territorio de 'Karina'. Muchas veces la guerrilla ni siquiera tenía que usar las armas en el pueblo, un 90 por ciento estaba de camuflado", dice.

Es este 'bloquecito' el que se toma el corregimiento de Florencia, en Samaná, el 18 de mayo de 1999, y la base de La Araña en San Rafael, en mayo del 2000. Al mando estaba 'Karina', quien asumió la dirección del 47 cuando el Ejército capturó a alias 'Harrison'. Fue la primera mujer jefe de un frente de la guerrilla de las Farc, y quizás por ellos, a la gente le chocó más su crueldad que la de los jefes hombres que era más usual.

Ella también participó, el 29 de julio de 2000, en la incursión de 500 guerrilleros de los frentes 9 y 47 al corregimiento de Arboleda, en Pensilvania, Caldas. Ese día lanzaron cilindros bomba y arrasaron el centro del pueblo al detonar una volqueta con un saldo de 14 policías y tres civiles asesinados.

En octubre de 2000, 'Marcos' y 'Karina' se tomaron el corregimiento de El Prodigio, en San Luis, y después hicieron lo mismo con Granada, el 6 de diciembre, un municipio en donde un mes antes las autodefensas habían masacrado a 17 campesinos. Ese día, durante 18 horas, las Farc bombardearon el pueblo y explotaron un carro bomba con 400 kilos de dinamita, lo que provocó que más de la mitad de los habitantes se desplazara.

Carlos Zuluaga, quien era el alcalde en esa época, le dijo a VerdadAbierta.com que el ataque a Granada fue "tan desproporcionado, que destruyeron 320 viviendas y comercios". Seis meses después, la guerrilla siguió ensañándose con esta población al asesinar a Jorge Alberto Gómez, quien había sido designado como el gerente de la reconstrucción del pueblo.

El declive guerrillero
'Karina' montó un campamento en Río Verde de los Montes en Sonsón, desde donde dominaba Nariño y Argelia, en Antioquia, y Samaná, San Félix, Pácora, Aguadas y Pensilvania, en Caldas.

Ante la encrucijada de violencia, los alcaldes de la región se organizaron e impulsaron varias iniciativas para unir esfuerzos y buscarle salidas al estado de guerra que padecían sus poblaciones. Así nacieron la Asamblea de Alcaldes de Oriente y el Consejo Territorial de Planeación. La Iglesia y algunas empresas privadas y públicas antioqueñas crearon Prodepaz, inspirado en el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Una de las muertes que mayor impacto produjo entre la opinión pública fue la de Jaime Jaramillo Galvis, asesinado el 19 de marzo de 2002, a manos de las Farc, hijo del entonces coordinador de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, Jaime Jaramillo Panesso.

Ante el cruel homicidio, Jaramillo Panesso le escribió una carta a 'Karina' en la que le pidió ponerle freno a los ataques: "Ya puse mi cuota de guerra, un plante de vida descuajado en sangre. ¿Cuándo va a poner usted su cuota de paz, aportando su plante de vida para con los civiles, para con los inocentes, para con las ciudadanas y ciudadanos desarmados?".

La respuesta a la crueldad de los frentes 9 y 47 llegó en el primer consejo comunitario que realizó Álvaro Uribe como presidente en ejercicio a finales de 2002: "Hay una señora de las Farc llamada 'Karina' en el oriente de Caldas que hay que capturar". Y ofreció 1.500 millones de pesos por su captura.

Otra de las órdenes que dio Uribe fue autorizar al Ejército para ejecutar la operación 'Mariscal', con la que recuperaron el tránsito en la autopista Bogotá-Medellín. Luego vendría la retoma del Oriente de Antioquia, que inició en marzo de 2003 bajo el nombre de Plan 'Marcial'. Según estadísticas de la Vicepresidencia de la República, tras seis meses de ofensiva, el Ejército dio de baja a 215 guerrilleros, capturó a 85y logró que se desmovilizaran 188.

Poco a poco la ofensiva guerrillera empezó a disminuir por presión del Ejército y, paralelamente, de grupos paramilitares. En la región operaron las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, así como los bloques Metro y luego el Héroes de Granada.

La arremetida legal e ilegal hizo quelas Farc se replegaran hacia la zona boscosa del Oriente, en especial a Sonsón. 'Karina', en una audiencia de Justicia y Paz, confesó que cuando empezó a sentirse asediada, el Secretariado decidió alejarla del frente de batalla y enviarla como jefe de seguridad de 'Iván Ríos'.

Sin embargo, personas consultadas por VerdadAbierta.com aseguran que si bien la llegada del Ejército ayudó a diezmar la ofensiva guerrillera, la estrategia estatal produjo muertos entre la población civil, que hoy se conocen como "ejecuciones extrajudiciales", muchas de cuyas víctimas fueron presentadas como "guerrilleros caídos en combate".

El acecho del Ejército y de los paramilitares provocó una estampida de guerrilleros que desertaron, incluso traicionando a sus jefes, como le ocurrió a 'Iván Ríos', el miembro más joven del Secretariado, quien fue asesinado por su jefe de seguridad, alias 'Rojas', el 7 de marzo de 2008.

'Karina' contó que fue tal el cerco que ella, después de comandar a más de 300 hombres, se vio reducida a un pequeño grupo de 20. "Siempre estuve huyendo porque no tenía hombres ni armas". Por los ataques de la Fuerza Pública y la desmoralización de sus hombres, al final el gran terror del Oriente antioqueño se desmovilizó con su pareja en mayo de 2008.

Vendrían más golpes. En junio de 2009 se confirmó la muerte de Jesús Elías López, alias 'El Paisa', considerado como el ideólogo de estos frentes a manos de uno de sus compañeros, conocido con el alias de 'Pedro Perico'. En marzo de 2010 fue detenido Rubén Darío Ortíz, alias 'Moncholo', quien había asumido la comandancia tras la deserción de 'Karina'. Y en abril de ese año, capturaron a alias 'Luis', señalado como el jefe de secuestros de esos grupos.

Con respecto a alias 'Marcos', cuyo nombre real es Jesús Mario Arenas Rojas, éste desertó durante un año de la insurguencia y fue capturado en Medellín en febrero de 2011. Pese a que se marginó de las Farc "no asume la condición de converso", explicó una fuente cercana al ex guerrillero, quien explicó que si bien "es fundamental para entender la confrontación armada en el Oriente antioqueño, se ha negado de manera reiterada a ser postulado a la Ley de Justicia y Paz".

Por ahora, no se puede decir que la paz se haya conseguido en el Oriente de Antioquia y Caldas, pero los frentes 47 y el 9 sí se replegaron, este último, al mando de 'Kadafi', un hombre cruel que según información militar estaría en el Chocó comandando un grupo pequeño de guerrilleros.

No se sabe a ciencia cierta el número de víctimas que dejó la violencia en esta región. Se calcula que solo en 2002, uno de los peores años, los grupos armados dejaron 30 mil víctimas civiles entre desaparecidos, mutilados por la minas, desplazados, secuestrados y muertos.

En los años más duros, el municipio del que más salieron desplazados fue Cocorná, con 16 mil personas entre 1995 y 2003, le siguen San Carlos con 13 mil y San Luis con 9 mil. Por el lado caldense, de Samana desplazaron a 15 mil personas y de Pensilvania salieron casi 6 mil. ( Ver: Retorno a San Carlos).

Al final, el temor de 'Iván Ríos' se cumplió al pie de la letra. Las Farc no lograron hacerse con el control del Oriente, y sus métodos les impidieron ganarse a la gente humilde. Dejaron miles de víctimas, a los pequeños campesinos los desplazaron y empobrecieron aún más, y a toda una región desolada sin que hasta ahora pueda recuperarse de los efectos de la violencia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Las Farc cosecharon odios en el Oriente antioqueño | VerdadAbierta.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Se propusieron expandirse al Oriente antioqueño, hasta el colidante norte caldense, para ganarse a la población a la que fuerzas oscuras no estaban dejando renovar su política, pero sus métodos crueles les sabotearon su objetivo. A la brutal reacción paramilitar, la guerrilla intentó competirle en barbarie, hasta que no le quedó un amigo por esas tierras.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
En Colombia hay más de ocho millones de víctimas. Con ellas, otros tantos millones de historias únicas que convierten los números en personas de carne y hueso, que ayudan a acercar y a humanizar un conflicto armado que tuvo al país en vilo durante más de 50 años. Durante la elaboración del reportaje Volver a Granada, varias mujeres se ofrecieron a contar su experiencia desde la valentía que supone traer al presente los fantasmas del pasado. Todas ellas hubieron de desplazarse desde sus lugares de origen a otras partes del país para huir de la violencia. Estas son sus historias:

Auxilio Socorro Caro

Desplazada de Urabá a Medellín

Tengo 61 años, soy de un departamento de Antioquia pero toda mi vida viví en Urabá, una tierra de banano, de ganaderías... Tenemos seis hijos y una nieta de 16. Nos vinimos en el 96 porque teníamos miedo. Allí teníamos unas tierras, ganado, chocolate, cacao, trabajadores... Allí llegaban muchos grupos pero nosotros no los distinguíamos. Un día llegó uno, se fue y luego llegó otro y amarraron a mi marido en la casa junto a los trabajadores, para matarlos, durante tres horas. Los niños vieron todo. Decían: "vamos a matar a este viejo porque apoya a cierto grupo". Mi esposo dijo: "yo no apoyo a nadie, acá llegan todos y yo recibo a todos porque no podemos negarnos". Y ya decidieron soltarlos y no matarlos. Después de eso mi esposo dijo que nos fuéramos porque tenía miedo. Y nos fuimos a unos 10 kilómetros del pueblo; ahí yo empecé a vender comida en la calle, para el sostenimiento de mi familia porque ya no teníamos nada. Nos fuimos con lo puesto, con alguna ropa en una mochila y ya. La casa la quemaron a los ocho días de que nos fuéramos.

Después de todo este problema mi esposo se colocó como empleado en una finca de banano y con el tiempo yo le vendía comida a la policía y ya me dijeron que si seguía vendiendo a la policía me iban a matar. Por esta amenaza nos tuvimos que ir a Medellín al cabo de seis años. No sé qué grupo era, hay muchos, creo que eran las FARC pero no estoy segura, como se visten tan parecidos no los distingues.

Ya llegamos en el 96 con los hijos aún pequeños, yo me empleé en casas de familias como empleada doméstica pero no me daba la plata. Lo que ganaba no alcanzaba para cubrir los gastos. Y empecé a hacer manualidades, una cosa, otra, otra, otra... Ya me enfermé de la columna, que soy discapacitada. Mi marido se quedó en un pueblo más acá trabajando en una finca bananera pero ahora está y enfermo con insuficiencia renal crónica y no puede trabajar. Él se quedó allá y yo me vine con los niños. Para mí fue difícil pero Dios no le permite pruebas más allá de la capacidad de uno.

A veces yo estuve con la psicóloga de unidad de víctimas porque yo antes no dormía, lloraba mucho. Pensaba que nosotros teníamos antes un bienestar económico y ya nos cambió totalmente la vida y es difícil, pero una lo supera. Al final nos hemos sostenido trabajando de asistenta y haciendo artesanía, ahora con bombones. Pero nosotros no queremos retornar, son recuerdos muy malos los que hay allí. Ya nos adaptamos al clima, ya sabemos trabajar para ganarnos el sustento y podríamos decir que la familia ya está acá la mayoría... Usted sabe que el hombre es un animal de costumbres, uno se adapta. Aprendimos.

Claudia Cirley López

Desplazada de la Vereda de Los Medios, en Granada, a Medellín

Claudia Cirley López, junto a una chiva en Granada.

En mi familia somos cinco, soy la mayor de tres hermanos. Vivíamos en la vereda de Los Medios y en 1997 nos desplazamos. Yo ya iba cumpliendo los 18 años, ese era el temor de mi mamá, que nos robaran los guerrilleros. Mi hermanita tenía como 12 años, la otra 10. Una vez que íbamos en la chiva desde la vereda a la ciudad nos tocó ver cómo a uno de nuestros vecinos lo bajaron del carro y a todos nos pidieron los documentos de identidad. La cédula la pedían cuando uno se bajaba y empezaban a revisar en las listas negras. Quien apareciera se tenía que quedar. Por cualquier cosa uno figuraba en ella. Ese día nos dijeron: "súbanse y este vecino se queda". Y el señor llorando, la familia llorando... Fue una cosa muy desgarradora, muy tenaz. Cuando el carro arrancó, porque nos dijeron que nos teníamos que ir, al ratico sentimos los disparos, ya sabíamos que lo habían asesinado, y en el carro iban su esposa, sus hijos... Esa fue la gota que le rebosó a mi mamá la resistencia, ahí dijo: "Ya no más, esta es la última vez".

En una ocasión, uno de los conductores no sé por qué apareció por mi vereda y dijo: "El que suba ya lo saco, pero ya". Nos subimos con la ropa que teníamos puesta, eso fue tarde en la noche. No cogimos nada. En la carretera había muchos retenes, todo el mundo rezando un rosario y otro rosario... En cada curva sentíamos el miedo de que nos pararan. Y entonces llegamos al Alto del Palmar, llegar allí era como ir a la silla eléctrica porque aquí solía haber un retén. Llegar a ese punto fue lo más terrible del mundo, pero cuando ya tocamos la autopista, todo el mundo descansó. Todos lloraban. Ay, esa fue una noche muy tenaz. El carro iba lleno, la gente que alcanzó a subirse fue mucha.

Llegamos a Medellín, a la casa de una tía en el barrio de Robledo. Tenía como cuatro familias cuando llegamos. Mi papá empezó a vender sábanas. Los granadinos que estaban en Medellín y tenían formita económica acogían a los campesinos y les entregaban mercancía para que vendieran, y a la tarde liquidaban con ellos y con las ganancias de las sábanas comíamos.

Así vivimos muchos años hasta que en 2008 mi papá decidió volver a la vereda. Pero mi papá volvió solo y mi mamá dijo que no porque nos tocó ver muchas cosas tenaces. Mamá dijo: "usted se va solo, nosotros no". Mi papá respondió: "Bueno, m'hija, yo me voy de la mano de dios". Cuando llegó a la vereda de Los Medios, la casa de mi abuela, como era de barro, pues ya no existía. Entonces se fue a vivir a casa de un amigo y empezó a reparar la casita, y ya entre todos empezamos a poner plática para el techo, rehacer el piso, un muro, la cocina... Hasta que estuvo organizadita. Mi papá se pasó entonces a la casa de mi abuelita a vivir y mi mamá, en una de las visitas que le hacíamos, me dijo: "Hijas, mandadme la ropa porque yo me voy a quedar con vuestro papá". Hoy ellos siguen trabajando la tierra, no les pesa la edad, la gente campesina es muy fuerte. Mi papa tiene 60 años, mi mamá 59. Son gente que tiene unos bríos... Son hermosos, todo el día la pasan sembrando, cuidando las gallinas... Han tenido hasta chivos.

Seneida Agudelo Morales

Desplazada de San Luis a Medellín

Seneida Agudelo. Cortesía de la entrevistada

En una vereda del municipio de San Luis, Antioquia, a unos 75 kilómetros del casco urbano vivíamos mi familia: seis hermanos, -mi gemela y yo las menores-, y mis papás, junto con otros 1000 habitantes. Era de amplio conocimiento la existencia de las guerrillas de las FARC y el ELN. Teníamos extensos cultivos de café y caña de azúcar, ganado y demás animales. Económicamente nunca nos faltó nada. Los años transcurrían tranquilos, hasta 1997, cuando se lanzó una ofensiva por parte del Gobierno para acabar con las guerrillas. Para esa época mi hermana gemela y yo teníamos apenas ocho años. A la vereda llegó el Ejército nacional, a manos de quienes centenares de personas padecieron violencia física, sexual, hurtos a sus propiedades y todo tipo de atropellos. Pero comparado con lo que fue la presencia de los paramilitares, sus malas acciones quedaron casi que olvidadas.

Los paramilitares, el grupo armado más sangriento del país, tomó el poder de la vereda. Asesinaron a sangre fría a muchas personas, vecinos nuestros, amigos de toda la vida, familiares. Gente buena, trabajadora e inocente. Los asesinaban por sospecha de que fueran guerrilleros, por rumores, por no tener documentos de identidad en orden, por hacer un mal comentario, por lo que fuera. Utilizaban motosierras y métodos de tortura que apenas hasta ahora que he crecido puedo imaginar. No se me olvida el día en que fue asesinado un niño de tan solo nueve años a manos de la guerrilla porque supuestamente le había ayudado a llevar unos caballos a los paramilitares.

Entre la disputa entre guerrillas y paramilitares, estos primeros empezaron a reclutar gente para sus filas. Como mis hermanos mayores ya tenían edad, le dijeron a mi papá que tenía que colaborar, que si se negaba tendría que irse o atenerse a las consecuencias. Así mi papá se vio obligado a pedirnos que nos fuéramos para San Luis. Era el año 2001. Empacamos como pudimos algo de ropa y la cantidad de enseres que nos cupieran en un único camión que ingresaba a la vereda sólo tres veces por semana.

En el afán de salir, mi hermano mayor, el único varón de la casa, desconectó la pipeta de gas con la que cocinábamos y el gas se esparció debido a una mala manipulación. Esperamos un tiempo prudencial para que saliera el gas de la habitación, pero tiempo era lo que no teníamos. Mi hermano entró a bañarse, y al prender la luz del baño la casa explotó. Él salió completamente incendiado, pero aún vivo. Todas las cosas que nos íbamos a traer quedaron reducidas a nada por las llamas. Finalmente el camión llegó, a eso de las 10 de la mañana de un día de diciembre de 2001. Sacamos a mi hermano gravemente herido; y llegamos a San Luis sin absolutamente nada excepto por el poco dinero que mi papá traía fruto de la venta de algunos productos. Mi hermano fue remitido a Medellín por la gravedad de sus heridas, donde murió ocho días después. Tenía 24 años y un hijo de nueve meses de nacido. Mi papá entró un grado tal de depresión que falleció solo un mes después de la muerte de mi hermano. Yo tenía 11 años.

La crudeza del conflicto nos había quitado todo lo que hasta entonces teníamos, incluidos mi papá y mi hermano. Ahora le tocaba a mi madre, una mujer que había vivido toda su vida en el campo, y que no sabía hacer más que servir a su esposo y a sus hijos y cumplir con las obligaciones de la casa, sin un grado de escolaridad mínimo, enfrentarse a ese mundo completamente extraño para ella, una ciudad del tamaño de Medellín, a tratar de sobrevivir quién sabe cómo. Mis hermanas mayores empezaron a trabajar en cafeterías. Mi gemela y yo logramos terminar el colegio, y posteriormente, después de trabajar muy duro, ingresar a la universidad de donde me gradué como abogada en el año 2015. Mi hermana cursa Comunicación social y periodismo. El Gobierno le dio una casa a mi mamá en el Municipio de granada a título de indemnización y mis hermanas mayores ahora ya tienen sus propios negocios.

La huella de esos duros momentos opaca todavía la sonrisa de mi mamá que, aunque un poco más tranquila 15 años después, no puede evitar llorar cuando le preguntan por lo que ocurrió. A pesar de lo duro que fue para nosotros, nuestra historia no fue nada comparada con las de miles de familias colombianas a quienes la guerra les arrebató todo de la manera más macabra que pueda imaginarse.

Mónica Hernández

Desplazada de Granada a Cali

Mónica Hernández en su casa de Granada.

Nosotros somos de acá de Granada, de una vereda que se llama Libertad. Allá vivíamos con mis papás y mis hermanos. De repente empezaron con que llegaban los paramilitares y el Ejército y empezaron a jalar gente en la guerrilla. Chicos y chicas, el que fuera mayor de 12 años debía pertenecer a ellos. En aquel entonces yo tenía 12 años, fue en 2002.

Yo ya había terminado la Primaria en la escuelita y mi papá me mandó para que siguiera estudiando acá, a Granada, donde ya estaban dos hermanas. Esto fue en enero. En marzo ellos se tuvieron que venir. La guerrilla dijo: "o todos conmigo o se van", inclusive mi papá y mi mamá que eran mayores ya. Decidieron pues desplazarse. Eso fue una tarde loca que salieron de una y dejaron la finca y todo. Cultivábamos café, caña, maíz y frijol. No sé cuántas hectáreas pero era una finca grande.

Recuerdo que cuando estábamos allá en la finca una vez apareció la guerrilla y obligatoriamente teníamos que darles lugar para dormir. Cuando ya estaba amaneciendo empezaron a despertarse y cogieron todo lo de la cocina y se lo llevaron, toda la comida. Recogían y se iban. Unos días más tarde era el Ejército el que pasaba preguntando por ese grupo. Estabas temeroso. No se podían usar las botas que usan los campesinos porque ya eras guerrillero.

Yo seguí mis estudios acá en Granada y de repente al año siguiente, 2003, esto se empezó a llenar de paramilitares y de amenazas para los jóvenes. Una vez mi hermana estaba en esta habitación y uno de ellos se paró con el arma en la mano, ahí en la puerta. A él le dio risa y salió y se fue. Después de tres o cuatro años yo me fui para Cali en 2007 como desplazada. Mi familia se empezó a esparcir por las amenazas constantes. A un tío mío, hermano de mi mamá, se lo llevaron de aquí y no hemos vuelto a saber nada. A otro tío hermano de mi papá también se lo llevaron y lo tuvieron secuestrado un par de meses. Luego lo soltaron porque era muy mayor. Por eso la familia se acabó esparciendo: a Medellín, a Cali...

Yo estuve en Cali ocho años con mis dos hijos y hace tres años que regresé a Granada. Cuando llegué a la ciudad siempre sentía miedo de que les pasara algo a mis hijos. No estaba tranquila nunca y creo que nunca me acostumbré a la ciudad. Primero con los niños, como era tan pequeños, era muy difícil conseguir un trabajo. Yo compraba litros de yogur y los revendía, o revistas por catálogo. Tenía máquinas en mi casa y trabajaba en la costura y ganaba un poquito pero no era suficiente. Por eso decidí regresar. Muchísimo mejor ahora.

# data[].attributes.attachment_link.description
En Colombia hay más de ocho millones de víctimas. Con ellas, otros tantos millones de historias únicas que convierten los números en personas de carne y hueso, que ayudan a acercar y a humanizar un conflicto armado que tuvo al país en vilo durante más de 50 años.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Abril de 2002

LA GUERRA:
SUSTENTO DEL DESARROLLO EN ANTIOQUIA

Derechos Humanos e impunidad
1998 - 2000

Por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - CODEHSEL.

INDICE

INTRODUCCIÓN

1. LOS CAMPESINOS EXTERMINADOS O DESARRAIGADOS.
1.1 Las Víctimas
1.2 En el oriente antioqueño
1.2.1 San Carlos. su riqueza lo hace vulnerable
1.2.2 Otros municipios de la zona de embalses
1.2.3 La Autopista Medellín - Bogotá
1.2.4 Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría
1.2.5 Acciones directas de la fuerza pública

1.3 En la región del suroeste antioqueño
1.3.1 Betulia y Urrao
1.3.2 Cercanías a Medellín
1.3.3 Niños "dados de baja en combate"

1.4 Situación del Norte de Antioquia
1.4.1 Caso de Ituango: proyecciones económicas
1.4.1.1 Antecedentes del cercamiento del municipio
1.4.1.2 Continúan el éxodo y la muerte
1.4.1.3 Reflejos del proyecto hidroeléctrico Pescadero - Ituango

1.5 El desplazamiento forzado. Efecto más inmediato de la guerra sucia
1.5.1 Realidad de la tragedia del desplazamiento forzoso en Antioquia
1.5.2 Sobre los asentamientos en Medellín y su área Metropolitana
1.5.3 Los responsables de la guerra contra los campesinos

2. LOS OBREROS CATALIZADORES DE LAS PROTESTAS POPULARES
2.1 Resisten y persisten en la lucha contra el modelo neoliberal
2.2 La represión contra el sector sindical

3. LA EDUCACIÓN EN ANTIOQUIA, UN DERECHO QUE SE LUCHA O QUE SE COMPRA
3.1 Sinopsis de un conflicto
3.2 La tenaza neoliberal y la reacción social
3.3 No cesa la vulneración de los derechos humanos en la U. de A.
3.3.1 Corporación Taliber
3.3.2 Los estudiantes
3.4 En la Universidad Nacional también se siente la manifestación
3.4.1 Al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo defendieron de la corrupción y la privatización
3.4.2 Maestros: amenazados y asesinados, más grave si están sindicalizados.
3.5 Efectos sociales

4. AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS DE OPOSICIÓN Y LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
4.1 Quebrantamiento endémico de la democracia
4.2 Asedio contra los líderes cívicos y populares
4.3 Militantes de organizaciones políticas y reinsertados
4.4 Defensores de derechos humanos.

5. CERCAMIENTO DE LA CIUDAD MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA.
5.1 Militarización y paramilitarización de los barrios

6. EXIGENCIAS AL ESTADO COLOMBIANO.

INTRODUCCIÓN

Con este trabajo investigativo El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad, (CODEHSEL) quiere contribuir a la recuperación de la memoria colectiva de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Antioquia, ejecutados sobre la concepción del enemigo interno, propia de la doctrina de la seguridad nacional, impulsada por el Estado Colombiano a través de instrumentos legales y militares, con el objetivo fundamental de apuntalar la guerra sucia y el terrorismo de Estado.

El informe es un esfuerzo humilde que queremos dar a conocer a las organizaciones sociales en nuestro medio, a las comunidades y personas que han sido afectadas por la secuencia sistemática de crímenes de lesa humanidad y a quienes han padecido los inexorables efectos que su ejecución conlleva. La finalidad principal radica en dejar la huella de la memoria que el aparato estatal quiere desconocer. El silenciamiento de lo que viene ocurriendo se va tornando en una constante, las víctimas cada vez tienen menos posibilidades de hablar, de informar, de decir la verdad de lo que les ocurre y el porqué.

Somos concientes de no contar con toda la información que evidenciarla en su plenitud la estrategia de terror impuesta en Antioquia; hay zonas del departamento donde el control militar y paramilitar impide que fluya la comunicación y se dé a conocer la magnitud de la tragedia. Sólo salen a la luz pública algunos casos que por el número plural de víctimas son inocultables o aquellos que se refieren al accionar de los grupos insurgentes.

El resultado de este ejercicio investigativo permite reafirmarse en una de las teorías sostenida por las organizaciones de Derechos Humanos que conforman a CODEHSEL, en tanto que, el trazado de la guerra sucia en Antioquia, no es un asunto eminentemente local o regional y por períodos de tiempo limitados, o concordantes con la designación de tal o cual gobernante. Definitivamente Este va más allá y se extiende al diseño de la política global de seguridad nacional, y porqué no decirlo, de seguridad Andina, el cual se ha ido consolidando en la medida en que se generaliza la militarización y la unificación del proyecto paramilitar a nivel nacional.

El periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez no se podrá olvidar entre los antioqueños, la exacerbación de la agresión contra la población inerme, el despunte del fenómeno del desplazamiento forzado de miles de campesinos, el auge del paramilitarismo y su defensa acérrima por las asociaciones de vigilancia rural (CONVIVIR) lo hacen particularmente violento. Sin embargo, la administración de Alberto Builes Ortega, no deja de repetir la misma secuencia anterior, con el agravante de que en su trienio se da una mayor consolidación de la estrategia paramilitar, que en últimas, intenta favorecer la imagen de la fuerza pública y radicar el conflicto armado entre los paramilitares y la insurgencia.

La situación de los campesinos continuo deteriorándose por el impulso del desplazamiento forzado, y detrás de éste, por el encadenamiento con la proyección y ejecución de megaproyectos de interés para el capital nacional e internacional, o de los denominados planes de desarrollo regional. La causa primaria de los éxodos de los labriegos la hicieron derivar en la secuencia de masacres, asesinatos y desapariciones forzadas a las que fueron sometidos bajo el pretexto de ser auxiliadores o colaboradores de los grupos guerrilleros.

El abandono por parte del Estado a la actividad agropecuaria desde la perspectiva de la defensa de la seguridad alimentaria y el respeto y garantía de los derechos de los labriegos, ha venido acampanada de una estrategia del terror dirigida a exterminarlos en sus propias tierras o a provocar su desplazamiento masivo y forzado.

La situación de los obreros no fue distinta ni mejor. La aplicación de las medidas neoliberales por parte del gobierno y el legislativo desencadenó la expresión de innumerables marchas, huelgas, paros del sector sindical. Las protestas fueron sofocadas a través de medidas represivas adoptadas por el ente municipal, donde el accionar de la policía se caracterizó por el uso desmedido, desproporcionado y arbitrario de la fuerza.

Además de lo anterior, se constata que los trabajadores siguen siendo en todo el país, y en Antioquia particularmente, uno de los sectores sociales más golpeado por el accionar de los grupos paramilitares, tal como lo afirmó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La actividad de los maestros y las jornadas de protesta estudiantiles marcaron otro de los capítulos de la represión en Antioquia y de victimización de los líderes y promotores. La Policía Metropolitana, especialmente a cargo del General Luis Alberto Rodríguez fue el actor preponderante que dirige la implementación de las medidas coercitivas.

Se suma a lo anterior, la libertad de expresión y de acción que se le garantizó al jefe paramilitar Carlos Castaño Gil para introducir sus prácticas criminales e intimidatorias al interior de las Universidades públicas, precisamente, en los momentos en que se debatían posiciones divergentes en torno al futuro de la Universidad y de la educación pública en general.

También se destacó como sintomático, pero "común" con la práctica histórica de la democracia colombiana, la continuidad de los ataques contra líderes sociales, populares y defensores de derechos humanos, que marcan la huella de la exclusión generalizada de todo aquel que exprese su divergencia con el actual sistema económico y político.

Los barrios que bordean a la ciudad de Medellín fueron conformados a partir de las luchas de los destechados y desplazados y eso mismo los ha convertido en otro escenario de la guerra promovida contra sus habitantes y líderes naturales. La expansión de la ciudad, en las condiciones de marginalidad no es asunto que agrade a quienes mantienen el poder local. Sus viviendas y sus gentes no favorecen la idea de la urbe primaveral y de promoción del comercio y el turismo nacional e internacional. La vía represiva, se ha convertido en la salida adoptada para re-desplazar a sus moradores y definir un futuro precario para los marginados y excluidos de la ciudad .

Como se advierte, se trata de reflejar de manera un poco más detallada la problemática que rodea a los campesinos, trabajadores, estudiantes, maestros, líderes sociales y populares, defensores de derechos humanos y la tragedia que día a día viven los habitantes marginados y excluidos de la ciudad. Pero también existe interés por develar algunos de los procedimientos de que se valen quienes despliegan las estrategias de terror y miedo y que finalmente les permite acceder a la concentración de la tenencia de la tierra, a la adecuación de los planes de desarrollo, a la imposición de las directrices emanadas de los organismos multilaterales, a excluir a quienes exponen un pensamiento político divergente y a moldear una sociedad conforme a sus parámetros y reglas, introyectadas bajo la fuerza y la presión.

Pero también, y esto es lo más destacable, anima el hecho de que a pesar de lo anterior existen y persisten una serie de organizaciones sociales que caminan día a día en la dirección de la transformación de estructuras que vulneran la dignidad humana y los derechos de los hombres y que sostienen entre sus reivindicaciones permanentes la defensa de los desafíos de la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

Volver al índice

En los últimos trece años han crecido las grandes propiedades; por las encuestas agropecuarias en 1988 el 2.5% de la tierra estaba cultivada. Es decir, de cada 100 hectáreas que hay en un latifundio sólo estaban sembradas 2.5 hectáreas, en el año de 1996 había bajado a 1.5 hectárea cultivada. Actualmente un 42% de la tierra en el país hace parte de fincas de 500 hectáreas.

La acumulación de la tierra se favorece a través del impulso del desplazamiento forzado de los campesinos pequeños y medíanos propietarios. Los megaproyectos también coinciden de manera bien particular con zonas donde se han aniquilado comunidades campesinas (llámese también indígenas y/o negritudes). Departamentos como el Chocó y Antioquia, que se proyectan internacionalmente, han sufrido un baño de sangre por el simple hecho de estar en zonas de interés para centrales hidroeléctricas, el canal interoceánico, la explotación de petroleo, minerales preciosos y radioactivos; la conexión entre Urabá y Maracaibo y en general, la red de comunicación entre Antioquia y Venezuela.

A lo anterior hay que agregar el devastador saqueo genético patentado por los laboratorios multinacionales, que no satisfechos aún, pretenden crear la dependencia agroalimentaria jamás antes pensada por sociedad alguna, no importando el riesgo que pueda correr la humanidad. También el modelo de desarrollo capitalista sostenido por la concepción neoliberal, pretende disminuir los escasos apoyos que el Estado brinda al campesino, empeorando el problema agrario, en especial para el pequeño y mediano productor.

La apertura económica ha generado el aumento de las importaciones de alimento en un 75%, es decir más de 5 millones de toneladas y cerca de dos millones de dólares, produciendo una drástica reducción del área sembrada especialmente de cereales y ampliando la utilización de tierras para la ganadería extensiva, situación que conlleva al desempleo rural. Produce igualmente atraso en el sistema productivo de los pequeños y medíanos productores a causa de la falta de incentivos por parte del gobierno colombiano (insumos, créditos, mercadeo) y consecuencialmente el incremento de la pobreza y deterioro de la calidad de vida de las familias campesinas generando migraciones a las ciudades en busca de mejores oportunidades.

La privatización y el desmonte de instituciones del Estado relacionadas con el sector agropecuario como el INCORA, SENA, Caja Agraria, entre otras son, algunas de las medidas adoptadas para dar aplicación a las políticas neoliberales, sumado al apropiamiento de las mejores tierras con el auspicio de los narcotraficantes, terratenientes, ganaderos y los megaproyectos diseñados para zonas de raigambre campesino.

1.1. Las Víctimas

La mayoría de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Antioquia son esencialmente personas dedicadas a las labores del campo, algunos presidentes de Juntas de Acción Comunal, líderes cívicos y pequeños comerciantes que por estar en zonas con proyecciones económicas por su riqueza natural, de interés para terratenientes y empresas multinacionales o desarrollo de la agroindustria y megaproyectos, así como por habitar zonas de tránsito o presencia de organizaciones insurgentes, se aplica de manara literal la doctrina de la Seguridad Nacional, que asimila a la población como parte del enemigo interno al que hay que exterminar.

Como resultado de estos crímenes perpetrados por el Estado a través de sus fuerzas regulares o irregulares contra el sector campesino, en Antioquia, entre los años 1998 y 2000 fueron víctimas 774 personas. De ellas 664 murieron en 139 masacres, 67 fueron desaparecidas, 30 fueron heridas y 13 fueron asesinadas selectivamente, según datos recogidos a través de las acciones urgentes presentadas por Codehsel, periódicos regionales El Colombiano, El Mundo y datos suministrados por la Defensoría del Pueblo.

Aparte de esta cantidad de víctimas se tiene que 17.955 personas fueron desplazadas forzadamente de sus tierras en las diferentes regiones de Antioquia. Las regiones más afectadas en su orden han sido: el Oriente (9.100), Suroeste (4.830), Norte (1.600), Occidente (1.125), Urabá (700) y el Magdalena Medio (600). Esto sin contar las familias que han abandonado sus tierras en un desplazamiento silencioso sin que denuncien su caso ante cualquier ente gubernamental, así como en regiones, donde el nivel de control militar y paramilitar no permite hacerle un registro ni seguimiento a los hechos, como sucede en el Nordeste Antioqueño.

Analizaremos separadamente tres subregiones del departamento de Antioquia, que en el trienio que nos ocupa, han sido duramente golpeadas por la estrategia del terror implementada de manera articulada y sistemática y desde donde es aún posible la información pueda fluir.

1.2. En el Oriente de Antioquia

Esta es una de las regiones más ricas y prosperas del departamento, donde los proyectos industriales, hidroeléctricos y turísticos han causado intensos programas de desplazamiento campesino de manera violenta, llevando a centenares de familias a vender o perder sus tierras en beneficio de capitalistas oficiales o privados. Este fenómeno se ha acrecentado en los municipios de El Peñol, Guatapé, San Rafael, Cocorná, San Luis, Granada, y especialmente en San Carlos, donde la apetencia radica en la producción de energía, pues está ubicado en la zona de los embalses que produce cerca del 30% de la energía del país y es un corredor natural y estratégico entre el Oriente, el Nordeste y el Magdalena Medio antioqueños. En este último municipio se ha agudizado la violencia en contra de los campesinos y líderes cívicos.

1.2.1 San Carlos. Su riqueza lo hace vulnerable

En 1998 se registraron varias masacres por parte de grupos paramilitares que se hacían llamar las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), o el Bloque Metro de las Autodefensas. Una de ellas ocurrió el 24 de marzo en el corregimiento de El Jordán donde perdieron la vida cinco personas, entre ellas la profesora Rosmira Jiménez.

La incursión paramilitar sucedió luego de la presencia que hicieron en el lugar efectivos del Ejército nacional el día 19 de marzo, practicando una serie de allanamientos a varias viviendas del lugar; por donde penetraron y salieron los agresores se encuentran acantonadas las bases militares de Jaguas y Juanes, esta última localizada a escasos 15 minutos por vía terrestre al Jordán.

Otra masacre sucedió entre el 24 y 25 de octubre de 1998 donde fueron víctimas Raúl Abad Arias Acevedo, Carlos Antonio Arias Serna, Jesús María Urrego, Manuel Eduardo Salazar, Jaime Alberto Botero, Jesús María Cano, Mariano Bedoya Jorge Guzmán, María Rocío Giraldo y fueron lanzados a una de las represas, Victor Velásquez dirigente cívico y Libardo Duque, celador del hospital local.

Toda la población parecía saber lo que ocurría salvo la Policía Nacional, único cuerpo de seguridad que custodiaba la localidad, ya que el Ejército se había retirado 40 horas antes hacia una zona cercana, y paradójicamente ubicada en el mismo sentido por donde ingresaron los paramilitares. Estos se movilizaban en volquetas que no fueron detectados por varios puestos de control que habían en el trayecto. Cuando culminó el asalto, varios de esos vehículos pasaron sin ser vistos a escasos metros de la entrada a la base militar del Batallón Barbacoas en Juanes.

En San Carlos, en el año 1999 también fueron asesinadas más de 40 personas. En el 2000 la arremetida contra la población no cesó, no obstante encontrarse altamente militarizada la localidad.

Una característica del accionar de los grupos paramilitares en el municipio de San Carlos radica en su asentamiento permanente en el Corregimiento de El Jordán, área hidroeléctrica del municipio, y paso obligado para la región del Magdalena Medio y los municipios de Santo Domingo y San Roque, este último epicentro de las CONVIVIR desde 1995. Además por ser una zona rica en producción de energía concentra un alto número de efectivos militares, a cargo del Batallón Héroes de Barbacoas, creado en el mes de mayo de 1995, durante la Administración de Álvaro Uribe Vélez como Gobernador del Departamento.

El establecimiento de los paramilitares en un lugar fijo, les ha permitido ejercer control sobre la población, valiéndose para ello de la ejecución de bárbaras modalidades del terror, varias de las cuales han sido la masacre indiscriminada de campesinos y el asesinato selectivo de los líderes comunitarios y de quienes han promovido proyectos políticos alternativos.

La posibilidad de actuar sin restricción por parte de las fuerzas irregulares del Estado se evidencia en hechos como los ocurridos durante los días 18 al 20 de junio de 1999 actuando simultáneamente en diferentes veredas del municipio de San Carlos. El recorrido lo iniciaron en la noche del 17, en el corregimiento El Jordán, donde asesinaron a dos personas, luego regresaron y asesinaron a dos campesinos más. En la vereda La Holanda, sacaron de las casas a 4 labriegos y los asesinaron en el acto. En la vereda Santa Isabel, fueron retenidas varias personas y luego fueron encontrados 4 cadáveres. Las víctimas respondían a los nombres de Fabián López, Alexander López, Alberto León López, Ángel René Cárdenas Naranjo, Carlos Manuel Ciro Giraldo, Pablo Emilio Colorado Zuluaga, José Alberto Daza González, Libardo Antonio Naranjo Franco, Tulio Adán Cuervo García, Alcibiades Cuervo Calderón, José Darío Cuervo Calderón, Amado de Jesús Giraldo.

Dos meses después, el 12 de agosto de 1999 otro ataque de los paramilitares a la población inerme dejó cuatro muertos en la zona urbana del municipio de San Carlos. El hecho comenzó hacia las 4:00 p.m. cuando los habitantes que participaban en las fiestas del agua se percataron de la llegada de un comando de estos, luego se escuchó durante medía hora una fuerte balacera. Al día siguiente se encontraron los cuerpos de Alberto Onofre Londoño, Rodolfo Sepúlveda Botero, Jaime Alcides Hernández Cuervo y Luis Clavel Giraldo Alzate.

El 8 de agosto de 1999, es decir, cuatro días antes, la Dirección Nacional de la Policía había ordenado el retiro de los uniformados, argumentando falta de garantías para el cumplimiento de sus funciones. El 11 de septiembre se ordenó el regreso de la policía, extrañamente, sin que se modificara la situación de seguridad para los integrantes de esa institución.

Entre el 27 y 28 de noviembre de ese mismo año, fueron asesinados en la misma vereda la Holanda: Víctor Manuel Urrea Gaviria, Alcides de Jesús Arias Henao y Fabio Hernando Monsalve León a quienes acusaban de ser auxiliadores o colaboradores de la insurgencia.

Llama la atención en el municipio de San Carlos la capacidad operativa y logística del grupo paramilitar que allí opera, dado que está compuesto por un alto número de personas que en ocasiones realizan sus acciones en grupos de hasta 200 hombres, como se ha dejado constancia en varias masacres tanto en el área rural como en la urbana, con la, de que casi siempre en esta última, los días previos a la incursión ha sido retirada de la localidad la Fuerza Pública, llámese Policía o Ejército. Cabe anotar que el número de pie de fuerza pública oscila entre 4.000 y 5.000 hombres que permanentemente despliegan bastos operativos militares, ninguno de los cuales se proyecta contra los grupos paramilitares.

Los habitantes de San Carlos mediante cabildos, marchas, cartas, pronunciamientos por los medios de comunicación, han solicitado el apoyo de las autoridades nacionales y departamentales, sin embargo se han sentido abandonados .Estamos solos. Cuando ocurrió la masacre paramilitar de 4 personas, el pasado 12 de agosto, 5 días antes la Policía se había retirado del pueblo y sin razones aparentes para que ello ocurriera, denunció al diario El Colombiano los habitantes de la localidad a finales de septiembre.

El 9 de diciembre de 1999, en zona urbana de este municipio, incursión un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia y asesinó a cinco personas sindicándolas de ser presuntos colaboradores de la guerrilla. Las víctimas fueron Jorge Ciro Arias, Fabio Suárez, Francisco Javier Ciro Arias, Jairo NN y Oliverio Usme, actuando en similar forma a los hechos ocurridos el 25 de octubre de 1998 cuando unos 100 hombres armados entraron al poblado y, lista en mano, asesinaron a 12 personas.

En esa oportunidad un grupo de hombres armados llegó al barrio Zulia, reunió a varias personas y de ellas sacó a tres y las asesinó en el acto, dos más que pretendieron recoger los cadáveres fueron también acribilladas.

Como a las 9:00 de la noche llegaron varios hombres uniformados y reunieron a toda la gente que a esa hora estaba jugando en la cancha de baloncesto. Los hicieron tirar al piso, sin importar que hubiera niños ahí, y de las casas también sacaron a varios adultos, relata una vecina del lugar.

Según la testigo, luego los hicieron parar y, con las manos en la nuca caminaron varias cuadras, hasta la salida del barrio, sin decirles nada, sin identificarse, aunque quejándose de haber caminado dos días, allí, un encapuchado señaló a Fabio Suárez, Jaime Sánchez y a Oliverio Usme y los separaron del grupo, al resto de personas las hicieron correr a punta de tiros. Cuando salimos a mirar, estaban los 3 cuerpos en el suelo, sin vida. Pero la matanza no paró ahí. La esposa de uno de los muertos llamó a Jorge Ciro, un tío, para que recogieran los cuerpos, pero los hombres armados y vestidos de camuflado estaban cerca. Apenas aparecieron los detuvieron y, sin mediar palabra los asesinaron, cuentan otros testigos, quienes manifestaron que las 5 personas muertas eran conocidas de la comunidad, solidarios y colaboradores.

Estos asesinatos se suman a 6 más, todos ellos campesinos quienes fueron sacados de sus casas en las veredas La Esperanza y Buenos Aires y arrojados a las aguas de la represa de San Carlos. Los hechos acaecidos han provocado un Éxodo silencioso de campesinos y pobladores, aun sin cuantificar, que están abandonando el campo y la zona urbana. El hecho ocurrió el día 16 de diciembre a las 6:30 de la mañana cuando un grupo de hombres vistiendo ropa de civil y botas militares, y portando armas cortas, se hicieron presente en la vereda La Esperanza del municipio donde procedieron a retener y a amarrar a ocho personas que se encontraban laborando en la producción de panela, como miembros de una asociación campesina existente en la zona. Posteriormente, luego de tenderlos en el piso, dispararon sobre siete de ellos, asesinando a los hermanos MAURO y YAMIL ZAPATA (este último menor de edad), WILSON y JAIME GIRALDO y a ALBEIRO ALZATE y ORLANDO DAZA, dejando herido a HORACIO ALZATE. En el grupo de personas se encontraba un menor a quien decidieron dejar con vida ordenándole que avisara a la comunidad que debían abandonar la vereda.

Ante la crudeza y sistemática comisión de crímenes en el municipio de San Carlos, la vereda La María fue desocupada. parcialmente desalojadas se encuentran las veredas La Cabaña, La Esperanza, Buenos Aires, La Pradera, Pio XII, Patio Bonito, San Blas, La Holanda, San Miguel y Santa Rita. De todas estas veredas sólo se han reportado 22 familias. Las demás se han desplazado hacia pueblos vecinos, Medellín y otras ciudades del país, pues consideran que el casco urbano de San Carlos no representa ninguna seguridad.

Para el año 2000, en el primer trimestre, las estadísticas de la violencia en San Carlos reflejaron el incremento de las muertes que ascendían a 21, cifra que es la más alta comparados los primeros trimestres de los últimos 4 años, según datos oficiales. Los informes incluyen 3 casos de muertes colectivas, que en total dejaron 11 víctimas, 8 de ellas atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia, de acuerdo con investigaciones de organismos judiciales.

En marzo de 2000 el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, manifestó tener la intención de 'desalojar' a la guerrilla del Oriente antioqueño para llegar, desde el Nordeste y el Magdalena Medio, por lo menos, hasta la autopista Medellín Bogotá incluyendo el casco urbano de San Carlos", cuyos habitantes mencionó 'viven intimidados y actúan bajo presión de la subversión'.

El jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, reconoció que han citado a muchas personas al corregimiento de El Jordán, a vendedores de carne, tenderos, transportadores, educadores y concejales. Lo anterior confirma que su asentamiento en la región no es reciente y que desde tiempo atrás vienen instalados en ese lugar, de amplia presencia militar en razón de ser una zona de influencia de las represas hidráulicas.

De otro lado, llama la atención el señalamiento que este individuo hizo de los habitantes del municipio, ya que cuando Álvaro Uribe Vélez fue gobernador de Antioquia, esgrimió esta misma circunstancia para promover la instalación de una Jefatura militar.

En el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al respecto, manifestó que en el mes de mayo (refiriéndose al 2000), la Oficina informó a las autoridades de otra base en el Jordán, municipio de San Carlos (Antioquia). Los batallones de Contraguerrilla No. 4 Granaderos, Nro. 42 Héroes de Barbacoas, están acantonados a 20 minutos del lugar. Los paramilitares permanecieron en todos los sitios observados a lo largo del año y cometieron homicidios y masacres en los cascos urbanos y en las áreas rurales de dichas poblaciones.

Cabe destacar que las acciones, la modalidad de los crímenes, el modus operandi y la calidad de las víctimas dan clara cuenta que la agresión de los paramilitares no está dirigida contra la insurgencia que opera en la región, sino directamente contra la población inerme y sin capacidad de defenderse.

El 6 de abril del 2000, siendo aproximadamente 5:30 de la mañana un grupo de hombres fuertemente armados, ingresó al corregimiento de Saman del Norte perteneciente al municipio de San Carlos, obligando a salir a toda la población al parque central, donde luego de obligar a una persona que llevaban encapuchada a señalar a varias integrantes de la comunidad, procedieron a dar muerte a los señores Belarmino de Jesús Guarín Morales (líder comunitario de la Acción comunal de Saman), Antonio Montoya Echeverri, Isabel de Jesús Henao Ramírez, María Belén Jurado Hidalgo y Eliecer Herrera. La población atemorizada por este hecho violento se vio obligada a desplazarse hacia el municipio de San Carlos.

Cabe destacar que el corregimiento de Saman del Norte se encuentra ubicado muy próximo a la población de El Jordán, donde en repetidas ocasiones las organizaciones sociales y de Derechos Humanos nacionales han denunciado la existencia de una base permanente de los grupos paramilitares, desde donde realizan sus acciones violentas en contra de la población de esta golpeada región, sin que las autoridades, a pesar de la fuerte presencia militar, tomen las medidas para brindar protección y combatir el accionar violento de estas organizaciones.

El 17 de febrero de ese año, los paramilitares citaron a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Prado, Las Palmas y Mira Flores del corregimiento de Saman del Norte para que se desplazaran a dialogar con ellos a la base que tienen instalada en El Jordán, una vez allí les ordenaron desocupar sus territorios, lo que motivo el desplazamiento masivo de aproximadamente 47 familias hacia el casco urbano del municipio y de Medellín.

La secuencia de asesinatos y masacres en el municipio de San Carlos no ha cesado, muy por el contrario, día a día se acercan los paramilitares al dominio y control del casco urbano, a donde cometen asesinatos selectivos que en muchas ocasiones no se informan públicamente y que obligan a los familiares de las víctimas a abandonar silenciosamente el municipio.

El 15 de abril de 2000 integrantes del llamado bloque Metro realizaron otra masacre en la Vereda Santa Inés. En la acción, asesinaron a los conductores de chivas Gustavo Loaiza Ceballos y Enrique de Jesús Vallejo Echevarria, así como al ayudante, Abelardo López Salazar. Después de confrontar sus cédulas se llevaron a 13 personas que se movilizaban en tres carros escalera, 10 de ellas identificadas como Pablo Emilio Martínez Santillana, Carlos Mario Vallejo Valencia, Eider Alberto Arias Ramírez, José Mejía García, Francisco Luis Moreno Salazar, Humberto Noreña Ramírez, Henry Enrique Vallejo Valencia, Miguel Ángel Arango Mora, Héctor Rendón Rendón, todos estos posteriormente aparecieron asesinados y Cristóbal García, aún continúa desaparecido.

1.2.2 Otros municipios de la Zona de embalses:

En el corredor que cubre la zona de embalses se encuentran además de San Carlos, los municipios de El Peñol, Guatapé y San Rafael, tal como lo manifestamos, de vasta riqueza para quienes generan y comercializan la energía, así como para el turismo, predominante en el Proyecto Aguas diseñado por Cornare. Estas aplicaciones del uso del suelo han llevado a que se altere ostensiblemente la actividad económica de esta subzona, en tanto se busca potenciarla únicamente en ese aspecto. Para esos propósitos destinan un gran porcentaje de tierra apta para la agricultura de la que subsisten los campesinos, para la protección y conservación de las cuencas hidrográficas y con ello hacer más durable la vida útil de los embalses.

El 23 de marzo 2000, en el Peñol cinco personas muertas dejaron una incursión paramilitar quienes se transportaban en una camioneta y llegaron a los barrios Florito y Zona 1 a donde cometieron la masacre.

Los paramilitares hicieron el 28 de junio de 2000 un sanguinario recorrido por las veredas El Topacio, Puente de Tierra, San Julián, El Gólgota y Aguabonita del municipio de San Rafael, asesinando a los campesinos Julio Jaime Colorado de 59 años; Juan Crisóstomo Colorado Rojas, de 72, y Manuel Salvador Daza, de 73 años, Wilmar Blandón, de 19 años, a Luz Amanda Hernández Parra, de 49 años, Luis Humberto Morales Zuluaga y John Edison Blandón, de 26 años.

Entre los días 20 y 25 de junio, según datos oficiales se habían realizado 12 necropsias de personas asesinadas tanto en el casco urbano como en el área rural del municipio de San Rafael. En la madrugada del 18 de marzo los paramilitares asesinaron en el basurero de la población a los hermanos José Alirio y Guillermo Zuluaga Zuluaga y a Otoniel de Jesús Salazar, a quienes sacaron del casco urbano. Ese mismo día en la vereda el Diamante ultimaron a Wilmar Eusebio Blandón y, entre el domingo 19 y el lunes 20 de junio dieron muerte a Luis Humberto Morales, José Edison y Manuel Blandón.

En Guatape el 9 de agosto de 2.000, en la vereda Santa Rita fue asesinado Jesús Alberto Barrera, agricultor de 26 años; en la vereda el Roble a Luis Evelio Galeano Giraldo, de 65 años, y en el sitio denominado el Aeropuerto a José Alberto Días Atehortúa.

El 9 de octubre de ese mismo año, en San Rafael, Vereda La Rápida, fueron asesinados los campesinos Jairo Morales Correa, de 31 años; José Aparicio Marín Naranjo, de 35, y los hermanos Bernardo y Carlos Augusto Hernández.

1.2.3. Autopista Medellín Bogotá

A través de un comunicado emitido el 1 de abril de 2.000 por las Autodefensas del Magdalena Medio a los campesinos de las veredas El Vihao, San Lorenzo, San Vicente, San José, El Tesoro, Las Mercedes, El Silencio, La Piñuela, El Cruce, y La Granja del municipio de Cocorná y El Cruce y La Josefina, La Linda, La Garrucha, La Tebaida, Monteloro, Vallesol, Santa Rosa, Palestina y La Iberia, de San Luis, los amenazaron y obligaron a abandonar sus parcelas y huir hacia los cascos urbanos de esas dos poblaciones del oriente antioqueño.

En el panfleto, se les fijó el plazo del sábado primero de abril, a las 6:00 de la mañana, para salir de esas tierras y en El se agregaba "(...) Seguiremos golpeando fuertemente en la zona comprendida entre la entrada para el corregimiento de Aquitania hasta el alto del Santuario, en un corredor de un kilómetro lado y lado de la Autopista, zona esta donde tienen sus guaridas (...) los guerrilleros y sus informantes".

Sin embargo, tal como lo reconocen los mismos afectados, los únicos que transitan la vía son los soldados de la Fuerza de Tarea Cóndor que vigilan puntos como La Piñuela y La Mañosa, donde se encuentra instalada una base Militar desde finales de los ochenta a cargo del Batallón Pedro Nel Ospina, y desde 1.996 ampliada con personal del Batallón Héroes de Barbacoas y que cubren la misma jurisdicción de las veredas cuyo desplazamiento exigían los paramilitares. Situación que merece la atención en la medida en que son precisamente las reas circundantes de ese control las que resulten amenazadas por la acción de los paramilitares.

De acuerdo con un informe que entregó la Gobernación de Antioquia a los medios del comunicación, en total hubo 1.038 familias desplazadas en 7 municipios del Oriente antioqueño, 465 corresponden a Cocorn, 260 a El Santuario, 120 a San Luis, 100 a San Francisco, 50 a Rionegro, 20 a Marinilla y 23 a El Carmen de Viboral, para un total de 5.190 personas afectadas. No obstante, que los alcaldes, dieron a conocer otros datos estadísticos que confirmaron nuevos desplazados en el mes de abril de 2000, ascendiendo la cifra a un promedio de 6.000 personas afectadas por este fenómeno.

Tres meses después de iniciado el Éxodo campesino, mediante otro comunicado suscrito por el comandante Ramón Isaza, a nombre de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio, emplazó a residentes y negociantes desplazados de la Autopista Medellín- Bogotá para regresar a las tierras sin problema alguno, reiterando la acusación que se cernía contra ellos de colaborar, gustosamente o forzados con las acciones guerrilleras o de delincuentes comunes, y condicionando el retorno bajo la amenaza de que no vuelvan a ocurrir actos terroristas en la zona, ya que si se presentan, asesinaran a varias personas y forzarán a un desplazamiento definitivo.

Según denuncia de la Diócesis Sonsón- Rionegro y la Corporación Vida, Justicia y Paz, en el oriente se viene presentando una masacre silenciosa de campesinos. Las Autodefensas están ejerciendo un bloqueo en los puntos de acceso al corregimiento de Aquitania, en San Francisco. De acuerdo con las versiones de algunos campesinos, la presión impide el ingreso de vehículos con vivieres, situación que comenzó a generar el desabastecimiento de alimentos entre la población. De manera enfática, rechazó "los asesinatos que se vienen dando con una crueldad inhumana en la zona de la Autopista Medellín- Bogotá y en los municipios aledaños como Granada, Marinilla, El Santuario, Cocorná, San Luis, San Carlos, San Rafael, San Vicente, Abejorral y otros". La Diócesis rechazó la lenta masacre de campesinos que se suman ya a un número elevado de muertes por una escandalosa impunidad".

El fin de semana del 7 y 8 de octubre de 2000 once muertos dejó una escalada violenta que se registró en el Oriente antioqueño en hechos ocurridos en los municipios de San Rafael, San Carlos y El Santuario.

Un comando de las Autodefensas asesinó a tiros a los hermanos Carlos Augusto y Bernardo Alberto Hernández Cuervo, lo mismo que a Jairo Morales Correa y a José Aparicio Marín. Horas antes y en otro sitio de San Rafael, otro grupo armado, al parecer de las Autodefensas, dio muerte con arma de fuego a los mineros Ramiro Marín Parra y Jairo de Jesús Suárez. Por otro lado en San Carlos fueron asesinados, por paramilitares Basilio Salazar cuyo cadáver baleado fue encontrado en el sitio Las Vegas, Fabio López, José Arístides Herrera y un hombre de quien solo se sabe que se llama Rodrigo. En El Santuario fue asesinado de manera violenta, por presuntos miembros de las Autodefensas, Andrés Zuluaga Salazar, de 19 años.

Por segunda vez, las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio obligaron el 12 de diciembre de 2000 a los habitantes de las veredas y corregimientos aledaños a la autopista Medellín-Bogotá a desalojar sus viviendas, en un plazo de 48 horas, bajo la amenaza de que quien incumpliera debía someterse a 'una acción drástica', afectando a quienes residen entre Río Claro y Alto Bonito. Y agregó que extenderían un cerco sobre el corregimiento de Aquitania, al considerarlo como la ruta de abastecimiento para los guerrilleros del ELN, población que desde el mes de octubre venía denunciado varias agresiones que incluían la prohibición de ingresar alimentos y vivieres.

En ese mismo tiempo, por la presión de un Paro Armado efectuado por guerrilleros del E.L.N se convocó una comisión de verificación conformada por la Defensoría del Pueblo, la Comisión facilitadora de Paz y el asesor de Paz de la Gobernación de Antioquia a fin de constatar las denuncias de los labriegos, hecho que no evitó que se continuara la afectación de la población.

1.2.4 Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría:

El corredor Guarne, San Vicente, Concepción y Alejandría en el oriente antioqueño, ha sido influenciado por el proyecto paramilitar que procede desde Santo Domingo en el Nordeste del Departamento. Así mismo es otra zona del departamento altamente militarizada. Por el norte con la presencia del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina y por otro lado por la acción del Batallón Juan del Corral acantonado sobre la Autopista Medellín Bogotá, en inmediaciones del municipio de Rionegro, el cual fue creado en 1995.

Este corredor tiene una gran importancia en el terreno industrial y energético. Hacia Guarne se desarrolla la industria que ha venido siendo movida desde Medellín y los restantes municipios son abastecedores de agua para las represas allí instaladas, proyectándose la región como zona turística por la belleza y exuberancia de sus paisajes apta para las fincas de recreo y causa de desplazamiento de mano de obra campesina.

En San Vicente, el 8 de enero de 1999, un grupo al parecer de las AUC llegó a las veredas Las Cruces, donde asesinó a 2 hermanos, así como a otra persona. Luego siguió a la vereda La Enea dando muerte a otro campesino. Las víctimas respondían a los nombres de Mauricio y Luis Alonso Sánchez Tobón, Guillermo Alonso Hurtado Cardona, Luis Fernando Rivera Carvajal. En Guarne, el 14 de abril 1999, miembros de las ACCU asesinaron a 3 campesinos en la vereda La Clara. Los paramilitares sacaron a las víctimas de sus casas para luego ejecutarlas y abandonar sus cadáveres en un sitio despoblado ubicado a kilómetro y medio del lugar. Las personas asesinadas se llamaban Nelson de Jesús Hincapié Hurtado, Jaime Ortiz Flores, Ramiro de Jesús Flores Ortiz. El 9 de mayo de 1999 en Concepción, un grupo perteneciente a las Autodefensas ingresó al matadero municipal, asesinó a José Norberto Delgado Henao, luego se desplazó a la vereda Santa Gertrudis y asesinó a José Raúl Orrego Franco, José Bernardo Valencia Arango. El 12 de mayo en Alejandría los paramilitares irrumpieron en zona urbana y tras derribar las puertas de varias viviendas, sacaron a la fuerza a 7 personas, a quienes obligaron a desvestirse y las separaron en dos grupos. Unos fueron ejecutados en el sitio Vega del Río Nare y a las otras en la vía que de Alejandría conduce al municipio de Concepción. Las víctimas fueron Saúl Vargas, Iván García Restrepo, Alonso de Jesús Morales, Wilson Darío Gómez Ríos, William Bedoya Quintero, Hidelbrando Montoya López, Humberto García Restrepo.

El colectivo de Derechos Humanos 'Semillas de Libertad' (CODEHSEL), denunció ante la opinión pública, una cadena de crímenes de los paramilitares en el municipio de San Vicente, así: El 6 de enero del año 2000 un grupo de hombres fuertemente armados que se identificaron como paramilitares, llegaron a la vereda San José, bajaron de un bus escalera a la dirigente cívica y comunal Magola Agudelo, procediendo a asesinarla. Este mismo grupo el día 11 de enero incursionó en la vereda San Ignacio, donde sacaron forzadamente de sus viviendas a los campesinos Miguel Suárez (padre) y a sus 3 hijos, Carlos Alpidio, Fernando Antonio y Orlando de Jesús Suárez Vanegas, quienes aparecieron muertos con crueles señales de tortura el día 14 de enero en la vereda La Porquera.

En el casco urbano del municipio fue retenido, al parecer por el mismo grupo, el joven Milton Agudelo Rojas, quien apareció asesinado en el municipio de El Retiro distante una hora del municipio de San Vicente. El 25 de enero, el mismo grupo que se ha movilizado desde principios del año por la localidad sin ningún control o restricción, incursionó en las veredas de Santa Rita y El Coral y se asentó en las escuelas de dichas veredas, obligando a los estudiantes y profesores a abandonar sus instalaciones. Varios pobladores de las veredas afectadas se han venido desplazando de manera forzada por el temor de acciones contra ellos por parte del grupo paramilitar.

Ante estas reiteradas acciones criminales, diversas autoridades de la localidad se han dirigido a la Procuraduría y los organismos de seguridad del Estado, al comando de la policía del municipio y al Coronel Sierra, comandante del Batallón Juan del Corral acantonado en cercanías del lugar de los acontecimientos, sin que hasta la fecha hayan evitado el libre accionar de este grupo.

El 27 de diciembre de 2000 en este mismo municipio fueron asesinadas 8 personas en la vereda Piedra Gorda y dos más en Corrientes. Cabe recordar que días antes se había presentado allí un comando que se identificó como parte de las AUC y venía operando en la región sin mayores contratiempos. Ante las repetidas masacres perpetradas en el oriente de Antioquia los comandantes de la IV Brigada del Ejército, general Eduardo Herrera Verbel, y de la Policía Antioquia, coronel Aranda Leal, coincidieron en que la situación allí es preocupante, pero insistieron en salvaguardar su responsabilidad en lo que llaman falta de recursos logísticos y económicos que dificulta su labor. Sin embargo, la realidad indica contrariamente, que la cuestión no es precisamente por falta de recursos, sino, por colocarlos al servicio de la agudización de la guerra, el exterminio y el arrasamiento de la población campesina inerme y desprotegida.

Toda esta arremetida ha originado el desplazamiento de cerca de 9.500 campesinos, que fueron expulsados de sus parcelas. De manera paulatina, han retornado aproximadamente 4.200 personas a los sectores aledaños a la Autopista Medellín-Bogotá, epicentro del Éxodo masivo más significativo en el año 2000.

De acuerdo con el Consejo Provincial, solo en el municipio de San Rafael se tiene un registro de 520 huérfanos. También el desplazamiento ha originado la desescolarización de 970 niños y 820 fueron reclutados forzadamente.

1.2.5 Acciones Directas de la Fuerza Pública:

La participación de la Fuerza Pública de manera directa en la ejecución de crímenes de lesa humanidad se presentó en el municipio de Marinilla. El 12 de marzo de 1999, después de una emboscada por miembros del ELN contra tropas del Grupo Mecanizado Juan del Corral en el barrio El Pinar, en la cual murieron dos soldados, los militares desarrollaron un operativo de búsqueda de los agresores durante el cual atacaron con granadas y disparos una vivienda del mencionado barrio en la que se encontraban tres campesinos, una mujer y sus tres hijos de 12, 6 y 3 años: durante el ataque, que se prolongó entre las 12:00 p.m. y las 8:00 a.m. del día siguiente murieron los campesinos Carlos Mario Gómez Hernández, Mario Tobón Cardona, Eric Armisur Cardona.

El Comandante de la IV Brigada, General Eduardo Herrera Verbel, manifestó ante los medios de comunicación, que 'hacia las 22 horas del jueves fue asesinado un Sargento. Cuando se aproximaba al sitio empezaron a dispararle y en la mañana de ayer el Grupo Mecanizado Juan del Corral penetró al sitio donde murió otro Sargento y tres guerrilleros y se recuperó una madre y sus tres hijos. Contrario a esta versión, Marina Cardona, la mujer que se encontraba en el inmueble, declaró que yo no fui rescatada, yo soy la esposa de Mario Toban, uno de los muertos. Nosotros somos campesinos y agricultores. Mi esposo nunca ha sido guerrillero. Fuimos atacados como desde medía noche y solo hasta las 8:00 de la mañana pude salir con mis hijos. Pido que por favor se investigue para que se esclarezcan los hechos.

La actuación violatoria de los Derechos Humanos también se vio constatada por parte de Militares del grupo mecanizado 4 Juan del Corral y del Batallón contraguerrilla Granaderos, quienes asesinaron al Ex consejero de paz de Antioquia Alex Lopera y dos personas más que lo acompañaban, cuando se dirigían al municipio de Sonso, el 14 de marzo 1.999.

En el municipio de Nariño, en el mes de agosto de 1999, según denuncia de la Iglesia, como consecuencia de intensos bombardeos, al menos una persona murió. Este hecho ocurrió luego de que la guerrilla atacara el puesto de Policía y tuviera a varios uniformados retenidos. El Comandante de la Policía Antioquia de la Época Coronel Rubén Carrillo Vanegas increpó a los habitantes de la población como partícipes en la incursión armada. No estoy diciendo que todo Nariño atacó la Policía, eso sería un grave error, estoy diciendo que unos malos ciudadanos, que vivían allí y que a diario saludaban a la Policía, se unieron a los guerrilleros.

En El Municipio de Santuario, la situación se ha tornado en extremo delicada. Existe también en esta localidad radicación de un grupo paramilitar que ha venido actuando de manera sistemática y persistente y sólo en el mes de julio del 2000 fueron asesinadas 50 personas. El sitio Alto del Palmar, ubicado sobre la autopista Medellín Bogotá en límites de este municipio con Granada, ha sido escenario de múltiples asesinatos y desapariciones de quienes rutinariamente se desplazan por ese lugar. Las personas son permanentemente bajadas de los autobuses que se dirigen con destino a esa región del oriente.

La instalación de este retén se empezó a evidenciar desde el mes de julio del año 2000 y ha continuado de manera esporádica hasta el presente. Algunas de las personas asesinadas en este lugar han coincidido con los nombres de quienes se encuentran relacionadas en un informe de la central de inteligencia del Ejército Regional No. 6 de Medellín, suscrito el 29 de junio de 2000, el cual empezó a circular desde principios del mes de agosto del mismo año.

De acuerdo con información suministrada por habitantes del oriente cada vez que se instalaba el retén a escaso un kilómetro de allí, en la autopista Medellín Bogotá se encontraba apostado personal militar perteneciente al Batallón Juan del Corral. El martes 22 de agosto de 2000 en la vereda Montañita del municipio de Marinilla fueron asesinados los hermanos Luis Enrique, Pablo Emilio y Albeiro García Hernández, quienes se dedicaban a las labores agrícolas.

Los victimarios se identificaron como integrantes de las AUC amenazando al resto de la familia García Hernández a quienes les dieron una hora para abandonar la región. El nombre de estos labriegos se encuentra relacionado en el informe militar aludido.

Granada también ha sufrido duros ataques por parte de los grupos paramilitares y en noviembre del 2000 fue golpeada por una de las masacres que cobró 19 víctimas y que fue llevada a cabo por el Bloque Metro de las Autodefensas, mientras en la localidad se encontraba instalada tropas del Batallón Granaderos de la IV Brigada. Posterior a esta acción vino la incursión guerrillera a cargo del IX Frente de las FARC que se vio agravada en sus efectos devastadores por la actitud de la Policía que se escudó en innumerables inmuebles de los habitantes del municipio.

De otro lado, la creciente paramilitarización de la región, con la posibilidad de instalar bases permanentes en sitios próximos a instalaciones militares y las amplias facilidades de movilidad y de acometer innumerables crímenes sin ninguna acción que se les contraponga, nos permite inferir que no se trata de una estrategia desconectada o aislada de la fuerza pública que opera simultáneamente en la zona y que se ha trazado la consigna de dejar el territorio para la implementación de los planes y proyectos gubernamentales y exterminar a los que consideran potencialmente afectos de los grupos guerrilleros que allí también actúan.

1.3. En la región del Suroeste Antioqueño:

La actividad más importante de la región es la cafetera, especialmente en la época de la bonanza del grano en 1.981, lo que motivó el desplazamiento de muchos campesinos a esta región. También se destaca la actividad minera en el municipio de Amaga y Titiribí. Hay una débil actividad ganadera pero se está desarrollando con notoria tendencia a favorecer la latifundización. Otro sector que adquiere trascendencia es el turístico, aprovechándose de la crisis del sector cafetero que disminuyó su producción total a un 25.2% entre los años 96-97, promoviendo la destinación de grandes haciendas otrora productoras del grano hacia ese sector.

El papel del narcotráfico para la compra de tierras destinadas al recreo ha influido también en la modificación de la actividad productiva de los campesinos, aumentando el nivel de exclusión.

Así mismo, la región del Suroeste participa como escenario en la planeación del modelo de desarrollo del departamento, en la lógica de integrar a Antioquia con el pacífico.

En esta perspectiva se proyecta la construcción de la carretera Medellín Urrao Bahía Solano, la transversal sur que unirá Puerto Berrío - Puerto Triunfo Argelia Sonso - Santa Bárbara- Támesis Jardín.

El plan vial también incluye la terminación de anillos subregionales que establecen polos de desarrollo en Támesis y Andes en el Suroeste.

En el triangulo de los municipios formado por Titiribí, Amaga y Venecia (Bolombolo) se tiene programada la construcción de una termoeléctrica que generar 160 Megavatios para la utilización regional y posible interconexión nacional. Para su operación se requieren unas 500.000 toneladas de carbón al año, las cuales abastecen el potencial carbonífero de la zona garantizando una vida útil de 20 años al proyecto.

El costo es de US 200 millones aproximadamente. El estudio de factibilidad lo están realizando el consorcio Integral - Aene Ltda. y la selección de tecnología la harán BGL (British Gas Lurgi), Texaco y Kopperstotzek.

La planeación del desarrollo de la subregión del Suroeste se ha venido acompañando con el incremento de la militarización paralelo a la implementación del paramilitarismo. El periodo anterior (1.995 - 1.997) se caracterizó por la inclusión de esta zona dentro de la estrategia de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC y las CONVIVIR, con el decidido apoyo del grupo de Ernesto Garcés Soto que completaba el cerco de control desde el municipio de Concordia, lo que condujo al incremento de la victimización especialmente de campesinos que se vieron forzados a abandonar sus parcelas; pero también se presentó una fuerte arremetida contra líderes sindicales y comunales, afectando notoriamente el derecho de asociación, como ocurrió con Sintraofan en Salgar y Sintragrícola, entre otros.

En el periodo 1.998 - 2.000, el accionar violento de los grupos paramilitares no se redujo al anterior, pero en cambio afinó sus tácticas de arrasamiento especialmente en el municipio de Urrao. De otro lado, las acciones directas de la Fuerza Pública demostraron el tratamiento que les merece la población inerme y lo que se oculta detrás de sofismas como el de 'muertes en combate' tal como se verá a continuación.

1.3.1 Betulia y Urrao:

En el corregimiento Luciano Restrepo, veredas El Indio, Aguamal, Aguamalita y La Mina, en el municipio de Betulia, el 13 de noviembre 1.999, un grupo perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia asesinó a 4 personas y ocasionó el desplazamiento de 130 personas a las cabeceras municipales de Urrao y Betulia. Las víctimas fueron Gloria Dennis Aguirre González, Wilson de Jesús Vargas, José Fabin González Urrego, Arsecio Molina.

El 5 de diciembre de 1.999 en el municipio de Betulia, un comando de los paramilitares interceptó un bus escalera, hizo bajar a todos los pasajeros y uno de ellos señaló a Elkin de Jesús Urrego Benítez, Héctor Alvarez Rodríguez, Janeiro de Jesús Henao Bravo y Jorge Ardila a quien se llevaron y los asesinaron en la quebrada Chorro Blanco.

El cuatro de febrero de 2000 en el municipio de Urrao, una incursión de las AUC dejó diez muertos. 8 fueron hallados en la carretera que conduce a la vereda la Honda, otro fue encontrado a orillas del río y el último en la vía que conduce a Betulia. Siete de las 10 víctimas fueron identificadas como León Jaime Vargas, vendedor ambulante, de 20 años; Argiro San Martín Urn, conductor de la linea que va a Pabón, de 49 años; Arbey Montoya Navarra también conductor de escalera, de 27 años; Adriano de Jesús Pérez Higuita, de 47 años; Alcides Hernández Flores, de 32 años; Rigoberto Sepúlveda Seguro, ayudante de carro, de 24 años; Y Héctor Ibarra Flores, de 32 años. otros dos hombres fueron reportados como desaparecidos. Estas personas iban en dos carros escalera que fueron incinerados junto con tres automóviles de servicio veredal.

Otra arremetida paramilitar produjo el asesinato de los agricultores Jorge Iván Álvarez Giraldo, de 28 años y Francisco Ospina Taborda, de 31, en la vereda El Yerbal, la incineración de dos casas y más de 900 campesinos desplazados, en varias veredas del municipio de Betulia. Las autoridades indicaron que el comando armado llegó inicialmente, la tarde del 6 de junio de 2000, a las veredas del León y El Seis, en los límites con Urrao, y les dieron un plazo de 24 horas a sus habitantes para abandonar la región. Luego los integrantes del grupo siguieron hacia las veredas El Piñonal, San Antonio, Los Ánimes y El Yerbal donde sacaron a los labriegos de sus residencias.

Las versiones de los desplazados además señalan que varias personas eran llevadas amarradas, cuyos nombres no tenían registrados en su lista.

1.3.2 Cercanías a Medellín:

En el municipio de Heliconia, cercano a la ciudad de Medellín, el día 10 de octubre de 1999, un grupo paramilitar llegó hasta las veredas Altos del Corral, Honduras, Pueblito y Armenia y en el sitio conocido como El Chuscal dieron muerte en el recorrido criminal a Oscar Darío Celis Montaño, Elvis Rolando Celis Montaño, Hernán Darío Uribe Torres, Elkin Bedoya Bedoya, John Henry Taborda, Alexis Álvarez Cartagena, Adolfo Quiceno Betancourt, Rodrigo Restrepo Ardila, Ramiro de Jesús Cano, Gustavo Vásquez Gil y Wilson Román Castaño.

En Angelópolis, el 30 de mayo de 2000 fueron asesinados, tres mineros y 2 agricultores en el caso urbano y en una vereda del municipio.

Entre el 25 y 26 de junio de 2000 comandos armados de las Autodefensas Unidas de Colombia asesinaron a cinco campesinos en los municipios de Angelópolis y Armenia Mantequilla. Los labriegos fueron sacados de sus viviendas y tras ser acusados de colaborar con la guerrilla fueron acribillados a tiros. En la primera de las poblaciones mencionadas fueron muertos Roberto Tamayo, de 38 años, y los hermanos Wilson y John Sánchez y en área rural del municipio de Armenia, los paramilitares atacaron y asesinaron a Juan Eusse, de 22 años, y a Luis Bedoya de 23. En su huida los criminales abandonaron un vehículo en el que las autoridades encontraron munición de diferente calibre.

1.3.3. Niños 'dados de baja en combate'.

Un hecho de trascendental gravedad fue el ocurrido en la vereda la Pica del municipio de Pueblo Rico en el cual tropas del Ejército dieron muerte a seis niños y dejaron heridos a varios, al atacar a un grupo de estos que se encontraba en paseo escolar el 15 de agosto de 2000. El comandante de la IV Brigada, General Herrera Verbel, reiteró que se trató de un enfrentamiento con una columna del ELN, sin embargo los testigos y especialmente quienes vivieron los horribles acontecimientos, sostuvieron que en el lugar no se presentó ningún combate y que era imposible confundir a un grupo de pequeños, que vestían su uniforme escolar con guerrilleros, ya que la hora e iluminación permitían excelentes condiciones de visibilidad para los militares.

Por su parte, la Fiscalía una vez realizó algunas investigaciones en el lugar de ocurrencia de los sucesos, calificó como 'homicidio culposo' la muerte de los seis pequeños por parte del Ejército y descartó que se hubiera tratado de un hecho intencional.

El Fiscal vinculó al episodio a un Suboficial y a 22 soldados que al momento adelantaban patrullaje en la vereda La Pica. Pero además de ser benévolos con la calificación jurídica del delito cometido por los uniformados, el Fiscal Alfonso Gómez Méndez envió las diligencias a la Justicia Penal Militar diciendo que se trató de un acto propio del servicio, y no como un crimen de Lesa Humanidad. Indicó que la comisión que investigó los hechos encontró que no existió intención en disparar a los menores, pero se les disparó sin intención de asesinarlos.

Después de un mes y medio de investigación, la Justicia Penal Militar colombiana exoneró provisionalmente a 16 de los 30 militares comprometidos en el caso. El juez 25 de Instrucción Penal Militar de la IV Brigada del ejército decretó el cese de procedimiento judicial y de las órdenes de detención para algunos militares; a los restantes los continuo investigando. Se supo posteriormente que a estos militares se les desvinculó del proceso y se les exoneró de toda responsabilidad penal.

1.4 Situación en el Norte de Antioquia:

1.4.1 Caso de Ituango: Proyecciones Económicas

En mayo de 1.977 la Junta Directiva del Inderena delimitó la extensión del Parque Nacional Paramillo con una extensión de 460.000 hectáreas, de Estas, 300.000 corresponden al departamento de CÓRDOBA (municipios de Montelibano, Puerto Libertador y Tierralta) y el resto a Antioquia (Peque, Dabeiba e Ituango), con la finalidad de sustraerlas de los procesos de colonización que desde principios del siglo pasado se vienen impulsando y que han dado lugar a la creación de poblados, que posteriormente fueron conformando los municipios. Además de las intenciones medioambientales de la creación del Parque Natural, que restringen la presencia de pobladores, se destinan sus ricos territorios surtidores de importantes ríos para la ampliación del uso de la central hidroeléctrica Urra, actualmente en funcionamiento y cuya implementación ha permitido desalojar violentamente a los indígenas nativos de la región.

El proyecto hidroeléctrico Pescadero es otro de los grandes planes que se han diseñado para la localidad, y que por su amplia extensión cubre los municipios de Peque, Ituango, Liborina, Toledo, Sabanalarga, Briceño, el cual cuando entre a funcionar modificar sustancialmente la vocación económica de sus pobladores, que ya se han visto afectados por el accionar del paramilitarismo particularmente en las zona de influencia de este macro proyecto económico.

1.4.1.1. Antecedentes del cercamiento del municipio

El 25 de octubre de 1997 el corregimiento del Aro fue destruido por un grupo paramilitar que asesinó a varios de sus pobladores bajo el pretexto de ser colaboradores de la guerrilla, dando lugar al desplazamiento forzado de todos sus habitantes en dirección hacia el municipio de Puerto Valdivia. El recorrido paramilitar se inició desde esta misma localidad atravesando las veredas Santa Bárbara, Pensilvania, Remolinos, Puerto Escondido y la América en jurisdicción de Valdivia y del municipio de Ituango, los pobladores iban emigrando a medida que subían los uniformados. Fueron cinco días de infierno en el Aro, cuando llegaron los paramilitares y empezaron a sacar a la gente de sus casas para reunirlas en el parque, al frente de la iglesia.

Sin ninguna fórmula de juicio y en medio de la población, donde había muchos niños, asesinaron a las primeras víctimas. Cayeron fusilados Andrés Mendoza y Wilmar Restrepo Torres, luego el turno vino para Rosa María Barrera y Dora Ángela Areiza...". A las seis de la mañana todos tenían que estar filados en el parque, a las once ordenaban a las mujeres que fueran a cocinar y de dos a seis permanecían parados con el sol encima. Asesinaron a Marco Aurelio Areiza de 64 años de edad, comerciante del caserío luego de someterlo a intensas torturas. En la zona rural asesinaron a Alberto Correa Sucerquia y a un joven N.N. de 16 años de edad.

En esa ocasión un helicóptero verde llegó al corregimiento y aprovisionó de víveres a los paramilitares y trajo también a un presunto guerrillero herido que luego se les murió; sin embargo lo descuartizaron delante de todos los habitantes. Muchos labriegos quisieron abandonar el caserío cuando advertían un descuido de sus captores, pero eran devueltos en el camino por personal del ejército que impedía continuar la marcha. Sólo hasta el 30 de octubre cuando simultáneamente ingresaron las tropas del Ejército salieron los paramilitares y se produjo el Éxodo masivo hacia la cabecera municipal de Puerto Valdivia. En su paso, los campesinos detectaron que otras personas habían sido asesinadas, entre ellas Arnulfo Álvarez de 68 años de edad, Olguín Jair Díaz Pérez, Fabio Antonio Zuleta Zabala y Omar de Jesús Ortiz Carmona.

En Noviembre de 1997 otra incursión paramilitar afectó a las comunidades del corregimiento de Badillo, veredas Buena Vista, Santa Bárbara, La Manga, Birri Birri y Guaimaral ubicadas en el Nudo de Paramillo en límites con el departamento de Córdoba, ocasionando el desplazamiento masivo de todos sus habitantes hacia el casco urbano de Ituango debido a las amenazas y a la destrucción de las casas y la escuela rural.

De estos desplazados, un grupo de 400 campesinos en abril de 1998 retornó individualmente a esta región del Río San Jorge sin el apoyo estatal, pero fueron nuevamente obligados a abandonar las tierras porque según los paramilitares ellos no habían autorizado el regreso de nadie. Para ese entonces los medios de comunicación advertían el incumplimiento de las ayudas ofrecidas por las autoridades encargadas de prestar asistencia a los desplazados.

En Ituango, un alto número de pobladores han sido asesinados y desaparecidos forzosamente por un grupo paramilitar allí instalado desde 1996 y que ha operado de manera continua en el casco urbano con libre movilización hacia la zona rural de la localidad sin ser combatido ni perseguido por la Fuerza Pública.

El abogado defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, en reiteradas oportunidades denunció cómo en Ituango "se percibe esa connivencia entre Comandantes de la Policía y del Ejército con aquellos agentes armados que cometen una serie de asesinatos en el perímetro urbano de nuestros municipios", lo que se demostró a raíz del ataque efectuado por la guerrilla a un grupo combinado de ejército y paramilitares que se movilizaba en un bus escalera y perdió la vida un militar y resultaron heridos varios soldados y paramilitares en julio de 1997. Siete meses más tarde sería asesinado el Dr. Valle en la ciudad de Medellín.

El Batallón Girardot de la IV Brigada del Ejército instaló una base militar en el municipio desde 1995 luego de la última toma guerrillera de las FARC al casco urbano en el mes de julio, y permaneció hasta poco tiempo después de haberse denunciado vehemente por el Dr. Jesús María Valle la connivencia de los militares con los grupos paramilitares

1.4.1.2 Continúan el Éxodo y la Muerte en Ituango

El día 15 de septiembre de 2000 un grupo paramilitar transportado en dos helicópteros, incursionó en el sector conocido como el Cañón de Ríosucio, corregimiento de Badillo, destruyó e incineró las casas que conformaban los caseríos de las veredas San Pablo, la Flecha, La Canturrona, La Esmeralda y Maritú, las escuelas y un Puesto de Salud. En esta acción criminal asesinaron a los agricultores William García, Rodrigo Antonio Echevarria y Gabriel Ángel Muñoz. Así mismo detuvieron y desaparecieron a los labriegos Hubel Taborda Gil, Carlos López y a Adriana Duque Graciano, Esta última apareció asesinada dos días después. Los paramilitares obligaron a más de 700 campesinos a iniciar un éxodo hacia la cabecera municipal y les prohibieron el retorno a sus lugares de origen, debiéndose instalar en la Escuela Rural de la Vereda Quebrada del Medio a donde aún permanecen sin haber recibido asistencia humanitaria de las entidades estatales encargadas del apoyo a los desplazados, como la Red de Solidaridad y el Departamento de Antioquia. Estos campesinos colonos de la región del parque natural de Paramillo fueron sorprendidos por funcionarios de Corantioquia con la propuesta de reubicación sobre la base del no retorno a la zona para conservarla y favorecer la vida útil del embalse de Urra

Ese mismo día, 15 septiembre de 2000, simultáneamente en la vereda la Manga fue detenido y desaparecido el educador Robinsón Taborda Tuberquia profesor de la Escuela Rural de la misma vereda, hasta la fecha se desconoce su paradero.

El 1 de noviembre del 2000 los habitantes de las veredas El Cedral y Quebrada del Medio, esta última receptora de los desplazados del Cañón del Ríosucio se vieron sometidos a similares hechos de violencia por un grupo paramilitar que incursionó destruyendo las viviendas de los caseríos, impidiendo la continuidad de la construcción de un acueducto veredal y asesinando a siete campesinos identificados como Jair de Jesús López García, Abelardo de Jesús Arango Porras, Norman Emilio Arango Quiroz, Leonel Piedrahita Zapata (Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Cedral), Rubén Darío Piedrahita Piedrahita, Ángel Antonio Galeano, Alberto Elías Mesa Guzmán e hirieron a Pastor Emilio Valderrama García y a otros campesinos. Esta situación dio lugar a que más de 450 personas se desplazaran hacia el casco urbano de Ituango permaneciendo asentados en la Escuela El Porvenir sin asistencia humanitaria ni ayuda de emergencia estatal.

El 30 de noviembre de 2000, el corregimiento de Santa Lucía fue sitiado por otro comando paramilitar que igualmente quemó y destruyó las casas, obligó a las 25 familias que lo poblaban a abandonar la región y posteriormente asesinó a los campesinos Javier de Jesús Montoya Cossio y Norberto Agudelo Areiza. Los labriegos se dirigieron hacia el casco urbano del municipio en donde no han contado con la suficiente ayuda y protección de las autoridades encargadas de solucionar la problemática de los desplazados.

1.4.1.3 Reflejos del Proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango:

Otros municipios del Norte del departamento y del occidente que sufrirá el impacto con la central hidroeléctrica Pescadero Ituango, también se han visto afectados por acciones criminales dirigidas contra los pobladores del campo. En Toledo, el 8 de enero 1999 un grupo paramilitar que se identificó como miembros de las ACCU, irrumpió en zona rural y dio muerte a los campesinos Víctor Jiménez Echevarria, Hernn de Jesús Céspedes, Lázaro A. Osorio Taborda, Baudilio Rojas, Benjamín Carvajal Ariza, llamándolos con lista en mano y sindicándolos de ser colaboradores de la guerrilla. En Santa Fe de Antioquia, por su parte, en la misma fecha, fueron asesinados Rubén Darío Agudelo Buriticá, Luis Herney Parra Naranjo, Jesús Basilio Gómez Rincón en las veredas La Aldea y El Rodeo de este municipio. Hacia estas veredas, y la Azulita, el 16 de febrero retornaron los paramilitares y asesinaron a tres campesinos más, todos ellos bajo la acusación de ser auxiliadores de la guerrilla. Al día siguiente, irrumpieron en las veredas Piedras, Nan Dui y Pantanillo del corregimiento La Antigua, preguntando por varios campesinos; después de identificar a 6 de ellos los obligaron a salir de sus viviendas para asesinarlos. Las víctimas se identificaron como Ferney de Jesús Vargas, Orlando Antonio Salas, Rubén Darío Gutiérrez, José Antonio García y dos NN.

En el municipio de Uramita en la vereda Peñas Blancas, Rivera del río sucio, el 24 de marzo de 1.999 fue hallada una fosa común con restos de 4 personas. El 11 de junio miembros de las ACCU irrumpieron en la inspección de Policía El Pital y asesinaron a Ricardo Zarrazola Villa, Aicardo Zarrazola Holguín (17 años), NN femenino de 14 años.

Con el mismo pretexto, el 18 de diciembre de ese mismo año, en San Andrés de Cuerquia, en la vereda Los Naranjos, en el sitio Partidas de San Miguel, este mismo grupo asesinó a Wilson Posada Mazo, Robeiro de Jesús Sepúlveda Londoño, Arcángel Jaramillo Vera, Luis Alfonso Orozco Montaño, José de Jesús Montaño, y el mismo día, en zona rural del municipio de Toledo, en las veredas El Limón, Las Brisas, Miraflores y Corregimiento El Valle, fueron asesinadas 6 personas, entre ellas Juan Céspedes, Fabio Uribe Osorio, Ovidio Ignacio Jaramillo Mazo, Orlando Oquendo Muñoz.

1.5. El Desplazamiento Forzado.

Efecto cruel de la guerra sucia

El desplazamiento, que se define como el abandono forzado que las personas deben hacer de sus lugares de residencia ante la amenaza de su vida, integridad física y seguridad, es provocado por las diferentes acciones de terror utilizadas para atemorizar y desarraigar a los campesinos. Estas acciones como masacres, amenazas de muerte, desapariciones forzadas, quema de las viviendas, bloqueo en las vías de acceso a los municipios y control de la cantidad de alimentos, son el pan de cada día en Antioquia, sin que las autoridades civiles y militares hagan algo para evitarlo. Las víctimas de este crimen se han visto obligadas no sólo a abandonar sus tierras sino a perder todas sus formas de sostenimiento y trasladarse a zonas urbanas de los municipios y a la ciudad de Medellín para supuestamente proteger sus vidas.

El desplazamiento produce daños físicos, psicológicos y culturales en la vida de las familias campesinas. También son discriminados por los habitantes de las zonas receptoras quienes los ven como una amenaza para su seguridad, pues son considerados como guerrilleros, razón por la cual tienen que permanecer encerrados en sus ranchos ya que pueden convertirse en blanco de las balas de las bandas delincuenciales o de los mismos paramilitares que llegan a los asentamientos y continúan la agresión contra estos.

El futuro de estas personas es incierto pues la ley establece una ayuda que debe entregarse por tres meses, prorrogables por el mismo tiempo, pero pasados los cuales, pierden su condición de desplazados y no hay más ayuda y la referida estabilización socioeconómica que señala la Ley 387 de 1.997 no se ha fijado como una política social del Estado.

1.5.1 Realidad de la tragedia del desplazamiento forzoso en Antioquia

En diversos escenarios públicos, La Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y el Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (MOSDA) han explicado la grave situación del desplazamiento en el Departamento, promovido por razones de implementación de las políticas neoliberales y aperturistas, los megaproyectos que fomentan las grandes industrias y las multinacionales para que sean competitivas en el ámbito internacional, buscan generar concentración de las mejores tierras agrícolas del país para destinarlas a tal fin, en tanto que a la población campesina le reservan las zonas marginales y en la mayoría de los casos los desplazan por la fuerza con los grupos paramilitares auspiciados por las estructuras estatales nacionales e internacionales.

En el año 2020 Antioquia ser la mejor esquina de América, justa pacífica educada, pujante y en armonía con la naturaleza según lo vienen promoviendo e impulsando no sólo el gobierno local sino el nacional, buscando promocionar el internacionalmente la región a costa del desangre, arrasamiento y desarraigo del pueblo Antioqueño. Esto permite entender porque Antioquia es una de las regiones más golpeada por el proyecto paramilitar, aportando más del 70% de los desplazados del país, convirtiEndose Medellín la segunda ciudad más receptora de los campesinos.

En Antioquia el censo del DAPARD da cuenta de 71.000 personas desplazadas; sin embargo las cifras se quedan cortas porque muchas de las víctimas de la violencia huyen de sus lugares de origen sin dejar registro. Más de 70 municipios del departamento están siendo afectados por el problema del desplazamiento.

El registro del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia MOSDA, se da cuenta de 350.000 desplazados, los cuales se encuentran en 35 asentamientos que existen en la ciudad de Medellín, en algunas cabeceras municipales y la gran mayoría de personas se encuentran en el Área Metropolitana, conviviendo familiares o amigos, en condiciones infrahumanas.

De estas 350.000 personas desplazadas, el MOSDA conoció de la reubicación de 19 familias en el municipio de Campamento, aunque por parte del Gobierno se dijo haber reasentado a 3.982, situación que nos resistimos a creer ya que no se han presentado programas estatales con grupos de desplazados, salvo los que se han logrado gracias a la presión de las víctimas, como por ejemplo Bellacruz. Con respecto al retorno en el año de 1999, regresaron 35 familias del municipio de Angelópolis a la finca La Mica, los cuales fueron re-desplazados por los paramilitares después de asesinar a tres de sus pobladores. El Gobierno también mostró la cifra de 16.139 personas que han vuelto a sus sitios de origen, sin embargo, han sido casos aislados y varios de ellos han sido asesinados.

Las regiones del Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte Antioqueño, Suroeste y Nordeste, se destinarán para proyectos de agroindustria, y esto aparece directamente relacionado con la reducción de la población campesina y la conservación de minifundios por parte de estos, lo primero es misión del proyecto paramilitar y lo segundo es función de la orientación política y económica del poder.

La región de Urabá tiene una significativa importancia en el plano internacional, con los proyectos del canal Interoceánico, la explotación del oro, petróleo, cobalto, Uranio y las diferentes vías del transporte que la proyectan hacia el pacifico, guarda una estrecha relación con la arremetida que ha dejando miles de muertos y desplazados sin que el Estado se preocupe por resolver esta critica situación.

1.5.2. Sobre los Asentamientos en Medellín y su área Metropolitana.

Desde 1995 los desplazados que llegaban a la ciudad de Medellín, iniciaron una serie de acciones tales como: la Loma a la iglesia La Candelaria por 75 familias que se asentaban en el sector de Villatina (zona de alto riesgo) y que fueron desalojados por la fuerza pública. Tras un acuerdo con los desarraigados fueron trasladados por Bienestar Social al albergue de Belencito, y luego de dos años de permanencia en ese lugar fueron reubicados apenas 19 familias en la finca el Diamante, situada en el municipio de Campamento, prometiendo el gobierno garantizarles la estabilidad socioeconómica, pero poco ha cumplido, hasta el punto en que los desplazados llegaron a realizar varias tomas a diferentes entidades públicas para exigir lo pactado. Aún en este albergue quedan 20 familias sin recibir ninguna alternativa de solución por parte del Gobierno.

En el mes de octubre de 1996 se produjo la toma de la Universidad de Antioquia, con un grupo de 120 familias desplazadas de diferentes regiones del departamento, la cual tenía por objetivo demostrarle al gobernador de ese entonces Álvaro Uribe Vélez, la realidad de los desplazados en la ciudad y la necesidad del apoyo por parte del gobierno, en vista de que aseguraba que en Antioquia no se estaba presentando este fenómeno; esta acción trajo como resultado la retención y reseña de todas las personas que allí se encontraban; después de ocho días de negociación se logró un acuerdo, que ha sido incumplido en un alto porcentaje.

En diciembre del mismo año, 170 familias ocuparon unas tierras en el barrio El Picacho, (El Esfuerzo) trayendo como resultado la detención de varios de los líderes y la muerte de otros por parte de las autoridades del municipio de Bello.

Ante la resistencia de las familias se firmó un acuerdo, comprometiéndose el municipio a reubicarlos en un terreno urbano e iniciar un proyecto de vivienda, hoy después de varios años, nunca dio marcha a ese programa y en cambio si se abandono definitivamente.

El Pinal ubicado en el municipio de Bello es uno de los asentamientos más antiguos, caracterizado por una importante organización de los desplazados y su resistencia frente a constantes intentos de redesplazamiento, hasta el grado de que sus moradores han sido víctimas de varias masacres y muertes selectivas que han cobrado la vida de 200 personas; además de detenciones y desapariciones.

Los días 11 y 12 de septiembre de 1997 se efectúo el Foro Regional de desplazados convocado por la Asociación Campesina de Antioquia -ACA-, la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, La Fundación y Educación para el Desarrollo FEDES y el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, con la participación de 550 líderes desplazados de diferentes regiones de Antioquia que se encontraban en diversos asentamientos de la ciudad, además se contó con la presencia de 50 representantes de ONG's. que dejó en evidenciada la gravedad de la situación del desplazamiento en el Departamento.

El día 27 de junio del 2000 un grupo de 3.000 desplazados taponó la autopista Medellín Bogotá en el sector denominado la curva de Rodas, con el objetivo de solicitarle al gobierno nacional, departamental y de los municipios receptores, el cumplimiento de la ley 387 y los demás acuerdos suscritos por los representantes de los desplazados desde 1995. Luego de esta acción se presentó una fuerte arremetida paramilitar en los diferentes asentamientos, asesinando y desapareciendo a algunos de los participantes, además hay que resaltar que los acuerdos que se han firmado sólo se quedan en el papel porque la situación sigue siendo la misma para la población.

En el diseño de los proyectos Medellín 2015 y Antioquia Visión Siglo XXI llama la atención la contradicción planteada sobre la necesidad de reducir la población; no se desarrollan propuestas para atender a los desplazados en el Área Metropolitana y el Departamento de Antioquia proyecta disminuir la población campesina. Ante este panorama, surge la pregunta inevitable, cuál será la situación de los campesinos, los desplazados, los excluidos, los marginados que día a día sigue generando el sistema?.

1.6. Los responsables de la guerra contra los campesinos

El desplazamiento forzado ha sido y sigue siendo una estrategia de guerra. En la mayoría de los casos la fuerza pública y los paramilitares obligan a abandonar sus tierras a la población sospechosa de auxiliar y apoyar a grupos guerrilleros y que está ubicada en zonas estratégicas por su riqueza natural, agroindustrial, hídrica, turística, etc. Luego estas tierras son adquiridas por personas cercanas a estos a un precio inferior a su valor real.

Muchas Organizaciones de Derechos Humanos han dado a conocer las sistemáticas y persistentes violaciones de los derechos humanos ante los gobiernos departamental, nacional y la comunidad internacional pero pocos son los avances que en este sentido se han logrado y en su mayoría estos hechos se han quedado en la más intolerable impunidad.

En una entrevista para el periódico El Colombiano, el 9 de octubre de 1998, el Director de la organización no gubernamental Human Rights Watch, José Miguel Vivanco reiteró que las Fuerzas Militares en Colombia permiten el accionar de los grupos paramilitares y en algunas ocasiones participan con ellos en masacres. afirmó que Antioquia y Chocó se constituyen en ejemplos claros de relación entre grupos paramilitares y el ejército a la hora de efectuar masacres.

La Fuerza Pública no sólo ha efectuado ataques a la población en conjunto con los paramilitares sino que también lo ha hecho directamente a través de ataques o bombardeos a las zonas y personas cuando ha habido presuntos enfrentamientos con la insurgencia, como lo relacionamos en varios de los casos en este informe reseñados.

La Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos en Colombia enfáticamente aseveró frente a la conexión entre el Estado y los paramilitares que históricamente, la legislación y las políticas estatales también han desempeñado un papel innegable en la actual magnitud y características del paramilitarismo..." , por ello, es plausible comprender que no se trata simplemente de acciones individuales, de responsabilidades aisladas sino, efectivamente de la aplicación desde tiempo atrás de la vieja doctrina diseñada por el gobierno norteamericano tendiente a exterminar todo lo que hipotéticamente le represente la idea de comunismo; proyecto que se ha venido reacomodando a los actuales desafíos del capitalismo en el país.

Volver al índice

2.1. Resisten y persisten en la lucha contra el modelo neoliberal

En tiempos de protestas populares, donde el pueblo rechaza y exige mejores condiciones de vida y de respeto a los Derechos Económicos, sociales y culturales, la represión se convierte en una de las salidas por parte del ente estatal, todo esto sumado a las diferentes directrices trazadas desde políticas externas para la aplicación e imposición de medidas económicas que han llevado y llevan a los colombianos a sufrir la peor de las realidades, impidiéndonos vivir dignamente.

El Gobierno actual quiere agravar aún más la situación de los trabajadores, en la medida en que sigue viendo en las exiguas garantías laborales la razón de la crisis del empleo y de los empresarios; por ello, continúa con propuestas para desregularizar o flexibilizar la relación obrero-patronal. Al respecto plantea medidas tales como: renegociación de las convenciones colectivas vigentes; eliminación de horas extras, recargo nocturno, pago de festivos; disminución de la jornada laboral y con ello rebajar el salario mínimo, reducción de los montos de la indemnización por despidos unilaterales; contratos de aprendizaje sin prestaciones sociales; contratos para jóvenes sin prestaciones ni seguridad social; rebaja o desaparición de las cargas parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de compensación); salario mínimo integral y disminución de la licencia de maternidad. Esto significa que el espectro de la situación social es de suprema preocupación.

Con las medidas aperturistas de principios de la década del noventa, muchas empresas se vieron avocadas al cierre con el consecuente despido de cientos de trabajadores. Las condiciones de varias empresas en el Departamento de Antioquia, de sus trabajadores y familias son en extremo injustas. Algunas de ellas como Edinalco Ltda, Industrial Papelera, Cerámicas Continental, Plásticos y Varios, Gacela, Quintex, los patronos han suspendido el pago de salarios, primas y cesantías, aportes parafiscales, del sistema de seguridad social, han insistido en los despidos masivos de trabajadores, se niegan a cubrir sus obligaciones con otros acreedores y propician como medida evasiva los concordatos y en consecuencia la liquidación de las empresas.

La causa primordial que ha favorecido la agudización de los conflictos Obrero-Patronales ha sido obviamente la imposición de medidas aperturistas permitiendo el libre ingreso de cualquier clase de productos al país, aunado a la política de desindustrialización dando paso a la generalización del desempleo

Los derechos de asociación, de negociación de convenciones colectivas también han sido vulnerados por las empresas, tal como ha ocurrido con el sindicato Nacional de trabajadores de Avinco, donde la empresa se ha negado sistemáticamente a negociar una convención colectiva e impuso un Pacto colectivo. Con SintraUPB, el Rector de la citada Universidad ha incumplido los preacuerdos convencionales suscritos y dejó precluír la etapa de arreglo directo obligando a un Tribunal de Arbitramento.

Los trabajadores de Prodenvases se han visto sometidos a despidos y a la extinción paulatina del sindicato, igual viene aconteciendo con los trabajadores del IMPAC donde solo queda un trabajador afiliado. En Kafesuav los patronos intentaron sacar la maquinaria de las instalaciones de la empresa, lo cual obligó a los obreros a hacer vigilancia permanente para impedirlo.

El Sindicato de Empresas Varias viene negociando una nueva convención colectiva con muchas dificultades porque las directivas de la empresa han presentado un contrapliego. Una de las principales reivindicaciones de los obreros de las EEVV ha sido la de no permitir la privatización a través de la venta de los activos en la Plaza Mayorista, la Central Ganadera y Matadero, así como incidir en la Comisión de regulación de agua potable y saneamiento ambiental.

2.2 La Represión contra el Sector Sindical

Las medidas de ajuste del modelo neoliberal dictadas por el Fondo Monetario Internacional al Gobierno de Andrés Pastrana fueron consignadas en el Plan de Desarrollo Cambio Para Construir la Paz, dando lugar a una permanente lucha de reivindicación de los derechos de los trabajadores que se manifestaron en paros, protestas y acciones de hecho.

El 25 de septiembre de 1998, tres trabajadores fueron lesionados en el desalojo forzoso de la planta eléctrica de Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) en un operativo realizado por la policía Metropolitana de Medellín, quienes en forma grotesca y arbitraria los privaron de su libertad. Sinaltralic manifestó su preocupación por los atropellos sufridos cuando estos en forma pacífica exigían sus derechos laborales.

Mientras se desarrollaba en la ciudad de Medellín una marcha pacífica el 28 de abril de 1.999, por los sectores gremiales y estudiantiles que exigían al gobierno de Andrés Pastrana abstenerse de adelantar el proceso privatizador fueron agredidos por agentes de policía cinco personas. De la misma manera integrantes de la policía que se hicieron presentes al mando del oficial Zapata en el sitio conocido como Camilo C, vía que lleva al Municipio de Amaga del Suroeste antioqueño procedieron a tomar fotos a los dirigentes de los educadores y del sector campesino quienes en forma pacífica adelantaban una toma de la vía.

Los dirigentes sindicales afiliados a SUTIMAC Seccional Puerto Nare y Caracolí, han sufrido la más violenta arremetida sometiEndolos al destierro y a amenazas de muerte. El 28 de octubre de 1.998 fue asesinado por parte de sicarios que deambulaban por las calles de Puerto Nare, Luis Osdulio Camacho, ex -trabajador y jubilado de dicha empresa.

Las instalaciones de la empresa Canteras fueron visitada por hombres los cuales se identificaron como Autodefensas Campesinas de CÓRDOBA y Urabá, Bloque Metro, estos portando lista en mano y después de reunir a la comunidad, fueron llamados uno a uno haciEndoles serias amenazas, según ellos aparte de los allí reunidos, de igual forma declararon objetivo militar a toda la dirigencia sindical.

De la misma manera la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT Antioquia denunció el asedio y la persecución que ha sufrido en muchas oportunidades.

Debido a la grave crisis por la que están atravesando los líderes sindicales, populares y de derechos humanos en los últimos meses, 23 edificios que sirven de sede a diversos Sindicatos se han convertido en verdaderos búnkeres. El Gobierno se vió obligado a blindar puertas, paredes y ventanas de las edificaciones y puso en emergencia un plan de protección para 35 principales dirigentes sindicales, el cual incluye 80 escoltas.

La situación es tan lamentable que en 1998 los sindicalistas develaron ante la Organización Internacional del Trabajo la política deliberada de persecución contra el sindicalismo; las centrales obreras por parte del Gobierno y denunciaron el incremento de asesinatos, las desapariciones, las amenazas y los atentados. El dato más alarmante se registró en 1997 con el asesinato de 172 trabajadores. Aseguró Luis Eduardo Garzón 'que aquí a todo el mundo le parece natural que maten a un sindicalista y nunca se sabe quien fue el autor'. La estrategia del Gobierno ante la visita de la OIT fue la de advertir que estamos preparados para defendernos como un León herido palabras de la ministra de trabajo Gina Magnolia Riaño. Además puntualizó que para evitar una posible sanción hay que mostrar a la comunidad internacional avances en materia de protección de los derechos de los sindicalistas y de actualización de la legislación laboral.

De igual manera los sindicalizados de Antioquia presentaron ante la OIT denuncias respecto a la persecución de su labor sindical, homicidios selectivos, desapariciones, desplazamiento por amenazas de muerte y atentados dinamiteros a las sedes sindicales.

Durante 1.999 fueron asesinados al menos 69 sindicalistas en Colombia, 19 de los cuales eran dirigentes de diferentes organizaciones obreras. Aunque la cifra es menor a la de 1.998 cuando el número de asesinatos llegó a 91, durante la década pasada los activistas sindicales asesinados fueron 136, las amenazas de muerte llegaron a ser de 676, el más alto reportado en los últimos años; hubo 13 ataques fallidos y 20 sindicalistas debieron abandonar el País. Más de la mitad de las violaciones a los derechos de asociación sindical se registraron en Bogotá y Antioquia, 75% de los ataques se dirigieron contra trabajadores afiliados a FECODE; sólo en Antioquia fueron asesinados 23 activistas obreros.

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia-CUT Subdirectiva Antioquia ha puesto en conocimiento del Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad 'CODEHSEL' los siguientes casos: La desaparición del Presidente del sindicato de trabajadores y empleados Universitario de Colombia SINTRAUNICOL GILBERTO AGUDELO MARTINEZ desaparecido en el mes de junio del año 2000. La desaparición el 3 de marzo de 2000 de JAIRO BEDOYA, asesor de la Organización Indígena de Antioquia, promotor de la campaña 'para que Embera Viva' . De desplazamientos fueron víctimas los directivos de SUTIMAC, trabajadores de Cementos Nare y Caracolí. También han sido desplazados varios obreros del Municipio de Vegachí afiliados a SINTRAOFAN. Fue asesinado el 18 de Junio del 2000 Gildardo Uribe, directivo sindical de trabajadores oficiales de Antioquia SINTRAOFAN en el municipio de Vegachí.

Durante el año 1997 se presentó un atentado a la sede sindical de los textileros, donde funciona también una organización de derechos humanos no gubernamental, viEndose seriamente afectados todos los enceres y la parte locativa. RepitiEndose la oleada de ataques contra las sedes sindicales ocurridos en 1996 contra SINTRALEONISA, SINTRATELSA, SINTRATEXTIL Y FEDETEX, SINDICONS, SINTRAMUNICIPIO, SINTRAEEPP, Y SINTRAINAGRO en el Municipio de Apartadó, Antioquia.

La gran catástrofe que se ciñe sobre los trabajadores es preocupante, la política estatal de brindar protección a los dirigentes y trabajadores sindicalizados no deja de ser un paño de agua tibia, pues el incumplimiento reiterado de las normas internacionales en materia de derechos humanos es persistente, y no se tiene la voluntad política para cumplirlos, reduciendo su garantía a la entrega de chalecos y mínimas medidas de seguridad a las sedes sindicales, sin erradicar el problema fundamental del terrorismo de Estado, que se consolida con la estrategia paramilitar en el país.

El citado informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia observó como en el año 2000 la violencia se ha proyectado no solo contra dirigentes de los sindicatos más representativos, sino también contra las bases del movimiento sindical en distintas regiones del país. Esto ha provocado un debilitamiento del movimiento sindical, sobre todo en las regiones, y una pérdida de redes de información y de base social. Muestra de ello es la amenaza proferida por paramilitares a los trabajadores municipales de Segovia y Remedios (Antioquia), a quienes se les prohibió cualquier actividad relacionada con derechos humanos bajo la amenaza de convertirlos en 'objetivo militar'. Las cifras aportadas en el seno de la comisión inter institucional para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos de los trabajadores, arrojan un total de por lo menos 112 sindicalistas muertos en el año 2000. La mayoría de los ataques son atribuidos a grupos paramilitares. Estas cifras representan un aumento dramático de víctimas en comparación con los dos últimos años.

Volver al índice

3.1. Sinopsis del conflicto:

La defensa de la Educación pública estatal (consigna que unifica a maestros, estudiantes, padres de familia y sindicatos y la razón del conflicto que con las entidades estatales y gubernamentales se desata), surge por la definición de su privatización como política oficial, acomodándose a los parámetros del Fondo Monetario Internacional y dem s organismos multilaterales de crédito.

Las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 formulan las directrices para la ejecución del modelo neoliberal aplicado al sistema educativo. El afianzamiento del programa privatizador en el sector educativo se manifiesta a través de diversas estrategias, una de ellas, acentuado el déficit económico de las instituciones de Educación pública, por medio del recorte presupuesta por parte de la Nación, la entrega tardía de las transferencias con el objeto de profundizar la crisis, provocar el cierre de estas o buscar su autosostenimiento por la vía del aumento de matriculas y venta de servicios. A esto se le agrega la descentralización del servicio de la Educación a los entes territoriales, a los cuales día a día se le disminuyen las transferencias de la Nación, presionando al aumento de gravámenes a los ciudadanos para que sean los que se comprometan con esa obligación estatal, con el consabido traslado de una función pública a los particulares, quienes en definitiva suplen las falencias del Estado.

Ante el Congreso de la república se presentó en las sesiones de fines del año 2.000, el proyecto de acto legislativo Nro. 12, el cual se convirtió en el actual instrumento de la política privatizadora, y que generó fuertes controversias; al respecto, según FECODE y las asociaciones de maestros del país, Este hace parte del paquete de reformas estructurales del acuerdo extendido de Colombia en el Fondo Monetario Internacional, que profundiza la estrategia neoliberal de la reestructuración capitalista mediante un drástico programa de ajuste económico. Según dicho acuerdo.

En el convenio suscrito por Colombia ante el FMI se ratifica que el más importante de los esfuerzos por controlar el gasto público en el mediano plazo es el acto legislativo (una enmienda constitucional) que fue presentado al Congreso con el propósito de mantener constantes en términos reales el valor de los fondos que se trasfieren a los gobiernos locales bajo los acuerdos de participación en los ingresos corrientes de la Nación.

Así las cosas se afianza la maniobra de recortar las trasferencias de la Nación a las entidades descentralizadas, quienes en últimas deberán suplir las funciones generales del Estado, sobre la base de ampliar los tributos a los ciudadanos.

Lo anterior se ratifica cuando en el acto legislativo No. 12 en uno de sus apartes se establece que la Nación no podrá pagar, directa ni indirectamente, gastos en servicios que hayan sido señalados como de competencia de las entidades territoriales, con las excepciones que la ley establezca teniendo en cuenta el principio de la concurrencia.

De otro lado, se promueve la creación de instituciones privadas, permitiéndoles la participación en instancias decisorias a través del Sistema de Educación Superior y dotándolas de las garantías para su sostenibilidad, financiándoles algunas actividades o gestiones con dineros del erario público, por ejemplo: Colciencias aporta recursos para el pago de nóminas de profesores que se vinculen a proyectos de investigación, sin embargo, no se acepta esa financiación si son de universidades públicas.

También el ICETEX otorga créditos para estudiantes de instituciones privadas, tal como lo referencia la Federación Nacional de Profesores Universitarios en la revista de esa agremiación No. 1 de enero de 1997.

La cobertura educativa se ha convertido en una apariencia en la medida en que, se amplían de forma irresponsable los cupos, sin un programa de expansión localitiva, dotación e incremento de la planta de personal en detrimento de la calidad educativa; incluso en este último aspecto, se restringe la vinculación de profesores de tiempo completo y medio tiempo, por hora cátedra, con la consecuente disminución de la estabilidad laboral e idoneidad en la labor, por que en muchas ocasiones tienen que emplearse por salarios irrisorios y en condiciones frágiles en varias instituciones. Este esquema de contratación de docentes, puede influir en un retroceso del derecho de asociación y la factible desaparición de los sindicatos por falta de afiliaciones.

La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) en su informe sindical de enero de 2001 denunció, la incertidumbre existente para 56.208 estudiantes de 81 instituciones en 104 municipios por el fracaso del programa de ampliación de cobertura, donde adeudan a 1600 maestros los sueldos del año 2000, sin embargo se insiste en continuar con esa estrategia de privatización de la Educación.

Con las estrategias privatizadoras se surtir n cambios en los programas académicos universitarios, muchos de los cuales descender n a la categoría de tecnologías y se desestimular la continuidad de algunas carreras en ciencias sociales. El porcentaje destinado para la investigación apenas ser del 0.08% del PIB

En medio del nudo del conflicto social y político que las directrices neoliberales imponen a los ciudadanos y particularmente a los sectores sociales vinculados con el sector educativo, se provoca la legitimidad de la protesta y la oposición como expresiones que se manifiestan en el escenario público, la respuesta estatal ha sido el agravamiento de la crisis de derechos humanos, donde el terrorismo de Estado y la vía represiva se convierten en los instrumentos viables para poner en marcha las citadas medidas económicas y políticas.

En medio de este conflicto por la defensa del derecho a la Educación pública y para la generalidad del pueblo colombiano, la aplicación de las medidas privatizadoras se intensificó la violación de los derechos humanos de quienes están a favor de considerarla como un derecho fundamental e inalienable. Al respecto trataremos, los hechos, los escenarios, las circunstancias y principalmente las víctimas de la violencia oficial en el periodo de análisis.

3.2. La tenaza neoliberal y la reacción Social:

Mientras en el Congreso de la República se discutía, en los meses de abril y mayo de 1999, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 'Cambio para construir la Paz', varios sectores de la sociedad se venían manifestando a través de movilizaciones y protestas a las que se vincularon los diversos estamentos de las Universidades públicas, gremiales, sindicales, estudiantiles y de profesores de la ciudad y del departamento de Antioquia.

Los alumnos de diversos centros de Educación pública se conglomeraron en la Mesa Inter institucional estudiantil, promoviendo asambleas permanentes, marchas, mítines, con el objeto de analizar y evaluar los hechos que estaban afectando la Educación pública superior. Una marcha de antorchas liderada por los estudiantes de la U. de A., U. Nacional, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, INEM José FÉLIX de Restrepo, el Pascual Bravo, el Liceo Marco Fidel Suárez, fue reprimida violentamente por la policía acatando una orden proferida por el alcalde de Medellín Juan GÓMEZ Martínez contenida en el decreto No. 326 del 5 de mayo de 1999 que restringía el libre derecho constitucional a la movilización y expresión. Producto de estas acciones fueron capturados y acusados por el delito de Terrorismo John Freddy Consuegra Hernández, estudiante de la facultad de Educación y Jesús Ovidio Carmona, empleado de una cafetería de la U. de A.

En medio de los crecientes hechos de violencia contra los estudiantes asociados en la Mesa Inter institucional, estos se convocaron para discutir sobre los diferentes problemas afrontados por las instituciones públicas de Educación en el departamento de Antioquia, definiendo una jornada de protesta por las calles de Medellín, ante la cual respondió la Policía con gases lacrimógenos y la detención de varios estudiantes que fueron sometidos a tratos crueles y degradantes.

3.3 No cesa la vulneración de los derechos humanos en la Universidad de Antioquia

En la Universidad de Antioquia no ha sido gratuito que las organizaciones gremiales de este importante centro de Educación superior del país, que han liderado con mayor ahínco la lucha contra la privatización y todos sus efectos, sea una de las más golpeadas a través de la historia. Muchos de los activistas estudiantiles y profesores han sido víctimas de crímenes perpetrados por agentes estatales o paramilitares.

En el periodo de las administraciones de Alberto Builes Ortega y Juan GÓMEZ Martínez, en la U. de A. se dieron las siguientes situaciones:

3.3.1 La Corporación Taliber:

Fundada por estudiantes y profesores de la facultad de derecho de la U. de A. en 1.989, obtuvo personería jurídica en 1.992, con la finalidad de asistir a los detenidos de la cárcel nacional Bellavista, Buen Pastor de la ciudad de Medellín; es un esfuerzo académico y humano contra la cárcel dicen sus integrantes, lo que quiere decir, que hay un compromiso por entender al preso como el resultado de la sociedad que afuera, en el exterior, no funciona nada bien.

Carlos Castaño, jefe paramilitar de las AUC señaló a través del periódico el Tiempo a su director y a la institución de ser subversiva Este señalamiento produjo que el número de estudiantes que la conformaban se redujera por la consecuente amenaza contra la vida e integridad personal que ello genera, al ser catalogados como 'guerrilleros', y colocarlos por esta razón en el marco del conflicto armado. Esta acción trajo consigo la desarticulación de esta organización, a raíz del exilio de uno de sus más destacados representantes, el abogado Juan Fernando Gutiérrez y el abandono de otros, de las actividades que realizaban.

Las diversas instancias de la Universidad de Antioquia y sectores académicos y organismos de derechos humanos se sumaron a las voces de protesta resaltando la altruista labor desempeñada por la institución y respaldando el compromiso social de sus integrantes en el ámbito carcelario de la ciudad de Medellín.

3.3.2 Los estudiantes:

En abril de 1.999 se discutía en la Universidad de Antioquia el Plan de Desarrollo de la misma, con la participación de los profesores, sindicatos, estudiantes y directivas del Alma Mater. Se ponía en la mesa de las conversaciones el futuro de la universidad sobre la base de posturas en pro y en contra de su privatización. Otro tema fundamental tenía que ver con la exigencia de la libre expresión de las ideas al interior del claustro universitario. Todo lo anterior se le sumaba la discusión sobre el cuantioso endeudamiento que el gobierno departamental tenía y aún persiste con la U. de A, que ascendía para la Época a $54.000 millones de pesos.

Simultáneamente apareció en la ciudad universitaria un grupo paramilitar liderado por Carlos Castaño denominado Autodefensas de la U. de A. y en otras ocasiones llamándose 'mano negra', dando a entender la aparición de otra agrupación de derecha imponiendo condiciones para el relacionamiento de todos los estamentos universitarios. Amenazaron a varios líderes estudiantiles acusándolos de ser subversivos, quienes denunciaron ante las directivas del centro educativo, sin embargo estas asumieron ante los hechos una actitud negligente. Es de anotar, que por su parte los supuestos integrantes de las AUDEA solicitaron audiencia con los Altos mandos militares del país para explicar las razones por las cuales decidieron agruparse..."

Gustavo Marulanda García, dirigente estudiantil, también coordinador de la mesa de relaciones externas del Comité de estudiantes y alumno del séptimo semestre de Filosofía, fue asesinado el 7 de agosto de 1.999 por cinco sicarios a nombre de las Autodefensas de la U. de A. en inmediaciones del claustro universitario. Había sido amenazado junto con los dirigentes y miembros de las organizaciones sindicales de trabajadores, profesores y 3 estudiantiles asociados al interior de la universidad a quienes tildaron de 'señores revoltosos' advirtiéndoles que quedaban notificados señores terroristas.

No sobra recordar que en el mes de febrero de 1994 Gustavo Marulanda, había sido detenido por la SIJIN dentro de las instalaciones del liceo Nacional Marco Fidel Suárez, después de haber efectuado una requisa y retención de todos los estudiantes de esa institución por más de 10 minutos, colocándolos boca abajo.

Organizaciones como la Coordinadora Estudiantil de la U de A, Consejo Estudiantil de la Facultad de Odontología (CAFA), SINTRAUDEA, SINRAUNICOL y UER con antelación a estos hechos habían tramitado las denuncias ante la Fiscalía y organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la Cruz Roja Internacional, negando cualquier vinculación con organizaciones insurgentes y manifestando la necesidad de que se investigara a los grupos paramilitares en la Universidad.

Gustavo Marulanda había sostenido a los medios de comunicación que no es cierto que haya una confrontación armada, lo que sí existen son debates ideológicos y de alguna manera políticos, pero eso no significa que los alumnos estemos con un fusil al hombro como lo han hecho creer publicaciones como la revista Semana y el mismo diario El Colombiano... Por eso, por pensar distinto y dar una opinión nos están acusando de guerrilleros. El día 29 de mayo de 1.999 el periódico El Colombiano en un artículo titulado qué pasa en la U. de A, hizo serios señalamientos en contra de los activistas del movimiento estudiantil, reproduciendo como ciertas las afirmaciones esgrimidas por Carlos Castaño como pretexto para imponer el terror en la universidad y 'justificar' los crímenes que perpetúa".

La situación se tornó tan aguda que la sola circunstancia de portar el carné de la universidad era y sigue siendo suficiente para ser estigmatizados por la Policía y el Ejército. Estudiantes como Carmiña Zapata, Carlos Oliveros, Eder Navarro, Huber García, Jorge Correa y Jorge Maldonado miembros de la CEUA fueron amenazados y tuvieron que abandonar el país. La desaparición forzada fue también la desgracia sufrida por el profesor de la Facultad de ingeniería de la U. de A. Nelson de Jesús Cañola Correa y su sobrino James Humberto González Bedoya cuando se movilizaban por la vía Bolombolo - Betulia en dirección al corregimiento de Altamira, en hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2.000. Con antelación, el 5 de mayo de 1.999 había sido asesinado el investigador del Instituto de Estudios Regionales INER y catedrático, Hernán Henao Delgado y el 5 de agosto el asesinato de Hugo Ángel Jaramillo administrador de la Cafetería de la facultad de derecho.

El 19 de agosto de 1.999 el Rector del alma mater Jaime Restrepo Cuartas se reunió con Carlos Castaño , según El con la finalidad de dirimir la difícil situación vivida en la Universidad de Antioquia, y un día después de la visita a este paramilitar, citó a un plebiscito invocando la necesidad de que la Universidad siguiera abierta y en Paz, sin embargo la mayoría de los estamentos universitarios criticaron la manipulación del mismo, en tanto no enfatizaba en la necesidad de que la universidad siguiera abierta sobre la base de su no privatización, sin cierre de salones, plazoletas, corredores, auditorios, bibliotecas, reas deportivas y donde se garantizara la libertad de expresión, organización y movilización.

Las fuerzas especiales urbanas de las AUC se atribuyeron el crimen de Gustavo Marulanda y como distractor 'justificaron' el hecho, acusándolo de haber ordenado el asesinato dos días antes de Hugo Angel Jaramillo administrador de la cafetería de la facultad de derecho de la Universidad y de ser integrante del E.L.N.

3.4 En la Universidad Nacional también se sintió la represión

También la U. Nacional se unió a las jornadas en contra de la aprobación del Plan Nacional de desarrollo del Presidente Andrés Pastrana. La respuesta de la Policía Metropolitana fue su ingreso en forma violenta a los predios universitarios, amedrentando a los estudiantes, lo cual dejó una decena de retenidos, un número no precisado de heridos y destrozos materiales en el bloque administrativo y en una de las casetas de entrada a la universidad.

La Vicerrectora Olga Mestre de Tobán se manifestó contrariada por el atropello de la fuerza pública y sostuvo 'que pese a que el espíritu de la manifestación fue pacífica, los estudiantes fueron hostigados y doy fe y me da mucha pena decirlo, la policía no sólo entró a agredir a los estudiantes sino a los funcionarios y a las instalaciones que sufrieron destrozos en varios bloques y se preguntó porqué la policía se ensaña de esta forma con los bienes de la universidad, porqué demuestra una vez más su odio ante los miembros de la sociedad colombiana. En igual sentido se pronuncio la Asociación de Empleados No Docentes de ese claustro universitario.

Dos meses después, en Julio de 1999 circuló en el ambiente universitario un volante en el cual se anunciaba la incursión de las Autodefensas de la Universidad Nacional siguiendo según el texto el ejemplo de la Universidad de Antioquia, donde las autodefensas expulsaron a los extremistas guerrilleros.

Uno de los más destacados líderes de la Universidad Nacional y directivo sindical de SINTRAUNICOL Gilberto Martínez Agudelo, promotor de las protestas contra el Plan de desarrollo y de los paros de los empleados estatales llevados a cabo en mayo y octubre de 1999, fue amenazado por las Autodefensas Unidas de Colombia junto con otros reconocidos activistas sociales y políticos. Fue detenido desaparecido el día 8 de junio de 2000 cuando se desplazaba vía terrestre hacia la ciudad de Bucaramanga donde cumpliría funciones propias de su actividad gremial. A través de medios radíales las AUC se reivindicaron la acción criminal.

3.5 Al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, lo defendieron de la corrupción y la privatización

El 10 de mayo de 1.999 fue reprimida violentamente una expresión de protesta de los estudiantes del Politécnico acampanada por los alumnos del Liceo INEM José FÉLIX de Restrepo. En esa ocasión la Policía retuvo a varios estudiantes menores de edad y los colocó como escudos humanos para enfrentarse a los manifestantes que se encontraban en la avenida en Poblado, en un momento de amplia circulación de vehículos, protestando contra las medidas adoptadas en el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Pastrana.

Se tuvo conocimiento de la apertura de un proceso disciplinario contra los uniformados que procedieron irregularmente, colocando en riesgo la vida de los menores de edad, sin que hasta la fecha no se hayan dado a conocer los resultados de la investigación.

No obstante, llama la atención, que aunque se pudo observar públicamente los abusos de la Policía, el Secretario de Gobierno Municipal en declaraciones de prensa dijo que 'las autoridades actuaron de acuerdo a la Ley y si hay algunas personas retenidas, fue porque la Policía las encontró con las causas suficientes y necesarias para reténerlas y entregarlas a las autoridades correspondientes.

Por parte de las autoridades policiales se retuvo a los estudiantes Juan Fernando Guzmán, José Nicolás Torres, Hugo Palacio Peña y Héctor Hernán Arias quienes fueron acusados de terrorismo y puestos a disposición de la Fiscalía que adelantó un proceso penal bajo esta sindicación.

El día 13 de junio de 1999 fue asesinado el estudiante de contaduría Carlos Mario Osorio Giraldo, quien venía denunciando algunas irregularidades presentadas en esta institución universitaria. Aquel día cuando salía de su residencia fue abordado por varias personas y luego lo asesinaron. Este líder durante aquel año estuvo al frente de un movimiento mediante el cual los estudiantes buscaban el desmonte de unos convenios que se establecieron entre el Politécnico y la Universidad Cooperativa de Colombia, institución que es regentada por el cuestionado dirigente político César Pérez García.

La lucha de los estudiantes tenía entre sus proyecciones discutir acerca del reglamento estudiantil, la reestructuración administrativa, medidas preventivas, tales como la no apertura de procesos disciplinarios a los líderes y la recuperación del tiempo mientras persista la Asamblea Permanente, el incremento de matriculas decretadas por las autoridades universitarias y la corrupción que se gestaba desde las directivas. Igualmente estaba entre los puntos la necesidad de superar el déficit presupuesta a cargo del departamento de Antioquia deudor de la institución por sumas millonarias.

El día 29 de marzo del año 2000 los estudiantes del Politécnico reunidos en asamblea general decidieron realizar una manifestación pacífica con el fin de reclamar del Gobierno departamental de Antioquia la entrega de algunos recursos presupuestales que le adeudaba a la institución y rechazar la posible fusión del Instituto Tecnológico de Antioquia con el Politécnico, lo cual implicaría el agravamiento del problema presupuesta por el que atravesaba. El rector, Guillermo Mejía, bajo el falaz argumento de la infiltración del movimiento estudiantil por agentes subversivos, ordenó la incursión de la fuerza pública a los predios universitarios, arremetiendo violentamente en contra los estudiantes provocando heridas a decenas de ellos y reteniendo de manera ilegal a 85 universitarios.

Desde el 4 de octubre de 2000 más de 9.000 estudiantes del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid declararon la asamblea permanente para denunciar la corrupción, los manejos administrativos que obedecen a intereses políticos y para exigir la no reelección del rector Guillermo Mejía Mejía, quien desde los inicios de su investigación venía siendo duramente cuestionado y denunciado por sus comportamientos irregulares.

El movimiento estudiantil se ha caracterizado por ejercer pacíficamente el derecho fundamental a la protesta apelando a la realización de asambleas, mítines y campañas de graffittis, mediante los cuales se pide la renuncia del rector Guillermo Mejía Mejía o su no reelección por parte del Consejo Directivo de la institución.

La investigación se ha valido de los servicios de una compañía de vigilancia privada -Sepecol-, encargándola del seguimiento de las actividades adelantadas por los líderes estudiantiles, realizando tareas represivas tendientes a intimidarlos. Prueba de ello es que por solicitud interpuesta directamente por el Director de Servicios Generales, señor Carlos Arango, se inició investigación disciplinaria en contra de uno de los líderes del movimiento estudiantil, a quien se le imputa cargos por la realización de pintas o graffittis en los que pide la renuncia del rector y por haber sido sorprendido en momentos en que presuntamente fumaba marihuana.

El martes 16 de enero del 2001 efectuaron llamada telefónica a la residencia del dirigente estudiantil Mauricio GÓMEZ Patiño, en la que le anunciaban que de seguir persistiendo en el paro se tendría que atener a las consecuencias y que le iba a ir muy mal.

Este hecho inmediatamente fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo. Así también se evidencia la persecución y el asedio contra los dirigentes estudiantiles, cuando el 18 de enero del 2001, en las horas de la noche llegaron 3 hombres y una mujer portando armas de fuego hasta la residencia Francisco Toro ingresando de manera violenta en su búsqueda, afortunadamente, logró escapar tras oponer resistencia al secuestro o desaparición del cual estaba siendo objeto.

A esta situación de persecución y hostigamiento hacia la acción estudiantil, se le suma el hecho de que en el mes de diciembre del año 2000, otra líder estudiantil del Politécnico, Marta Luz Rojas, también estuvo a punto de ser secuestrada.

Todos estos hechos indudablemente constituyen un mecanismo para presionar el levantamiento del movimiento estudiantil que se llevó a cabo en el Politécnico y para reprimir, perseguir y acabar con la vida del grupo de estudiantes que lo han liderado.

3.6 Maestros: Amenazados y Asesinados, Más Grave Si Están Sindicalizados:

Los docentes agremiados en la Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA han sido igualmente objeto de persecución, amenazas y asesinatos. Esta organización sindical ha promovido en el departamento innumerables acciones de presión en busca de las reivindicaciones propias del sector, y muy en especial en defensa de la Educación pública. Así mismo muchos de sus integrantes, se vinculan a expresiones organizativas sociales y comunitarias en sus respectivas localidades, lo que aumenta el nivel de riesgo y vulnerabilidad.

Ello se ha evidenciado con el acaecimiento de crímenes como el ocurrido con la profesora Rosmira Jiménez Álvarez del corregimiento El Jordán, en el municipio de San Carlos, al igual que otros docentes había sido amenazada de muerte; pero su situación no fue atendida en debida forma, viéndose obligada a regresar a su actividad laboral. El día 24 de marzo de 1.998 fue asesinada junto con otros líderes comunitarios en la localidad.

Con antelación habían sido asesinados los docentes Carlos Alberto Lopera, representante del comité de derechos humanos del Nordeste e integrante de la Unión Patriótica en el municipio de Remedios el 8 de agosto de 1.997; Fabio de Jesús Higuita en Cañas Gordas el 30 de octubre de 1997.

El docente y líder social y comunitario Guillermo Adolfo Parra López fue asesinado por un comando paramilitar en el municipio de Montebello el 24 de enero de 2000, junto con dos integrantes del desmovilizado grupo insurgente Corriente de Renovación Socialista, cuyos cuerpos aparecieron días después en poder del Ejército en el municipio de El Carmen de Viboral, a quienes dieron muerte supuestamente en combates, por ser sorprendidos en un intento de voladura de una torre de energía. Sin embargo cuando se descubrió la acción sincrónica de los paramilitares y ejército actuando conjuntamente, los cuerpos sin vida de estos fueron raptados de la morgue del lugar, sin que hasta la fecha se sepa del sitio donde se hayan sepultados.

Juan Cástulo Jiménez Gutiérrez fue asesinado en el corregimiento de Mesopotamia el 26 de abril de 2000, Jesús Ramiro Zapata asesinado en el municipio de Segovia el 3 de mayo de 2000, Jaime Enrique Barrera el 11 de junio de 2000 en el municipio de Anzá, Luis Rodrigo Restrepo Gómez, delegado y presidente e la subdirectiva de Adida en el municipio de Ciudad Bolívar. Vicente Romaña asesinado en el municipio de Medellín el 5 de agosto de 2000.

El docente Ramiro Zapata era integrante del Comité de Derechos Humanos del Nordeste y hasta el último día de su existencia denunció abiertamente ante las autoridades nacionales e internacionales las estructuras de terror que impusieron el miedo en el municipio de Segovia y las relaciones existentes con las fuerzas armadas del estado.

3.7. Efectos Sociales:

Se ha venido hablando por parte de Representantes de las Universidades, Autoridades civiles y militares de la ciudad de Medellín, que existe o se libra una confrontación militar al interior de las Universidades públicas, se sostiene incluso que el conflicto se desarrolla entre paramilitares y guerrilleros; sin embargo, las víctimas de las agresiones son líderes sociales, dirigentes estudiantiles o gremiales que se oponen a las políticas neoliberales aplicadas en el sector educativo, y la estrategia de agresión y terror se manifiesta públicamente a través de la acción propagandística de las Autodefensas Unidas de Colombia, apoyada por la estigmatización del movimiento de protesta y las practicas represivas orientadas por la Fuerza Pública, en especial la Policía Metropolitana al mando del General Luis Alfredo Rodríguez Pérez. En una reunión de Seguridad de la Alcaldía Municipal este policía reivindicó con agrado la 'tensa' calma respirada en la U. de A., luego de la aparición mediante volantes de las AUDEA amenazando a integrantes de las organizaciones estudiantiles, sindicales y de profesores de la misma, y del aleve asesinato de Gustavo Marulanda García.

La recurrente estigmatización de ser guerrillero a quien se manifiesta en contra de las políticas estatales, y la consecuente eliminación de los líderes más reconocidos, se convierte en la maniobra a través de la cual, obstruyen los canales democráticos de discusión política y conducen un asunto meramente académico y político, al terreno militar. Mientras se protestaba contra la corrupción, el Plan de desarrollo Nacional, el no cierre de establecimientos educativos, mejores condiciones para los educadores, simultáneamente se incrementaron las violaciones de los derechos humanos y se generó un ambiente de terror que influyó en las aulas, pasillos, investigaciones, hay un fondo que no permite pensar y reconocer los centros de Educación superior como espacios de debate público y análisis de problemas. El ambiente es pesado, tiende al silencio, al cuidado de intervenir en clase y, de alguna manera, se ha restringido el ambiente propicio para una amplia deliberación.

En un comunicado a la opinión pública suscrito el 6 de julio de 1999 por la Mesa de actividades estudiantiles expresaba las razones por las cuales se estaba sembrando el temor y la duda acerca de la calidad de dirigentes estudiantiles de sus miembros y decía que esta situación no es nueva, pues en diversas ocasiones y durante toda la historia de la universidad de Antioquia, precisamente en aquellos momentos en que el movimiento estudiantil ha cuestionado políticas estatales e institucionales en contra de los intereses de la Educación pública o del estudiantado, han aparecido como por arte de birlibirloque rumores, amenazas, vínculos del movimiento estudiantil de pertenecer y ejecutar acciones de grupos insurgentes, desapariciones y persecuciones políticas y hasta asesinatos de líderes estudiantiles.

Para los estudiantes de la U. de A. no es entonces una sorpresa que hoy vuelvan a correr rumores como estos, que tratan en vano de menoscabar la imagen, la credibilidad y honestidad de los líderes estudiantiles o de estudiantes en general que protestan en contra de políticas privatizadoras o de tinte dictatorial y autoritario que prohíbe la libre expresión de la voluntad general y la movilización y organización popular en contra de medidas neoliberales injustas

Volver al índice

4.1 Quebrantamiento endémico de la democracia

La historia de Colombia, parece repetirse a través de los años. Para sólo hablar de épocas más recientes, desde la mitad del siglo pasado encontramos la constante de la aniquilación del movimiento popular, de sus líderes, de las organizaciones políticas diferentes a los partidos tradicionales, en una sola palabra, de la oposición.

En los últimos tres años en Antioquia, para tristeza, desazón y desequilibrio del movimiento popular, muchos son los casos ilustrativos de la persecución y el exterminio oficial. Han sido hostigadas organizaciones de oposición y de ex combatientes o reinsertados, quienes desde espacios institucionales y legales proponen al país otro pensamiento político e ideológico, el cual no incluye el empleo de las armas, sin embargo, son mirados como enemigos al cual hay que aniquilar. Sin temeridad alguna se puede decir que aquellas personas que deciden dejar las armas y se reincorporan a la vida civil, el Estado las continúa considerando parte del enemigo interno y por lo tanto, objetivo militar de su sangriento aparato, el paramilitarismo.

Similar suerte han corrido muchas organizaciones sociales, gremiales y políticas. No es necesario ser un líder de oposición, basta sólo participar, reclamar, luchar por la exigencia de los derechos fundamentales para ser la víctimas de la estrategia de aniquilamiento.

4.2. Asedio contra los Líderes Cívicos y Populares:

En el Oriente Antioqueño y de manera muy especial el municipio de San Carlos, muchos de los líderes sociales han sido asesinados y los pocos que han logrado colocar a salvo sus vidas, han tenido que desplazarse forzadamente de la región. La sistematicidad de los sucesos acontecidos en esta localidad permiten deducir una clara orientación hacia la exclusión de líderes y organizaciones sociales y políticas que a través del ejercicio de la democracia han liderado proyectos alternativos para la gran mayoría de la población.

Así por ejemplo, los consejos municipales de planeación, las Juntas de acción comunal, los grupos productivos, se han visto afectados en su dinámica por la continua victimización de sus integrantes y el permanente hostigamiento por parte de grupos paramilitares.

Entre el 24 y 25 de octubre de 1.998 un grupo de paramilitares incursionó en el municipio de San Carlos y asesinó a doce personas, varios de los cuales, Mariano Bedoya y Victor Velásquez habían sido activos participes de la Coordinadora cívica del oriente antioqueño que en los primeros años de la década del 80 protestaron resueltamente en contra del alto costo de las tarifas de energía. Otras de las víctimas eran líderes cívicos de las nuevas expresiones políticas del municipio y venían cuestionando el manejo que ISAGEN le estaba dando a la construcción de la linea San Carlos San Marcos.

En el municipio de San Rafael, el 6 de abril de 1998, cinco hombres identificados como paramilitares con armas de corto y largo alcance, asesinaron a Luis Norberto Henao de 52 años de edad, quien se desempeñaba como Presidente de la Acción Comunal de la Vereda El Topacio.

En la ciudad de Medellín, los asesinatos de líderes comunitarios no ha disminuido, muy por el contrario, dirigentes barriales y de agrupaciones culturales han sido objeto de la guerra sucia. Luis Rojas, miembro de la Junta de Acción Comunal de la Comuna Uno, fue asesinado en noviembre de 1998, Darío Naranjo, Presidente de la Junta de Acción comunal del Popular Uno, fue muerto a medíados de enero de 1999, Fabio Beltrán Arenas, lideraba procesos de paz, entre bandas del municipio de Bello, también fue asesinado. Edid Alfonso Carvajal, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Santo Domingo Uno, fue muerto el 5 de febrero de 1999. Manuel Paternina, Promotor de la Casa Juvenil y del proceso cultural en el barrio Villa del Socorro, sufrió la misma fatalidad, José Rubiel Zapata Tabarez, Vocal de la Acción Comunal de Popular Uno, fue ultimado a comienzos de febrero de 1999. Gabriel Bolívar, veterano dirigente comunitario del sector Doce de Octubre y Aristbulo Giraldo Ospina, líder cultural del barrio Doce de Octubre y miembro del grupo musical Los Araucos fueron asesinados.

4.3. Militantes de Organizaciones Políticas y Reinsertados:

A la Fundación Simón Bolívar y la Corporación Verdecer se les hizo llegar un aviso en el cual se les advertía que antes de 60 días deberán clausurar sus organizaciones y salir del país o de lo contrario se tomarán medidas extremas. A la primera de ellas, pertenecen personas que fueron militantes del M-19 convencidos de que a partir de estos espacios no gubernamentales podían hacer un nuevo ejercicio de la política y la acción social, pero, como se evidencia, nunca se les dejar de ver como guerrilleros a quienes hay que eliminar.

Otros reinsertados dedicados a la actividad campesina, a través de proyectos productivos también se les ha perseguido. En enero 23 de 2000 fueron asesinados los ex miembros de la Corriente de Renovación Socialista Uberley Giraldo y José Evelo Gallo, primero fueron reténidos - desaparecidos en el municipio de Montebello, Suroeste Antioqueño, por un comando de hombres que se identificó como de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego sus cuerpos sin vida fueron hallados en la morgue del cementerio de El Carmen de Viboral de donde fueron sustraídos posteriormente.

El crimen fue inicialmente reivindicado por las AUC, pero dos días después el Ejército en su boletín oficial informó que dos guerrilleros de la cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN fueron abatidos en la ofensiva militar adelantada por el ejército para proteger la infraestructura eléctrica en el departamento de Antioquia. Una vez se comprobó que las víctimas supuestamente dadas de baja por el Ejército eran aquellas retenidas por las AUC sus cuerpos fueron desaparecidos de la morgue y hasta la fecha se encuentran desaparecidos.

La historia de represión contra la Unión Patriótica no parece cesar en el país. Su aniquilamiento concebido desde su surgimiento en Noviembre de 1985 ha producido una acción genocida dirigida a desvertebrar un importante sector político de oposición que logró a pesar de su corta existencia poner en peligro la hegemonía de los grupos tradicionales.

En plena época pre-electoral, el día 8 de septiembre del año 2000, Heliodoro Durango Hernández candidato a la Asamblea de Antioquia fue asesinado en la ciudad de Medellín.

4.4. Defensores de los Derechos Humanos:

La situación de los defensores de derechos humanos, es similar a la de todos los líderes populares y la del pueblo colombiano en general, es decir, de permanente persecución y represión por parte de las diferentes instituciones del Estado y sus fuerzas paramilitares, que les cobran su posición crítica frente a la grave, sistemática y permanente violación de los derechos fundamentales.

Es así como en este periodo fuimos testigos de asesinatos, desapariciones y amenazas contra miembros de diversos organismos de derechos humanos, así como de líderes de organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias que se dedican a la labor de defensa, investigación y promoción de los derechos humanos.

Dentro de los casos más conocidos estuvo el asesinato del abogado Jesús María Valle, de los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Medellín (fcspp): Julio Ernesto González y Jesús Puerta, el secuestro de los cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la desaparición forzada de los funcionarios de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADDES): Claudia Monsalve y Ángel Quintero.

El Estado colombiano ha tratado de limpiar su imagen, mostrando ante la comunidad internacional su aparente compromiso con el tema. Tanto el expresidente Ernesto Samper Pizano como Andrés Pastrana expidieron directrices presidenciales exigiendo respecto por esta labor. En la actual investigación se nombró al vicepresidente Gustavo Bell Lemus como encargado de la promoción de los derechos humanos e interlocutor con la comunidad internacional. Pese a ello, todo resultó ineficaz puesto que no existe una política real de acabar con el paramilitarismo, principal obstáculo para avanzar hacía mejores condiciones de respeto por la dignidad humana.

A lo anterior se suma la contradicción de nombrar a Gustavo Bell como ministro de defensa, con lo que resulta que el máximo encargado de la política de derechos humanos es a la vez la cabeza de las fuerzas armadas, en una jugada política que pretende legitimar a la institución como la principal garante del respeto a los derechos fundamentales, limpiando su imagen y propiciando la represión en la más absoluta impunidad.

De esta manera se torna imposible creer en la voluntad del gobierno, prueba de ello es que el señor Bell ha aprovechado su doble cargo para posicionar a las fuerzas armadas como las víctimas de la guerra en Colombia, guardando categórico silencio sobre su responsabilidad en la guerra sucia.

La retórica del Estado NO alcanza para evitar las muertes:

Al iniciar su gobierno en 1998, Andrés Pastrana se comprometió con la política de derechos humanos y la protección de los defensores de los mismos; fue así como presentó su propuesta en Nueva York ante la Asamblea de Naciones Unidas y el 28 de enero el vicepresidente Gustavo Bell Lemus ratificó este compromiso ante Pierre Sané, secretario general de AmnistIa Internacional, durante una reunión celebrada en Ginebra (COLOMBIA la protección de los defensores de los derechos humanos, un paso adelante y un paso atrs, AmnistIa Internacional 2000, pag. 3).

Sin embargo, la realidad del departamento de Antioquia, y del paIs en general, muestra que el discurso va por un lado y la tragedía por otro ya que la situación no mejoró y por el contrario el costo en vidas humanas aumentó. Se necesitó del secuestro de los cuatro funcionarios del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y el asesinato de los miembros del Comité de Solidaridad con los Presos PolIticos en Medellín para que el presidente Pastrana accediera a reunirse con delegados de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de organizaciones sociales para tratar la problemtica y escuchar sus propuestas, pero tampoco se logró concretar acciones eficaces y debieron salir sólo con la promesa del gobierno de revisar las propuestas de los defensores que se concretan en:

Pleno reconocimiento de la legitimidad de la labor realizada por los defensores de derechos humanos, principalmente por parte del ejército, la policía y le personal de inteligencia.

Exigencia para que el gobierno nacional de a conocer los archivos de inteligencia del ejército que contengan información donde se criminaliza la labor de estos organismos y se abre la posibilidad de que sean judicializados, en el mejor de los casos, o asesinados o desparecidos como suele ocurrir. Tal es el caso de CODEHSEL que en un informe de inteligencia es señalado con fachada de la subversión, como ya se denunciaba en septiembre de 1997: La investigación contra CODEHSEL se basa en un informe de inteligencia militar, presentado por el Batallón N 6 adscrito de la Brigada XX, que afirma tajantemente que esta coordinación regional de organizaciones sociales y de derechos humanos es un 'organismo de fachada de la subversión'. El mismo informe señala que se debe a que existe una actividad por parte de organizaciones miembros de CODEHSEL de vigilar y acompañar el desarrollo de los diferentes procesos penales que la justicia adelanta contra elementos vinculados a la subversión, a los cuales denominan 'presos políticos', razón por la cual es común ver un miembro de 'semillas de libertad' (sic) obstaculizando el desarrollo de diligencias legales utilizando artimañas y demás estrategias fraudulentas.

El informe citado, también se sustenta sobre afirmaciones provenientes de la inteligencia militar que dicen que CODEHSEL y sus miembros han efectuado montajes a la fuerza pública sobre esupuestas violaciones a los derechos humanos, con el animo de entablar cuantiosas demandas al Estado. Paralelamente promueven denuncias a través de organizaciones como Amnistía Internacional e informes a la Organización de Naciones Unidas. También se expresa así mismo el Colectivo Semillas de Libertad se encarga de presionar a las autoridades civiles y militares de acuerdo a los intereses de los movimientos extremistas, promoviendo foros, reuniones, marchas e investigaciones calumniosas, además de ejercer cierto nivel de beligerancia a nivel sindical y obrero

Desmantelamiento y desarme de los grupos paramilitares que operan con la complacencia de las fuerzas armadas

Medidas eficaces de protección individual y colectiva para las ONG y sus integrantes.

De todos los puntos arriba señalados sólo el cuarto ha sido medíanamente impulsado, con medidas de protección aprobadas desde el ministerio del interior y que han demostrado su fragilidad cuando se trata de prevenir eficazmente la vida de los defensores y de los líderes populares en general.

Por lo anterior el 16 de abril de 1998 la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos (documento ONU E/CN.4/1998/16) recomendó "a las autoridades colombianas que hagan efectivo el reconocimiento del derecho de los defensores de los derechos humanos a desarrollar sus actividades sin injerencia ni impedimentos ilegítimos, y en condiciones de plena seguridad para su vida, su integridad y su libertad".

Pese a ello la represión continuó y nuevamente la Alta Comisionada se pronunció deplorando "que durante 1998 hayan continuado los asesinatos, las amenazas y los ataques difamatorios contra personas que cumplen, individualmente o en grupo, tareas de protección y promoción de los derechos humanos y recomendó que se reconozcan, respeten, protejan y respalden sus actividades propias, y sobre todo se les provea de condiciones especiales de seguridad para su vida, integridad y libertad, así como que se les brinde público respaldo" (Doc. ONU E/CN.4/1999/8).

Ante las presiones de Naciones Unidas y de los organismos nacionales de derechos humanos, el 9 de septiembre de 1999 el presidente de la república Andrés Pastrana expidió la Directiva Presidencial 07 sobre irespaldo, interlocución y colaboración del estado con los derechos humanos, que recoge los puntos expuestos en la directiva 011 de junio de 1997. En ambas se ordena a todos los servidores públicos respetar la legitimidad de las organizaciones de derechos humanos y se prohíbe hacer falsas acusaciones o calumnias en contra de los miembros de estos organismos. Sin embargo nada dice sobre las sanciones a dichos funcionarios cuando desacaten la Directiva, tampoco hace referencia a los grupos paramilitares principal obstculo para avanzar en el tema.

En la práctica los funcionarios estatales cuando desean hacerlo acusan a los defensores de los derechos humanos y a los líderes sociales de estar articuladas a la subversión , legitimando así la persecución y represión de parte de la fuerza pública y los grupos paramilitares. A lo anterior se suma el papel que cumplen los medios de comunicación que en muchas ocasiones señalan a organizaciones de sociales y de derechos humanos de ser enemigas de las fuerzas armadas y servir a los intereses de la subversión, permitiendo que sus argumentos sirvan para "justificar" acciones de guerra sucia contra los integrantes de estos organismos, tal como sucedió en febrero de 1999 cuando grupos paramilitares justificaron sus acciones contra los defensores de los derechos humanos y declararon abiertamente su intención de 'depurar' a las organizaciones de derechos humanos de lo que consideran'guerrilleros que han infiltrado las ONG'.

En este sentido se puede ver con claridad la intencionalidad de los crímenes cometidos contra los defensores de los derechos humanos y que permanecen en la más absoluta impunidad, pese a que el gobierno conocía de las amenazas y que muchas de las víctimas aparecen en los informes de inteligencia de las fuerzas armadas sin que nadie haga nada.

Dentro de los crímenes cometidos contra los defensores en Antioquia podemos reseñar los siguientes:

El 27 de febrero de 1998 fue asesinado el abogado defensor de derechos humanos Jesús María VALLE JARAMILLO por sicarios que ingresaron a su oficina. El hecho se produjo después de haber recibido amenazas por las denuncias que realizó donde cuestionaba los vínculos entre el ejército y los grupos paramilitares que operan en el municipio de Ituango. Por estos hechos había sido denunciado por el General OVALLE comandante de la IV Brigada del Ejército imputándole el delito de calumnia. Además también fue señalado públicamente por el entonces gobernador de Antioquia Álvaro Uribe Velez de favorecer los intereses de la guerrilla.

El doctor Valle era presidente del Comité Permanente por la defensa de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, en Medellín. Por este hecho la fiscalía formuló cargos contra Carlos Castaño Gil y capturó a ocho paramilitares que posteriormente fueron absueltos de toda responsabilidad. Por los hechos no se ha investigado la responsabilidad del gobernador de Antioquia y de los oficiales de la fuerza pública denunciados por el doctor Jesús María Valle.

El 28 de enero de 1999 hombres pertenecientes al bloque metro de las AUC ingresaron a la sede del Instituto Popular de Capacitación IPC y secuestraron a cuatro de sus integrantes con el argumento de que según informaciones que tenIan estaban vinculados con grupos subversivos... En el mes de agosto del mismo año la sede de este Instituto fue nuevamente atacada lanzándole explosivos que afectaron gravemente su estructura física.

El 30 de enero de 1999 EVERARDO DE JESÚS PUERTA y JULIO ERNESTO GONZALEZ, funcionarios del comité de Solidaridad con los Presos PolIticos, viajaban en autobús en la ruta Medellín Bogotá. En el corregimiento de Doradal, municipio de Puerto Triunfo, el bus fue detenido por dos hombres y una mujer fuertemente armados que los separaron del resto de pasajeros y procedieron a asesinarlos. Al día siguiente sus cadáveres fueron entregados a sus familiares a quienes les argumentaron que se trató de un robo y que ellos opusieron resistencia, lo cual fue desmentido por versiones de testigos de los hechos.

El 2 de marzo de 2000, el asesor de la Organización IndIgena de Antioquia JAIRO BEDOYA HOYOS fue detenido desaparecido forzosamente, en hechos que son atribuidos al bloque metro de las autodefensas unidas de Colombia. El señor Bedoya venía impulsando la campaña 'Para que embera viva', que busca el respeto de la vida de las comunidades embera del departamento que han sido afectadas y victimizadas por su oposición a la construcción de la represa Urra en sus territorios tradicionales, razón por la cual han sufrido la represión de grupos paramilitares que operan en la región con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado.

El 5 de octubre de 2000, a la sede del Instituto Popular de Capacitación de Medellín (IPC) un grupo de hombres fuertemente armados se hizo presente en el lugar sin identificación alguna, aduciendo posteriormente que eran agentes de la Policía de la Estación Guadalupe y del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, actuando en respuesta a informaciones de que los funcionarios de este organismo de derechos humanos se encontraban secuestrados al interior de la sede.

El día 6 de octubre de 2000 fueron desaparecidos Angel José Quintero Mesa y Claudía Patricia Monsalve Pulgarin, el primero de ellos funcionario de la Asociación de Detenidos Desaparecidos ASFADDES Seccional Medellín y Representante legal del Comité Permanente de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez, y la segunda afiliada a esa misma Organización de víctimas del crimen de la desaparición forzada. Los antecedentes de persecución de estas dos personas se remonta a la circunstancia de que ambos vienen siendo protagonistas en la lucha contra la Impunidad, y en especial en la búsqueda inquebrantable de sus seres queridos. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

Volver al índice

Hablar de la compleja situación de los barrios en el área metropolitana de Antioquia en relación con el tema de los derechos humanos es reconocer la realidad de exclusión y pobreza generalizada, agudizada por la profundización del conflicto social y armado que ahora se vive en el escenario de lo urbano, principalmente en los sectores más populares de Medellín. Por lo anterior no debe extrañar la constante vulneración de los derechos fundamentales y la negación de las garantías ciudadanas a sus pobladores. La ciudad es la expresión del escalamiento de la guerra y muestra como la estrategia de guerra sucia sigue siendo un método válido para el Estado y que es connatural a él la violencia.

5.1 Militarización y paramilitarización de los barrios

La doctrina contrainsurgente del Estado colombiano sigue tomando a la población no combatiente como blanco de sus acciones; como lo hemos afirmado en otras ocasiones, se culpabiliza a las comunidades pobres del desarrollo del conflicto político armado y de paso se reprimen todas las iniciativas de la organización popular.

Para mantener el control absoluto de la población y evitar a toda costa la organización y la protesta de las comunidades se ha militarizado todo el país, además cada día se le permite a las fuerzas armadas ejercer mayor control sin importar que desconozcan las garantías ciudadanas y los derechos fundamentales. A esto se suma la estrategia paramilitar, que le ha dado excelentes resultados al Estado ya que le ha permitido fortalecer su aparato represivo, de terror y guerra sucia, al tiempo que se fortalece su imagen internacional haciendo aparecer el conflicto como un asunto de disputa territorial entre insurgencia y paramilitares donde él (Estado) es una víctima más que ejerce como 'juez neutral' persiguiendo a la delincuencia que atenta contra el país.

Para algunos el escenario de la guerra se ha trasladado a lo urbano debido a la presencia del movimiento insurgente en las grandes ciudades, además de los grupos de milicias urbanas que hacen presencia y desarrollan iniciativas políticas en los barrios populares del área metropolitana.

Esta situación ha sido fuertemente reprimida por la policía, el Ejército y todos los organismos de control del Estado quienes no sólo persiguen a estos grupos, sino que han estigmatizado a toda la población de ser colaboradores y auxiliadores convirtiéndolos en blanco fácil de represión.

Pero si bien la consolidación de la presencia del movimiento insurgente es una realidad en las ciudades, hay que decir que no es este hecho el que justifica la militarización y paramilitarización de la ciudad, que detrás de ello se esconden intereses más estratégicos relacionados con los factores económicos y políticos que nacional e internacionalmente se disputan el departamento de Antioquia.

En la ciudad de Medellín se concentran dos realidades que expresan la contradicción de un modelo económico que privilegia los intereses de unos pocos a costa del bienestar y la dignidad de las grandes mayorías. Por un lado la ciudad es el centro industrial y comercial del grupo empresarial antioqueño que monopoliza la riqueza del departamento. También es uno de los centros de control del negocio de los cultivos ilícitos. Estas dos realidades han incrementado la miseria y la negación de los derechos fundamentales, así como la delincuencia común ligada al negocio del narcotrfico.

Desde la década de los ochenta cuando se incrementó el negocio de la droga y se consolidó lo que se conoció como 'cartel de Medellín', los capos de la droga se dieron a la tarea de organizar, armar y entrenar bandas de sicarios que prestaban sus 'servicios' de terror a cambio de altas sumas de dinero. Fue así como las comunas de la ciudad se llenaron de bandas juveniles que prestaban sus servicios al mejor postor, las cuales demostraban su 'eficaz' accionar con el trabajo sucio de asesinar y masacrar a quienes eran considerados 'obstáculo' o 'incomodo' para el negocio. Así cayeron no sólo personas ligadas al negocio del narcotráfico, sino también opositores políticos y líderes de organizaciones populares.

Es decir que los barrios de Medellín han servido para reclutar jóvenes en las bandas de sicarios, tristemente célebres, que por poco dinero sirven a los intereses de narcos y de paramilitares.

Desde inicios de la década de los 90 las autoridades municipales y departamentales diseñaron una estrategia a largo plazo con el fin de 'pacificar la ciudad', es decir, derrotar militar y políticamente a las milicias populares que se consolidaron en las comunas como una forma de alternativa a los altos niveles de exclusión económica, política y social, y simultáneamente acabar con la delincuencia común que según las autoridades sembraban el terror en los barrios y son la causa de la mayoría de muertes violentas que en ella ocurren.

Esta política se consolidó con en la investigación de Álvaro Uribe Vélez, con la llamada política de convivencia ciudadana los pactos de dilogo y negociación que ya venían siendo impulsados por María Emma Mejía cuando fue consejera de paz para Antioquia.

La política de convivencia ciudadana:

Esta política se ha convertido en el programa bandera del departamento y del municipio, incluso adoptado por otras grandes ciudades como Bogotá y Cali, lo que no resulta casual ya que al parecer obedece a una política de orden nacional ligada a factores de control social a través de pactos de desmovilización y no agresión con las bandas delincuenciales de la ciudad, desarrollada con el fin de adecuar la ciudad a los intereses de los inversionistas nacionales e internacionales.

Origen del programa

Desde inicios de los años noventa se empezó a estructurar esta política con el fin de hacer de Medellín un proyecto viable como ciudad para el crecimiento, es decir, para la inversión privada, ligada al macroproyecto de Antioquia la mejor esquina de América, donde la ciudad está pensada como un gran centro de negocios internacionales. Para ello el municipio contrató un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa, el cual se concretó en la investigación de Juan Gómez Martínez, además contó con aportes del sector privado y del presupuesto municipal.

Para el diseño de la política se contrató a "expertos internacionales" en temas de violencia, quienes señalaron que lo que vive la ciudad es una 'epidemia de agresión mortal que debe ser atacada', convirtiendo de esta manera el conflicto social y político en un asunto de salud pública.

A grandes rasgos la estrategia planteada fue la de desarrollar procesos de reinserción y amnistIas con bandas delincuencias y milicias populares, pactos de no agresión, pedagogía de la tolerancia, acercamiento de la comunidad a la policía y el Ejército para involucrarlos en actividades de inteligencia en programas como "ciudadanos vigilando", alarmas comunitarias, etc,. Para lo anterior se conformó el Consejo Metropolitano de Seguridad y las Juntas de Participación y Conciliación Ciudadana.

Simultáneamente se puso en marcha el fortalecimiento del control militar en sectores concretos de la ciudad de Medellín. Se aumentó el pie de fuerza en 400 efectivos para la policía y 400 policías bachilleres, se impulsó la construcción de estaciones y subestaciones de policía, se aumentó el control del ejército en los sectores populares e invirtieron significativamente en la compra de modernos equipos de comunicación para los organismos de inteligencia, además se creo la Unidad Antiextorsión y Secuestro UNASE.

Desarrollo del Programa:

En 1994, durante la investigación de Luis Alfredo Ramos Botero, se aprobó el Plan Estratégico de seguridad para Medellín y el área Metropolitana que dentro de sus objetivos generales prevea el 'mantenimiento del orden ciudadano a través de medidas coercitivas para el control social'. Así mismo, definió la creación de un 'Sistema de resistencia vecinal' con el fin de que las comunidades operaran como una red de inteligencia ligada a la fuerza pública. También se dio vía libre a la contratación de empresas de vigilancia privada con el propósito, según el municipio, de inscribirlas en el sistema integral de seguridad de la ciudad, lo que fue perfeccionado por Álvaro Uribe Vélez quien absolutizó la privatización de la seguridad pública a través de las Cooperativas de Vigilancia Privada CONVIVIR ligado todo ello a la estructura paramilitar.

En 1995 se implementó el Plan Integral de Seguridad, con el fin de adelantar programas de paz y convivencia pacífica en torno a componentes como:

Programa de pedagogía para la tolerancia, donde se parte del supuesto de la concertación y la conciliación y un rechazo a la protesta popular, a la oposición y la organización comunitaria. Se trató de adecuar ideológicamente a toda la población para que en ningún caso fuera oposición frente a las políticas institucionales.

Impulso de pactos de paz con las bandas de la ciudad. Con ellas se concerta su 'desmovilización' pero sin desarmarlos. Se les entrega el control de la seguridad en los barrios y autonomía para imponer sus códigos de conducta.

Acercamiento de las bandas delincuenciales con el fin aparente de resocializarlas e incorporarlas a la vida civil, entregandoles el control de la seguridad del barrio.

Todos estos planes han sido financiados con empréstitos de la banca multilateral (banco interamericano de desarrollo) y con aportes privados. En Medellín catorce prestigiosas empresas y fundaciones se unieron en un programa conocido como "entre todos" para captar recursos y apoyar las diferentes estrategias.

A manera de conclusión:

No deja de ser paradjico que lagunas comunas como la 1, 2, 5, 6, 8 y 13 fueran priorizadas en estos programas, justamente cuando compobamos que es en ellas donde hoy se da la mayor implementación del proyecto paramilitar y la presión contra estas comunidades.

Además dentro del balance realizado en el año 2000 en la ciudad había cerca de 800 jóvenes armados, de los cuales el 84% estaba ligado a bandas de delincuencia común, el 10% a milicias populares y el 6% al paramilitarismo.

Hoy estas cifras se han invertido y es evidente que ese 84% lo controla el paramilitarismo, las bandas han sido cualificadas y ahora manejan armas largas y la inseguridad y la muerte en la ciudad ha aumentado.

Parece ser que la política de privatización de la ciudad es directamente proporcional al auge e imposición del proyecto paramilitar y la represión en los barrios, que se ha nutrido bsicamente de la transformación de las bandas de delincuencia común, en bandas fuertemente armadas articuladas a las estructuras paramilitares.

Efectos de la represión en los barrios de Medellín y el Área Metropolitana:

A continuación presentamos algunos de los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos durante este período en las diferentes comunas de la ciudad.

Las comunas uno, dos, tres y ocho... el delito de ser pobres:

Los últimos años han mostrado el incremento de los atropellos contra estos barrios, donde se evidencia no sólo la realidad de pobreza y exclusiUn sino la tragedía en los asentamientos de desplazados forzosos, llegados de diferentes partes del departamento.

La mayoría de las denuncias provienen de los barrios: Santo Domingo Uno y Dos, La Avanzada, Carpinelo, La Esperanza, Los Tablones, El Chispero, La Torre, La Silla, La Cruz, Carambolas, Manrique, El Pinal, entre otros, que al ser estigmatizados como milicianos o colaboradores de la insurgencia deben afrontar la represión legal e ilegal del estado que actúa a través de la policía y el ejército o medíante la penetración paramilitar de este sector.

Estos barrios hacen parte de lo que en la década del ochenta y noventa se conoció como la comuna nororiental. El sector está conformado por cerca de treinta barrios donde lo común es el abandono estatal y todas las necesidad bsicas insatisfechas. El desempleo supera ampliamente los índices del departamento más o menos 60% ya que la mayoría de la población se dedica al rebusque del día a día, además carecen de servicios de salud, educación, recreación, vivienda digna, etc., situación que se agrava en el caso de las comunidades desplazadas que carecen de absolutamente todas las condiciones de bienestar y dignidad.

Estas comunas son geográficamente estratégicas por ser un corredor que comunica con la autopista Medellín Bogotá y por tanto con la salida al oriente antioqueño, una región vital para el control del capital nacional e internacional, como se ve en otra parte de este informe. De allí la importante de que estos barrios sean totalmente copados y controlados por las bandas paramilitares y la fuerza pública.

Al igual que en otros sectores de la ciudad, lo que se evidencia es la cooptación de las bandas de delincuencia común que operan en los diferentes barrios, al servicio del paramilitarismo con la protección y aquiescencia de la fuerza pública que incluso les posibilita armamento y entrenamiento, como se ha denunciado en diversas ocasiones.

Tal es el caso de la banda conocida como 'la 29', que opera principalmente en los barrios de Santo Domingo. Esta banda, según denuncias de la comunidad, "está integrada por jóvenes entre los 14 y 25 años que no estudían ni trabajan, son entrenados en campamentos paramilitares como el que se encuentra ubicado en el sector conocido como El Tambo, por la antigua carretera al municipio de Guarne, en inmedíaciones de la represa y parque natural de Piedras Blancas, que anteriormente servía como centro de entrenamiento de las fuerzas militares". Sin embargo éste no es el único caso, también está el caso de la banda de "Los Triana" que opera principalmente en el sector de Zamora y que agrupa a otros combos, centralizando la colaboración al servicio del paramilitarismo.

Los habitantes de este sector han denunciado el hostigamiento frecuente por parte de miembros de la fuerza pública durante este perIodo (1998-2000), principalmente se señala a la Inspección de Policía del barrio Santo Domingo Uno, donde los agentes Mosquera, Granada, Quintero y Días ejecutan tratos crueles e inhumanos en contra de la población, generalmente a los jóvenes que son detenidos transitoriamente para ser investigados, lo que además constituye un acto de detención ilegal denunciado reiterativamente. En los años 98 y 99 también se denunció este tipo de atropellos cometidos por miembros del ejército ubicados en la base militar de Santo Domingo que posteriormente fue levantada. Las denuncias hablan de que también en este barrio la fuerza pública se apoya, en su accionar en contra de la población, en la colaboración de la banda la 29.

Actualmente las denuncias se dirigen en contra de miembros de el Batallón Bombona, el comando de policía ubicado en el barrio San Blas y la estación de policía de Guadalupe; estos últimos en igual complicidad con la 'banda de la 29'. En la oficina de la Personería de Medellín reposan denuncias de la población con testimonios que evidencian las torturas y atropellos cometidos contra la población. Hasta el momento no se conocen procesos de investigación en contra de estos funcionarios y por el contrario la comunidad sigue denunciado los atropellos cometidos por agentes de policía de ambas estaciones, donde los detenidos son sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos como golpes, violaciones, y el método de 'La bruja' que consiste en taparlos con una cobija para que los demás presos se abalancen contra ellos indiscriminadamente golpeándolos. También los obligan a drogarse tapándoles la nariz.

A continuación presentamos algunos de los casos que evidencias la violación permanente de los derechos humanos y la complicidad de la fuerza pública con los grupos paramilitares en estas comunas.

En marzo de 1998 el joven JUAN ALBERTO GONZALES HIGUITA, de 16 años, en el sector de la terminal de buses del Santo Domingo 1 fue bajado del bus cuando iba de regreso a casa y posteriormente asesinado por miembros de La Banda de la 29.

El día 29 de abril de 1998, en el barrio El Pinal, fueron detenidos desaparecidos y asesinados: EDGAR DURANGO, LUIS PINEDA, MIGUEL GUERRA JHONES, MOISÉS ANTONIO QUIROZ, HENRY RODROGUEZ RIVERA, RUBÉN DARIO SEPÚLVEDA BENITEZ (menor de 14 años). Sólo fueron recuperados los cadáveres de las cinco primeras víctimas.

Según denuncias de la comunidad y de familiares de las víctimas, el hecho fue cometido por la policía del municipio de Bello conjuntamente con la banda denominada 'Pacheli' comandada por alias 'Condorito' y contó además con la complicidad del entonces alcalde municipal Rodrigo Cadavid, quine tenIa conocimiento de los hechos y les brindó protección. Posterior a este hecho se incrementaron los allanamientos, patrullajes y amenazas por parte del ejército nacional que se encontraba ubicado en la base situada en el barrio Santo Domingo a escasos cinco minutos del asentamiento El Pinal, lugar donde ocurrieron los hechos. Horas antes, el ejército estuvo patrullando el barrio y recogiU las identidades de los líderes comunitarios del barrio, acusando a varios de ellos de ser auxiliadores de la guerrilla.

Durante el mes de octubre de 1998 el señor RAMÓN PEREZ de 73 años y la señora MAROA LUISA SÁNCHEZ de 52 años, fueron amenazados y obligados a desplazarse del barrio La Silla.

El 5 de noviembre de 1998, en el Sector de La Torre, el señor MANUEL SALVADOR OLAYA, fue herido por una bala de fusil que traspaso las paredes de su casa durante un hostigamiento cometido por miembros de la banda de la 29 contra la población del sector de La Torre. En las mismas circunstancias el 14 de agosto de 1999 fue herido el menor JORGE HUMBERTO LLOREDA, de 13 años, por miembros de la banda de la 29 que dispararon indiscriminadamente contra la población del sector La Torre.

El 4 de febrero de 1999 es asesinado el líder comunitario ALFONSO CARVAJAL de 44 años de edad, ex presidente de la acción comunal del barrio Santo Domingo 1, por miembros de grupos paramilitares.

En marzo de 1999 fue asesinado el señor FABIO FLORES, de 34 años, conductor, en el sector llamado La Finquita del barrio Santo Domingo Sabio, por miembros del grupo paramilitar denominado 'Banda de la 29'.

El 6 de octubre de 1999 fueron asesinadas DORA GIRALDO QUINTERO, de 25 años y su esposo DANIEL TORO GONZALES de 34 años. Ambos cadáveres fueron encontrados con señales de tortura y quemaduras con cido. La pareja trabajaba como venteros ambulantes de comestibles en el centro de la ciudad de Medellín.

En día 22 de octubre de 1999, hacia las 12 del día fueron sacados de su vivienda los señores: JUAN FELIPE ECHAVARRIA y MIGUEL Ángel LONDOÑO, y llevados a una cancha deportiva ubicada en el sector denominada 'La Polvorera' donde fueron amarrados, golpeados y amenazados de muerte por ser, supuestamente, Milicianos. Después de algunas horas fueron dejados en libertad. En los días siguientes la familia de ambas víctimas fue amenazada de muerte obligndolas a desplazarse del lugar.

El 11 de diciembre de 1999 el señor JORGE ELIECER ALVARAN fue asesinado, como consecuencia de un hostigamiento realizado por miembros de la banda de la 29 contra habitantes del sector de la Silla. El 29 de mayo de 2000, en un allanamiento a todo el sector fueron detenidas ilegalmente sesenta personas, principalmente hombre, sin que medíara ninguna justificación legal ni orden de captura. Prueba de ello es que en los días siguientes todas fueron dejadas en libertad, incluso las que habIan sido judicializadas la fiscalía no encontró mérito para abrir investigación. Es reiterativo que los allanamientos se realicen a las residencias de los líderes comunitarios.

En los días del 27 al 30 de junio del 2000, un grupo de aproximadamente tres mil desplazados de los diferentes asentamientos de la ciudad de Medellín se tomó pacíficamente un tramo de la autopista Medellín Bogotá, en el sitio conocido como 'la Curva de Rodas', con el objeto de exigir a las autoridades municipales y departamentales el cumplimiento de acuerdos pactados con las comunidades y de los derechos consagrados en la ley 387 de 1997. Las comunidades denunciaron, además del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las autoridades para garantizar su retorno o reubicación, la violación sistemtica de sus derechos a la vida, la salud, la Educación, la vivienda y el trabajo.

La protesta pacífica de los campesinos desplazados fue calificada por el Comandante de la Cuarta Brigada, General Eduardo Herrera Verbel, con sede en Medellín, como una acción promovida por el noveno frente de las FARC que opera en el oriente antioqueño, versión que fue difundida por los medios de comunicación regional y nacional, poniendo en grave riesgo la vida de los manifestantes, como evidentemente aconteció en los días siguientes.

El primero de julio las comunidades desplazadas y los delegados del gobierno nacional, departamental y municipal llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo. Inmedíatamente los manifestantes retornaron a sus lugares de asentamiento.

El 2 de julio de 2000, un grupo de hombres fuertemente armado, vestidos de civil, que se identificó como perteneciente a las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, llegó al bario El Pinal, intimidó a la población y retuvo a uno de sus pobladores amarrándolo durante toda la noche. Al día siguiente lo dejaron en libertad y le manifestaron que pronto volverían para asesinar a varios habitantes del barrio por ser guerrilleros.

El grupo de paramilitares llevaba consigo una lista con nombres de personas para ser asesinadas. Está acción coincide con la realización de reténes por parte de los paramilitares en la antigua vía que de Medellín conduce al municipio de Guarne.

El 3 de julio de 2000, un grupo de jóvenes que se desplazaba hacIa el parque natural de Piedras Blancas fue abordado en uno de dichos reténes, allí fue detenido desaparecido uno de ellos, sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Este mismo día, un grupo de once policías llegó hasta el barrio La Cruz, hostigó a la población haciendo tiros al aire y manifestaron que en ese barrio había miembros de la guerrilla que debían abandonar la zona.

Por lo anterior la comunidad denunció a la Cuarta brigada y exigió que se investigar la relación existente entre los señalamientos efectuados por el comandante Eduardo Herrera Verbel y la violación de los derechos humanos que luego de la firma de los acuerdos se presentó en contra de estas comunidades por parte de hombres que se identifican como miembros de las autodefensas unidas de Colombia.

El 1 de julio de 2000 se produjo la detención arbitraria del señor ORMINSON ALFONSO LOPERA GUERRA, de 22 años, quien por los señalamientos realizados por miembros de la 'banda de la 29' que lo acusaron de porte ilegal de armas y organización de grupos armados al margen de la ley. En el operativo participó la policía del Comando de San Blas y la 'Banda de la 29'.

El 8 de julio de 2000 la comunidad debió soportar un nuevo allanamiento en el sector de la Avanzada y La Esperanza, realizado por miembros del ejército del Batallón Bombon quienes, según sus pobladores, estaban acompañados de reconocidos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-.

Posteriormente un bus de la empresa Coopetransa No.71, conducido por un hombre al que le apodan 'Marcela', ingresó con 20 hombres que se identificaron como miembros de las AUC, quienes portaban armas largas y cortas. Amenazaron a la población y les dijeron que tenían de 6 a 24 horas para salir de la zona y que habían llegado para quedarse. Además invitaron a los jóvenes a unírseles si no querían abandonar el barrio. Varios de los hombres que llegaron en el bus fueron reconocidos por la comunidad porque ya los habían visto en la 'Banda de la 29'. Estas amenazas se repitieron en contra de la comunidad de desplazados que tienen asentamiento allí.

El 29 de agosto de 2000 en un operativo realizado por integrantes del Batallón Pedro Berrio fueron allanadas algunas viviendas, en una de las cuales fue torturado el joven FABIO DE JESÚS MORENO CALLEJAS, de 22 años, quien se desempeña como ventero ambulante.

El operativo estaba comandado por el sargento Gutiérrez; igualmente agredieron verbalmente a la Señora NELY MONTOLLA, empujándola y amedrentándola con una posible detención por 'encubrir guerrilleros' que operan en la zona. Este hecho es realizado después de que el 20 de agosto hizo presencia en el sector un grupo de aproximadamente 12 hombres, que vestían prendas militares, boinas verdes y armas largas, que estaban acompañados por una mujer encapuchada e igualmente uniformada. Estas personas indagaron a varios miembros de la comunidad y anunciaron una posible masacre para esta zona por parte de paramilitares. En las noches siguientes aparecieron graffitis en las paredes de los barrios anunciando la masacre paramilitar señalada por los uniformados.

El día 2 de septiembre del 2000 se produjo la detención desaparición y posterior asesinato de YEINER ALEICER GUERRA. La víctima fue sacado de su vivienda ubicada en el barrio Manrique frente a la unidad intermedía 'La Piloto' por cuatro hombres que se identificaron primero como miembros de la Fiscalía y posteriormente como miembros de grupos paramilitares.

El 4 de septiembre de 2000 fueron detenidos desaparecidos los hermanos CARLOS MARIO y FABER ANDRÉS GÓMEZ ROLDÁN de 17 y 14 años respectivamente, y GUASTAVO ADOLFO VILLA VÁZQUES de 14 años. Los hechos ocurrieron en el sector El Chispero del barrio Santo Domingo N 1. Los cadáveres de las tres víctimas fueron encontrados el 6 de septiembre y presentaban señales de tortura. La comunidad señaló como responsables a los grupos paramilitares que están operando en el sector.

El 24 de noviembre de 2000, integrantes del la Policía Metropolitana, del Cuerpo Técnico de Investigaciones -CTI- y la Fiscalía, llegaron al barrio Santo Domingo Savio N 2 con el fin capturar a presuntos integrantes de las milicias. Al parecer se presentó un enfrentamiento entre la policía que se encontraba acantonada dentro del colegio Concentración Educativa Fe y Alegría del mismo barrio con integrantes de las milicias, dejando como resultado la muerte de un policía (de quien se desconoce su identidad) y del joven Germán Antonio Durango.

Posteriormente los integrantes de la Policía procedieron a allanar indiscriminadamente algunas residencias del sector y capturaron a los jóvenes del grupo Ecológico Mi Rio quienes fueron sacados por la fuerza de la residencia donde se encontraban, ocasionando daños materiales en la misma y destruyendo la línea telefónica al percatarse que una de las personas estaba avisando a la presidenta de la Junta de Acción Comunal sobre el allanamiento. A la señora MAGNOLIA RAMOREZ, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Santo Domingo N 2 la golpearon en la cara, la insultaron y amenazaron por haberse atrevido a tomar fotografIas de los hechos ya que así se lo sugirieron miembros de la Personería de Medellín, donde se comunicó para denunciar los hechos. Los miembros de la fuerza pública se burlaron de ella diciéndole que ya no tenía ninguna prueba y que ellos allí hacían lo que se les diera la gana.

Al joven MAURICIO FERNANDO SALAS, de 19 años de edad lo detuvieron en la calle, posteriormente lo llevaron a la casa de una prima donde fue torturado severamente.

El hecho fue denunciado ante la Procuraduría quien lo remitió a Medicina Legal para que fuera evaluado.

Otras personas del barrio fueron golpeadas, hostigadas y amenazadas tildándolas de guerrilleras porque reclamaban a la policía el que antes del operativo hubieran dejado en libertad a dos miembros de la banda de la 29 que estaban aparentemente detenidos y que fueron reconocidos por la comunidad como Ramón Emilio y un alias 'Guerrero'. Le dijeron a varias personas que iban a volver a acabar con todo el mundo y que mucho cuidado que lo que allí iba a haber era una masacre. Simultáneamente al operativo se tomaron fotografías a los pobladores, a las casas y hacían tiros al aire para intimidar y dispersar a la comunidad que protestaba por la irregularidad del operativo.

A todo lo anterior, se suma la negligencia por parte de los organismos de control y protección de los derechos humanos (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personería municipal) quienes fueron avisados del operativo, de los atropellos y actos irregulares que se estaban cometiendo, sin embargo no se hicieron presentes en el lugar manifestando todos 'extrañamente' que no contaban con vehículos para movilizarse al sector.

El 28 de noviembre de 2000 fueron nuevamente allanadas varias residencias del barrio Santo Domingo y detenidos los jóvenes: ROBINSON ARBOLEDA, menor de 17 años, LUIS FERNANDO GIRALDO RODROGUEZ, GONZALO GÓMEZ, quienes fueron señalados por un individuo encapuchado que acompañaba a la fuerza pública. Posteriormente fueron dejados en libertad, después de ser fotografiados.

Desplazados de Villatina:

En desarrollo del Paro Nacional Estatal llevado a cabo el 22 de marzo de 2000 un grupo de desplazados del sector de Villatina fue objeto de detención arbitraria cuando se disponían a participar de las actividades propias de esta jornada de Paro, convocado por las centrales obreras.

Estas personas hacían parte de un grupo de aproximadamente 70 familias que instalaron un asentamiento desplazados en una zona marginal ubicada al oriente de la ciudad de Medellín, procedentes en condición de desplazados forzados de diferentes regiones del departamento de Antioquia. Los testimonios de la comunidad señalan a agentes de la policía, quienes se movilizaban en las patrullas 30700 y 30375, de agredir violentamente a los manifestantes y detener arbitrariamente a otros, incluso el señor HAWER ALVAREZ TOBON fue herido con proyectil de arma de fuego.

La comandancia de la Estación de Policía del barrio Villatina elevó cargos en contra de los manifestantes como presuntos autores del delito de violencia contra empleado oficial. Las diligencias fueron asumidas por la Fiscalía Seccional que procedió a ordenar la libertad inmedíata de los señores WILTON JANIER AGUIRRE, José ALCIABIADES VILLEGAS, HAWER ALVAREZ TOBON y José ARIEL ARISTIZABAL, por no encontrar razones para investigar y probarse la captura ilegal de estas personas.

La decisión de otorgar libertad inmediata a favor de este grupo de desplazados evidenció el injusto y arbitrario proceder del cual fueron víctimas por parte de la policía, quienes no tenían otra intención que menoscabar el derecho a la legItima protesta pacífica.

Comuna nueve: represión a la organización popular

En esta zona también se ha incrementado la presencia paramilitar medíante la reconversión de bandas delincuenciales al servicio del paramilitarismo que actúan en connivencia con la fuerza pública, tal es el caso del grupo paramilitar 'la Sierra'. Los barrios más afectados por esta realidad han sido: Santa Lucia, Caicedo, La Asomadera, La Sierra, Juan Pablo II, Ocho de Marzo, La Milagrosa y el Salvador.

Uno de los muchos casos ocurrió el 21 de Agosto de 2000, en el barrio Ocho de Marzo, donde asesinaron siete personas, en un hecho que fue presentado a la opinión pública como enfrentamientos entre bandas del sector, pero que la comunidad denunció como un ataque de grupos al servicio del paramilitarismo que atentaron contra líderes y personas conocidas en el barrio. El hecho se cometió con toda tranquilidad por los victimarios, que no fueron perseguidos a pesar que el sector es ampliamente controlado por encontrarse cerca a las instalaciones del Batallón de artillerIa N 4 ubicado en el barrio Buenos Aires. En diferentes ocasiones las autoridades han señalado al sector de estar controlado por grupos de milicias populares pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional -ELN- y a la comunidad de ser auxiliadores de Estas.

El proyecto de ampliación de la carrera 76:

La investigación municipal de Medellín, en cabeza del alcalde JUAN GOMEZ MARTINEZ, preténdió imponer autoritariamente el proyecto de ampliación de la carrera 76 en el barrio Belén, para lo cual dispuso el cobro de un elevado gravamen de valorización a todos los propietarios de inmuebles aledaños a la vía, lo que generó para las familias del sector un gasto desproporcionado que se suma a los diferentes problemas de tipo económico que aquejan a la comunidad. Por ello se conformó un comité cívico encargado de oponer a dicho proyecto que no contaba con su aprobación y que lo que buscaba a largo plazo era que las familias perdieran su vivienda por no tener con qué pagar los altos impuestos.

Como consecuencia de lo enunciado, la comunidad afectada emprendió diferentes acciones como la de manifestar su inconformidad ante el Concejo Municipal, actuaciones de tipo judicial como la demanda de la obra y acciones de tutela y cumplimiento. Adicional a ello, la comunidad organizó diferentes movilizaciones de protesta ciudadana en aras a oponerse contra la suntuaria y onerosa obra diseñada por la alcaldía. Sin embargo fueron constantemente agredidos y vulnerados sus derechos por la fuerza pública y la alcaldía municipal que intentó desarrollar la obra a costa de los intereses y derechos fundamentales de las personas que habitan este sector de la ciudad.

El Comité organizador de las diferentes manifestaciones de protesta decidió la toma pacífica de la mencionada vía, en determinados tramos, para la mañana del miércoles 10 de noviembre, pero los organizadores de la movilización, fueron sorprendidos y reprimidos violentamente por la fuerza pública a eso de las 5:30 a.m., en operativo coordinado al mando del Coronel ABADÍA y el Capitán VALLEJO; presentándose la detención de varios ciudadanos, así mismo el lesionamiento de varios personas por parte de la policía, como es el caso del señor MARTÍN URREGO, quien fue herido de gravedad por lo que debió ser recluido en las instalaciones de la Unidad Intermedía de Belén.

Las personas detenidas por esta Acción fueron:

1. FABIO HERNÁNDEZ

2. DIEGO RUA

3. GUILLERMO ALVAREZ

4. LUIS GUILLERMO AGUIRRE

5. JORGE GOMEZ

6. MARIO RUA

7. GONZALO ATEHORTUA

8. WILDER AVENDAÑO

9. SAMUEL GONZALEZ

10. NAPOLEON PAREJA

11. JUAN DAVID SALAZAR

El caso de la comuna trece:

Los habitantes de las comunas siete y trece de la ciudad de Medellín ( donde se ubican barrios Olaya Herrera, Veinte de Julio, Blanquizal, San Javier, Las Independencias, El Corazón, El Salado, Villa Laura, Belencito, Betania, entre otros) se caracterizan por haber adelantado en los últimos años fuertes procesos organizativos en varios de los barrios en procura de reivindicar sus derechos individuales y colectivos, lo que ha generado el que sean objeto de criminalización y señalamiento permanente de diferentes entes gubernamentales, al ser considerados como simpatizantes o integrantes de grupos insurgentes. Por ello no es de extrañar que en los últimos años los grupos paramilitares hayan querido penetrar y dominar la zona para acabar con todo el proceso comunitario bajo el pretexto de siempre de perseguir a la insurgencia, en connivencia con la fuerza pública, principalmente de parte de la base militar asentada en inmedíaciones de Blanquizal y Olaya Herrera.

También en estos barrios ha quedado al descubierto la paramilitarización de los barrios aprovechándose de las bandas de delincuencia juvenil que allí operan, quienes operan con el fin de 'limpiar' las comunas de procesos organizativos que propicien oposición a los megaproyectos proyectados para la ciudad en el marco del macroproyecto 'Antioquia la Mejor esquina de América'. Es el caso de estas dos comunas que se encuentran terreno que ser afectado en la construcción del túnel de occidente y que además es el corredor que comunica con la carretera al mar, a la subregión de occidente y del Urabá.

Así mismo las organizaciones sociales comprendidas entre los barrios El salado, El Corazón, La Divisa, Conquistadores, La Independencia, El 20 de Julio constantemente son señaladas como aliadas de la insurgencia de modo tal que quedan absolutamente descalificadas para servir de representantes ante diferentes instancias oficiales encargadas de realizar la inversión social para la zona. Por ello este tipo de inversión durante los últimos años ha rebajado en un 80%.

Algunos de los hechos que muestran el atropello en contra de la población son:

La comunidad del barrio La Divisa participaba, el 1 de septiembre de 1999, en la jornada de paro cívico nacional cuando fue brutalmente reprimida por integrantes de la policía nacional quienes asesinaron con arma de fuego a 3 manifestantes, hirieron gravemente a otro y detuvieron ilegalmente a 104 ciudadanos, judicializando a 14 de ellos como presuntos autores del delito de terrorismo.

En el mes de agosto de 2000, un grupo armado incursionó en el Barrio Veinte de Julio, ejerciendo acciones intimidatorias en contra de los habitantes del sector, a quienes temerariamente señalan como colaboradores de agrupaciones insurgentes. Este mismo mes un grupo de hombres fuertemente armados y encapuchados pintaron en los muros de varias residencias del sector de San Javier leyendas alusivas a las Autodefensas Unidas de Colombia.

El viernes 15 de septiembre de 2000, un grupo de aproximadamente quince hombres uniformados con vestidos negros, que portaban armas de uso privativo de la fuerza pública y brazaletes alusivos a las AUC, patrullaron los sectores de los Barrios la Independencia y el Veinte de Julio profiriendo amenazas en contra de los pobladores; la presencia del grupo de autodefensas fue repelida por otro grupo armado que hizo presencia en el lugar, sin que se tenga conocimiento de la legalidad o ilegalidad del mismo.

En octubre del año 2000 habitantes de algunos barrios del sector fueron duramente reprimidos cuando se opusieron a la instalación de unos contadores de energía por parte de la Empresas Públicas de Medellín, medíante los cuales se les quería aumentar el costo de sus servicios públicos.

Volver al índice

Los distintas organismos internacionales de derechos humanos han recavado al Estado Colombiano en la necesidad de adoptar medidas serias y coherentes de respeto y cumplimiento de los innumerables pactos y convenios relativos a la vigencia de los derechos humanos que ha suscrito. Instancias de Naciones Unidas como la Comisión de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado, relatores temáticos que han pasado por el país y otros entes como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado urgentes recomendaciones que nunca se logran implementar.

La comunidad internacional está convencida de la responsabilidad estatal en la ejecución de crímenes de lesa humanidad, y que ellos se corresponden con la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Sin embargo, ello no ha servido para que su poder de "persuasión" y "coerción" impidan la consolidación de la barbarie y que sus autores continúen amparados por la impunidad característica en nuestro país.

A demás de estos obstáculos del orden político internacional, el Estado Colombiano ha sabido asegurar cierta legitimidad de su accionar criminal y radicar la causa de las innumerables violaciones de los derechos humanos en actores ilegales particulares que en nada vinculan a los agentes estatales, llamase paramilitares y guerrilleros. A través de la fuerza, de instrumentos legales y su aparato judicial ha afianzado la implementación del terrorismo de Estado y su consecuente impunidad.

No obstante lo anterior, surgen también desde la perspectiva social y popular propuestas que propugnan por la reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, que reclaman el derecho a la Verdad y la Justicia. En ese sentido serán siempre exigencias de las organizaciones sociales, las comunidades y las víctimas la superación de la impunidad y la reparación integral de todos los perjuicios sociales, morales y patrimoniales sufridos.

El Padre Javier Giraldo manifestó al respecto que por lo menos mientras el Estado se reconstruye o se reinventa, la sociedad civil tiene el desafío de no claudicar en la búsqueda de la verdad (por fuera de los expedientes y de los procesos judiciales); en la búsqueda de una pedagogía social sancionatoria, regeneradora y reconciliadora, y en la búsqueda de procesos de reparación o de reconstrucción de lo que se destruyó.

Estos retos se sumarán siempre a las permanentes luchas sociales y reivindicaciones de las organizaciones que difieren y confrontan de las políticas estatales violatorias de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales.

Volver al índice

Notas Finales.

1. Periódico El Colombiano pag. 3, diciembre 11-1999.

2. Periódico El Colombiano. Diciembre 11 de 1999

3. Periódico El Colombiano 11 dic 1.999 pag. 3A

4. Periódico El Colombiano Marzo 12 de 2000 Pg 7A

5. 5 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la Oficina en Colombia. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. Bogotá.

6. El Periódico El Mundo abril 2 de 2000 pag. 4

7. Periódico El Colombiano abril 5 de 2000 pag. 7

8. Periódico El Colombiano. Octubre 5 de 2000 Pg 7A

9. Periódico Voz Proletaria febrero 9 de 2000 pag 8

10. El Colombiano, sep 3/2.000 pag. 6 A.

11. Cinep Justicia y Paz, Noche y Niebla, revista N 12 pag. 129.

12. Periódico El Colombiano. Pg 7A Agosto 5 de 1999

13. Sistema de Alerta Temprana . SAT . Naciones Unidas. Defensoría del Pueblo pag. 35-54 febrero de 2000

14. Sistema de Alerta Temprana, febrero de 2000; pag. 52

15. Periódico El Colombiano febrero 5 de 2000 pag. 7 A

16. Sistema de Alerta Temprana pag. 49 febrero de 2000

17. Periodico El Colombiano, Noviembre 14 de 1997 pag. 2A.

18. Periodico El Colombiano Abril 4 de 1998

19. Periodico El Colombiano, Febrero 28 de 1998 pg 2

20. El Colombiano abril 11/2.000 pag.3

21. Ponencia del MOSDA a la audiencia especial sobre desplazamiento forzado en el marco de las Audiencias Publicas sobre crecimiento económico y de empleo, San Vicente del Caguan. Septiembre 30 del 2.000.

22. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre la Oficina en Colombia. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2000. pg. 30

23. El Colombiano sep. 25/1.998 pag. 11 a

24. Revista Cambio enero 31-2000 Pag. 52 la otra desertificacion

25. El Colombiano septiembre 13 de 2000 Pag 9A

26. Informe cit.

27. ADIDA. Informe Sindical IL, Medellín, enero de 2001. pg

28. Revista Cambio. Julio 5 de 1999. pg 36

29. Comunicado de las AUC dirigido el 8 de agosto de 1999 al Rector de la U. de A. Jaime Restrepo Cuartas.

30. El Espectador. Agosto 24 de 1999

31. El Colombiano. Mayo 7 de 1999 pg 12

32. El Colombiano. Mayo 15 de 1999 pg 2

33. Entrevista a Gonzalo Medina. Las Universidades Publicas deben debatir. La U., de la guerra a la reflexión. Por Edwin Jaramillo y Otro. El Colombiano. pg 9 A Septiembre 22 de 1999. Medellín.

34. Informe presentado a Amnistia Internacional. 7 de septiembre de 2000. Medellín.

35. Giraldo, Javier. SJ. La impunidad. Consecuencias jurídicas y políticas. En Revista Justicia y Paz. Vol 2. Nro. 5, junio de 1997.

# data[].attributes.attachment_link.title
Equipo Nizkor - La Guerra Sucia en Antioquia durante el gobierno de Uribe Velez

# data[].attributes.attachment_link.description
LA GUERRA: SUSTENTO DEL DESARROLLO EN ANTIOQUIA Por el Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad - CODEHSEL. INDICE INTRODUCCIÓN 1. LOS CAMPESINOS EXTERMINADOS O DESARRAIGADOS. 1.1 Las Víctimas1.2 En el oriente antioqueño1.2.1 San Carlos.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Una marca en cuerpo y alma

En el 2005 una familia completa de San Francisco cayó en un campo minado. Dos de las víctimas se convirtieron en líderes, pero hoy se quejan del olvido del Estado y de la falta de atención para cambiar sus prótesis.

POR: Manuela Jaramillo Merizalde, Mariana Avendaño Hoyos y Laura Jaramillo Marín

A seis cuadras del parque principal de San Luis se escucha el ruido incesante de unas máquinas de coser. Es una casa verde aguamarina, con una sola ventana, de dos habitaciones. Allí vive Nancy Ceballos, la muer que cose y cose. Después de más de 12 años de vivir en este municipio, recuerda cómo llegó por primera vez en el 2004, luego de huir desplazada de una vereda del municipio San Francisco, de su hogar, por un accidente que cambió su vida y la de su familia. En su mente reemplaza los sonidos de sus máquinas por los de una explosión.

La llegada

Nancy se sienta entre sus máquinas, tres en total, cada una fundamental en el proceso de ensamble de las piezas que luego envía a Medellín. Es una mujer de 1.68 de estatura, robusta, de cabello y ojos negros, callada y pensativa.

Nos recibe, amable, pero algo tímida, nos invita a sentarnos a un lado de las máquinas, pues la casa es pequeña y no tiene otro lugar para atendernos. En las paredes hay muchas fotografías de ella y su familia en momentos especiales: coloridas y con montajes. Sus dos hijos pequeños nos miran con curiosidad mientras, como pueden, se meten debajo de las mesas para acercarse a su madre.

Comienza por el final de su historia, la explosión, pero luego de un silencio dice: "no, espere, ya saben el final. Espere les cuento bien". Era el 2005 y la familia Ceballos retornaba, luego de ser desplazada por las Farc, a la vereda San Rafael La Iraca del corregimiento Aquitania. Su hogar estaba ubicado a siete horas de camino de la autopista Medellín-Bogotá y a tres horas y media de Aquitania. Estaban felices de regresar: volvían a su tierra, a sus animales, su trabajo, su sustento y su realidad, sin imaginarse que el 23 de abril de ese año, al tomar el camino que por años recorrieron, sus vidas darían un giro.
Retomando pasos
Ese día los Ceballos se preparaban para un bautizo que se realizaría en San Luis. Como de costumbre tomaron el camino, ese que era diariamente transitado por varios habitantes de la vereda, siempre alertas por la amenaza de una mina de las que sabían había en sus montañas. Nadie se imaginó que ese día especial, la realidad de la guerra los golpearía al caer en dos minas.

La familia completa emprendió el recorrido, "salimos a las 11 de la mañana, íbamos normal por el sendero, como siempre, hasta que hubo un estruendo horrible y mi papá Manuel Ceballos voló. Eran las 3 de la tarde, estábamos ubicados en el encuentro de dos ríos, el Chumurro y San Pedro". Luisa Ceballos, la hija de Nancy que apenas tenía 49 días de nacida, estaba en los brazos de su abuela. Esta, en el desespero, le entregó la niña para socorrer a su esposo que yacía en el suelo. Entonces, al retroceder un paso, fue Nancy y su bebé quienes sintieron una segunda explosión que manaba de la tierra. "A uno de mis hermanos no le pasó casi nada, él fue quien buscó ayuda, pero el vecino más cercano estaba a tres horas y media de camino. Ese tiempo pasó muy despacio como en cámara lenta", su hermano y el patrón llegaron para prestarles los primeros auxilios y trasladarlos con ayuda de más gente a eso de las 8 p.m. Una enfermera llegó hasta el lugar a eso de las 10 p.m., les puso medicamentos y como pudo cubrió las heridas para facilitar el traslado hasta Aquitania, a donde llegaron a las 4 a.m. Fueron recibidos por las ambulancias que los llevarían hasta Rionegro. A las 9 a.m. llegaron al hospital Nancy, Manuela y Luisa. Nancy recuerda todo con precisión, con risa señala que en ningún momento perdió el conocimiento, solo cuando la entubaron. Estuvo 18 días hospitalizada.

Pero la realidad es que en ciertas zonas del país el tiempo y la distancia son dos enemigos más con los que se debe librar otra batalla para sobrevivir. Nancy y su familia tuvieron que esperar casi un día completo para ser atendidos porque vivían en una zona boscosa a donde no llegaban carreteras. Un solo retraso o una hora más en estos momentos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Regresando a la realidad

Nancy hace una pequeña pausa para contestar el teléfono. Habla con su madre, que le insiste que suba al parque principal. Angustiada le responde: "no ma, si subo ya no soy capaz de bajar. Esta prótesis está muy mala."

Hace un pequeño silencio, nos mira y prosigue: "ya les explico por qué no subo al parque. ¿En qué íbamos? Ah, sí..."

"Los más afectados fuimos mi papá y yo que perdimos la pierna derecha, y mi hija. Los otros tuvieron heridas leves. A mi hija la mina le afectó el tendón de la rodilla y un pulmón, por las esquirlas, ella tiene que estar en constantes controles y terapias, porque quedó con dificultad para caminar y se tiene que hacer varias operaciones en la rodilla y el pulmón; mi papá Manuel no perdió toda la pierna en el momento del accidente, la mina le voló hasta un poquito arriba del tobillo, pero por la gangrena y de operación en operación para detenerle la infección, su pierna quedó en la cadera, donde gracias a Dios ya le paró; y yo perdí la pierna hasta la rodilla."

Con sus manos nos va mostrando hasta donde llega su prótesis. Cuando la mueve, se le nota en la cara algo de incomodidad y dolor. No la dobla, siempre está extendida, quietecita debajo de la mesa donde apoya un lado de su cuerpo.

"En la recuperación yo no le metí mucha mente a eso, al año del suceso me casé, tuve dos hijos más, porque ese era mi sueño: casarme. Y creo que estoy esperando el tercero. Trato de llevar una vida normal, tengo mi prótesis que me posibilita moverme despacio, pero me muevo. El que sí no pudo fue mi papá, él todavía está en proceso de recuperación porque quedó muy acomplejado, ni siquiera utiliza prótesis, no da entrevistas por que no le gusta hablar del tema."

"La prótesis la tengo hace 10 años, primero me dieron una y después me la cambiaron por esta, la aprendí a manejar rápido. En ese tiempo la conseguí fácil por medio del Fosyga, y ahora ya llevo 8 meses intentando cambiarla, pero ya me toca es por la EPS y es un problema una cita y para las autorizaciones, entonces me dan la autorización pero no consigo cita, entonces se vence y me toca volver a hacer todas las vueltas para otra autorización. Así me tienen desde marzo. Dios quiera que consiga una rápido para poderme mover con más facilidad y que ya no me lastime más, porque está muy mala y San Luis es pura loma y bajada, entonces si llego a subir al parque, es un problema para bajar porque como ya está tan regular, la prótesis se me frena y me caigo, entonces salir de la casa ya es muy complicado."

A pesar de que una víctima tiene derecho a recibir atención prehospitalaria, "asistencia médica de urgencias, hospitalaria, quirúrgica y de rehabilitación de manera inmediata y gratuita, acceder gratuitamente a medicamentos, ayudas diagnósticas, prótesis, órtesis y acceder a procesos de inclusión social", muchas personas como Nancy tienen infinidad de problemas para acceder a todos los beneficios a los que tienen derecho. Su nueva prótesis, por ejemplo.
Retomando
Después de lo sucedido, Manuel Ceballos fundó la asociación de víctimas que ahora se llama Avimas, de la cual hacen parte 23 víctimas. Pero los problemas son constantes, dado que para reunirse no todas las personas tienen para transportarse o alimentarse en San Luis. Dice Nancy que a las últimas reuniones asistieron tres personas y su familia, "entonces yo no los volví a citar, ¡para qué si lo dejaban a uno solo!"

"Lo que queremos con la fundación es crear proyectos para que cada quien tenga su sustento, pues a las victimas nos tienen muy abandonadas, no nos apoyan, siempre priorizan las víctimas del conflicto, desplazados, los de abuso, pero los de las minas nunca, es más, acá en la alcaldía no existe una persona encargada para que nos atienda, en las reuniones hablan de las otras víctimas, de las de las minas nada, nunca, y para acabar de completar a la fundación la dejaron por fuera de la mesa de víctimas porque yo estaba en una cita en Medellín y nadie nos colaboró para inscribirnos, y en esas reuniones es donde dan los proyectos para ayudas", dice Nancy.

Su hija se aproxima a su oído y entre susurros le comenta algo a Nancy que la deja pensativa. "No, mañana hace la tarea, mejor arréglese para que suban a donde la mamita que yo tengo una reunión acá en la casa y necesito que se suban."

Luego de una pausa, Nancy acomoda su pierna y nos dice: "niñas, ¿esto cuánto dura? Es que tengo otra entrevista", algo confundidas la miramos, revisamos las notas y las preguntas que nos faltan en la libreta, son pocas en realidad.

¿Nancy que le gustaría que hiciera la alcaldía?

"Que saque más proyectos para ayudarnos, pero proyectos individuales para que las víctimas que viven a dos o tres horas del pueblo puedan tenerlos en sus casas y no tener que estar viniendo al pueblo."

¿Por qué San Luis?

"Porque acá nos acomodamos, yo terminé mi primaria y el bachillerato, mi papá monto un negocio en la plaza de mercado y yo el negocio de las maquinitas."

Luego de disculparse por no ofrecernos nada y por el desorden en la casa, nos menciona que seguirá luchando por su familia y sus hijos y por las víctimas que quieran seguir buscando la realización de una vida normal y productiva. Según ella, solo queda esperar a que se acuerden de todas las víctimas, especialmente de las que activaron minas antipersonal.

# data[].attributes.attachment_link.description
En el 2005 una familia completa de San Francisco cayó en un campo minado. Dos de las víctimas se convirtieron en líderes, pero hoy se quejan del olvido del Estado y de la falta de atención para cambiar sus prótesis.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
A esta guerrillera, que desertó de las Farc para entregarse a las autoridades, le imputaron 29 casos de reclutamiento ilícito de menores. En algunos casos se desconoce el paradero de los jóvenes.

Fusilados, desertores, desaparecidos, desmovilizados o enterrados como NN. Así es la situación de por lo menos 29 menores de edad reclutados por las Farc en el Oriente antioqueño y por los cuales tendrá que responder Elda Neyis Mosquera García, alias 'Karina'.

En pasados días, una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz le imputó a la ex guerrillera 29 hechos de reclutamiento ilícito de menores ante el magistrado en funciones de control de garantías, Olimpo Castaño. En la mayoría de los casos expuestos por el ente acusador, los jóvenes fueron fusilados y sus cuerpos aún están desaparecidos.

De acuerdo con los datos expuestos por la fiscal, los menores de edad fueron reclutados entre los años 1998 y 2003 en Nariño, Sonsón, Argelia y San Carlos, municipios del Oriente antioqueño en los que operó el Frente 47 de la Farc, facción guerrillera que comandado alias 'Karina' del año 2000 al 2003.

En la sala estuvieron presentes familiares de algunos de los menores víctimas de la guerrilla. Una de ellas fue Aurora Benavidez, mamá de Octavio de Jesús, un joven reclutado a los 17 años en el municipio de Nariño, Antioquia. En esta localidad nacieron los seis hijos que tuvo Aurora. Su esposo la abandonó, por lo que ella solo contaba la ayuda de sus hijos mayores para sostener la familia. "Octavio vendía artesanías: aritos, sombreros, ponchos; hacía corazones de manera y les ponía nombres. Con lo que vendía compraba mercadito y lo llevaba a la casa", recuerda la señora.

La mañana del 28 de enero del 2000, Octavio salió de la casa con las artesanías rumbo al parque del pueblo, donde las vendía. Tenía la costumbre de enviar a un niño hasta su casa para que le trajera el almuerzo que Aurora le empacaba. Ese día, a las 10,30 de la mañana, el niño la buscópara decirle que 'Hugo', un comandante de la guerrilla, se había llevado a Octavio en una camioneta.

"Yo no le creía. Y el muchachito me decía: 'sí, se lo llevó pa'llá, pal' kiosko y le dio café con leche y empanadas; ahí estaban, conversaron un rato, de ahí salieron y se subieron en una camioneta con una gallada de pelados'. A los días me di cuenta que la guerrilla había recogido pelados de varias partes. Y al muchachito que me avisó a mí, al otro día arriaron con él, un pelaito como de ocho años", cuenta Aurora.

En una audiencia de versión libre realizada en el 2008, la guerrillera Elda Neyis confesó que el hijo de Aurora había sido reclutado por el Frente 47, donde le pusieron el alias de 'Demetrio'. Según ella, el joven murió el 12 de abril del 2001 en combates contra el Ejército en San Carlos, Antioquia.

En esa ocasión, alias 'Karina' no sólo habló de Octavio, sino de Consuelo, otra hija de Aurora, desaparecida desde 1999. La menor se había ido a trabajar en una cantina de Florencia, Caquetá. En ese lugar, las Farc tenían guardadas varias pipetas de gas que serían empleadas para atacar la estación de Policía. El día de la arremetida, Consuelo cruzabala calle con otras dos amigas cuando los guerrilleros lanzaron una pipeta. Las tres murieron y fueron enterradas en una fosa, sin que hasta el momento se sepa dónde.

Durante la imputación de los cargos se conocieron las tácticas de la guerrilla para reclutar a los menores, la mayoría de ellos entre los 12 y 17 años de edad, provenientes de familias humildes.

De acuerdo con la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, en varios casos los guerrilleros visitaron estas fincas y les exigían a los padres que tenían que entregar a algunos de sus hijos para "contribuir en la lucha" o de lo contrario los asesinarían. En otros casos, aprovechaban cualquier visita a los predios rurales para seducir a los niños, prometiéndoles educación, dinero y mercados.

Se develó también que la guerrilla Farc hacía fiestas a las que invitaban a los niños y jóvenes, y en estas reuniones trataban de convencerlos para que hicieran parte de sus filas. Pero, en muchos casos, los menores, especialmente las mujeres, fueron raptados. Los guerrilleros aprovechaban los caminos solitarios de las veredas para llevárselos de manera forzada.

Hubo varios casos en que los padres, luego de haber enviado a sus hijos a comprar leche o carne, se quedaron esperando a los niños y no los volvieron a ver más. Cuando Aurora confirmó la desaparición de su hijo, salió a buscarlo: "yo lo estuve buscando por varias veredas, miraba a ver si lo veía, me iba a preguntarle a la gente si lo habían visto por ahí. Quedó perdido".

Durante la exposición de los 29 hechos, se reveló también las razones por las cuales varios de los menores fueron fusilados y desaparecidos por orden de los mandos del Frente 47. Según alias 'Karina', el comandante 'Marco' tenía temor de que estos menores fueran infiltrados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Luego de ser asesinados, arrojaron los cuerpos al río Samaná o los enterraban en fosas comunes que aún no han sido localizadas.

En su intervención, y antes de dictarle medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación, el magistrado Castaño manifestó que a través de los casos expuestos por la fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, "se ha dado cuenta de una de las prácticas más perversas que han tenido los actores armados en el conflicto de este país, incluso las Fuerzas Armadas del Ejército también lo hacían, reclutar menores de edad para la guerra".

Castaño también dijo que a través de esos casos "queda evidente para la magistratura la insensibilidad de la postulada, que, no obstante, es madre. Cuando los menores, fruto de su propia edad, se revelaban, no acataban las instrucciones y las directrices del grupo eran enjuiciados y fusilados y, no contentos con eso, sus cuerpos eran desaparecidos".

Una vez escuchado el pronunciamiento del magistrado Castaño y antes que finalizara la audiencia de imputación de cargos, alias 'Karina' pidió la palabra y se dirigió a las víctimas, a las que les le pidió perdón con lágrimas en los ojos: "les pido perdón de todo corazón porque estoy totalmente arrepentida. Todos los días en mi oraciones siempre le digo a Dios que me dé la voluntad y que me ponga en el corazón esas personas a quien yo les hice daño para que me perdonen, así como él también me perdonó".

La guerrillera argumentó a su favor que "yo sé que fueron muchas cosas negativas las que yo hice, pero no las hice a título personal, las hice en cumplimiento de unos estatutos de una organización al margen de la ley. Y hoy les digo que yo sé que hay tantas víctimas que están reclamando, el frentes 5 y 47, a esos frentes pertenecí, y me duele cuando Iván Márquez en la Habana, Cuba, dice que ellos no son victimarios, que ellos son víctimas del Estado. Eso me duele y por eso cada día me siento más satisfecha sintiendo que estoy respondiendo y que cada víctima a la que yo acepte es un descanso que le doy a mi alma, es un descanso a mi cuerpo".

Elda Neyis Mosquera García lleva cinco años en el proceso de Justicia y Paz, luego de haberse entregado a las autoridades. Por decisión del Gobierno Nacional fue designada "gestora de paz", por tal razón pasa sus días en una guarnición militar. Hasta el momento recibido diez condenas por diferentes delitos, que le suman más de doscientos años de cárcel. Según lo ha narrado, ella también fue reclutada por las Farc cuando era una menor de edad y hacía parte de las Juventudes Comunistas de Urabá.

# data[].attributes.attachment_link.title
'Karina', a responder por reclutamiento de menores | VerdadAbierta.com

# data[].attributes.attachment_link.description
A esta guerrillera, que desertó de las Farc para entregarse a las autoridades, le imputaron 29 casos de reclutamiento ilícito de menores. En algunos casos se desconoce el paradero de los jóvenes. Fusilados, desertores, desaparecidos, desmovilizados o enterrados como NN.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

# data[].attributes.attachment_link.title
Antioquia, la región con más alertas de reclutamiento infantil

# data[].attributes.attachment_link.description
Según la Defensoría del Pueblo, en 23 departamentos del país se han generado alertas de reclutamiento infantil por parte de grupos armados. Entre la población más vulnerable se encuentran los niños de origen venezolano, quienes están siendo usados como estrategia de guerra.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

# data[].attributes.attachment_link.description
Campesinos aseguran que han vuelto a ver patrullar en la zona rural de Granada, Antioquia, a hombres del ELN. Las autoridades ya denuncian extorsiones y microtráfico. ¿Está en peligro ese importante laboratorio de paz?

# data[].attributes.headline
Reclutamiento, abominable práctica que vuelve a encender las alarmas

# data[].attributes.subject
Reclutamiento, abominable práctica que vuelve a encender las alarmas

# data[].attributes.body
5-09-2019

# data[].attributes.headline
Casi 17.000 menores fueron reclutados para la guerra entre 1960 y 2016

# data[].attributes.subject
Casi 17.000 menores fueron reclutados para la guerra entre 1960 y 2016

# data[].attributes.body
12-02-2018

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El reclutamiento de menores, una práctica de los grupos armados para fortalecer sus filas y que cambió la vida de miles de niños en Colombia, es un flagelo que continúa. Así lo advierte un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que documentó, entre 1960 y el 2016, 16.879 casos.

Aunque históricamente el principal grupo responsable de reclutamiento de menores fue las Farc, con un 54 por ciento, seguido de los paramilitares, con 27 por ciento -ambos grupos desmovilizados-, el país ahora tiene los ojos puestos en el Eln y otros grupos armados que continúan con esa práctica.

En el caso de esa guerrilla, el informe de 684 páginas, que será divulgado este lunes, advierte que el reclutamiento sigue vigente en las zonas de presencia tradicional y en nuevas áreas de consolidación. El Eln "demuestra su capacidad de renovarse, suplir las bajas y deserciones. El hecho es que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste".

Frente a este flagelo, el estudio que presenta por primera vez un balance global de este fenómeno, insiste en que el Estado debe hacer mayor presencia en los territorios y garantizar el respeto de los derechos de los menores ante "la persistencia de dinámicas asociadas al conflicto armado y la emergencia de nuevos actores armados como los grupos posdesmovilización y posibles disidencias de las Farc, el Eln y el Epl".

El informe 'Una guerra sin edad' señala que el mayor número de casos se dio entre 1997 y el 2005, con 9.199 registros. En esos años ocurrieron las más significativas disputas entre paramilitares, Farc, Eln y el Estado. También empezaron las desmovilizaciones individuales de menores. Mientras que en el 2002 solo se dieron 31 casos, en el 2003, 625 niños dejaron las filas de las organizaciones ilegales. El informe detalla que entre el 2003 y el 2005 se desmovilizaron 2.861 menores.

Aunque los investigadores advierten que desde 1958, con el origen de las guerrillas, se establecieron estrategias de reclutamiento de menores, no existen muchas estadísticas de esos primeros años. La documentación de casos de las primeras tres décadas del estudio, y que quedó incluido en las bases de datos, se hizo principalmente a través de la documentación de memorias sociales. La mayoría de reportes son posteriores a 1990, pues ese año el reclutamiento fue incluido como delito en el Código Penal.

El documento señala que para los años 90, los grupos armados "demandaron un continuo y sostenido flujo de combatientes para incursionar en los territorios del enemigo o defender los propios. Cada actor armado engrosó sus filas con sus bases sociales por la imposibilidad de reclutar en zonas de disputa o de dominio del adversario".

La desmovilización de los paramilitares a mediados del 2000 significó un descenso en las cifras de reclutamiento; sin embargo, otras organizaciones retomaron esa práctica, no a través de la coacción de los niños y sus familias, sino ofreciendo una remuneración económica.

En el caso de las Farc, el informe dice que en la VI Conferencia (1978) la guerrilla adoptó una política de reclutamiento sistemático para incrementar su pie armado. Cuatro años después, en la VII Conferencia, se creó una comisión de reclutamiento enfocada en personas entre los 15 y los 30 años. Las Farc han dicho que su política respetó el Derecho Internacional Humanitario porque consideraba el uso de niños mayores de 15 años; sin embargo, el informe documentó casos desde los 6 años.

El drama de este fenómeno se evidencia, por ejemplo, en que de acuerdo con el estudio, en la etapa más dura del conflicto algunas familias percibían la entrada al grupo guerrillero como una especie de servicio militar. "En las filas 'farianas' buena parte de sus combatientes eran campesinos o muchachos de pueblo que abandonaron el colegio para unírseles", dice el informe.

Las zonas de mayor reclutamiento eran aquellas que históricamente han tenido más presencia y control de los actores armados. En esa lista se encuentran Ariari Guayabero, Meta; sur del Tolima y norte del Cauca, como las regiones donde más niños entraron a las Farc. Los paramilitares reclutaron en Magdalena, Urabá, Sierra Nevada de Santa Marta, el alto Sinú y San Jorge y el Valle de Aburrá. El Eln, por su parte, reclutó de forma importante, y lo sigue haciendo, en el Pacífico nariñense, Magdalena Medio, Sarare, Llanos Orientales, y oriente antioqueño. Otros grupos armados posdesmovilización reclutaron en el piedemonte llanero, el Valle de Aburrá, Andén Pacífico Sur, Urabá, bajo Cauca y el golfo de Morrosquillo.

No obstante, dice el documento, el reclutamiento dejó de ser un fenómeno primordialmente rural y se extendió a algunos de los principales centros urbanos del país como Medellín, Montería, Bogotá, Villavicencio y Barrancabermeja.

El informe señala que las guerrillas, los paramilitares y otros grupos armados aprovecharon la condición de vulnerabilidad de los menores para que cumplieran tareas y labores propias de la guerra. Un 71 por ciento de las víctimas son hombres. Los actores armados reclutaban a los niños en colegios, en campeonatos deportivos o, hasta, en sus propias casas. Aunque muchos niños fueron reclutados para desempeñar tareas desde sus propias comunidades como ser informantes, los que terminaron en el monte se desempeñaban principalmente como cocineros, guardias, mensajeros, maleteros, enfermeros, comandantes de escuadra y combatientes regulares.

En las entrevistas que documentó el Centro de Memoria también se evidencian casos de reclutamiento de niñas con fines de explotación sexual por parte de la guerrilla y los 'paras': "Algunas niñas se vieron forzadas a sostener relaciones interpersonales con comandantes o personas de un rango representativo".

Historias que dejó el conflicto

'Tiene que aprender a ser berraco'

Cuando me sacaron a orden público iba a cumplir diez años. El comandante me dijo: 'usted tiene que aprender a ser berraco'. Me pusieron el alias de un comandante llamado Ignacio Rendón, un tipo muy antiguo en la guerrilla. Me dijeron que tenía que aprender a ser berraco porque él era un hombre muy echao pa' lante. (Reclutado a los 10 años por las Farc)

'Le gustaba abusar de las muchachas'

A mí me cogió Raúl Reyes para escolta. Él siempre llevaba su doble intención, a él le gustaba abusar de las muchachas. Varios sabían que él abusaba de nosotras, pero como él era el mandón, pues él lo hacía. Fui escolta de él casi 16 años. Yo les decía a otras niñas ¿por qué no lo matamos? Pero si nosotros matamos a ese viejo a nosotras nos matan también. (Reclutada a los 9 años por las Farc)

'Me dijo que si seguía llorando, me mataba'

Me pusieron un pasamontañas y me llevaron, luego de que me lo quitaron aparecí en el monte y me dijo un comandante que si seguía llorando, me mataba. Me tenía que tragar las lágrimas y que de ahora en adelante era para ellos uno más del grupo. (Reclutado a los 15 años por los 'paras')

'No me acordaba ni de la casa'

Yo no me acordaba de mi familia, no me acordaba ni de la casa. Me acostumbré (...), allá hay compañeras o compañeros entonces uno tiene que olvidarse de las familias. Uno mismo es el que se tiene que olvidar porque tan lejos... Ya cuando pensé fue que ya nosotros nos entregamos al Ejército, allí fue que pensé ¿será que me van a mandar pa' la cárcel? (Reclutado a los 14 años por las Farc).

Crece utilización de los niños en economías ilegales

Aunque históricamente los niños han sido utilizados en la guerra principalmente como informantes, el estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica encontró que en los últimos años hay una mayor participación de estos en economías ilegales como la producción y comercialización de coca, la minería ilegal y la extorsión. Katherine López, coordinadora e investigadora principal, habló sobre este y otros hallazgos relevantes del estudio.

¿Cómo han sido utilizados los niños en el conflicto?

Los grupos armados han venido utilizando a los niños desde siempre como informantes. Se ve en estructuras de las Farc, el Epl, el Eln... Sin embargo, con la evolución del conflicto armado, se han hecho evidentes nuevas formas de utilización; por ejemplo, la vinculación a la cadena de siembra, procesamiento y comercialización de coca. También en economías ilegales como la minería, el cobro de extorsiones y el transporte de armas.

Actualmente se hacen más visibles algunas funciones asociadas sobre todo a la comercialización de droga aunque los niños han sido más raspachines. En regiones como en el Catatumbo los niños, después de que terminan su jornada escolar o están en vacaciones, van a sembrar coca con sus familias, porque ese es el trabajo que tienen a nivel comunitario.

¿Cuáles son las principales conclusiones del informe?

Que el reclutamiento no ha sido el mismo, ni la utilización tampoco. El fenómeno está atado directamente a los momentos de la guerra, los territorios y la naturaleza de cada grupo.

¿El estudio parte de 1960, hay documentación de casos desde esa fecha?

El informe tiene una perspectiva cualitativa y otra cuantitativa. Luego del 90 y debido al reconocimiento del delito de reclutamiento en el Código Penal se hizo más visible el hecho, por ende, la cifras.

Tomamos desde el 60, porque desde ahí los grupos armados comenzaron a definir directrices asociadas al reclutamiento y con la reconstrucción de memorias se encontraron casos como el de Camilito (de 13 años) que estaba con Camilo Torres el día de su muerte.

Las estadísticas van hasta el 2016. ¿Qué ha pasado en los últimos dos años?

Es claro que algunas de las disidencias siguen reclutando y esto está también en informes de la Defensoría del Pueblo. Además, el reclutamiento no solo persiste por parte de grupos armados posdesmovilización (de los 'paras') sino por parte del Eln y las reconfiguraciones del Epl. La situación sigue siendo grave e incluso tiende al incremento con grupos armados posdesmovilización.

Las comunidades afirman que no tienen capacidades de respuesta cuando las organizaciones dicen que se van a llevar a un niño. El llamado es a que se creen mecanismos para la comprensión y la reacción frente al reclutamiento, para el reconocimiento histórico, de reparación, y mecanismos de reincorporación.

JUSTICIA
justicia@eltiempo.com
En Twitter: @JusticiaET

# data[].attributes.attachment_link.title
Casi 17.000 menores fueron reclutados para la guerra entre 1960 y 2016

# data[].attributes.attachment_link.description
El reclutamiento de menores, una práctica de los grupos armados para fortalecer sus filas y que cambió la vida de miles de niños en Colombia, es un flagelo que continúa. Así lo advierte un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica que documentó, entre 1960 y el 2016, 16.879 casos.

# data[].attributes.headline
Devuelven tierras a desplazadas del oriente antioqueño

# data[].attributes.subject
Devuelven tierras a desplazadas del oriente antioqueño

# data[].attributes.body
https://www.vanguardia.com/colombia/devuelven-tierras-a-desplazadas-del-oriente-antioqueno-GCVL231430

# data[].attributes.body
https://www.semana.com/nacion/articulo/antioquia-cocorna-santa-ana-san-carlos-y-san-luis-temen-por-presencia-del-eln/482061/

# data[].attributes.headline
Frente 47 de las Farc no se desmovilizará en San Luis, Antioquia

# data[].attributes.subject
Frente 47 de las Farc no se desmovilizará en San Luis, Antioquia

# data[].attributes.body
22-09-2016

# data[].attributes.attachment_link.title
Frente 47 de las Farc no se desmovilizará en San Luis, Antioquia