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En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández acusó a Repsol de reducir las inversiones y la producción de YPF para así provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol -aseguró Fernández- habría derivado en un déficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberanía energética del país.

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga

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En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández acusó a Repsol de reducir las inversiones y la producción de YPF para así provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol -aseguró Fernández- habría derivado en un déficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberanía energética del país.

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga

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Recuperar empresas claves para el desarrollo

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Recuperar empresas claves para el desarrollo

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En la década de los noventa, Menem vinculó el peso con el dólar, consiguió hundir la inflación e hizo que los viajes y las compras en el extranjero fueran más baratos que nunca, pero a nadie le importó que para financiar todo esto se vendieran las empresas estatales y que la industria nacional se hundiera ante las importaciones a bajo costo.

Lo cierto es que YPF es el primer contribuyente al fisco argentino, el mayor productor de hidrocarburos del país y uno de los principales empleadores, por lo cual en 2012, Argentina hizo uso de sus facultades soberanas permitidas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y legislación interna, y llevo adelante la expropiación de la empresa

https://www.abc.es/economia/abci-empresa-estrategica-argentina-201204130000_noticia.html

https://www.dw.com/es/prensa-alemana-menem-un-presidente-que-garantiz%C3%B3-impunidad-a-los-poderosos-generales/a-56577859

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/espana-argentina-juicio-expropiacion-repsol.html

Alumno: Soria Naranjo, Agustín

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Ocho años después de la expropiación de YPF, Argentina se enfrenta a pérdidas multimillonarias

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Ocho años después de la expropiación de YPF, Argentina se enfrenta a pérdidas multimillonarias

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Pasaron ya ocho años desde que el gobierno argentino expropió YPF a Repsol, pero aquella nacionalización decidida por Cristina Kirchner sigue generando problemas: hoy se supo que la justicia de Nueva York se ratificó como competente en un juicio que podría hacerle perder entre 3.500 y 12.000 millones de dólares a la tercera economía latinoamericana.

Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Burford es un megadespacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después. Es exactamente el caso de YPF: dos firmas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, eran dueñas del 25% de las acciones de YPF en momentos en que esta estaba en manos de la española Repsol. En paralelo se está sustanciando un juicio en España para determinar si la compra de Petersen por parte de Burford fue legal.

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska.

Según analizó en Clarín Sebastián Maril, especialista en temas de energía, "Argentina e YPF sostienen que los mismos instrumentos según los cuales la petrolera vendió sus acciones en Nueva York en la década de los 90 cuando fue privatizada" habilitan a dirimir la cuestión en los tribunales del país sudamericano.

Eso pudo suceder a partir de 2016, recuerda Maril: "El gobierno de Mauricio Macri logró convencer a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente (...). Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales". La jueza dictaminó que,"aunque Argentina posee cortes independientes, el caso deberá permanecer en Nueva York y las partes deberán informarle el 19 de junio cómo piensan seguir".
"Argentina e YPF podrían enfrentar un daño económico que se ubica entre los 3.500 y los 12.100 millones de dólares", añadió Maril

La bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. Vaca muerta es la segunda reserva no convencional de gas del mundo y la cuarta de petróleo, pero sus costos de explotación son altos. Al caer el precio del crudo, la posibilidad de que el yacimiento se convierta en un buen negocio se aleja.

Alumno: PISCITELLI GIULIANO
Fuente: Ocho años después de la expropiación de YPF, Argentina se enfrenta a pérdidas multimillonarias | Economía (elmundo.es)

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En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández acusó a Repsol de reducir las inversiones y la producción de YPF para así provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol -aseguró Fernández- habría derivado en un déficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberanía energética del país.

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta.

La ley declaró de «utilidad pública y sujeto a expropiación» el 51% del patrimonio de YPF S.A. perteneciente a Repsol. Como Repsol controlaba el 57,4% de YPF, terminó con solo 6,4% de las acciones, lo cual le permitió mantener representación en el directorio de la empresa. Las acciones expropiadas serían distribuidas en un 51% para el Estado nacional y 49% repartidas equitativamente entre las 10 provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI). La ley prohibió la transferencia futura de las acciones expropiadas sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.

FUENTE: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000200002

Alumno: Iovanna Santiago

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accionariado de la argentina YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) por la española Repsol.

El 3 de mayo de 2012, el Congreso de Argentina -con mayoría oficialista- aprobaba una ley para expropiar el 51% de las acciones de la principal petrolera del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)
Al anunciar su intención de expropiar la empresa, en abril de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había acusado a Repsol de no invertir suficiente en la exploración y explotación de hidrocarburos, lo que –afirmó- llevó al país a perder su autoabastecimiento energético, algo que la compañía negó
En 2011 Argentina había tenido que importar unos US$9.000 millones en combustible, un aumento de 110% con respecto al año anterior. Para revertir esa tendencia, el gobierno decidió nacionalizar la empresa con la intención de que vuelva a ser la poderosa petrolera estatal que fue antes de ser privatizada en la década de los años 90.
Pero el anuncio de la expropiación generó mucha tensión con España, uno de los socios comerciales más importantes de Argentina. Y muchos advirtieron que la decisión ahuyentaría futuras inversiones extranjeras en Argentina.

Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Alumna: Coria Yanina Soledad
Fuentes: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/05/130502_argentina_ypf_balance_vs
https://www.elmundo.es/economia/2020/06/06/5edad12f21efa0a9208b461c.html

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Por aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner y la compañía atravesó uno de los peores momentos de su historia con un nivel de deuda que supera el valor de la compañía y con pérdidas históricas de 1.700 millones de euros, irónicamente casi la misma cifra que ha registrado de beneficios la española un lustro después.

La compañía que preside Antonio Brufau respondió presentando una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, y una amplia batalla judicial en todos los frentes posibles.

En noviembre de 2013, casi un año y medio después, el Gobierno de Kirchner se vio forzado a alcanzar un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma de un Convenio donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo par a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones.

Tras este periodo muchos de los protagonistas de aquella actuación se enfrentan hoy con distintas causas judiciales como la ex presidenta, Fernandez de Kirchner o el por entonces ministro Julio de Vido en un caso de lavado de dinero.

El que fuera el primer presidente de YPF tras la expropiación, Miguel Galuccio, ha firmado un acuerdo con Riverstone Holdings, una de las mayores firmas de capital privado de Estados Unidos, para crear una empresa energética en México

Riverstone ha participado ya en la financiación de proyectos petroleros en el país de la compañía Sierra Oil & Gas, que se hizo con dos de los catorce bloques adjudicados en la llamada Ronda 1. Para las siguientes fases la firma se unió también con Carso Oil & Gas y Carso Energy, propiedad de Carlos Slim, donde se espera que puedan triunfar en la Ronda 2.

El magnate mexicano llegó a comprar un 8,4 por ciento de YPF en su día a la familia Eskenazi, un extremo que Gallucio consideraba que iba a servir para reavivar la confianza internacional en la inversión en Argentina.

El ejecutivo petrolero además labró una buena relación personal con el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que posteriormente también protagonizó otro intento de asalto a Repsol y que ahora está siendo investigado por sus contratos con la brasileña Odebrecht.

El Gobierno de Mauricio Macri ha comenzado también a investigar parte de la gestión de YPF realizada en aquellos años entre lo que s incluye la creación de sociedades en paraísos fiscales, los términos de los acuerdos alcanzados con Chevron y Dow Chemical para explotar el megayacimiento de Vaca Muerta o la deuda.

El caso de Repsol en Argentina no fue el único que se produjo en 2012. La inversión española en Latinoamérica sufrió dos importantes varapalos más en Bolivia.

Solo dos semanas después de la expropiación de YPF, el presidente del país, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España (REE), que operaba en el país desde 1997. Aunque la indemnización inicial se cifró en 29 millones de euros, finalmente el grupo español recibió una compensación pactada de 52 millones de euros en noviembre de 2014, evitando así el inicio de un arbitraje internacional.

El segundo de los conflictos tuvo lugar en diciembre, cuando el presidente Morales expropió a Iberdrola cuatro filiales valoradas en cerca de 90 millones de euros: las distribuidoras de electricidad Electropaz -de la que poseía el 89,5% de las acciones- y Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo) -propietaria del 92,8% del capital-, la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.

En julio de 2014, la española presentó una notificación ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en contra de Bolivia para exigir una indemnización. Justo un año después, en noviembre de 2015, Iberdrola consiguió una compensación de 32 millones de euros. Con este acuerdo, Bolivia cerraba todas las demandas arbitrales que tenía por las nacionalizaciones realizadas en el sector eléctrico aunque mantiene abierta una disputa con Aena y Abertis.

Blanco, Jesamir

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/8295212/04/17/Se-cumplen-cinco-anos-de-la-expropiacion-de-YPF-a-Repsol.html

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En 1999 Repsol adquirió el 97,81% de YPF por más de 15.000 millones de euros y pasó a ser conocida como Repsol-YPF S.A. constituyendo una de las mayores petroleras privadas del mundo, con operaciones en más de treinta países y siendo la mayor compañía privada energética en Hispanoamérica. El 16 de abril de 2012, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó un proyecto de ley para que el Estado argentino expropiase parte de las acciones de Repsol en YPF, declarando el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación. La presidenta justificó la decisión porque consideraba que la empresa mantenía una insuficiente inversión en la exploración y explotación de hidrocarburos. El 3 de mayo de 2012, el Congreso de Argentina -con mayoría oficialista- aprobó una ley para expropiar el 51% de las acciones de la empresa. En junio de 2020, se supo que la justicia de Nueva York se ratificó como competente en un juicio que podría hacerle perder entre 3.500 y 12.000 millones de dólares a la tercera economía latinoamericana. Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presentó ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y planteó una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Julieta Florencia Moreno
Fecha: 26-05-2021

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El jueves pasado, la jueza Preska, que es la encargada de llevar a cabo el juicio en Nueva York por la estatización de YPF, dio tres meses más a la Argentina para presentar documentación que corresponde al proceso de "discovery", donde se investiga la estatización de la compañía, que hasta entonces tenía a la española Repsol como socia mayoritaria.

Radio Jai dialogó con el ingeniero Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi", quien explicó de qué se trata este juicio y, además, se refirió al Yacimiento petrolífero Vaca Muerta de la Patagonia argentina.

"YPF tiene una historia un poco complicada desde la decisión que se tomó en los años 90 de desmembrarla y venderla en unidades de negocios y luego en la bolsa de Nueva York", comenzó, y siguió: "En 1999, el gobierno del presidente Menem, decidió venderla totalmente a Repsol, y en el 2000, el presidente Kirchner, introdujo una medida regulatoria a cargo de la familia Eskenazi, quienes se hicieron cargo del 25 por ciento de las acciones de lo que era entonces Repsol YPF".
"En el año 2012, la empresa se renacionaliza con la ley de renacionalización de Cristina Kirchner. Se expropia el 51 por ciento de las acciones que tenía Repsol, y el resto queda en diversos accionistas en Nueva York". "Dentro de ese 51 por ciento que se expropian, estaban las acciones de la familia Eskenazi".
En ese momento, la familia dueña de ese 25 por ciento de las acciones, compra una empresa para manejar esas acciones y al momento de la nacionalización la vuelve a vender a un fondo de inversiones, que, según el ingeniero, "es el que ahora está litigando en la Corte de Nueva York por una suma multimillonaria contra la empresa alegando que no se respetaron sus derechos como accionistas".

La pregunta es si es necesario o justo este juicio o simplemente tiene objetivos financieros. "Es un juicio completamente injusto, una maniobra de vaciamiento de la empresa, pero amparado en las normas legales". "Hay un juego financiero, de especulación y oportunismo, que no tiene nada que ver con la operatoria de la empresa, que está condicionando las intenciones que tenga la empresa de accionar libremente para conseguir financiamiento para sus inversiones". "No quisiera especular si pierde YPF porque sería muy traumático para la empresa y para el país", lamentó Rabinovich.

Respecto al Yacimiento petrolífero Vaca Muerta, ubicado en la cuenca neuquina​ en las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza señaló: " Es un proyecto muy difícil, se lo presentó como la salvación de la economía argentina y hasta ahora no ha variado esas expectativas ". "Además de tener altos costos de producción, requiere flujos de inversión muy importantes, y en un mercado internacional, como el del año pasado, con precios altamente deprimidos esa producción no es competitiva". "El año pasado ha requerido subsidios y ahora nuevamente en el caso del gas se están instrumentando subsidios que encarecen el precio del gas que tenemos que pagar todos nosotros".

En la actualidad, son muchos los países que se han comprometido a disminuir la contaminación que generan para proteger al medio ambiente, y la Argentina no es ninguna excepción. "El país ha firmado los Acuerdos de París y ha presentado sus compromisos de reducción de emisiones, lo que implica producir y consumir energía de forma más eficiente y por lo tanto consumir menos hidrocarburos", confirmó Rabinovich, y concluyó: "Incluso el presidente ha manifestado el objetivo de que la Argentina sea carbono neutral en el 2050, eso significa que no emita carbono a la atmósfera".

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Juicio por YPF en EEUU: "Es completamente injusto, pero amparado por las normas legales"

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El jueves pasado, la jueza Preska, que es la encargada de llevar a cabo el juicio en Nueva York por la estatización de YPF, dio tres meses más a la Argentina para presentar documentación que corresponde al proceso de "discovery", donde se investiga la estatización de la compañía, que hasta entonces tenía a la española Repsol como socia mayoritaria.

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Argentina irrumpe en el concurso español de la expropiación a Repsol tras tratar de derribarlo.

Una de las grandes batallas empresariales del momento se dirime en el Juzgado de Madrid. Se trata de los concursos de acreedores de dos sociedades del Grupo Petersen, Petersen Energía (PESA) y Petersen Energía Inversora (PEISA), que tenía el 25% del accionariado de Repsol-YPF hasta el momento de ser expropiada por la Republica de Argentina.
YPF ha presentado hace unos días un escrito en el que solicita personarse en el concurso tras comprar un pequeño crédito de la Bolsa de Argentina, que era uno de los acreedores, alegando así que tiene un interés legítimo. Con este movimiento, YPF podrá tener acceso a la información del proceso para 'intervenir' en la medida que le sea posible. En su momento fue expulsado tras no acreditar interés legítimo en el mismo (ni era acreedor ni deudor), pero con la compra del crédito su situación cambia radicalmente. Ahora, es el administrador concursal el que deberá decidir si acepta o no su personación tras constatar que la compraventa sea lícita.

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/argentina-expropiacion-repsol-ypf.html

Agustina Fernandez

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El juicio por la expropiación de YPF seguirá su curso en Estados Unidos, lo decidió la jueza Loretta Preska, que entiende en cuestiones y reclamos vinculados con Wall Street. El Estado y la petrolera, tanto en el gobierno de Mauricio Macri como con la actual administración, pretendían que la causa pase a tramitarse en la Argentina

Preska dijo ahora que no, que ella seguirá la causa: habrá juicio en Nueva York. Con todo, la jueza habló en su escrito a favor de la competencia de la justicia argentina, pero cree que ella es la indicada para decidir quién tiene razón en esta causa.
Alumno: Varela Pablo Agustin
Derecho Internacional 2021
Comercializacion

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En 2012 Argentina indemnizo con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF. Burford es un megadespacho de abogados.

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska

El gobierno de Mauricio Macri logró convencer a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente. Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales. La jueza dictaminó que el caso deberá permanecer en Nueva York.

Argentina e YPF podrían enfrentar un daño económico que se ubica entre los 3.500 y los 12.100 millones de dólares.

Alumna: Sofía Belén Muchini

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En mayo de 2012 el congreso aprobo la ley 26741 de soberania hidrocarburifera.En los  articulos del 7 al 12 de dicha ley se deja estipulado de que manera va a lleavarse acabo la expropiación de YPF – Repsol. Como se abansa ante el derecho de la propiedad privada de la empresa, esta deve ser indemnizada segun la ley 21499
(B) El art. 10 de la ley de expropiaciones dice que la indemnización “sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación” (por ejemplo, en el caso, la prima de control que tenía Repsol). Excluye el lucro cesante.
ypf se abono en 2014
La Argentina pago a Repsol entonces un paquete fijo por un valor nominal de 6.150 millones de dólares compuesto por: Bonar X por un monto de USD 800 millones,
Discount 33 por USD 1.250 millones, Boden 2015 por USD 400 millones, Bonar 2024 por USD 3.550 millones y una Letra del Tesoro por USD 150 millones,
Y el paquete complementario de 1.000 millones de dólares compuesto por: Boden 2015 (US$ 400 millones), Bonar X (US$ 300 millones) Bonar 2024 (US$ 300 millones).

ALUMNO: JULIAN MONTOYA

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Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa. La compañía que preside Antonio Brufau respondió presentando una demanda contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo que depende del Banco Mundial, y una amplia batalla judicial en todos los frentes posibles.

En noviembre de 2013, casi un año y medio después, el Gobierno de Kirchner se vio forzado a alcanzar un principio de acuerdo sobre la indemnización que recibiría la española que, finalmente, se materializó en febrero de 2014 mediante la firma de un Convenio donde se estableció una compensación de 5.000 millones de dólares (4.646 millones de euros) en deuda y efectivo par a la petrolera española, quien se comprometió a retirar todos los litigios y a renunciar a futuras reclamaciones.

Pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF. Burford es un mega despacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después.

En el caso de YPF: Petersen Energía y Petersen Energía Inversora eran dueñas del 25% de las acciones de YPF en momentos en que esta estaba en manos de la española Repsol. En paralelo se está sustanciando un juicio en España para determinar si la compra de Petersen por parte de Burford fue legal.

El argumento de Argentina de que la demanda de Burford debía sustanciarse en los tribunales argentinos, bajo el argumento de que YPF fue expropiada mediante una ley local no convenció a la jueza Loretta Preska.

El gobierno de Mauricio Macri convence a la jueza de que el país había cambiado y que Argentina ahora ofrecía una corte independiente (...). Sin embargo, durante el período de alegatos e intercambio de escritos hubo un cambio de presidente en Argentina y los demandantes insisten que el país una vez más no ofrece garantías judiciales.

La jueza dictaminó que, "aunque Argentina posee cortes independientes, el caso deberá permanecer en Nueva York".

-Galeano Bravo, Milagros Paula G.

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YPF: la Corte Suprema de EE. UU. falló en contra del pedido argentino

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El caso de Repsol-YPF  demostró lo costoso que es nacionalizar o expropiar bienes o recursos, transgrediendo obligaciones internacionales derivadas de acuerdos y tratados suscritos en el pasado y que continúan vigentes.

El carácter discriminatorio de la expropiación -y el momento en que se hizo, solo meses después del descubrimiento de nuevas reservas en Vaca Muerta- le trajo a Argentina una durísima reacción internacional.

La avalancha de críticas y represalias, y la renuencia de otros inversionistas a firmar contratos con YPF -tanto debido a la amenaza de demanda de Repsol, como a la percepción de un clima de inseguridad jurídica- le hizo muy difícil a Argentina atraer nuevos inversionistas para el sector de los hidrocarburos.

Santiago Gomez

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En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol.

La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país.

Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado.

Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos.

Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.

Alumno: Gonzalo Heredia

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C5N - POLITICA: YPF, LA EXPROPIACION | INFORME

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Caso: Expropiacón YPF REPSOL - Actualidad

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Caso: Expropiacón YPF REPSOL - Actualidad

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Pasaron ya ocho años desde que el gobierno argentino expropió YPF a Repsol, pero aquella nacionalización decidida por Cristina Kirchner sigue generando problemas ya que a principios de este mes la justicia de Nueva York se ratificó como competente en un juicio que podría hacerle perder entre 3.500 y 12.000 millones de dólares a la tercera economía latinoamericana.

Argentina indemnizó en 2012 con 5.000 millones de dólares a Repsol-YPF por quedarse con el 51% de las acciones de la empresa, pero en abril de 2015 se presenta ante la justicia estadounidense la firma Burford Capital Limited, y plantea una demanda contra el Estado argentino alegando que no cumplió con los compromisos adquiridos con los tenedores de acciones de YPF.

Burford es un megadespacho de abogados especializado en adquirir juicios por poco dinero con la expectativa de ganar mucho más dinero años después.

La bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.

Alumna: Daisi Nuñez

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En mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó la Ley N° 26.741 de Soberanía Hidrocarburífera, la cual permitió expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la transnacional española Repsol. Al fundamentar la medida, el gobierno de la entonces Presidenta Cristina Fernández acusó a Repsol de reducir las inversiones y la producción de YPF para así provocar un alza artificial de precios y aumentar sus utilidades. Este comportamiento de Repsol -aseguró Fernández- habría derivado en un déficit comercial en el sector y hecho peligrar la soberanía energética del país.

Con esta ley, YPF pasaría a ser controlada por el Estado, pero continuaría siendo una sociedad anónima abierta. De inmediato, la petrolera salió en busca de nuevos inversionistas privados para las actividades de exploración y explotación de los recursos, y -en particular- de las enormes reservas de hidrocarburos no convencionales descubiertas por Repsol el año anterior en el yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Sin embargo, las duras represalias internacionales que le acarreó a Argentina lo que fue considerado un despojo ilegítimo de acciones, de carácter discriminatorio, obstaculizaron la llegada de nueva inversión extranjera. La imperiosa necesidad de contar con capitales frescos y la tecnología requeridos para explotar Vaca Muerta, llevó al gobierno argentino a recurrir a un remedio tal vez peor que la enfermedad: más de un año después de la expropiación, el gobierno promulgó un nuevo régimen de inversiones en el sector de los hidrocarburos, dando marcha atrás a nuevos controles a la inversión extranjera y, con ello, posibilitando sellar un contrato con la transnacional estadounidense Chevron, en condiciones extremadamente favorables para esa empresa.

Por ello, en mayo de 2014 la Cámara Federal de Buenos Aires resolvió que la Presidenta Fernández fuera investigada por la firma del Decreto N° 929, que estableció el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, ahora coloquialmente conocida como «Ley Chevron».

FUENTE: https://www.youtube.com/watch?v=yFl3pijbtt4

Alumno: Santiago Quiroga

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En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos.
Alumno: Agustín Fernández

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Alumna Agustina Sosa

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Expropiación de YPF – Repsol

En 2012, el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), de propiedad de la empresa española Repsol. La medida, según el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández, buscaba retomar el control estatal de la petrolera para asegurar el autoabastecimiento energético del país. Meses antes, Repsol había descubierto enormes reservas de hidrocarburos no convencionales en el yacimiento Vaca Muerta, que ahora serían explotados por el Estado. Sin embargo, la reacción de la comunidad internacional y de potenciales nuevos inversionistas ante el carácter discriminatorio de la medida, obstaculizaron la llegada de capitales frescos. Ante la falta de recursos y tecnologías propias para explotar Vaca Muerta, el gobierno argentino revirtió nuevos controles sobre la inversión extranjera, pagó compensaciones pendientes establecidas en laudos anteriores, acordó una indemnización con Repsol por fuera de su propia legislación y ofreció generosas concesiones a la petrolera estadounidense Chevron para que esta invirtiera en los nuevos yacimientos. Actualmente la bajada extrema del precio del petróleo también está afectando a YPF, que perdió una parte muy importante de su valor, en parte debido a la pérdida de expectativas por lo que pueda generarse en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina. Vaca muerta es la segunda reserva no convencional de gas del mundo y la cuarta de petróleo, pero sus costos de explotación son altos. Al caer el precio del crudo, la posibilidad de que el yacimiento se convierta en un buen negocio se aleja.

Alumno: Gabriel Bottoni

Fuentes: https://www.elmundo.es/economia/2020/06/06/5edad12f21efa0a9208b461c.html

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692016000200002