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La formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores del centro de trabajo; la participación proactiva y comunicación entre trabajadores; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas de trabajo regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

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Aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.

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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACCIONES DE CONTROL

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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACCIONES DE CONTROL

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Aquellas acciones que se adoptan para prevenir y/o mitigar a los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para eliminar las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, así como las acciones implementadas para darles seguimiento.

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El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

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Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se promueve el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores, superiores y/o subordinados. Algunos ejemplos de medidas para constituir un apoyo social práctico y oportuno en el lugar de trabajo son: afianzar la relación supervisores-trabajadores; propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores; fomentar las actividades culturales y del deporte, y proporcionar ayuda directa cuando sea necesario, entre otros.

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1)   Acoso, acoso psicológico: Aquellos actos que dañan la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Consiste en acciones de intimidación sistemática y persistente, tales como: descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales llevan al trabajador a la depresión, al aislamiento, a la pérdida de su autoestima. Para efectos de esta Norma no se considera el acoso sexual

2)   Hostigamiento: El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, y

3)   Malos tratos: Aquellos actos consistentes en insultos, burlas, humillaciones y/o ridiculizaciones del trabajador, realizados de manera continua y persistente (más de una vez y/o en diferentes ocasiones).

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Para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como para la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán:

a)    Establecer acciones para la prevención de los factores de riesgo psicosocial que impulsen: el apoyo social, la difusión de la información y la capacitación;

b)    Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y para denunciar actos de violencia laboral, y

c)    Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización; la capacitación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; la definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización; la participación proactiva y comunicación entre sus integrantes; la distribución adecuada de cargas de trabajo, con jornadas laborales regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño.

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La identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; de los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómico o psicosocial capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables.

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Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instauró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

Las estimaciones indican que la población económicamente activa pasa alrededor de un tercio de su tiempo en sus lugares de trabajo, de ahí que las condiciones en las que laboran tengan considerables efectos sobre su salud, tanto física como emocional.

Los riesgos ocupacionales pueden incluir traumatismos, ruidos, exposición a agentes cancerígenos, partículas en el aire y riesgos ergonómicos, los cuales pueden derivar en enfermedades crónicas como dolor de espalda originada en las vértebras (dorsalgia), pérdida de la audición, enfermedades pulmonares, asma, traumatismos, ciertos tipos de cáncer, entre otros problemas de salud.

Contar con condiciones de trabajo adecuadas no solo propicia la protección social, también favorece las oportunidades de desarrollo personal y protege a los trabajadores contra riesgos físicos y psicosociales, además de tener efectos positivos sobre la salud y el bienestar.

Las iniciativas en los espacios del trabajo pueden aportar en la reducción del ausentismo laboral por enfermedad y el costo de atención médica para las empresas e instituciones

En México, la población económicamente activa supera los 54 millones, de acuerdo con datos del INEGI. A nivel regional, la fuerza de trabajo en las Américas representa cerca del 50% del total de la población.

Este año, la OIT estableció como lema para el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo "Generación saludable", con el objetivo de promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores para 2030 y poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025.
Fuentes e información relacionada:

INEGI, Empleo y ocupación.

OIT, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

OIT, Historia del 28 de abril.

OMS, Protección de la salud de los trabajadores.

OPS, Salud de los trabajadores.

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Desde 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instauró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo.

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Al cumplir con la NOM-035-STPS estarás desarrollando una nueva cultura de bienestar laboral y creando programas de salud que beneficien a los empleados.

Toma en cuenta que el manejo del estrés o del burnout laboral, así como el establecimiento de jornadas laborales flexibles, ayuda a la felicidad en el trabajo y a mejorar la productividad de tus empleados.

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NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL
TRABAJO - IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN

Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial

Ejemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales

Para efectos de esta Norma, se consideran las definiciones siguientes:

4.9 Política de prevención de riesgos psicosociales: La declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente, y la mejora continua de las condiciones de trabajo.

La falta de control se denomina como la escasa o inexistente posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones sobre los diversos aspectos que intervienen en la realización de sus actividades. Contrario a esto, la iniciativa y autonomía, el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos, la participación y el manejo del cambio y la capacitación son elementos que dan al trabajador la posibilidad de influir sobre su trabajo.

EJEMPLO DE CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS A
ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR A LOS TRABAJADORES QUE FUERON SUJETOS A
ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS CENTROS
DE TRABAJO

Las preguntas siguientes están relacionadas con las decisiones que puede tomar en su trabajo.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUACIÓN DEL
ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUAR EL
ENTORNO ORGANIZACIONAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Para responder las preguntas siguientes considere las condiciones ambientales de su centro de trabajo.

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NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención

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NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO - IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN Identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial Ejemplo de Política de prevención de riesgos psicosociales Para efectos de

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Describe la situación actual de la mayoría de los trabajadores obreros en México y su estilo de vida

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¿Cómo identificar los riesgos psicosociales en el trabajo?

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¿Cómo identificar los riesgos psicosociales en el trabajo?

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Entre los principales factores psicosociales que se pueden presentar en el espacio de trabajo se encuentran:

Violencia Laboral

Condiciones de riesgo en el ambiente de trabajo

Condiciones laborales específicas de riesgo

Falta de condiciones laborales decentes

Clima laboral inadecuado

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1. Condiciones en el ambiente de trabajo.

2. Carga laboral.

3. Falta de control sobre el trabajo.

4. Jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo señalado en la Ley Federal Del Trabajo.

5. Interferencia en la relación trabajo-familia.

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Seguir todas las medidas de prevención que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial.

Evitar prácticas que atenten contra el clima organizacional y que promuevan actos de violencia en el área de trabajo.

Participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y en la evaluación del entorno organizacional.

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Establecer y difundir políticas que fomenten:

El compromiso de la prevención de los factores de riesgo psicosocial.

La prevención de la violencia laboral.

La promoción de un entorno que favorezca el clima laboral.

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Los Factores de Riesgo Psicosocial en el trabajo son los aspectos psicológicos y sociales que pueden afectar negativamente a los trabajadores dentro de una organización. Pueden ser, por ejemplo, estrés grave, ansiedad o trastornos del sueño de acuerdo al tipo de puesto, tipo de jornada laboral o a la exposición a eventos traumáticos severos.

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La NOM 035 STPS es una norma que obliga a las empresas a detectar y prevenir los riesgos psicosociales que se puedan presentar en las actividades diarias dentro de una organización.

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Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

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2) NOM 035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

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2) NOM 035 Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

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Describe cómo es que vive una persona enferma mental o que consume sustancias nocivas para la salud

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Tener buenos hábitos alimenticios

Realizar ejercicio con regularidad

Conservar buenas relaciones interpersonales

Evitar el tabaco y el consumo de alcohol y otras sustancias nocivas para la salud

Dormir como mínimo de 8 horas diarias

Realizar actividades sociales, recreativas, culturales y deportivas

Fomentar el hábito de la lectura: leer enriquece la capacidad de atención e incrementa la memoria, aumenta la motivación y reduce el estrés

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Buena salud física, y rápida recuperación de enfermedades físicas

Relaciones de calidad con las personas del entorno

Estado de bienestar constante y proyectos para el futuro

Mejor la calidad de vida de los individuos

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La inseguridad

La desesperanza

El rápido cambio social

Los riesgos de violencia

Los problemas que afecten la salud física

También puede verse afectada por factores y experiencias personasrsonales, la interacción social, los valores culturales, experiencias familiares, escolares y laborales.

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La salud mental es, en términos generales, el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural que garantiza su participación laboral, intelectual, las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida.

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Ley General De Salud En México | Resúmenes y Más

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https://www.redalyc.org/pdf/410/41011135004.pdf

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La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

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Para los efectos de esta Ley se consideran bajo la denominación de establecimientos, los locales y sus instalaciones, dependencias y anexos, estén cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, sean de producción, transformación, almacenamiento, distribución de bienes o prestación de servicios, en los que se desarrolle una actividad ocupacional

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La educación para la salud tiene por objeto:
I.- Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas que le permitan participar en la prevención de enfermedades individuales, colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pongan en peligro su salud

II.- Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos del ambiente en la salud, y

III.- Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación familiar, riesgos de la automedicación, prevención de la farmacodependencia, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades.

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La promoción de la salud comprende:
I. Educación para la salud
II. Nutrición
III. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud
IV. Salud ocupacional
V. Fomento sanitario

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La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva.

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Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud,medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

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Artículos que considero resaltar de ésta ley

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Artículos que considero resaltar de ésta ley

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La Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona de acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Las reformas al artículo 4o Constitucional de febrero de 1983, requerían la aparición de una Ley Reglamentaria que estableciera la forma en que Federación y Estados pudiesen garantizar el acceso a los servicios de salud a toda persona. Un año después, el 7 de febrero de 1984, sería decretada la Ley General de Salud. Esta Ley, a lo largo del tiempo, ha verificado muchas transformaciones: reformando, agregando y derogando artículos, capítulos y aún títulos completos en su entramado, mas ha sido congruente con el esfuerzo del Estado por establecer la procuración de la salud de los mexicanos.

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Escrito por: Sasha Wright Actualizado en: November 20, 2021

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Las políticas y las leyes son componentes fundamentales de nuestra sociedad y del gobierno. Establecen prioridades públicas, ayudan a mantener el orden y la seguridad y desempeñan un papel importante en la conformación de la estructura política y social de las comunidades en todos los niveles, desde…

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Consideremos dos ejemplos para demostrar lo acabado de decir. Partamos, en primer lugar, de la consideración de las funciones del derecho. Podemos saber, por ejemplo, que en el orden jurídico mexicano la Constitución atribuye al Congreso de la Unión las atribuciones necesarias para crear leyes (artículos 49, 50 y 72) respecto de las materia previstas, fundamentalmente, en su artículo 73. Esta atribución significa que el Congreso de la Unión puede establecer un tipo particular de normas llamadas leyes, y atendiendo a lo dispuesto en otros preceptos constitucionales, que las mismas deben crearse por la intervención de las dos Cámaras del Congreso actuando de forma sucesiva; que éstas deben satisfacer un determinado quórum (de asistencia y de votación); que el proceso legislativo se compone de determinadas etapas, etc. Como puede verse, de las consideraciones que podrían deducirse de atender a la función legislativa como una actividad creadora de normas otorgada de modo "primordial" al Congreso de la Unión, es difícil saber qué características o grado de detalle debe tener la legislación, por ejemplo.

Si ante la inutilidad de este primer ejercicio buscamos responder a las interrogantes planteadas atendiendo a los contenidos de las normas (ámbito material de validez), en principio pareciera factible avanzar un poco más. Esto es, parece razonable suponer que si la norma superior (Constitución) tiene determinado contenido que debe ser desarrollado por la inferior (ley), la propia relación material habrá de determinar los alcances, evidentemente también materiales, de la segunda. La consideración del ámbito material aislado (o mediante su conexión con el personal y el proceso creador), no nos permite, sin embargo, resolver los problemas planteados. Esto es así en tanto que, nuevamente, lo que resultaría es la posibilidad de entender que el proceso de individualización legal debe agotar determinado tipo de contenidos constitucionales, y nada más. Si tomamos como ejemplo la materia de las "pesas y medidas" recientemente discutida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia, a lo más que podríamos aspirar es a resolver si el Congreso de la Unión violó algún precepto de la Constitución que pudiere producir su invalidez, y lo que aquí es más importante, si agotó o no la materia prevista en la Constitución. Por ello, y en caso de que sea así, la cuestión a determinar es si en la ley emitida el estándar de "agotamiento" se incumplió en exceso o en defecto. Desde la pura normatividad constitucional es imposible ir más allá. En todo caso, tendríamos que acudir a la tradición constitucional del orden jurídico de que se trate, misma que se compone de prácticas sociales, máximas de actuación, proyectos de vida en competencia, v.g. Lo importante entonces es admitir que si bien es cierto que el enfoque normativo es útil y necesario para hacer las primeras preguntas sobre la forma en que está estructurado el derecho y realiza sus funciones generales, no tiene la capacidad para resolver muchos de los problemas, que fuera del propio y estricto normativismo, son de la mayor importancia para la comprensión del derecho; es más, si se quiere, de comprensión de las propias condiciones de funcionamiento (contextualidad) del propio normativismo.

Como creemos haber demostrado, la dogmática jurídica no suele responder al tipo de preguntas apuntadas, mientras que la teoría del derecho no ha construido su objeto de estudio sobre ellas, de ahí que quepa formular dos cuestiones antes de continuar. Primera, si verdaderamente tiene sentido responder a preguntas como las planteadas; segunda, y en caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior, averiguar en dónde deben obtenerse las respuestas. Sobre la primera cuestión, nos parece que la respuesta debe ser afirmativa. Como ya se dijo, sólo así es posible construir el contexto en el cual pueda comprenderse y explicarse la legislación, y a partir de ahí, solucionar problemas que si bien parecen estar resueltos desde el normativismo de las teorías o de la dogmática, en realidad son previos a éstas. Abundando en lo que inicialmente se insinuó, una cosa es saber si tal o cual precepto fue o no "desarrollado" en otro de carácter inferior, y otra muy distinta es saber si, por ejemplo, el grado de desarrollo normativo es "correcto". Metersse en la dificultad de llevar a cabo la separación resulta innecesario, en tanto pareciera factible responder ambas preguntas desde las ideas de jerarquía e individualización; sin embargo, ¿cómo saber qué grado de desarrollo normativo -detalle o generalidades- debe comprender la ley si, a final de cuentas, de cualquier manera la norma Constitucional ya fue individualizada? Siguiendo con esto, ¿cómo puede saber el órgano de control constitucional que la ley emitida es excesiva en la regulación que hace de determinadas conductas si, por lo demás, cumple con los criterios de legalidad o materialidad previstos en la Constitución?

Desde un enfoque tradicional se dirá que como las preguntas que hicimos sobre la legislación deben responderse exclusivamente desde el punto de vista de la validez y la jerarquía normativa, por ser ello lo "específico" del derecho, las mismas son ajenas a éste y deben solucionarse desde la sociología jurídica o la ciencia política. Sin embargo, cabe preguntarse si ello basta para comprender el sentido dinámico y, sobre todo, positivo, del propio derecho; es decir, si una explicación del y desde el derecho, puede dejar de lado cuestiones como las planteadas. A nuestro juicio, ello no es posible, pues es precisamente a partir de las respuestas que se obtengan como puede conferirse pleno sentido a la idea de positividad del derecho, esto es, al supuesto fundamental de que las normas son "puestas" mediante actos concretos de conducta humana. Si al llevarse a cabo el acto productor de las normas están presentes una serie de conductas por parte de quienes las formulan, así como un conjunto de fenómenos institucionales que bien pueden agruparse bajo la noción de "tradición" (jurídica), ¿cómo pueden comprenderse cabalmente las normas jurídicas (sus funciones) si se dejan de lado los elementos que aglutinan el sentido de las conductas que constituyen el "orden jurídico"? ¿Qué no es acaso determinante para la creación, aplicación o interpretación legislativa conocer, por ejemplo, qué grado de regulación debe haber en las normas legales o cuál es la representación que del hombre existe en el derecho a efecto de llevar a cabo la regulación de sus conductas? Nuevamente, pareciera que la solución a estas cuestiones está implícita en las normas, si bien en realidad forman parte de los entendimientos que lleguen a tenerse sobre el derecho. Para entender el sentido del problema, supongamos la existencia de dos órdenes jurídicos, en uno de los cuales la ley es considerada la expresión de la verdad social, y en otro una forma de regular conductas a efecto de obtener determinadas consecuencias. Mientras que en el primer caso la violación de lo preceptuado por la ley deberá sancionarse de forma que el individuo sea readaptado y reinsertado en la sociedad, en el segundo deberá aplicársele una pena que lo castigue por incumplir aquello que le estaba prohibido o le era obligatorio.

III

Para continuar, supongamos que ni la teoría ni la dogmática habrán de cambiar en el mediano plazo. Ello mantiene el problema de dónde extraer las respuestas que buscamos. si lo que determina a la legislación, y por ende, la posibilidad de responder a preguntas como las planteadas es la propia realidad del derecho, lo pertinente es identificar y reconstruir sus prácticas. Es decir, si la incidencia de la legislación sobre las conductas depende de lo que realmente acontece, habrá que trabajar sobre lo acontecido para reconstruir las tradiciones o prácticas, y desde ahí, establecer el sentido que la legislación tenga en un determinado ordenamiento. Aun cuando esta solución es plausible, de inmediato se presenta un nuevo problema: ¿mediante qué tipo de conocimiento institucionalizado habrá de realizarse la tarea? El problema está en que, en principio, nos encontramos en una "tierra de nadie", debido a que desde los conocimientos tradicionales no se ve la necesidad de enfrentar esas cuestiones. ¿Estaríamos planteando entonces la necesidad de un nuevo tipo de conocimiento, o más propiamente, el que saberes tradicionales se ocupen de esta nueva "parcela" de la realidad? En realidad, nos parece, estamos frente a cuestiones que se han resuelto o, al menos, enfrentado, en los estudios relacionados con el derecho, que no sobre el derecho. Lo que mantiene oculta su existencia es que tales estudios son de tal carácter que se presentan sólo en momentos de excepcionalidad, sea esta de la reflexión, o ante todo y en el caso que nos ocupa, de la dinámica constitucional.

Para precisar la anterior afirmación, formulemos otra pregunta: ¿qué tipo de condiciones tienen que darse para requerir la distinción entre el proceso legislativo tal como se encuentra previsto en un determinado ordenamiento, frente a las condiciones generales de su funcionamiento y comprensión? Es preciso tener en claro que lo que aquí estamos averiguando es la razón por la cual requerimos la distinción en determinados momentos, lo cual, en modo alguno, puede significar que la misma no se encuentre permanentemente presente en la legislación. En otros términos, lo que aquí nos interesa destacar es que siempre existe un conjunto de categorías que determinan el sentido de la legislación como, por cierto, ocurre con cualquier fenómeno, pero que la necesidad de extraer esas categorías y reconstruirlas suele presentarse sólo en aquellas situaciones en las cuales se da cierto grado de crisis o excepcionalidad. Como su existencia es presupuesta, y salvo que se produzca el tipo de situaciones acabadas de mencionar, "...parece absurdo preguntarse por las pruebas de su existencia". La pregunta deja de serlo cuando se está frente a una situación en la que, por la razón que se quiera, se rompe o es preciso romper la relación de identidad entre el proceso legislativo y las condiciones de comprensión antes aludidas. situaciones de este tipo tienen su fundamento en dos posibilidades: la pérdida de legitimidad de las autoridades creadoras de las normas legales, lo cual produce que la necesidad de formular preguntas acerca del carácter y los alcances que están dando a las leyes, o la denuncia o en la reivindicación de un nuevo status para la legislación, como cuando lo que se quiere es que la ley regule más de lo que ordinariamente hace, o por el contrario, cuando se busca que penetre en menos espacios sociales o individuales. En ambos casos, las materias, los órganos y los procedimientos pueden seguir constantes, pero no así la caracterización ni el énfasis normativo. El rompimiento de la legitimidad o identidad (aspectos que por lo demás suelen ir juntos), suelen hacer necesaria la formulación de preguntas desde el plano explicativo: ¿qué hace que la legislación tenga tales o cuales características adicionales a sus constantes normativas? Estas cuestiones se construyen también desde la excepcionalidad, puesto que si se está frente a una "ciencia normal", aquella que explica situaciones ordinarias, difícilmente tiene cabida la "anormalidad". Sin embargo, es perfectamente posible entender la posibilidad de construcción de preguntas y respuestas desde esta posibilidad.

Sin embargo, y con independencia de sus condiciones de formulación, debemos preguntarnos si es posible extraer de una teoría de la Constitución el tipo de respuestas que buscamos. Es decir, si resulta posible explicitar los supuestos de la legislación a partir de los resultados de la teoría construida para una Constitución. La respuesta, obviamente, depende de los alcances que le atribuyamos a la expresión "teoría de la Constitución", así como a las funciones que ésta efectivamente cumpla. Para no caer en un círculo vicioso acerca de qué debiera contener una teoría, tratemos de averiguar qué es lo que, en el promedio, las mismas suelen "contener". Es cierto que en el ordenamiento mexicano no contamos actualmente con una reformulación dominante del texto Constitucional, ello debido a la falta de trabajo sobre el texto en vigor o a la consideración de que lo único relevante es cambiar ese texto a fin de que incorpore las normas vigentes en otros o a que de plano se expida otro que se asemeje a un modelo que sí "valga la pena" ser explicado. Sin embargo, si nos atenemos a lo que se ha sustentado respecto de otros ordenamientos constitucionales, podemos identificar dos soluciones. La primera de ellas es la norteamericana, en donde existe una muy amplia discusión acerca de cuál es la teoría constitucional que "realmente" se deriva o infiere del texto y la práctica constitucionales en Norteamérica. Aún cuando referida a otra situación, Robert Burt ha clasificado de las siguiente manera a las principales corrientes interpretativas estadounidenses: la "originalista", en la cual se sostiene la fidelidad estricta a la intención de los autores del texto constitucional; la "interpretacionista", en la cual se busca la adhesión a los valores fundamentales de la cultura estadounidense, tales como la verdad, la integridad o la virtud republicana, etc.; la "procesal", que estima que la función de la interpretación constitucional es mantener abiertos los cauces democráticos, y los Critical Legal Studies, cuyos sostenedores estiman que el derecho enmascara la pervivencia de una realidad social en la que se constituyen diversas formas de dominación. El caso español se presenta distinto, en tanto que existe una forma de comprensión generalizada de su texto constitucional a partir de la noción recogida en la primera parte del artículo 1.1 ("España se constituye en un Estado social y democrático de derecho."). Si bien es cierto que a nivel de la doctrina y de las diversas integraciones del Tribunal Constitucional existen diferencias en cuanto a la forma de entendimiento de esa fórmula, también lo es que, de modo prácticamente unánime, existe consenso en cuanto a que la misma expresa los elementos fundamentales de la Constitución en particular, y del ordenamiento español en general. Independientemente de que la formulación aludida no sea originariamente española y a que su posición sea hoy propia del constitucionalismo (al menos del europeo continental proveniente de los países de tradición no democrática), es posible entender que ella contiene buena parte de la teoría de la Constitución española.

Ahora bien, cabe preguntarnos si de las cuatro expresiones propias de la teoría estadounidense o de la expresión general española, es posible obtener las respuestas que buscamos. A nuestro juicio no, por dos razones. Primera, porque las teorías de la Constitución no suelen introducir como uno de sus componentes los elementos relativos a la legislación. Ello puede deberse a que se estima, como antes lo apuntamos, que las características legislativas están incluidas en las condiciones generales del modelo constitucional, i.e., que son parte de la normalidad del mismo, o a que no es necesario aludir a ellas por separado, en tanto que sus posibilidades derivan de las condiciones funcionales del ordenamiento o, más precisamente, de la Constitución. En el primer caso, no se estima necesaria la separación al considerarse que está supuesta una visión general de la legislación; por ejemplo, la relativa a los ámbitos de validez, jerarquía y procesos de control; en el segundo, al admitirse que las funciones normativas realizadas desde la Constitución "hacia" el orden jurídico expresan de por si sus características. En otros términos, si las categorías determinantes de la legislación están incorporadas en la dinámica constitucional, ¿para qué explicitarlas u ocuparse de ellas en momentos de normalidad? Evidentemente, esta última operación será necesaria en el momento en que la normalidad deje de serlo, pero entonces difícilmente será posible buscar y obtener soluciones a partir de las concepciones establecidas para explicar o hacer frente a situaciones ordinarias.

IV

Las respuestas que se buscan podrían encontrarse en otro plano explicativo, no ya en la teoría elaborada para dar cuenta de una Constitución, sino de la clase compuesta por ellas: el constitucionalismo. Esta última denominación se usa para aludir al conjunto de máximas de conducta, teorías o doctrinas políticas, principios de filosofía política, principios generales del derecho, precedentes jurisprudenciales, contenidos constitucionales ("partes" orgánica y dogmática), carácter jerárquico y formal (escrito) de los textos, ámbitos de validez, etc. que debieran, primero, estar incorporados en los textos constitucionales, y segundo, guiar la práctica constitucional cuando el texto correspondiente haya entrado en vigor. Se trata, en efecto, de una variedad de elementos muy amplia, compleja y sujeta a grandes tensiones, por la sencilla razón de que cada uno de ellos tiene orígenes, sentidos y funciones propios que pueden llevar a enfrentamientos con buena parte de los restantes. Estos elementos, adicionalmente, se encuentran inmersos en un proceso histórico, de forma tal que, simultáneamente, a la masa de elementos decantados a lo largo de grandes procesos (Independencia estadounidense o Revolución francesa, entre otros) o de prácticas que adquieren el carácter de paradigmas universales, se suman elementos nativos, todo lo cual exige complejos ejercicios de armonización.

La posibilidad de armonizar los elementos pasa, a su vez, por la construcción de narrativas muy complejas, en las que se pone énfasis en ciertos componentes y se dejan de lado otros, o se integra un todo a partir de la elección de ciertas partes. Estas narrativas dan lugar a diversas ex-presiones del constitucionalismo, las cuales contemplan variaciones importantes. En cuanto a la conformación del "producto", algunas presentan al constitucionalismo como el resultado de una dialéctica histórica (como serían los ejemplos del llamado Estado social y democrático de derecho, o del constitucionalismo revolucionario mexicano); en otros casos, se presentan como líneas de continuidad quebradas sólo por ciertos momentos específicos (como sería la explicación del constitucionalismo norteamericano en la visión de, por ejemplo, Bruce Ackerman). En cuanto a los elementos, existen casos como el norteamericano, en el cual se estima que los mismos forman parte de una tradición propia reflejada en las concepciones de los Founding Fathers, y desarrolladas ante todo por la Suprema Corte de Justicia, o existen concepciones como las europeas, en las que el tema se piensa como si fuera el resultado de una gran cantidad de inserciones históricas dadas en un largo discurrir dialéctico.

Lo que normalmente hace el constitucionalismo es establecer grandes construcciones (narrativas) de carácter teórico, tratando de solucionar los problemas y conflictos provenientes de la incorporación de aquello que es distinto, sea en su origen o en su dinámica. Por ser esa su necesidad, el constitucionalismo o teoría constitucional difícilmente pueden responder de modo acabado a las preguntas sobre la legislación. Es decir, si en último término hay que responder a cuestiones tales como el grado de regulación o los fines que con ella deben satisfacerse, el problema está en que de una mezcla heterogénea difícilmente puede obtenerse una solución unívoca, a menos, claro está, que al interior del propio constitucionalismo se hagan los "cortes" y los "ajustes" necesarios para que los elementos componentes no "resulten" heterogéneos. Por seguir el hilo de nuestra exposición, supóngase que llegamos a un punto en el cual es posible admitir la existencia de una constitucionalismo en el que los elementos integrantes resultan homogéneos. La primera cuestión que surge es que puede serlo al interior de su narrativa, pero no respecto del resto de las posiciones que puedan establecerse, a menos que se piense en un Estado autoritario. De no ser este el caso, que por lo demás no admitiría el sentido material genérico del propio constitucionalismo, habría una explicación de la legislación "en el modelo", pero difícilmente podría utilizarse para obtener respuestas como las buscadas. Nos parece que la propia pretensión discursiva, normadora y referencial del constitucionalismo, le impide establecer de un modo acabado los criterios necesarios para enfrentar determinados retos o problemas prácticos. Si tuviera esa capacidad para el detalle, terminaría perdiendo su referencialidad general y su capacidad para articular, con todos los problemas que se quieran, la búsqueda de un mejor estadio social. Las soluciones adecuadas o las respuestas precisas sólo podrían provenir de una situación positiva, a menos, claro está, que realmente se acepte la idea de un constitucionalismo convertido en " axionomía", donde a partir de primeros principios pudieran deducirse soluciones para cualquier tema o problema que llegara a presentarse. Como esta solución parece inverosímil en tiempos de pluralidad política, podemos concluir que desde el constitucionalismo es difícil encontrar respuestas a las preguntas que nos hemos planteado.

V

Dentro de los problemas que peor se avienen a los métodos empíricos o formales, están todos aquellos relacionados con los juicios de valor. A pesar de los intentos por construir ciencias para darles un status científico al conocimiento mediante la construcción de valores universalmente aceptados, "el relativismo, el subjetivismo, el romanticismo y el escepticismo, no cejan de entrometerse". La filosofía política participa de ese carácter y mantiene esas limitaciones, en tanto se enfrenta, por ejemplo, a cuestiones como "la naturaleza de la igualdad, de los derechos, de las leyes, de la autoridad, de las reglas". Cada uno de esos temas conlleva dar respuesta a preguntas sobre la justificación de la obediencia, de la autoridad, o del modo específico de actuación pública que se esté exigiendo. Las diferentes respuestas que lleguen a darse no dependen sin más de las soluciones a las mismas, sino de concepciones más profundas, pues como afirma Berlin, "las nociones de derecho, justicia o libertad, pongamos por caso, habrán de ser radicalmente distintas para los teístas y para los ateos, para los deterministas mecanicistas y para los cristianos, para los hegelianos y para los empiristas, para los irracionalistas románticos y para los marxistas, y así sucesivamente". Es decir, el mundo en el cual es posible (y necesaria) la filosofía política, es aquel en el que hay un choque de fines. En el momento en el que haya fines diversos y en pugna, será necesario dilucidar el conflicto y encontrar formas de enfrentarlo, o en el mejor de los casos, resolverlo. Los problemas a que da lugar el conflicto de valores no son puramente técnicos o formales, ni tampoco se resuelven mediante la determinación de las políticas adecuadas para lograr ciertos fines, sino que, en los términos apuntados, seguirán teniendo el carácter de filosóficas.

La existencia de diversos fines y, por ello, de conflictos que hacen necesaria a la filosofía, deriva de las diferentes creencias de los hombre en la esfera de la conducta. Estas creencias, a su vez, "son parte de la concepción que se forman de sí mismos y de los demás como seres humanos; y esta concepción, a su vez, consciente o no, es intrínseca a su imagen del mundo". Preguntas relativas a la libertad, la justicia, la igualdad o la justificación de la obediencia, serán respondidas desde varias concepciones y, por lo mismo, serán diametralmente distintas. A partir de estas ideas, Berlin entiende que el modo de comprender de los hombres, podemos decir, de sus conductas y sus creaciones, es "traer a la conciencia el modelo o modelos que dominan y penetran su pensamiento y sus acciones", hecho lo cual, deberá analizarlo, "y esto compromete al analista a aceptarlo, o a modificarlo, o a rechazarlo, y, en este último caso, a proporcionar en su lugar a un sustituto". Los intentos por reducir la totalidad de la política a una ciencia empírica fracasaron, por el hecho de que las concepciones que de ella tenemos "forman parte de nuestras nociones acerca de lo que es el ser humano". Ello significa que nuestra idea del hombre determina y fija las condiciones de uso de categorías mediante las cuales se ordena la realidad, y simultáneamente, no tienen el carácter de hipótesis científicas acerca de los datos a ordenar. Tales categorías pueden reconocerse por el hecho de que son elementos mucho menos variables que la gran variedad de las características empíricas de los fenómenos a estudiar, de ahí que Berlin afirme: "Las categorías políticas (y los valores) son parte de esa red prácticamente ineludible del vivir, el actuar y el pensar, que podrá cambiar sólo a consecuencia de cambios radicales en la realidad, o a través de la disociación de la realidad por parte de los individuos; es decir, de su enloquecimiento".

A partir de estas ideas, Berlin trata las tareas y los objetivos de los filósofos políticos. Para los fines de este trabajo, no nos detendremos a considerar su análisis sobre ese punto. Lo que realmente nos interesa ya está dicho: la política se construye, en última instancia, a partir de las ideas que se tengan del hombre y de la sociedad, y desde ellas, se determinan los fines, funciones, naturaleza, etc., de las instituciones, arreglos y visiones a través de los cuales habrá de pensarse o realizarse la política en concreto. El derecho (lato sensu) es desde siempre una de las manifestaciones más conspicuas de esas visiones del hombre que buscan articularse como política. Ello significa que si a partir de estas visiones se llevan a cabo arreglos complejos para cumplir determinadas funciones sociales, el derecho vendrá a ser una modalidad de realización, tal vez una de las más importantes. El derecho, entonces, no podrá ser concebido como un todo aparte o ajeno a la política, sino más bien como la vía para institucionalizarla. si, por vía de ejemplo, se admite que el hombre está sujeto a cualquiera de las formas de la voluntad divina ( Deo servire regnare est), el derecho no podrá sino recoger ese entendimiento y traducirlo en normas jurídicas y garantizarlas mediante el uso de la fuerza coactiva monopolizada en el Estado; si, por el contrario, el hombre es tenido como un fin en sí mismo y dotado de importantes grados de autonomía ( Sub lege, libertas), el derecho recogerá esa concepción y, del mismo modo que la anterior, terminará traducida en normas jurídicas.

VI

A) En lo que concierne a Weber, vamos a considerar las ideas expuestas en 1919 en su célebre conferencia "¿Qué es la política?". Después de discurrir sobre el significado de la política, sus usos en diversos momentos históricos y la posición central de la legitimidad, hacia el final de su exposición se pregunta por las relaciones entre la primera y la ética. Este es el marco en el que trata de comprender las condiciones finales del ejercicio político, y por lo mismo, la que mejor se aviene a nuestras necesidades. Al hablar de la ética, dice Weber, no se está ante un carruaje que pueda tomarse o dejarse cuando a uno le plazca, sino ante un sentido integral para quien al ejercer la política decide orientar por ella su actuar, sea ello mediante una "ética de la convicción" o una "ética de la responsabilidad". En el primer caso, por ejemplo, cabe decir que "el cristiano obra bien y deja el resultado en manos de Dios" ( Oportet obedire Deo magis quam hominibus), mientras que en el segundo han de tenerse en consideración las consecuencias previsibles de la acción que haya de llevarse a cabo ( Auctoritatem cum ratione omnino pugnare non potest). Por ello, afirma Weber,

cuando las consecuencias de una acción realizada conforme a una ética de la convicción son malas, quien la ejecutó no se siente responsable de ellas, sino que responsabiliza al mundo, a la estupidez de los hombres o a la voluntad de Dios que los hizo así. Quien actúa conforme a una ética de la responsabilidad, por el contrario, toma en cuenta todos los defectos del hombre medio... Quien actúa según una ética de la convicción, por el contrario, sólo se siente responsable de que no flamee la llama de la pura convicción, la llama, por ejemplo, de la protesta contra las injusticias del orden. Prenderla una y otra vez es la finalidad de sus acciones que, desde el punto de vista del posible éxito, son plenamente irracionales y sólo pueden y deben tener un valor ejemplar.

Este mismo entendimiento tiene consecuencias particulares respecto de la legislación, ello debido a que es sólo una de las funciones normativas propias de todo orden jurídico. Esto quiere decir, como se apuntó, que dependiendo del tipo de ética que determine, en su caso, el ejercicio de la política, así y sólo así podrá ser la legislación. Supongamos que se está frente a un sistema en el cual impera la ética de la responsabilidad, ello derivado, obviamente, de la aceptación que los dirigentes hubieren hecho de esa forma de conducción de la política. Frente a esta posibilidad, cabría señalar que la legislación será una función mediante la cual se trate, por una parte, de generar los valores propios de esa ética pero, adicionalmente, de llevarlos también a su producto, es decir, a la ley misma. Si lo propio de esa ética es pensar en términos consecuencialistas y ponderar los pros y contras de las decisiones, el beneficio común o los efectos que podrán tener, resultará entonces que, en relación con las preguntas que nos formulamos, tendríamos respuestas del tipo siguiente. En cuanto al aspecto cuantitativo, no mucha legislación, pues si lo que se están considerando son efectos o consecuencias y éstos comúnmente se asumirían como inciertos, puede entenderse que entre menor sea la legislación, menores serán las posibilidades de cerrar el camino a análisis posteriores. Esta solución, sin embargo, puede plantear otra posibilidad, pues si lo que se busca es mensurabilidad, una amplia legislación podría lograrla. La solución correcta nos parece que está en la segunda posición, sencillamente porque es ella la que en realidad se refiere al quantum, mientras que la primera alude más bien al grado de flexibilidad que debe existir en la legislación para garantizar su acomodo al cambio que esté viviéndose. En lo referente al grado de detalle, en buena medida valen consideraciones como las acabadas de hacer, pues entre más elementos de regulación de conductas compongan las normas, más difícil será tener la posibilidad de valorar y revalorar las consecuencias de las decisiones asumidas. Los objetivos que deben perseguirse mediante las leyes no podrán plantearse en términos absolutos ni definitivos, sencillamente porque el estado de la cuestión o del arte evoluciona constantemente y no pueden quedar petrificados de una vez por todas, al extremo de excluir otras posibilidades. La relación entre legislación y verdad no existe, ni puede existir, debido a que la ley no es expresión de ésta, sino tan sólo la forma más adecuada de resolver los conflictos sociales o políticos que vayan presentándose de acuerdo con las tareas que correspondan al tipo de ejercicio político de que se trate. Finalmente, la relación de la ley frente al cambio tiene que aceptarse plenamente, pues si aquélla está ahí para permitir el logro de ciertos fines tomando en cuenta ciertas consecuencias, el cambio de éstas habrá de propiciar también la modificación de la ley. En síntesis, si se está frente a un ejercicio de la política guiado por la ética de la responsabilidad, la legislación será considerada como un instrumento para la realización del modelo político, pero siempre tomando en cuenta las consecuencias, lo cual habrá de darle un sentido abierto.

B) Kelsen, en la parte final de su Teoría General del Estado, señala que la oposición entre democracia y autocracia ( i.e., el problema de la forma estatal) es determinante para la comprensión de la creación jurídica. Dependiendo de la forma estatal que se adopte podremos saber si las normas se crean o no con participación de quienes habrán de someterse a ellas. Esta distinción, dice Kelsen, es meramente formal, en tanto ninguno de esos dos métodos de creación implica un contenido necesario. Por ello, estima que la cuestión final sobre la democracia y la autocracia

gira en torno a si uno se cree facultado para considerar aquel contenido como justo, absoluta o relativamente. La cuestión decisiva es ésta: ¿hay o no un conocimiento de la verdad absoluta, una visión de los valores absolutos? Tal es la oposición fundamental de concepciones del mundo y de la vida, a la que se ordena la antítesis de autocracia y democracia: la creencia en una verdad y unos valores absolutos es el supuesto de una concepción metafísica y, sobre todo, místico-religiosa del mundo. Mas quien estima que el conocimiento no puede alcanzar verdades ni valores absolutos, no sólo ha de estimarse posible, cuando menos la propia opinión, sino la ajena y aun la opuesta. Por eso el relativismo es la concepción del mundo que presupone la idea democrática.

Las ideas acabadas de reseñar fueron desarrolladas por Kelsen pocos años después (1933) en su escrito "Forma de Estado y filosofía". No vamos a exponer aquí la totalidad de ellas, sino únicamente aquellas que permiten complementar las anteriores o contestar las preguntas que sobre la legislación hemos planteado. En primer lugar, conviene apuntar la formulación de la dualidad entre primado del conocimiento y primado de la voluntad. Ello quiere decir que la democracia se sustenta en la libre discusión de las ideas y en el otorgamiento de una posición privilegiada a las libertades que la hacen posible (pensamiento, prensa, conciencia, tolerancia e investigación científica); la autocracia, por el contrario, lo hace en el primado de la voluntad, en donde sólo puede pasar por verdadero lo que es bueno, lo cual únicamente puede definirse por la autoridad estatal, "de manera que quien osa resistir a esa a autoridad, no sólo delinque, sino que, además, incurre en error". En segundo lugar, Kelsen apunta que el carácter racionalista y cognitivo de la democracia se manifiesta en "su aspiración a organizar el orden estatal como un sistema de normas generales, preferentemente escritas, en las que los actos individuales de la administración y la jurisdicción se hallen determinados del modo más amplio posible, pudiendo considerarse como previsibles". La autocracia, contrariamente, desprecia esa racionalización y papel central de la legislación, pues lo importante es la manifestación de la voluntad del gobernante tal como la estime relacionada con el fin superior o verdad revelada a la cual sirva, lo cual se aviene mejor a la creación del derecho mediante actos individuales. Este tipo de actos permiten consignar mejor la voluntad de la autoridad, y con ello, el designio o visión que debe realizarse. En tercer lugar, estima que los idearios políticos se asientan, en última instancia, en sistemas filosóficos contrapuestos. Más específicamente, dice que derivan de la posición que se adopte frente a lo absoluto. "La cuestión decisiva es si se cree en un valor y, consiguientemente, en una verdad y una realidad absolutas, o si se piensa que al conocimiento humano no son accesibles más que valores, verdades y realidades absolutas". Así, a la concepción "metafísicoabsolutista" del mundo corresponde un ejercicio autocrático, mientras que a la concepción "científicorelativista" corresponde la forma democrática.

Aún cuando Kelsen, como antes Weber, no profundiza en las consecuencias de sus distinciones respecto de la legislación en particular, podemos extraer algunos de ellos por vía de ejemplo. Colocados en el primado "metafísicoabsolutista" y su consecuente forma autoritaria, las preguntas formuladas podrían responderse del modo siguiente. Primero, poca legislación, en tanto ello permitirá la posibilidad de crear numerosas normas jurídicas de carácter individual, e impedir con ello que el autócrata se encuentre limitado en sus facultades por los órganos legislativos, en caso de que los hubiera. Segundo, el grado de detalle de la legislación no puede ser grande, pues al igual que en el punto anterior, ello impediría el arbitrio o la manifestación caprichosa o excepcional de la autocracia. Resulta mejor gobernar por principios o nociones generales, desde las cuales resulte posible construir las soluciones ad hoc que el caso requiera. Tercero, los objetivos a perseguir deben derivar de las verdades reveladas o descubiertas por quienes detentan el poder, de forma tal que, y aún dentro de su papel secundario, en la legislación no pueda sino haber pocos y precisos objetivos, debiendo éstos quedar constantemente presentes en la totalidad del ordenamiento. Cuarto, las relaciones entre legislación y verdad se dan de un modo pleno, pues si todo el modelo político descansa en una verdad absoluta, la ley no puede sino ser su expresión y, como expresamente afirmaba Kelsen, su violación ha de verse como un error o pecado y no como un mero incumplimiento. Quienes infrinjan la ley no son vistos como infractores, sino como sujetos que por partir del error o del pecado, deben ser readaptados o redimidos, ello no sólo en bien de la sociedad, sino fundamentalmente, del suyo propio, pues ¿cómo es posible que se les permita mantener una posición equivocada? Quinto, la ley no puede guardar relación con el cambio, pues la verdad que sustenta al todo es atemporal; en todo caso, los ajustes que puedan tener las normas legales serán con el propósito de manifestar de "mejor" manera la verdad, pero no así para superarla o desconocerla, pues ello sería imposible. Sexto, el vínculo entre legislación y poder es total (en las condiciones apuntadas al inicio de este párrafo) pues la primera es la forma misma de expresar las concepciones y modalidades de la segunda. El poder, que está constituido y organizado para actualizar una verdad, se manifiesta en normas, entre ellas las legales, por lo cual éstas expresan de modo cabal al poder mismo ( Prior auctoritas imperantis, quam utilitas servientis). ¿Sería posible, por ejemplo, pensar en un régimen autocrático en el que la ley no fuera la manifestación perfecta de sus supuestos absolutos?

C) El tercero de los autores a analizar es Michael Oakeshott, fundamentalmente a partir de lo dicho en su La politica de la fe y la politica del escepticismo Considera que una de las constantes de la política es la ambigüedad de su lenguaje, el cual, dice, no es el producto de una degeneración o mal uso, sino del hecho de que mediante él tratan de comprenderse fenómenos que en su origen y evolución son contradictorios entre sí. Para comprender esta contradicción es necesario plantear sus extremos a efecto de saber dónde colocarnos. Hasta ahora, dice, los extremos se han fijado en el anarquismo y el colectivismo, esto es, el individuo como servidor del gobierno o el gobierno como agente del individuo. A su juicio, sin embargo, la distinción de los extremos no puede hacerse como si se tratara de magnitudes en el ejercicio del poder político o como la identificación de posiciones en una relación, sino que debe construirse a partir de la manera de llevar a cabo la actividad política y la forma de designar su realización. Por ello, dice que la importancia de la distinción entre "política de la fe" y "política del escepticismo" es que denota las oposiciones más profundas de la política moderna: "con estas dos expresiones creo designar a la vez los polos de una actividad y los polos de nuestra comprensión de nuestra actividad, los extremos que vuelven inteligible la ambivalencia de nuestra conducta en el gobierno y la ambigüedad de nuestro vocabulario en política".

La política de la fe y la del escepticismo son dos estilos de política que han estado constantemente presentes en la historia moderna y cuyos principios pueden ser establecidos por abstracción con independencia de la versión concreta que en cada momento acojan. Considerando en primer término el estilo de la fe, Oakeshott estima que este tipo de política significa que la actividad del gobierno está al servicio de la perfección humana. Como la perfección no está presente, pero es alcanzable mediante el esfuerzo humano, se asume que el gobierno debe ser el agente principal del mejoramiento que culminará en perfección. Esta suerte de "pelagianismo" presupone y asume las más altas cualidades en el poder humano de transformación, y entiende que el gobierno "es su principal inspirador y su único director". En consecuencia, "este estilo de política requiere una doble confianza: el convencimiento de que el poder necesario se encuentra disponible o puede generarse y la convicción de que, aunque no sepamos exactamente qué constituye la perfección, conocemos el camino que conduce a ella". De este modo, una primera consecuencia tiene que ver con los órganos de gobierno, en tanto éstos terminarán siendo medios para llegar a la verdad y no sólo vías para facilitar la toma de decisiones. Por ello, el gobierno debe ser minucioso y omnicomprensivo, pues sólo así puede integrar la totalidad de las actividades de los gobernados hacia la perfección buscada. La política del escepticismo, por su parte, es un estilo que entiende el ejercicio de gobierno como algo separado de la búsqueda de esa perfección y asume que su quehacer fundamental radica en "disminuir la gravedad de los conflictos humanos", lo cual sólo puede derivarse del hecho de que cada cual esté en la búsqueda de su propio y personal proyecto. Oakeshott identifica sus bases epistemológicas en la "desconfianza prudente", lo cual deriva de que sus afirmaciones sobre la actividad gubernamental no parten, como en el caso de la política de la fe, de la "naturaleza humana", sino en una más modesta interpretación de la conducta de los hombres.

A diferencia de Weber y Kelsen, Oakeshott extrae expresamente las consecuencias sobre el derecho de cada una de las concepciones identificadas, y en algunos momentos, específicamente sobre la legislación. Este ejercicio resulta de la mayor importancia, no sólo por poner de manifiesto la conexión entre los estilos de política y derecho, sino adicionalmente, por permitirnos conocer el modo en que el autor lleva sus repercusiones hasta el punto que nos interesa. Comenzando con el derecho que requiere el modelo político inspirado en la política de la fe, Oakeshott indica que el mismo no requiere ni puede consentir una alta formalidad, pues este estilo es "una aventura de dioses" que mal se avendría a reglas fijas; los derechos y las acciones para deshacer los agravios tampoco tendrían cabida, pues ello podría oponerse a la marcha de la búsqueda común; los precedentes judiciales, así mismo, no tendrían un gran significado, pues el presente sería más importante que el pasado, y el pasado aún más respecto del mismo presente, y los gobernados tendrían que ver al derecho no sólo como motivo de obediencia, sino también de sumisión, amor o salvación. Por su parte, el derecho que requiere el modelo político inspirado en la política del escepticismo, exige que la conducta del gobierno "siga leyes conocidas y establecidas, así como un sistema de derechos ligado y, en realidad, derivado históricamente de medios de reparación fáciles de manejar"; que la actividad gubernamental sea judicial; que las personas encuentren restricciones importantes para promover en cualquier tiempo su proyecto político "preferido"; que sea necesario un alto grado de formalidad, sencillamente porque el rompimiento del orden que se busca puede llegar más rápidamente; que se mantenga la división de poderes como un mecanismo para limitar la acción de los hombres, sencillamente porque los gobernantes son ante todo seres humanos y su naturaleza es falible, y adicionalmente, que "el escéptico encuentra en lo que se llama el 'imperio de la ley' ( rule of law) una manera de gobernar notablemente económica en su uso del poder, la cual, en consecuencia, se gana su aprobación".

De lo dicho por Oakeshott respecto a los estilos y a las consecuencias sobre el derecho, es posible tratar de responder las preguntas sobre la legislación. Si nos colocamos bajo la política de la fe, tenemos que en cuanto a la cantidad de la legislación, ésta podrá o no ser abundante, siempre que quede plenamente garantizada la posibilidad de regulación detallada de todas aquéllas conductas encaminadas a lograr el perfeccionamiento humano. Es decir, no se está tanto frente a un asunto de cantidad sino como de calidad de la regulación, lo cual no quiere decir que ello necesariamente deba implicar extensos complejos normativos. Adicionalmente, el asunto está en que no es posible suponer que el tipo de intromisión detallista pueda darse mediante leyes, sino ante todo a través de normas individualizadas mediante las cuales sea posible exponer los actos concretos de voluntad dirigidos al logro de la perfección. Los objetivos que deben perseguirse mediante la legislación están claros y deben ser aquéllos que vayan encaminados al logro de la perfección del hombre. Este tema, como Oakeshott lo señala, puede dar lugar a variaciones importantes en cuanto a las vías para lograrlo o en lo tocante al momento en que se logra. Sin embargo, y admitiendo las posibilidades restringidas de la legislación, ésta debe buscar y mantener permanentemente el fin o fines precisados y no desviarse de ellos en ningún momento. La relación con la verdad es aquí particularmente clara, pues la ley no es un medio para lograr la realización de conductas humanas, sino ante todo la vía para realizar un fin superior. En esa medida, la ley expresa el horizonte a alcanzar, la visión redentora a perseguir y la separación de ella debe tenerse, según se dijo, como pecado o error. De la relación entre la legislación y la ley con el cambio en esta primera posibilidad de Oakeshott, debe decirse lo que ya antes se señaló tratándose de Kelsen o Weber, sencillamente porque es inadmisible que una vez visualizada la perfección, las normas encaminadas a obtenerla puedan cambiar. En todo caso, la única posibilidad es la de adecuación, pero siempre para insistir en la misma finalidad u objetivo. De la relación entre poder y legislación, por último, puede decirse también lo que se dijo, pues ésta será la forma de expresar a aquél, no como un desdoblamiento, sino como la modalidad normativa que le señala la forma de realización del perfeccionamiento, así sea "actualizable" por la propia autoridad.

Si pasamos ahora a la modalidad de ejercicio político que se realiza desde el escepticismo, la legislación deberá limitarse a ser suficiente para mantener el orden general en el que sean realizables los diversos proyectos individuales sin que a partir de ahí se justifique una mayor cantidad de normas. Importa mucho señalar que la existencia de un mínimo normativo no significa debilidad en cuanto a su previsión ni su ejecución; por el contrario, dentro de los límites adecuados, las normas deben ejecutarse con toda fuerza, pues sólo así se garantiza la existencia del orden. En lo tocante al grado de detalle, no debe presentarse una indebida intromisión en las actividades humanas, pues ello sería inaceptable para la construcción de proyectos personales. Como la modalidad que se busca realizar es la de un Estado judicial, las normas deben tener sentido a efecto de ordenar, por una parte, las formas de actuación de los tribunales, pero, por otro, de otorgarles a éstos grados suficientes de discrecionalidad para resolver los conflictos sociales que vayan presentándose. Los objetivos que deben perseguirse no pueden venir determinados de una vez y para todos los individuos, pues ello sería contrario a la posibilidad de que cada uno los determine y realice como mejor pueda. La ley debe limitarse a prever condiciones de mantenimiento de un orden general ( rule of law) en el que cada cual pueda desarrollarse según su prudente arbitrio. La ley, por lo mismo, no puede pretender inmiscuirse en la determinación de la verdad, pues se está partiendo justamente de una posición escéptica respecto a las cualidades de los gobernantes para guiar a toda una sociedad hacia un fin común. La relación de la ley con el cambio está abierta debido a que es necesario que el orden jurídico se actualice en todo momento, resuelva conflictos y de cabida a diversos proyectos individuales. Sin embargo, y como en todo orden jurídico que desee conservarse, se hace necesario mantener una tradición y reelaborar el discurso jurídico a partir de ella. Finalmente, la relación entre poder y legislación se actualiza en el sentido de que la ley no es la expresión de una situación de dominación, sino el modo más económico de resolver conflictos y garantizar la existencia de una sociedad que desconfía o, al menos se mantiene escéptica, sobre las posibilidades de actuación de sus gobernantes.

VII

Hasta aquí hemos analizado lo que dimos en llamar las concepciones políticas de tres importantes autores, para enseguida considerar la forma en que de ellas es posible inferir las respuestas a las preguntas que habíamos planteado sobre la legislación. Es cierto que si citáramos a otros, llegaríamos a soluciones diversas, pero de cualquier modo comprobaríamos la afirmación en el sentido de que las explicaciones sobre la legislación pasan, a final de cuenta, por las concepciones que sustentan a las representaciones que del hombre y la sociedad tenga cada modelo político. No es el caso abundar más aquí sobre estos puntos, sino simplemente dejar en claro que si deseamos profundizar en los elementos finales del derecho, entre ellos la legislación, es preciso ir más allá de las explicaciones tradicionales, sean éstas de teoría del derecho o de dogmática jurídica.

Es importante destacar que al realizar estas actividades no estamos produciendo un ejercicio simplemente especulativo. Por el contrario, estamos explicitando los supuestos de la legislación, lo que puede ser de gran trascendencia para el cumplimiento de diversas funciones normativas. Las mismas, por cierto, no están a la vista en tanto que se asumen como parte de la normalidad del derecho. Por vía de ejemplo, piénsese en la importancia de responder a preguntas como las realizadas para efectos del control de constitucionalidad de las leyes. El mismo dejaría de ser una acción de contraste entre una norma superior y otra inferior, para pasar a ser parte de una mucha más extensa y compleja realización constitucional, en donde el tribunal constitucional correspondiente no sólo llevaría a cabo una acción estricta de control a partir de parámetros normativos, sino teniendo como referente la comprensión del modelo constitucional y político en su conjunto. La ley, en este caso, sería juzgada por una diversidad de estándares, además del normativo, todo lo cual contribuiría a una más compleja institucionalización del modelo político por el cual una sociedad haya decidido guiarse.

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Concepciones de la política y legislación

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Consideremos dos ejemplos para demostrar lo acabado de decir. Partamos, en primer lugar, de la consideración de las funciones del derecho. Podemos saber, por ejemplo, que en el orden jurídico mexicano la Constitución atribuye al Congreso de la Unión las atribuciones necesarias para crear leyes (artículos 49, 50 y 72) respecto de las materia previstas, fundamentalmente, en su artículo 73.

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Coerción inmediata, y también se aplica a la población. Ejemplo: Sanidad, educación y demás políticas sociales.

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La coerción es remota, se aplica a la población total. Ejemplo, la Constitución de un país.

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La coerción es inmediata y también es individual ya que se aplica a un sector concreto. Por ejemplo, la ley del aborto o la legislación sobre el tabaco.

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La coerción es remota y se aplica a la conducta individual. Por ejemplo, una subvención a una empresa.

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La política​ es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo, u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus.

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Las leyes deben ser publicadas para que sean de posible conocimiento por toda la población, sin la cual no se podría exigir su obligado cumplimiento.

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Las leyes son dictadas para que sean cumplidas por toda la población a la que hace referencia dicha ley en su regulación.

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Las leyes no recogen supuestos concretos, sino que hablan de un supuesto general donde se pueden entender dentro los demás casos concretos y sus particularidades.

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Las leyes tienen carácter vinculante. Es decir, tienen fuerza obligatoria para con los ciudadanos. Es obligatorio respetar y cumplir con la ley.

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Las leyes no son nominales, es decir, no van dirigidas a personas en concreto, sino que se dirigen a la sociedad en conjunto.

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La ley es la norma o regla que se aprueba a través de procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contiene regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de las personas.