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Entendiendo el uso legítimo de la fuerza

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Entendiendo el uso legítimo de la fuerza

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Explicar los principios básicos para garantizar que las acciones realizadas sean legítimas según las leyes colombianas.

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Analizar cómo identificar situaciones en las que el uso de la fuerza es estrictamente necesario.

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Comprender cómo aplicar niveles de fuerza diferenciados y proporcionados en diversas situaciones policiales.

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Valorar cómo el respeto a los derechos humanos es crucial en la evaluación del uso de la fuerza.

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¿Cómo puede la Policía Nacional de Colombia garantizar un uso de la fuerza legítimo y respetuoso a los derechos humanos?

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Revisar el marco legal en Colombia que regula el uso de la fuerza policial.

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(Octubre 03) Por el cual se adiciona el Título 14 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1070 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, por medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de las facultades que le otorga el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 17 de la Ley 1801 de 2016, y CONSIDERANDO
Que el artículo 1 de la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, fundado en el respeto por la dignidad humana y en la prevalencia del interés general.

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que los fines esenciales del Estado son: "servir a la comunidad, promover la prosper i dad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo", Además, prevé que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que el artículo 22A de la Constitución Política establece que el monopolio y el uso legítimo de las armas corresponde exclusivamente al Estado colombiano a través de la Fuerza Pública, y que en virtud de la garantía de no repetición, "se prohíbe la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento, financiación o empleo oficial y/o privado de grupos civiles armados organizados con fines ilegales de cualquier tipo, incluyendo los denominados autodefensas, paramilitares, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas, grupos de seguridad con fines ilegales u otras denominaciones equivalentes".

Que el artículo 29 de la Constitución Política establece que "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas." (...) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable".

Que el artículo 93 de la Carta Política consagra que "los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los Derechos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Colombia".

Que el artículo 95 de la Constitución Política establece que toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes, siendo deberes de estas, respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, obrar conforme con el principio de solidaridad social, defender y difundir los derechos humanos, como fundamento de la convivencia pacífica, propender al logro y mantenimiento de la paz.

Que el artículo 189, numeral 3, de la Constitución Política dispone que es facultad del Presidente de la República "dirigir la fuerza pública y disponer de ella como Comandante Supremo de las Fuerzas de la República".

Que el artículo 189, numeral 11, de la Constitución Política dispone que es facultad del Presidente de la República "Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes".

Que el artículo 218 de la Constitución establece que la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Que el artículo 223 de la Constitución establece que "Solo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos. Nadie podrá poseerlos ni portarlos sin permiso de la autoridad competente. Este permiso no podrá extenderse a los casos de concurrencia a reuniones políticas, a elecciones, o a sesiones de corporaciones públicas o asambleas, ya sea para actuar en ellas o para presenciarlas. Los miembros de los organismos nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados, de carácter permanente, creados o autorizados por la ley, podrán portar armas bajo el control del Gobierno, de conformidad con los principios y procedimientos que aquella señale".

Que el uso diferenciado, razonable necesario y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe respetar los estándares previstos en la normativa internacional, convencional y no convencional, que conforman un corpus iuris supranacional, entre otros, por: el (i) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCIP); (ii) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDSEC); (iii) la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT); (iv) la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); (v) la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); (vi) el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (CC) Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, de las Organización de las Naciones Unidas; (vii) los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (PBEF), Octavo Congreso de las Naciones Unidas, 1990; (viii) la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948, y (ix) la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, París, enero de 1993.

Que de acuerdo con los estándares convencionales y a las obligaciones internacionales, el Estado, a través de la fuerza pública, está en la obligación de utilizar en primera medida medios no violentos previo a recurrir al empleo de la fuerza y sólo cuando sea absolutamente necesario, dando observancia y aplicación a los estándares convencionales. Solo se puede utilizar la fuerza necesaria, proporcional y racional cuando sea imprescindible para un fin legítimo de aplicación de la ley. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no pueden usar más fuerza de la que razonablemente sea necesaria según las circunstancias para dispersar una reunión, prevenir el delito o efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o ayudar a efectuarla.

Que, al mismo tiempo, existen estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que son relevantes para el objeto de esta reglamentación, contenidos en las Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden, así como en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relacionada con el uso legítimo de la fuerza, que se encuentra sistematizada en el Cuadernillo No. 25: Orden público y uso de la fuerza.

Que, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a través del Comité de Derechos Humanos, el 17 de septiembre de 2020, se estableció la observación general número 37 (2020), relativa al derecho de reunión pacífica (artículo 21) en el literal iii. Obligación de los Estados Partes con respecto al derecho de reunión pacífica, en el numeral 25 establece: "Los Estados deben velar por que las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a discriminación en el disfrute del derecho de reunión pacífica, por ejemplo, por motivos de raza, color, origen étnico, edad, sexo, idioma, patrimonio, religión o creencias, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento, minoría, condición indígena o de otra índole, discapacidad, orientación sexual o identidad de género u otra condición. Hay que poner especial empeño en garantizar la facilitación y la protección equitativa y efectiva del derecho de reunión pacífica de las personas que pertenezcan a grupos que experimentan o han experimentado discriminación o que puedan tener especiales dificultades para participar en las reuniones. Además, los Estados tienen el deber de proteger a los participantes de todas las formas de malos tratos y ataques discriminatorios"

Que en el numeral 77 ibidem, establece: "Las fuerzas del orden pertinentes deberían elaborar también planes de contingencia genéricos y protocolos de capacitación, en particular vigilar las reuniones que no se hayan notificado con antelación a las autoridades y que puedan afectar al orden público. Debe haber estructuras de mando claras en apoyo de la rendición de cuentas, así como protocolos para registrar y documentar los acontecimientos, asegurar la identificación de los agentes y notificar cualquier uso de la fuerza".

Que en el numeral 91 ibidem, indica: "Los agentes del orden deberían registrar todo uso de la fuerza y dejar constancia de él rápidamente en un informe transparente. Cuando se produzcan lesiones o daños, el informe debería contener información suficiente para establecer si el uso de la fuerza fue necesario y proporcionado, exponiendo los detalles del incidente, incluidos los motivos del uso de la fuerza, su eficacia y sus consecuencias".

Que, a su turno, el numeral 94 determina: "El uso de dispositivos de grabación por los agentes del orden durante las reuniones, incluidas las cámaras adosadas al cuerpo, puede ser positivo para asegurar la rendición de cuentas, si se hace con sensatez. Sin embargo, las autoridades deberían tener unas directrices claras a disposición del público para que su uso sea compatible con las normas internacionales sobre la intimidad y no tenga un efecto disuasorio de la participación en las reuniones. Los participantes, los periodistas y los observadores también tienen derecho a grabar a los agentes del orden".

Que el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, establece que "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión".

Que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) el 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, determina que: "1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. 2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplio posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones, de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo (...)".

Que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 23 de octubre de 2020, expediente 52.266, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, ha indicado que la actividad policial se encamina a la ejecución material del poder y la función de policía, de ahí que sus actuaciones deban ser preventivas, lícitas, razonables y proporcionadas, con el fin de la conservación del orden público.

Que el uso diferenciado, razonable, necesario y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe respetar los estándares previstos en la normatividad nacional.

Que el artículo 17 de la Ley 1801 del 29 de julio de 2016 prevé "En el ámbito nacional corresponde al Presidente de la República reglamentar las leyes sobre materias de Policía".

Que el artículo 20 de la Ley 1801 de 2016 establece que la actividad de Policía es "el ejercicio de materialización de los medios y medidas correctivas, de acuerdo con las atribuciones constitucionales, l egales y reglamentarias conferidas a los uniformados de la Policía Nacional, para concretar y hacer cumplir las decisiones dictadas en ejercicio del poder y la función de Policía, a las cuales está subordinada. La actividad de Policía es una labor estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren".

Que el artículo 22 ibidem prevé la titularidad en el uso de la fuerza policial, en el sentido de que "la utilización de la fuerza legítima corresponde de manera exclusiva, en el marco de este Código, a los miembros uniformados de la Policía Nacional, de conformidad con el marco jurídico vigente, salvo en aquellos casos en los que de manera excepcional se requiera la asistencia militar".

Que el artículo 166 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana dispone que el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional debe estar subordinado a los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad, toda vez que se trata del "medio material, necesario, proporcional y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas incluida la de ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, de conformidad con la ley". Esta norma dispone, además, que "el uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos: 1. Para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de Policía y en otras normas; 2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este Código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia; 3. Para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave; 4. Para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios, en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública; 5. Para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales, cuando se presente oposición o resistencia, se apele a la amenaza, o a medios violentos".

Que el artículo 8 de la Ley 62 de 1993 consagra que el "personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de acuerdo con la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales".

Que, dentro del Estado social de derecho de la República de Colombia, la Policía Nacional está facultada constitucional y legalmente para requerir preventivamente a los ciudadanos y promover el cumplimiento de los deberes sociales, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un rango de fuerza diferenciado, necesario, proporcional y razonable.

Que de acuerdo con las "Orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en el mantenimiento del orden" de junio de 2020, se ha considerado necesario incorporar al presente Decreto la expresión Armas Menos Letales (AML). Categoría que en el escenario internacional ha tenido gran aceptación dentro de los cuerpos de policía y otras organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales han proferido documentos desarrollando el concepto, coincidiendo en referirse a las AML como los medios técnicos y tecnológicos que se utilizan al hacer uso diferenciado y proporcionado de la fuerza, antes del uso de las armas fuego, incluso, evitan la denominación de "armas no letales", en tanto que, casi todo uso armas contra las personas puede, en determinadas circunstancias , dar lugar a la pérdida de vidas o lesiones graves.

Que el artículo 28 de la Ley 2197 de 2022 sobre fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales por personas naturales y jurídicas, en el que su ámbito de aplicación excluye a la Fuerza Pública, contiene unas denominaciones precisas sobre "armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales" las cuales sirvieron de referencia para las definiciones establecidas en el presente Decreto.

Que resulta fundamental realizar una revisión y ajustes normativos para que las disposiciones institucionales estén continuamente alineadas con el ordenamiento jurídico interno, de tal manera que en la doctrina y procedimientos policiales se integre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, así como los estándares internacionales para el uso de la fuerza.

Que la Policía Nacional, ante la ocurrencia de comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad ciudadana, o ante infracciones a la ley penal, tiene el deber jurídico de intervenir en la medida que se requiera en el marco constitucional, legal, y bajo la observancia de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC7641 del 22 de septiembre de 2020, al pronunciarse sobre las características, restricciones y prohibiciones concretas de las entidades que se ocupan de realizar "actividad de policía", señaló que la jurisprudencia ha reiterado:
"Desde sus primeras sentencias la Corte ha señalado que los límites de la actividad de policía consisten en: (1) respetar el principio de legalidad; (2) asegurar el orden público sin interferir con el ámbito privado de los ciudadanos; (3) tomar las medidas necesarias y eficaces para cumplir con su tarea y utilizar la fuerza únicamente cuando sea indispensable, de acuerdo con el artículo 3 del "Código de conducta para funcionarios encargados de aplicar la ley", aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas por resolución 169/34 del 17 de diciembre de 197940(SIC); (4) adoptar medidas proporcionales y razonables en relación con las circunstancias y el fin perseguido; (5) el poder de policía es inversamente proporcional con el valor constitucional de las libertades afectadas; (6) debe ejercerse para preservar el orden público en beneficio de las libertades y derechos ciudadanos y no puede traducirse en una limitación absoluta de los mismos; (7) no puede /levar a discriminaciones injustificadas de ciertos sectores de la sociedad; (8) la policía debe obrar contra el perturbador del orden público, pero no contra quien ejercite legalmente sus derechos."
Que la CIDH, en su Informe Anual de 2015, le recomendó a los Estados que hacen parte de la Organización de Estados Americanos -O EA- adoptar medidas para regular el uso de la fuerza letal y menos letal acorde con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y demás instrumentos relevantes. Asimismo, en 2021 , la CIDH en su Informe de visita a Colombia, relacionado con los hechos de protestas, realizó diez recomendaciones sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de las manifestaciones sociales.

Que, en el Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, en la recomendación 40.4. señaló la necesidad de "la revisión de la doctrina, que juega un rol fundamental en la conducción estratégica y operacional de las Fuerzas Militares y de la Policía. Por ello es necesario que esta se adapte a los cambios de contexto y a una nueva visión de seguridad". Así como en la recomendación 40.5 indicó: "Adoptar los ajustes normativos y de política necesarios para garantizar el uso adecuado de la fuerza por parte de las Fuerzas Militares y la Policía".
DECRETA
Que, entre agosto de 2023 y enero de 2024, el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional, por intermedio de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvieron en Bogotá, cinco sesiones de trabajo con varias organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Mesa por la Reforma Policial, para garantizar que la facultad extraordinaria del uso de la fuerza respete los preceptos nacionales e internacionales relativos a los Derechos Humanos.
"TÍTULO 14 REGLAMENTACIÓN DEL USO DIFERENCIADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA POR PARTE POLICÍA NACIONAL CAPÍTULO 1 GENERALIDADES
Que la Policía Nacional, como garante del cumplimiento de las normas y del respeto por los Derechos Humanos, debe coadyuvar para que el uso de la fuerza, así como el empleo de cualquier tipo de arma en los diferentes actos del servicio, se lleve a cabo de manera correcta y conforme con la ley.

Que se hace necesario expedir una reglamentación respecto del uso de la fuerza, el empleo de armas letales y el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte de la Policía Nacional.

Que, en mérito de lo expuesto,

ARTÍCULO 1. Adición. Adiciónese el Título 14 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1070 de 2015 " Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa", en los siguientes términos:

ARTÍCULO 2.5.14.1.1. FINALIDAD. Reglamentar las disposiciones que orientan el uso diferenciado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional, en la actividad de policía.

ARTÍCULO 2.5.14.1.2. ALCANCE. Aplica a todo el personal uniformado de la Policía Nacional, como titular del uso diferenciado y proporcional de la fuerza en la protección de los derechos y deberes humanos, la seguridad y la convivencia ciudadana.

ARTICULO 2.5.14.1.3. DEFINICIONES. Para efectos del presente Decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

No estigmatización y no discriminación. Es el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de todas las personas sin discriminación alguna, actuando con imparcialidad sin importar su filiación política, identidad sexual y de género, raza, nacionalidad o vinculación étnica; así como el deber de no realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, o descalifiquen a las personas.

Uso de la fuerza. Es el medio material, necesario, proporcional, diferenciado y racional, empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional, como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la ellos mismos, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública, conformidad con la ley.

Responsabilidad. Es la obligación de responder por parte del Estado, la Policía Nacional y los funcionarios públicos que prestan el servicio de policía por las acciones, omisiones o extralimitaciones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, conforme la Constitución, las leyes y los estándares internacionales de derechos humanos. En el contexto del uso de la fuerza, el Estado, a través de sus instituciones es responsable de asegurar que sus agentes usen la fuerza de manera proporcional y diferenciada. La Policía Nacional debe implementar políticas y mecanismos de control para prevenir y sancionar el uso indebido de la fuerza, y sus funcionarios, en caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento alguna persona. En conclusión, el mandato superior no lo exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta.

Armas de fuego. Aquellas que emplean como agente impulsor del proyectil la fuerza creada por expansión de los gases producidos por la combustión de una sustancia química. Las armas pierden su carácter cuando sean total y permanentemente inservibles y no sean portadas.

Armas, elementos y dispositivos menos letales (AML). Son elementos de carácter técnico o tecnológico, que por su capacidad y características están concebidos para controlar una situación específica, sobre una persona o grupo de personas, generando incomodidad física y el vencimiento de la resistencia del ciudadano infractor, según las variables las conductas en el presente decreto.

Accesorios de armas, elementos y dispositivos menos letales. Hace referencia a los utensilios, herramientas o elementos auxiliares que son para optimizar el desempeño de un arma menos letal, los cuales dependen del conjunto principal.

Partes de armas, elementos y dispositivos menos letales. Son piezas que integran un conjunto de mecanismo que cumplen una función o acción general para el funcionamiento de un arma menos letal.

Municiones para armas, elementos y dispositivos menos letales. Corresponde a la unidad de carga diseñada para ser empleada en las armas, elementos y dispositivos menos letales, necesaria para su funcionamiento, las cuales generan en una persona incomodidad física y el vencimiento de la resistencia del ciudadano infractor según las variables de las conductas descritas en el presente decreto.

Táctica policial. Es la estrategia planteada para lograr un objetivo legal, teniendo en cuenta el vigor y rigor dentro de los procedimientos, estándares o normatividades previamente establecidas para desarrollar una intervención policial.

Técnica policial. Es la habilidad o destreza adquirida por un funcionario de policía mediante entrenamiento, la cual es ejecutada proporcionalmente dentro de una táctica para lograr un objetivo legal. Dentro de estas se encuentran las herramientas de comunicación asertiva y todos aquellos medios físicos, técnicos y tecnológicos que permiten hacer uso proporcional y diferenciado de la fuerza y, otras integradas en el Sistema Táctico Básico Policial o método que haga sus veces.

Técnicas y tácticas comunicativas. Herramientas de comunicación asertiva que le permiten al Policía contacto efectivo con la ciudadanía, utilizando amabilidad, cortesía, sensibilidad, empatía, comprensión, tolerancia, dinamismo, persuasión, autocontrol, creatividad, capacidad para escuchar, esquivas verbales, frases tácticas, compresión del conflicto, comunicación no verbal, expresión facial, paralingüística, gestualidad, proxémica, postura, voz lenguaje y demás entrenadas en Sistema Táctico Básico Policial o método que haga sus veces.

Fuerza potencialmente letal: Referido al uso de armas de fuego con munición letal en: i) defensa propia o en defensa de otros en eventos de amenaza inminente de muerte o de lesiones graves; ii) para evitar un delito particularmente grave que entrañe un serio peligro para la vida; iii) para detener o impedir la fuga de la persona que permite suponer razonablemente ese peligro y se opone a los esfuerzos por eliminarlo. En todos los casos, solo cuando las demás medidas resulten insuficientes.

Medios sustitutivos. Hace referencia a actitud preventiva, a todo aquello que permita disuadir de manera verbal y no verbal a la persona, a la comunicación asertiva, mediación policial, diálogo, persuasión, orden de policía y demás técnicas que permiten desviar y redirigir comportamientos de la persona, con el fin de no usar la fuerza y lograr el objetivo legal de manera profesional en la atención a los diferentes motivos de policía.

Motivos de policía. Son todos aquellos hechos, circunstancias o conductas que son contrarias a la convivencia o prohibidos sobre los cuales se pueden aplicar los medios de policía y medidas correctivas, conferidas a los uniformados de la Policía Nacional para preservar la convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren.

Personal uniformado de la Policía Nacional. Son todos los miembros activos de la Policía Nacional que integran las categorías de oficiales, nivel ejecutivo, suboficiales, agentes y patrulleros de policía, quienes están al servicio de la ciudadanía y tienen la obligación de intervenir frente a los diferentes motivos de policía de acuerdo con la Constitución Política, el presente decreto y demás disposiciones legales, ostentando la titularidad en el uso de la fuerza policial. Se excluye al personal civil que trabaja en la Policía Nacional. En el marco del uso de la fuerza se considera que los auxiliares de policía podrán desplegar la misma bajo el entendido que cumplen funciones transitorias en el ejercicio de la actividad de policía.

Circunstancias descriptivas para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza. Son las condiciones de tiempo, modo y lugar que deberán observar las autoridades de policía, siempre que sea necesario emplear la fuerza al efectuar una intervención:
CAPÍTULO 2 DEL USO DE LA FUERZA
a). Tiempo. Se deberá determinar el momento específico en el que sea estrictamente necesario, oportuno, preciso y adecuado para su utilización, con la finalidad de alcanzar el objetivo legal en el menor tiempo posible y con la menor afectación a los bienes jurídicos protegidos, evitando en la medida de lo posible afectar a terceros o personas que son cooperantes o no ofrecen un nivel de resistencia.

b). Modo. De acuerdo con las variables de la conducta, se determinarán las maniobras y tácticas que conlleven al empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales por parte del personal uniformado de la Policía Nacional, contrarrestando las acciones violentas o ilícitas tipificadas en la ley por parte de los infractores.

Dentro de la toma de decisiones, el personal uniformado de la Policía Nacional debe tener claro el objetivo legal que se busca alcanzar y las consecuencias del uso de la fuerza en cuanto a la posible afectación de derechos humanos y fundamentales.

c.). Lugar. Quienes determinen usar las armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales, deberán analizar las características físicas del lugar (naturales, artificiales, clima, condiciones atmosféricas, de luz, geográficas, cantidad de personas a intervenir, entre otras), sopesando los posibles resultados que se puedan presentar de acuerdo con el lugar, zona o jurisdicción a intervenir.

ARTÍCULO 2.5.14.2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL USO FUERZA. El uso diferenciado y proporcional de la fuerza en la Policía Nacional estará enmarcado en los siguientes principios básicos:

Necesidad: El personal uniformado de la Policía Nacional utilizará, en la medida de lo posible, medios preventivos y disuasivos antes de recurrir al uso de la fuerza o a las armas de fuego. El uso de la fuerza y de armas de fuego solo se permitirá cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera la consecución del objetivo previsto. Este principio orienta la toma de decisiones sobre si es necesario emplear la fuerza y, en caso afirmativo, cuánta fuerza debe utilizarse y durante cuánto tiempo. A continuación, se detallan los criterios específicos:

a) Cualitativo: establece si, para alcanzar el objetivo legal, es necesario recurrir a la fuerza o si existen medios o alternativas viables que permitan evitar su uso.

b) Cuantitativo: determina la cantidad fuerza necesaria para cumplir el objetivo legal, debiendo utilizarse siempre el mínimo que pueda resultar ser eficaz.

c) Temporal: indica que el uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe cesar tan pronto se haya alcanzado el objetivo o cuando ya no sea posible lograrlo.

Constitucionalidad y legalidad. El uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe estar siempre enmarcado en un objetivo legal, cumpliendo en todo momento con lo establecido en la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes. En este mismo sentido, los uniformados deben usar elementos de dotación oficial previamente reglamentados. Los procedimientos que adopten los uniformados deben ceñirse a todas las disposiciones legales y a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Proporcionalidad. El nivel de fuerza utilizado, los medios y los métodos empleados deben ser acordes con las variables de conducta, lo cual implica una valoración entre la situación a la que se enfrenta el uniformado y su respuesta, considerando el daño potencial que podría ser ocasionado. Así, los uniformados deben aplicar un criterio de uso diferenciado de la fuerza, determinado según el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte de la persona a la cual se pretende intervenir y, con ello, emplear tácticas de controlo o uso de fuerza, según corresponda.

El personal uniformado de la Policía Nacional al hacer uso de armas, municiones, elementos, dispositivos de uso menos letal y de armas potencialmente letales, debe hacerlo de manera moderada, adecuada, necesaria, racional y actuar en proporción a la gravedad de la amenaza y al objetivo legal que se pretende lograr, escogiendo entre los medios eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y sus bienes. En ningún caso está permitido usar medidas extremas para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas.

Diferenciado. El personal uniformado de la Policía deberá identificar los niveles de resistencia que puede ejercer un ciudadano de tal forma que se focalice la intervención policial y el uso proporcional de la fuerza en aquellas personas que generen comportamientos contrarios a la convivencia, quienes incurran en infracciones a la ley penal o quienes pongan en inminente peligro la vida y la integridad de las personas, funcionarios de policía o de terceros, siempre absteniéndose de hacer un uso indiscriminado de la fuerza. Asimismo, la aplicación de la fuerza debe ser gradual y dinámica, pudiendo escalar o desescalar, siendo los medios y métodos policivos acordes a las circunstancias.

De conformidad con el artículo 98 de la Ley 2179 de 2021, el personal uniformado de la Policía Nacional deberá certificarse en los cursos mandatarios establecidos por la institución, buscando fortalecer las competencias policiales para la profesionalización, de acuerdo con las necesidades de la actividad de policía. Los cursos mandatarios son aquellos referidos al respeto y protección de los derechos humanos, uso legítimo, necesario, proporcional y diferenciado de la fuerza, procedimientos policiales, atención al ciudadano, y los demás que establezca el Director General de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 2.5.14.2.2. CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LA FUERZA. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá emplear la fuerza en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y conforme con las siguientes consideraciones:

a) Se respetarán los derechos fundamentales de todas las personas, entre ellos el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, al debido proceso, y a no ser sometida a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, entre otros.

b) Para los efectos de la intervención, como primera medida, la Policía Nacional debe recurrir a medios sustitutivos.

c) Se utilizará la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario.

d) Se utilizará la fuerza sólo para los fines lícitos de aplicación de la ley.

e) No se admitirán excepciones ni excusas para el uso ilegítimo de la fuerza.

f) El uso diferenciado y proporcional de la fuerza deberá estar siempre encaminado a la protección de los bienes jurídicamente tutelados por la Constitución y la ley.

g) La fuerza se utilizará siempre con moderación.

h) Se reducirán al mínimo los daños y las lesiones.

i) Se dispondrá de una serie de medios que permita un uso diferenciado y proporcional de la fuerza.

j) Todos los policías recibirán entrenamiento en los medios sustitutivos y en la aplicación de los medios para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.

k) Utilizar la fuerza teniendo en cuenta los principios consagrados en este Decreto.

ARTÍCULO 2.5.14.2.3. OBLIGACIONES. Para los efectos del uso proporcional y diferenciado de la fuerza, el Estado debe acatar, garantizar y aplicar los estándares nacionales y supranacionales sobre derechos humanos en tres niveles, así:

a) En el primer nivel se considera al Estado y a sus autoridades de policía como las responsables de garantizar y hacer cumplir dichos estándares;

b) En el segundo nivel se considera a la Policía Nacional como la institución responsable de implementar lineamientos, procedimientos y capacitaciones para asegurar el uso proporcional y diferenciado de la fuerza cumpliendo con los estándares nacionales y supranacionales sobre derechos humanos;

c) En el tercer nivel se considera que el personal uniformado de la Policía Nacional es responsable exclusivo de ejecutar directamente el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.

ARTICULO 2.5.14.2.4. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El uso diferenciado y proporcional de la fuerza es una facultad exclusiva del Estado, que tiene la obligación de garantizar las condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y de igual manera, el deber de impedir que sus servidores atenten contra tales estándares.

ARTÍCULO 2.5.14.2.5. OBLIGACIONES INSTITUCIONALES. De acuerdo con el alto grado de responsabilidad que conlleva el uso diferenciado y proporcional de la fuerza en la institución policial, los mandos o superiores jerárquicos tienen la obligación de supervisar y controlar el cumplimiento de los protocolos, órdenes y demás normas constitucionales, legales y reglamentarias. Por tanto, deberán adecuar la actividad de policía a los siguientes criterios:

a) No podrán tolerar ningún acto de corrupción antes, durante o después de la actividad de Policía, especialmente en lo concerniente con el uso diferenciado y proporcional de la fuerza.

b) Cuando las circunstancias lo posibiliten, antes de realizar un operativo o actividad de policía se debe contar con una adecuada planeación, la cual debe contener las medidas preventivas, concomitantes y posteriores que sean necesarias para evitar el uso de la fuerza de manera desproporcionada, teniendo en cuenta la naturaleza excepcional de la misma.

c) Para los servicios de policía cotidianos prestados por la institución se deberá contar con una planeación de contingencia en caso de situaciones extraordinarias o extremas, con el fin de priorizar mecanismos alternativos al uso proporcional y diferenciado de la fuerza cuando sea posible, de acuerdo con el territorio y las condiciones de tiempo, modo y lugar.

d) Se debe propiciar y ejecutar una fluida comunicación en la coordinación y despliegue del servicio, que permita la toma de decisiones en la ejecución de procedimientos o situaciones de crisis, supervisando en todo momento que se cumplan con las disposiciones antes, durante y después, con base en los principios enunciados en el presente Decreto.

e) Se deben generar mecanismos para registrar, informar y explicar a las autoridades competentes las situaciones y condiciones de tiempo, modo y lugar en las que se hizo uso de la fuerza; con el propósito de fomentar el compromiso, la responsabilidad y la transparencia de la institución y los profesionales de Policía.

El personal uniformado de la Policía Nacional al aplicar el medio de policía uso de la fuerza, deberá dejar soportada su actuación mediante un informe conforme al parágrafo 4 del artículo 166 de la Ley 1801 de 2016.

ARTÍCULO 2.5.14.2.6. OBLIGACIONES INDIVIDUALES. La adecuada ejecución de las siguientes acciones es fundamental para la actividad de policía:

Obligaciones del superior en jerarquía en el procedimiento de policía.

a) Verificar que el personal uniformado de policía lleve el equipamiento necesario para el tipo de operación policial que se vaya a realizar de acuerdo con la naturaleza del servicio que se preste, en el marco de la reglamentación institucional vigente.

b) Supervisar que el personal uniformado de policía, antes de salir al servicio cuente con las instrucciones necesarias para generar una respuesta razonable ante el uso de la fuerza, teniendo presente lo que para ello presupone la vida e integridad física de las personas.

c) Verificar el desempeño del personal uniformado en términos de eficacia, frente al servicio que se presta a la comunidad, en especial lo concerniente al uso de la fuerza, generando acciones de mejora continua para evitar afectaciones a los derechos humanos de las personas.

El superior jerárquico en la institución cuenta con la responsabilidad de planear el servicio, verificar su correcta ejecución y evaluarlo una vez culmine, estableciendo acciones de mejora continua que optimicen el desempeño técnico y táctico de los funcionarios de policía a la hora de emplear la fuerza y los mecanismos sustitutivos a ésta.

d) Realizar acciones de supervisión para evitar la materialización de los riesgos asociados al incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente decreto.

e) Según el conducto regular de la Policía Nacional, informar a las autoridades competentes cuando existan motivos de probables faltas disciplinarias o incumplimiento de los deberes legales ocasionadas por sus subordinados durante el uso de la fuerza.

Obligaciones individuales del uniformado de policía.

a) Todo motivo de policía en el que se haga uso diferenciado y proporcional de la fuerza se comunicará a sus superiores.
MODELO PARA EL USO DIFERENCIADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA
b) Los funcionarios no están obligados a obedecer una orden ilícita.

c) No podrá alegarse el acatamiento de órdenes superiores para eludir responsabilidades en caso de abuso de estas normas.

d) En concordancia con lo establecido en el parágrafo del artículo 2.5.2.5. del presente Decreto, en el reporte del uso de la fuerza deberá indicarse la naturaleza de la actividad de policía que haya sido prestado, así como las condiciones de tiempo, modo y lugar que justificaron dicho empleo.

ARTÍCULO 2.5.14.2.7. MODELO PARA EL USO DIFERENCIADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA. Las autoridades de policía, al intervenir un motivo de policía en el cumplimiento de su actividad, harán una valoración táctica de la zona, de los problemas y de los riesgos, así como de las variables de conducta, que van desde la resistencia pasiva hasta la agresión letal. El siguiente modelo situacional contempla la percepción del riesgo versus la seguridad (equipamiento, objetivo legal y comunicación) la cual permite brindar una respuesta razonable, utilizando métodos que varían de acuerdo con las circunstancias de tiempo modo y lugar, los cuales pueden escalar o desescalar:

PARÁGRAFO. Conforme con el modelo establecido en el presente decreto, la Policía Nacional desarrollará las disposiciones que permitan su implementación, de acuerdo con los preceptos del presente Decreto.

ARTÍCULO 2.5.14.2.8. VARIABLES DE LAS CONDUCTAS. Las conductas y comportamientos asumidos por las personas que determinan la actuación policial se clasifican de la siguiente forma:

Cooperante. Conductas de una persona o un grupo de personas que se pueden percibir en determinado momento como colaborador(es) o reticente(s) al acatamiento de las indicaciones de la Policía, sin resistencia física durante la intervención.

Resistencia. Según el modelo para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, la percepción del riesgo es leve. Puede manifestarse bajo la siguiente modalidad :

2.1. Resistencia pasiva: Es la persona o grupo de personas que no colaboran al no acatar las órdenes o sugerencias de policía, pero no reaccionan con violencia y no agreden físicamente.

2.2. Resistencia activa: Es la persona o grupo de personas que se oponen de manera física a las órdenes o sugerencias emitidas por el uniformado, pudiendo llegar a un desafío de la autoridad que puede escalar, pero no se convierte en una agresión física

Agresión. Son las conductas efectuadas por las personas que podrían aplicar la fuerza o la violencia física en contra del personal policial, terceras personas o contra sí mismas, en el marco de un motivo de policía. Estas agresiones pueden escalar la percepción del riesgo, partiendo desde probables lesiones moderadas (no letales) a graves que, podrían llegar a ser letales. La agresión puede manifestarse bajo las siguientes modalidades:

3.1. Agresión no letal o moderada: Se trata de la aplicación de fuerza moderada o violencia física, pudiendo utilizar objetos que propicien lesiones leves o atenten contra la integridad física, pero que no ponen en riesgo o peligro la vida.

3.2 Agresión grave o letal: Se trata de la aplicación de un alto nivel de fuerza física o violenta sobre el cuerpo de una persona, pudiendo utilizar objetos con suficiente intensidad como para provocar lesiones corporales graves o permanente, es decir, que afecten el derecho a la salud y la integridad personal, o pongan en riesgo la vida.
CAPÍTULO 3 DERECHOS Y DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS DE POLICÍA FRENTE Al USO DIFERENCIADO Y PROPORCIONAL DE LA FUERZA.
ARTÍCULO 2.5.14.2.9. SEGURIDAD. Al hacer uso de la fuerza de manera proporcional y diferenciada, el personal uniformado debe demostrar autoridad apoyado en equipamiento y comunicación. Para ello, deben estar formados, entrenados y equipados con medios técnicos, tecnológicos y de protección personal.

ARTÍCULO 2.5.14.2.10. PERCEPCIÓN DEL RIESGO. Las autoridades de policía, una vez analizada la conducta del presunto infractor de la ley o de las personas objeto de la intervención de policía, deberán realizar una valoración de la percepción de seguridad que el entorno o las personas ofrecen para con su vida e integridad física, o de terceras personas, al igual que el riesgo que cada circunstancia presupone, con el fin de asumir una posición o actitud táctica acorde con la situación, teniendo en cuenta el equipo o medios de apoyo disponibles para disminuir afectaciones o riesgos durante la intervención policial. Esto en razón a la existencia latente de riesgo, es decir, amenazas permanentes no visibles en el procedimiento que es motivo de policía.

ARTÍCULO 2.5.14.2.11. RESPUESTA RAZONABLE. En caso de ser absolutamente necesario ofrecer una respuesta razonable, esta deberá ser considerada según las variables de conducta y desde los principios básicos para el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, priorizando medios sustitutivos como la comunicación, disuasión, persuasión y mediación policial, antes de recurrir a la fuerza.

ARTÍCULO 2.5.14.2.12. SISTEMA DE INTERVENCIÓN POLICIAL. Los uniformados de la Policía Nacional intentarán obtener el control suficiente de la situación, asegurándose, si las circunstancias lo permiten, de tener el tiempo y la capacidad para adoptar las medidas adecuadas. Los métodos deben adaptarse a las condiciones de la situación a través de una perspectiva táctica integrada, que conlleva la aplicación de la legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación, acompañada de la preparación comunicativa y demás habilidades adquiridas en el entrenamiento del Sistema de Intervención Policial.

ARTÍCULO 2.5.14.3.1. DERECHOS. En el ejercicio de las facultades relacionadas con el uso legal, diferenciado y proporcional de la fuerza, el personal uniformado de la Policía Nacional tiene los siguientes derechos:

A la protección de sus derechos fundamentales, entre otros, el de su vida, integridad personal y dignidad.

Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza en todos los niveles educativos conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.

A la asignación de armamento, vestuario, equipo de protección, elementos y accesorios que garanticen el uso adecuado de la fuerza y el cumplimiento de su deber.

Recibir tratamiento y asistencia médica, por cuenta de la Policía Nacional, cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber.

Recibir orientación psicológica por cuenta de la Policía Nacional para sobrellevar las tensiones generadas por el uso diferenciado y proporcional de la fuerza o de hechos traumáticos asociados.

Recibir asesoramiento y defensa legal, cuando se haya usado la fuerza en el contexto del presente reglamento o en el ejercicio regular de sus funciones.

Los uniformados de la Policía Nacional tienen derecho a que en las grabaciones efectuadas por los particulares en medio de las intervenciones de Policía no se lesionen sus derechos humanos y fundamentales, ni los de terceros en condiciones de vulnerabilidad o desprotección, cuya identidad deba mantenerse privada, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes. Esta disposición, sin embargo, no podrá servir de fundamento para desconocer las faltas graves contempladas el numeral 1 del artículo 46 de la Ley 2196 de 2022.

Desatender aquellos mandatos o demás disposiciones de sus superiores que excedan el límite de la competencia o que ostensible y evidentemente, entrañan la ejecución de una conducta antijurídica. En todo caso, el uniformado deberá motivar y sustentar el incumplimiento de la orden.

ARTÍCULO 2.5.14.3.2. DEBERES. En el ejercicio a las facultades relacionadas con el uso legal, necesario y proporcional de la fuerza, el personal uniformado de la Policía Nacional tiene los siguientes deberes:

El uso diferenciado y proporcional de la fuerza como facultad excepcional otorgada a la Policía Nacional, solo se podrá invocar para proteger los Derechos Humanos y generar un control suficiente que contribuya al mantenimiento de las condiciones necesarias para que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Cuando se use la fuerza, se deberá informar al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando circunstancias de tiempo, modo y lugar, justificación y modo de despliegue de uso la fuerza. En caso de personas lesionadas o se remitirá informe tanto al superior jerárquico como al Ministerio Público.

El personal uniformado de la Policía Nacional sólo podrá utilizar armas, dispositivos, municiones, elementos menos y, al uso de ellos, entre los que causen menor a la integridad y sus consideraciones previstas en la ley.

El uniformado de la Policía está obligado a suministrar el apoyo de su propia fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa asistencia, para proteger su vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y su libertad personal.

El personal uniformado de la Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad, modalidad, servicio o circunstancia en que se halle, tiene la obligación de intervenir frente a los motivos policía, de acuerdo con la Constitución Política, la ley y las demás disposiciones legales.

Está prohibido emplear la fuerza contra las personas que ejerzan sus derechos en el marco de la Constitución y las leyes. El uso de la fuerza solo podrá recaer sobre quienes hayan infringido la Constitución y la ley, u opongan resistencia a la intervención de policía.
CAPÍTULO 4 EDUCACIÓN Y EN EL USO ADECUADO DE LA FUERZA

El personal uniformado de la Policía Nacional no puede prohibir, salvo las disposiciones contempladas en la ley, que se graben con tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los procedimientos donde se haga uso o no de la fuerza.

El personal uniformado de la Policía Nacional utilizará los sistemas de identificación visibles que se encuentren reglamentados, descubriendo en todo momento su rostro, salvo en los que sea necesario cubrirlo para la protección de la integridad personal, o en aquellos servicios específicos donde su uso no permita el logro razonable del objetivo legal que se persigue.

Los funcionarios policía siempre actuarán bajo el principio la mínima intervención posible del Estado, buscando la garantía de los y libertades públicas.

Los anteriores deberes, se cumplirán sin perjuicio de los consagrados a las autoridades de policía, establecidos en artículo 10 de la ley 1801 del 2016 y las demás normas que contengan otros deberes frente a los funcionarios de policía.

ARTÍCULO 2.5.14.4.1. EDUCACIÓN EN EL USO DIFERENCIADO Y PROPORCIONAL FUERZA. La dependencia competente dentro de la Policía Nacional será responsable de la formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento en derechos humanos, uso diferenciado y proporcional de la fuerza, atención al ciudadano, mecanismos alternativos al uso la fuerza y en procedimientos policiales, para todo el personal uniformado de la Policía Nacional, en corresponsabilidad con las demás unidades de la Institución, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional y las normas internacionales vigentes.

PARÁGRAFO. La dependencia competente dentro de la Policía Nacional tendrá la responsabilidad de diseñar cursos mandatorios, obligatorios o recurrentes que permitan mantener vigente las competencias para el uso adecuado la fuerza, medios sustitutivos al mismo y en general sobre los derechos y deberes humanos.

ARTÍCULO 2.5.14.4.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN POLICIAL. La educación policial, en relación con el presente Decreto, obedecerá a los siguientes objetivos:

Desarrollar en el personal uniformado de policía las competencias y habilidades técnicas y tácticas para hacer uso diferenciado y proporcional de la fuerza, basados en los principios de necesidad, diferenciación y proporcionalidad, así como en armas menos letales y armas de uso potencialmente letal.

Fortalecer las competencias permitan priorizar la comunicación, disuasión, dialogo, persuasión, negociación, defensa verbal, mediación policial y verbalización, como recursos alternativos al uso de la fuerza contemplados en el modelo de actuación policial establecido en el presente reglamento.

Potenciar las competencias de comunicación, lectoescritura y otras que les permitan a los funcionarios, redactar y sustentar de manera oral y escrita los informes de policía, mediante una metodología y lenguaje técnico en el uso y proporcional de la fuerza, expresado en los estándares internacionales, la constitución, la ley y el presente reglamento, logrando con esto seguridad jurídica de las intervenciones policiales.
CAPÍTULO 5 GENERALIDADES SOBRE EL EMPLEO DE ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES (AML)
ARTÍCULO 2.5.14.4.3. METODOLOGÍA. Las metodologías educativas para emplear y tratar los temas expuestos en el presente Decreto serán teóricas y prácticas, priorizando estas últimas mediante una enseñanza basada en la solución de problemas relacionados con la práctica de casos concretos de la actividad de policía, así como otras habilidades relacionadas con inteligencia emocional, resiliencia, mediación y manejo del estrés.

PARÁGRAFO. La metodología educativa para el empleo del uso diferenciado y proporcional de la fuerza debe basarse en las competencias, habilidades y destrezas adquiridas en los programas formación, capacitación y entrenamiento ofertados por la Dirección de Educación Policial. En específico, el uso de técnicas y tácticas de defensa y control policial deben ser instruidas exclusivamente en dichos programas.

ARTÍCULO 2.5.14.4.4. IDONEIDAD. La dependencia competente dentro de la Policía Nacional certificará la idoneidad de los funcionarios de institución frente al uso diferenciado y proporcional de la fuerza, armas, elementos, municiones y dispositivos menos letales dotados por la Institución, al igual que en los mecanismos y medios sustitutivos al uso diferenciado y proporcional de la fuerza.

Esta idoneidad conlleva la formación, capacitación, entrenamiento y reentrenamiento en el conocimiento, equipamiento y las consecuencias que ello represente para la vida e integridad física de las personas, así como la capacidad de hacer uso adecuado las mismas.

ARTÍCULO 2.5.14.5.1 DISPOSICIONES DE USO. El uso de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales (AML) se debe circunscribir a los siguientes presupuestos:

Las AML deben ser el último recurso en la actividad de Policía, y siempre debe priorizarse el diálogo.

Se emplearán AML cuando: (i) exista una situación que razonablemente permita deducir la presencia de un riesgo inminente para la integridad física del policía o de terceras personas, (ii) se genere amenaza para el orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana, y (iii) no se consiga desescalar la resistencia activa por otros medios legales de policía. Todas estas situaciones sujetas a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación del uso de la fuerza.

Siempre se procurará advertir sobre la intención de emplear AML, a menos de que dicha advertencia implique poner en peligro la vida e integridad policía o de terceras personas.

Las AML deben ser proporcionadas por la institución como parte de la dotación oficial para la actividad policial. Antes recibir estas armas, los profesionales de policía deben contar con la formación y entrenamiento necesarios para su uso adecuado.

Según la clasificación técnica de las AML, debe evitarse su uso en entornos cerrados o con poca ventilación, y garantizar que las personas intervenidas accedan a rutas de evacuación claras, cuyo recorrido sea el menos difícil posible.

Se debe evitar en el uso de AML la afectación de terceros, particularmente personas en especial situación de vulnerabilidad.
CAPÍTULO 6 GENERALIDADES SOBRE EL USO DE LA FUERZA POTENCIALMENTE LETAL O EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO

Se debe evitar al máximo que el uso de AML impacten zonas sensibles del cuerpo como la cabeza, el cuello o los genitales.

Todo funcionario de la Policía al término del servicio está obligado a entregar las armas, municiones, elementos y dispositivos dotados por la institución, salvo las consideraciones establecidas por la reglamentación vigente de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO. Los superiores jerárquicos de la institución, están obligados a supervisar y controlar manera integral el cumplimiento de las normas y disposiciones que rigen el uso de las AML.

ARTÍCULO 2.5.14.5.2. REGLAMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA Y EMPLEO DE LAS ARMAS, MUNICIONES, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MENOS LETALES. La Policía Nacional determinará, a través de resolución, el manual sobre el empleo de armas, municiones, elementos y dispositivos menos letales (AML) y, su clasificación técnica en virtud de la actividad de policía de conformidad con los principios de uso de la fuerza y acorde con los preceptos y disposiciones del presente Decreto.

ARTÍCULO 2.5.14.6.1. DISPOSICIONES SOBRE EL USO DE LA FUERZA POTENCIALMENTE LETAL O EMPELO DE ARMAS DE FUEGO. El uso de armas de fuego se considera como una medida extrema. Estas no se emplearán en contra de las personas, salvo en ocasiones en que exista peligro inminente de muerte o de lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro. En todo caso, se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

a) En las circunstancias mencionadas y bajo los principios básicos del uso diferenciado y proporcional de la fuerza, los uniformados se identificarán como Policía Nacional y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego o fuerza potencialmente letal, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera en peligro a los funcionarios o se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso.

b) Se podrá usar armas de fuego o fuerza potencialmente letal, solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado legitimo previsto.

c) Los funcionarios de la Policía Nacional no podrán usar medidas extremas, como la fuerza potencialmente letal, para salvaguardar un bien jurídico o bienes materiales que resultan inferiores a la vida o integridad física de las personas.

d) Cuando sea inevitable el uso diferenciado y proporcional de la fuerza potencialmente letal o de armas de fuego, se hará con moderación y se actuará en proporción a las circunstancias de tiempo, modo y lugar y al objetivo legal que se persiga.
CAPÍTULO 7 DISPOSICIONES FINALES
e) Una vez usado este tipo de recursos policiales, y siempre que las circunstancias lo permitan, se procederá de la manera más expedita posible a prestar los servicios de asistencia o atención médica a las personas heridas o afectadas.

f) Se procurará notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos de las personas heridas o afectadas, y en caso de no ser posible se dejará constancia de tal situación en los documentos o medios establecidos para tal fin.

g) Una vez ejecutado este tipo de fuerza potencialmente letal contra una persona, se comunicará mediante los medios idóneos los hechos y consecuencias al superior jerárquico. De igual forma, se presentará un informe escrito, completo y detallado de los hechos y, se trasladará a las autoridades competentes de la Policía si se conoce que se transgredieron las circunstancias admisibles de uso de armas de fuego, así como a los organismos previstos por la ley.

ARTÍCULO 2.5.14.6.2. REGLAMENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TÉCNICA Y EMPLEO DE ARMAS DE FUEGO. La Policía Nacional determinará, a través de resolución, el manual sobre el empleo de armas de fuego y, su clasificación técnica en virtud de la actividad de policía, bajo los principios de uso de la fuerza y acorde con los preceptos del presente Decreto.

ARTÍCULO 2.5.14.7.1. IMPLEMENTACIÓN. La Policía Nacional establecerá una estrategia permanente de instrucción en todas las unidades de la institución sobre el presente Decreto. Asimismo, se elaborará un plan de actualización de alineación doctrinaria sobre los lineamientos contenidos en el presente instrumento.

PARÁGRAFO La Policía Nacional en un plazo de 18 meses contados a partir de la publicación del presente Decreto realizará una actualización o modificación de los actos administrativos internos que contraríen lo expresado en el presente decreto.

ARTÍCULO 2.5.14.7.2. SUPERVISIÓN. Corresponde a la Policía Nacional y a todo el personal uniformado que cumple funciones de mando, supervisión y control, supervisar los riesgos asociados al incumplimiento de los preceptos establecidos en el presente reglamento.

PARÁGRAFO 1. La Policía Nacional realizará un constante análisis sobre el uso diferenciado y proporcional de la fuerza en la institución estableciendo estrategias para disminuir al máximo las posibles causas que puedan desencadenar en violaciones a los derechos humanos y fundamentales asociados la facultad legal reglamentada en el presente Decreto.

PARÁGRAFO 2. En ese mismo sentido, la Policía Nacional realizará un informe anual sobre los resultados cualitativos y cuantitativos en la implementación del uso diferenciado y proporcional de la fuerza, el cual debe ser presentado en la rendición de cuentas públicas de la institución y publicado en la página web del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, (FDO.) GUSTAVO PETRO URREGO EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, IVÁN VELÁSQUEZ GÓMEZ
ARTÍCULO 2.5.14.7.3. EVALUACIÓN. Corresponde al Centro de Estándares de la Policía Nacional o quien haga sus veces, validar periódicamente las competencias funcionales relacionadas con el uso diferenciado y proporcional de la fuerza, la atención al ciudadano, los derechos humanos, los procedimientos policiales y competencias físico-atléticas, para mejorar de manera continua y permanente el servicio público de policía.

PARÁGRAFO. El Centro de Estándares de la Policía Nacional o quien haga sus veces presentará, cuando lo considere necesario, recomendaciones al mando institucional para mejorar las competencias funcionales que se validan frente al uso diferenciado y proporcional de la fuerza y las demás establecidas en la ley y en los reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 2.5.14.7.4. INFORMACIÓN Y ACCIÓN PREVENTIVA. La Inspección General y de Responsabilidad Policial o, la unidad que haga sus veces, en el marco de su gestión preventiva y disciplinaria en sus audiencias públicas presentará informes de las acciones, avances y resultados en materia disciplinaria y preventiva frente a las faltas de la Policía Nacional en el empleo del uso diferenciado y proporcional de la fuerza, así como en el cumplimento del presente reglamento por parte de la institución.

ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

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(Octubre 03) Por el cual se adiciona el Título 14 a la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1070 del 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa, por medio del cual se reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional.

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En equipos pequeños, discutir casos hipotéticos y analizar cómo aplicar la fuerza respetando los derechos humanos.

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Simposio Internacional de Derechos Humanos - policiadecolombia

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Redactar un informe breve sobre cómo actuarían en una situación dada para garantizar el uso proporcional de la fuerza.

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Plantilla de Formulario de Informe Policial - forms.app

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Plantilla de Formulario de Informe Policial - forms.app

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Utilice el formulario de informe policial de forms.app y póngase en contacto con el departamento de policía. Cree un formulario de denuncia policial en línea.

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Utilizar Padlet para elaborar un plan de acción destacando los principios de legitimidad, necesidad, diferenciación y proporcionalidad.

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El profesor observará las discusiones en grupo y tomará notas sobre las ideas clave expuestas por los estudiantes.

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Aplicar un cuestionario corto para evaluar la comprensión de los principios de diferenciación y proporcionalidad.

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Banco de Preguntas: Uso de la Fuerza y Procedimientos Policiales - Studocu

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¡Comparte resúmenes, material para preparar tus exámenes, apuntes y mucho más!

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Pedir a los estudiantes que redacten un ensayo sobre cómo el respeto a los derechos humanos guía el uso de la fuerza legítima.

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Organizar un debate donde los estudiantes planteen sus posturas sobre el marco constitucional y sus aplicaciones prácticas.

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¿Cuáles son los aspectos clave del uso de la fuerza que aprendieron hoy? Reflexionen en parejas y luego compartan.

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Cada estudiante escribirá en un papel su conclusión sobre la importancia del respeto a los derechos humanos en el uso de la fuerza.

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Analizar un caso real de la Policía Nacional y redactar propuestas de mejora basadas en los principios discutidos.

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(Washington D.C.) - Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la justicia.

El 28 de abril, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia en protesta contra un proyecto de reforma tributaria. El gobierno retiró la propuesta algunos días después, pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados. En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. Human Rights Watch ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.

"Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes".

Aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto.

Human Rights Watch entrevistó, en su mayoría por teléfono o videoconferencia, a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos. Human Rights Watch también se reunió con la vicepresidenta de Colombia, quien también es la canciller; el director de la Policía; el fiscal general; y el director de la justicia penal militar.

Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (International Rehabilitation Council for Torture Victims, IRCT), organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, elaboraron dictámenes sobre algunas de las evidencias de abusos. Human Rights Watch consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa. Human Rights Watch también corroboró más de 50 videos publicados en redes sociales y obtuvo información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y los Ministerios de Defensa y de Interior acerca de la respuesta del gobierno ante abusos cometidos en protestas anteriores.

Human Rights Watch ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones. Human Rights Watch recibió denuncias de estas muertes a través de organizaciones locales, incluyendo, entre otras, Temblores y la coalición de organizaciones de derechos humanos Defender la Libertad. Human Rights Watch documentó cada uno de los casos de forma independiente y con evidencias de primera mano.

Hasta ahora, hemos confirmado que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos.

Las autoridades colombianas deben llevar a cabo investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes, señaló Human Rights Watch. También deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.

Human Rights Watch obtuvo evidencias creíbles que indican que la policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar.

Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras.

Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, según datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades.Human Rights Watch documentó los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo.

Entre los heridos hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos.

El 3 de junio, el Ministerio de Defensa señaló que, desde el 28 de abril, la policía había detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales habían imputado a 215. La Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que habían cometido un delito.

A su vez, la policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite "trasladar" a una persona a un "centro asistencial o de protección" para "su protección" o la de terceros. Human Rights Watch documentó múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de "traslado por protección".

El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó que había recibido quejas en contra de miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia basada en género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado sobre más casos. Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.

Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías.

Se ha informado que al menos 419 personas han desaparecido durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó que había localizado a 304 de esas personas. En algunos casos, quienes las reportaron como desaparecidas no sabían que estas personas habían sido detenidas.

Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados, según el Ministerio de Defensa. Veinte policías fueron heridos por armas de fuego, según el director general de la Policía. El 29 de abril, varios individuos golpearon y abusaron sexualmente de una mujer policía mientras atacaban una estación policial en Cali.

Grupos de manifestantes bloquearon calles y vías por períodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el oxígeno para pacientes con Covid-19, indicó el Ministerio de Salud. Una bebé recién nacida murió el 23 de mayo luego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura.

"La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial", señaló Vivanco.

Casos de abusos cometidos durante protestas ocurridas en 2019 y 2020 motivaron peticiones, incluyendo por parte de Human Rights Watch, de que se realizara una reforma policial.

La Policía colombiana depende del Ministerio de Defensa y con frecuencia ha sido desplegada para combatir a grupos armados junto con las Fuerzas Armadas, lo cual ha hecho que no exista una separación clara sobre las diferentes funciones de estas dos fuerzas. En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas. Asimismo, los policías implicados en abusos a menudo son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que los agentes respondan por esos abusos dada su tradicional opacidad y falta de independencia.

Colombia necesita una Policía de carácter civil que esté entrenada para responder a las manifestaciones de una manera respetuosa de los derechos humanos, y cuyos miembros rindan cuentas por los abusos cometidos, dijo Human Rights Watch. Establecer una separación clara entre la Policía y las Fuerzas Armadas es un primer paso clave para ello.

El 6 de junio, el Presidente Iván Duque anunció una serie de medidas para "transformar" la Policía. Algunas de estas medidas, tales como la reforma al sistema disciplinario, podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales, si son diseñadas e implementadas adecuadamente, sostuvo Human Rights Watch. Sin embargo, otras de las medidas anunciadas parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos.

El Presidente Duque ha reconocido que la policía cometió algunos abusos y manifestado que los agentes implicados serían procesados y castigados. En el pasado, Duque ha rechazado otras propuestas de reformas policiales mayores, y ha señalado que su gobierno tiene "tolerancia cero" frente a abusos de la policía.

Sin embargo, el sistema disciplinario interno de la Policía, que no es suficientemente independiente, no ha castigado a los agentes responsables por abusos durante protestas en 2019 y 2020, conforme indican datos oficiales obtenidos por Human Rights Watch. La Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas.

Ver abajo recomendaciones detalladas y más información sobre las conclusiones de Human Rights Watch.
Dispersión arbitraria de protestas pacíficas; uso excesivo de la fuerza
El gobierno colombiano ha desplegado a policías regulares y a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para responder a las protestas. Los policías regulares asisten cada dos años a un curso de 45 horas sobre cómo actuar en manifestaciones pacíficas, pero no reciben capacitación específica sobre cómo responder a disturbios, dijo el director de la Policía a Human Rights Watch.

Asimismo, desde el 1 de mayo, el presidente Duque ha desplegado a soldados para "asistir" a la policía, pero no para emplear la fuerza contra manifestantes. El 28 de mayo, Duque aumentó el número de soldados desplegados y ordenó que varios gobernadores y alcaldes trabajaran en conjunto con las fuerzas de seguridad para adoptar las "medidas necesarias" para "levantar los bloqueos".

El derecho internacional de los derechos humanos establece que las autoridades deben proteger las reuniones pacíficas y no deben dispersarlas incluso si consideran que son ilícitas. Las autoridades deben abstenerse de usar la fuerza a menos que esto resulte necesario y proporcionado para responder a incidentes específicos de violencia. Como norma general, las manifestaciones pacíficas que bloquean el tránsito pueden dispersarse solo si generan perturbaciones graves y sostenidas.

Sin embargo, Human Rights Watch ha documentado varios casos en los cuales agentes del ESMAD o policías regulares violaron estos principios al dispersar de manera arbitraria protestas pacíficas o usar la fuerza de manera indiscriminada o excesiva, incluyendo mediante el uso de armas letales.
Uso indebido de armas letales
Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, las armas letales solo pueden emplearse cuando resulte estrictamente necesario para abordar un riesgo inminente para la vida o la integridad física. El uso de armas letales para dispersar reuniones o manifestaciones es siempre ilícito.

Conforme al derecho colombiano, la policía puede usar armas de fuego en defensa propia o para proteger a personas de un "peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida".

La Policía colombiana indicó a Human Rights Watch que la policía regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones.

Sin embargo, Human Rights Watch corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona.

Human Rights Watch documentó 16 casos en los cuales la policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch.
Uso indiscriminado e inapropiado de armas menos letales
La policía utilizó gases lacrimógenos en varias oportunidades contra manifestantes pacíficos, según señalaron manifestantes y funcionarios de la Defensoría del Pueblo a Human Rights Watch.

Asimismo, la policía parece haber disparado gases lacrimógenos con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones. La policía debe disparar los cartuchos de gases lacrimógenos al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, para que luego de un arco descendente caigan en el suelo. Sin embargo, a través de entrevistas con diversos manifestantes y videos, Human Rights Watch pudo corroborar que policías dispararon los cartuchos directamente hacia los manifestantes.

La policía colombiana también usó un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez. Human Rights Watch corroboró videos de su uso en varias ciudades, incluidas Bogotá y Popayán (departamento de Cauca). Se supone que el sistema lanza los proyectiles con una trayectoria "parabólica" -es decir, hacia el cielo- para evitar que haya un "impacto directo" contra los manifestantes, según indicó la Policía a Human Rights Watch en una carta. Sin embargo, la carta también indica que el Venom puede disparar desde un ángulo de apenas 10 grados, lo cual no permitiría que sea "parabólico".

Human Rights Watch también corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán.

El Venom produce efectos indiscriminados en un área extensa y no es posible usarlo de un modo que permita distinguir amenazas legítimas, explicó Human Rights Watch. Su uso no resulta adecuado para manifestaciones pacíficas. Incluso si se producen sucesos violentos aislados en el contexto de protestas, la policía debe responder de manera proporcional y no indiscriminada.

Human Rights Watch documentó casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos. Estos casos incluyen los siguientes:

En 2019, la policía colombiana disparó cartuchos de perdigones con escopetas de calibre 12 contra los manifestantes. Un manifestante murió debido a esta arma. En enero de 2020, la Procuraduría General de la Nación, un órgano independiente, concluyó que los policías tenían formación limitada o nula en el uso de esta escopeta. En septiembre de 2020, la Corte Suprema suspendió el uso de estas armas por parte de la policía.

El director de la Policía indicó a Human Rights Watch que los policías no están usando ningún tipo de escopetas de perdigones actualmente, y que las escopetas calibre 12 están almacenadas en las estaciones policiales.

La Policía indicó que están usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, son de plástico. Human Rights Watch documentó varios casos en los que los manifestantes parecen haber sido heridos por estos proyectiles de impacto cinético.

Algunas de las víctimas recibieron el impacto de varios proyectiles al mismo tiempo, lo cual sugiere que les dispararon de cerca, dado que estos proyectiles se dispersan a medida que se alejan.
Golpizas
Human Rights Watch documentó 17 casos de golpizas a manifestantes o transeúntes cometidas por la policía, a menudo con bastones. Algunas de estas personas fueron luego detenidas. Una murió a causa de las heridas.

Violencia basada en género

El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo informó que había recibido quejas contra miembros de la Policía por 2 casos de violación sexual, 14 casos de agresiones sexuales y otros 71 casos de violencia de género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado más casos. Human Rights Watch documentó dos casos de violencia sexual cometidos por policías contra manifestantes:
Detenciones arbitrarias; imputaciones desproporcionadas
Cientos de manifestantes fueron detenidos por la policía y liberados luego de que un juez o fiscal concluyera que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no había evidencias para vincularlos a un delito, según dijo la Fiscalía. Human Rights Watch documentó en detalle 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria. Fiscales, funcionarios de derechos humanos y abogados de víctimas señalaron que existen decenas de casos más.

Los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de "terrorismo" en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio, con arreglo al derecho colombiano. Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que las imputaciones y sanciones penales sean proporcionales a la gravedad de las conductas en cuestión y la responsabilidad del presunto culpable. Las autoridades no deberían utilizar de forma arbitraria la figura penal de "terrorismo" ante crímenes de menor gravedad, señaló Human Rights Watch.

La policía también privó de la libertad a más de 5.500 personas utilizando una figura legal que permite que los agentes "trasladen" a una persona a un "centro asistencial o de protección" para su propia "protección" o la de terceros. Human Rights Watch documentó varios casos en los cuales la policía parece haber usado esta disposición de forma abusiva.La norma permite dicho "traslado" solo cuando sea el "único medio disponible para evitar el riesgo a la vida o integridad" y exige que el policía primero contacte a familiares para que "asuma[n] la protección"; si eso no es posible, deben llevar a la persona a un "centro asistencial", un centro de salud, un hospital o un "lugar especialmente destinado para tal fin", o a sus hogares de ser posible. La legislación colombiana establece que la persona trasladada no puede ser enviada a un centro de detención bajo ningún motivo. Sin embargo, en los casos documentados por Human Rights Watch la policía llevó a los privados de libertad a estaciones de policía, en lugar de a centros de salud o sitios de detención administrativa, y no llamó a sus familiares.

Miembros de la Policía detuvieron a José Mauricio García Nieto, de 24 años; Dan Brayer Andrade Bolanos, de 22; Jorge Mario Ramírez Álzate, de 22; Daniel Navarrete Varón, de 22; Jorge Andrés Noguera Flórez, de 23; y Santiago Ramírez Duque, de 26, en la tarde del 25 de mayo en Tuluá, Valle del Cauca. Un informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch indica que al momento de la detención cuatro de ellos estaban tirando piedras a edificios; uno estaba encendiendo una botella de plástico para supuestamente lanzarla a una estación de policía; y uno estaba "incitando" a otras personas a "oponerse al procedimiento policial".

Durante una audiencia virtual realizada el día siguiente ante un juez, un fiscal los imputó por "terrorismo". Human Rights Watch tuvo acceso a los videos de la audiencia. La única evidencia que presentó el fiscal contra ellos es el informe de la policía y declaraciones de policías. El fiscal reconoció que los actos específicos que habrían cometido los indiciados podrían constituir por sí solos el delito de daño en bien ajeno, pero dijo que la imputación por "terrorismo" estaba justificada porque los detenidos eran parte de una "turba" que les producía "agitamiento". Sin embargo, el fiscal no presentó evidencia de que los indiciados hubieran actuado de forma coordinada entre sí o con otros manifestantes, y reconoció que no había evidencias que los vincularan con la quema del Palacio de Justicia de Tuluá que ocurrió esa noche, luego de que fueran detenidos. El derecho colombiano no permite la prisión preventiva para el delito de daño en bien ajeno, que es un delito menor, pero sí para el delito de terrorismo.

El fiscal también dijo en la audiencia que los detenidos le habían dicho a través de llamadas de WhatsApp que la policía los había golpeado. Sin embargo, los detenidos no fueron llevados a un centro médico para un examen, supuestamente debido a los disturbios en la ciudad, según otro informe policial al que tuvo acceso Human Rights Watch. Sin presentar ninguna evidencia al respecto, el fiscal dijo que existía la "posibilidad" de que los detenidos hubieran resistido su captura y que era "factible" que la fuerza utilizada por la policía hubiera sido adecuada. El juez legalizó la captura.

El 28 de mayo, el mismo juez concluyó que los detenidos eran un "peligro para la comunidad" y ordenó que estén en prisión preventiva. Los seis jóvenes se encuentran en la cárcel de Popayán, sus abogados y familiares dijeron a Human Rights Watch.

Presunta participación de grupos armados y civiles

El gobierno de Colombia señaló que varios grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos que surgieron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se habían "infiltrado" en las protestas para cometer actos de vandalismo y atacar a la policía. El fiscal general indicó a Human Rights Watch el 4 de junio que las autoridades habían detenido a 11 presuntos miembros de grupos armados en relación con actos violentos durante las manifestaciones.

Por otra parte, personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes. En Pereira, departamento de Risaralda, un grupo de personas de civil atacaron al manifestante y líder social Lucas Villa cuando estaba haciendo declaraciones contra el gobierno durante una protesta el 5 de mayo. Uno de ellos le disparó y lo mató, un testigo que resultó herido le dijo a Human Rights Watch. Autoridades judiciales con conocimiento del caso señalaron que las evidencias indican que bandas locales de narcotráfico podrían estar involucradas.

En algunos casos, agentes de policía no reaccionaron debidamente cuando personas de civil atacaron a manifestantes. Human Rights Watch corroboró videos que muestran cómo hombres armados que en las imágenes se encuentran junto a la policía dispararon a manifestantes en Cali el 28 de mayo. Los policías no parecen haber tomado acciones para prevenir o frenar estos ataques. El día siguiente, un comandante de la policía reconoció que los agentes "omitieron su deber" y dijo que serían investigados.

El director general de la Policía, General Jorge Luis Vargas, dijo a Human Rights Watch que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de multitudes ni para detener a manifestantes. Sin embargo, Human Rights Watch corroboró videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo.
Limitada rendición de cuentas por abusos policiales
Las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, que adelanta investigaciones penales, y la Policía y la Procuraduría General de la Nación, que pueden impulsar procedimientos disciplinarios, han logrado avances limitados en relación con los abusos policiales contra manifestantes.

La Fiscalía informó a Human Rights Watch el 4 de junio que solo había imputado a un policía en relación con los abusos cometidos durante la reciente ola de protestas. Se trata de un agente que fue imputado el 13 de mayo por el homicidio del manifestante Marcelo Agredo Inchima. Miembros de la Delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, que está adelantando todos los procesos por abusos policiales, dijeron que esa unidad había asignado a fiscales e investigadores adicionales para adelantar los casos de abusos policiales y que la directora de la unidad estaba realizando reuniones semanales con los fiscales para analizar los avances en cada caso.

El 28 de mayo, el director de la justicia penal militar señaló a Human Rights Watch que los jueces militares habían abierto 34 investigaciones en relación con las protestas, incluyendo 10 por homicidios y 11 por lesiones personales. Conforme a estándares regionales de derechos humanos, los tribunales penales militares no deben adelantar procesos por graves violaciones de derechos humanos.

El director de la Policía manifestó el 14 de mayo que habían iniciado investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas durante la actual ola de protestas. De esos agentes, cinco habían sido suspendidos temporalmente, incluidos tres que se encontraban bajo investigación disciplinaria por homicidio. El resto seguía desempeñando sus funciones. La Procuraduría, que también adelanta investigaciones disciplinarias, señaló el 31 de mayo que había iniciado 78 investigaciones de posibles abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de policías; la gran mayoría se encontraba en etapas preliminares.

No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019.

La Procuraduría tampoco ha logrado ningún avance significativo. El 10 de mayo, la entidad informó a Human Rights Watch que había iniciado 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las de 2020. Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares.

El 17 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa dijo a Human Rights Watch que la Policía había iniciado 40 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas de 2019. De esas, 24 se habían archivado sin que se le aplicaran medidas disciplinarias a ningún policía, según señaló el Ministerio de Defensa, mientras que las demás se encontraban en trámite. El Ministerio de Defensa también informó que, de las 92 investigaciones disciplinarias que la Policía había iniciado sobre las protestas de 2020, 54 se habían archivado; en la mayoría de los casos debido a que los investigadores no habían podido identificar al policía involucrado. Solamente dos policías habían recibido sanciones disciplinarias en casos que parecían tener alguna relación con violaciones de derechos humanos, y otros cuatro habían resultado absueltos.

El sistema disciplinario policial carece de la independencia necesaria, concluyó Human Rights Watch. El director de la Policía Nacional señaló que no existe una carrera profesional separada para los agentes que realizan las investigaciones por asuntos disciplinarios. Esto significa que no existen salvaguardas para asegurar que los investigadores no acaben trabajando junto con policías a quienes hayan investigado previamente, o bajo su mando. La legislación colombiana también permite que el director de la Policía Nacional revoque cualquier decisión disciplinaria.

El director de la Policía Nacional afirmó que el sistema disciplinario se encuentra desbordado por procedimientos relacionados con cuestiones menores que, según señaló, retrasan el avance de las investigaciones por infracciones graves. El director afirmó que estaba trabajando en una reforma orientada a mejorar los procesos por infracciones graves y transferir los casos sobre "graves violaciones de derechos humanos" a la Procuraduría, un organismo que debe ser independiente.

Posible desacato de una decisión de la Corte Suprema

En septiembre de 2020, la Corte Suprema dispuso que se implementaran varias reformas para prevenir abusos en el contexto de protestas. Sin embargo, Human Rights Watch comprobó que los esfuerzos para cumplir con la sentencia de la Corte han sido en su mayoría proforma, y han tenido escaso impacto sobre la actuación policial. La principal o única excepción ha sido la prohibición de usar escopetas calibre 12, las cuales, hasta donde ha podido comprobar Human Rights Watch, no se han utilizado.

La Corte Suprema ordenó que el gobierno colombiano estableciera un nuevo protocolo sobre el "uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas". El gobierno efectivamente publicó un nuevo protocolo en enero de 2021, pero este no incluye ninguna nueva medida o mecanismo de supervisión serio para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones o garantizar la rendición de cuentas cuando estos hechos ocurren.

La corte también ordenó que las organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU fueran autorizadas para "verificar" las detenciones y los traslados por "protección" durante las protestas. En octubre de 2020, después de las protestas de ese año, la Procuraduría General de la Nación y la Policía crearon un comité para ese fin, el cual incluía a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pero no a las organizaciones locales de derechos humanos. Human Rights Watch recibió información que indica que la Policía y la Procuraduría en numerosas ocasiones no han convocado el comité durante las protestas actuales.

Asimismo, la corte resolvió que el gobierno debía expedir un acto administrativo, a más tardar en octubre de 2020, que ordenara que todos los funcionarios gubernamentales protegieran y respetaran todas las "manifestaciones no violentas", incluso aquellas que se organizaran en contra del gobierno. El gobierno no ha dictado esa norma.

Del mismo modo, la corte ordenó que la Defensoría del Pueblo realizara un seguimiento estricto a los abusos del ESMAD en contra de manifestantes. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han estado monitoreando la respuesta a las protestas y buscando mecanismos de diálogo con manifestantes para levantar bloqueos. Sin embargo, el número de funcionarios asignados a esta tarea ha sido insuficiente y no han dado abasto con la labor. El defensor del pueblo no ha reportado periódicamente sobre los abusos ni los ha condenado de forma inequívoca.

El 27 de mayo, la Corte Suprema abrió un procedimiento formal para determinar si el gobierno había incurrido en un desacato.
Recomendaciones
Al gobierno del Presidente Iván Duque, incluido el director de la Policía Nacional:

Tomar medidas inmediatas para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos y comenzar a reparar los daños, tales como:

Condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de policías, así como los casos en los cuales miembros de la Policía no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes.

Presentar una disculpa, en nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas.

Garantizar que todos los funcionarios de gobierno eviten utilizar lenguaje que pueda ser percibido como estigmatizante hacia los manifestantes.

Asegurar que la policía, incluyendo el ESMAD, proteja las protestas pacíficas, no las disperse y priorice mecanismos que no involucren el uso de la fuerza en todas sus acciones para levantar bloqueos.

Priorizar las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales, por lo menos los cometidos desde las protestas de 2019, y comprometerse a reportar de forma pública y periódica los avances en estas investigaciones. Las investigaciones disciplinarias deben garantizar la rendición de cuentas de los agentes que cometieron abusos durante las protestas,así como de los comandantes de las unidades y los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.

Suspender el uso de proyectiles de impacto cinético y del Venom hasta que se realice un examen independiente sobre el riesgo de estas armas, los protocolos para su uso y la capacitación que han recibido los agentes policiales para utilizarlos.

Llevar a cabo una revisión exhaustiva de los protocolos, las prácticas y los equipos de control de multitudes de la policía, y de la capacitación de los agentes sobre el uso de la fuerza, el derecho a reunirse en forma pacífica y otros derechos humanos.

Brindar reparaciones, así como acceso a servicios de salud, a víctimas de violencia policial, incluyendo servicios integrales para víctimas de violencia sexual.

Convocar el comité creado para verificar detenciones y "traslados por protección" durante las manifestaciones y reformar el protocolo que creó este comité para garantizar la participación de representantes de la sociedad civil.

Ampliar significativamente la capacitación sobre control de multitudes que se brinda a policías, incluso para aquellos que no forman parte del ESMAD.

Fortalecer los sistemas para prevenir y sancionar los actos de violencia basada en género perpetrados por policías.

Al Congreso de Colombia:

Iniciar un proceso con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia para reformar la Policía, adoptando las siguientes medidas, entre otras:

Transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los de los militares.

Establecer salvaguardas sólidas que aseguren que los "traslados por protección" no se usen de modo arbitrario.

Reformar el sistema disciplinario de la Policía para asegurar su independencia.

Garantizar que el sistema de justicia militar no adelante investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por policías.

Revisar los protocolos policiales sobre uso de la fuerza a fin de asegurar que existan mecanismos sólidos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de policías.

Establecer mecanismos independientes de supervisión y control sobre la policía.

Fortalecer los mecanismos para prevenir y sancionar actos de violencia de género perpetrados por policías.

Reformar el Código Penal para asegurar que los fiscales tengan la obligación de investigar de oficio cualquier lesión que haya sufrido una persona, incluidas las lesiones causadas por policías, con independencia de si se ha realizado una denuncia penal por el hecho.

A la Fiscalía General de la Nación:

Priorizar los procesos por abusos policiales realizando investigaciones sobre los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el año 2019, así como sobre los comandantes a cargo de unidades y operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.

Crear un grupo especial de fiscales e investigadores dentro de la Delegada de Seguridad Ciudadana que se estén a cargo exclusivamente de investigar abusos policiales cometidos contra manifestantes, al menos desde 2019.

Presentar escritos judiciales para solicitar que los jueces resuelvan que sea la Fiscalía -y no el sistema de justicia militar- la que se ocupe de los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la policía.

Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la Policía violaron derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan un delito con arreglo al derecho colombiano.

A la Procuraduría General de la Nación:

Garantizar una rendición de cuentas por los abusos policiales, lo cual incluye investigar disciplinariamente a los agentes que hayan estado directamente involucrados en abusos cometidos en el contexto de protestas, al menos desde el año 2019, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes de policía a cargo de los operativos que puedan haber ordenado la comisión de tales abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho colombiano, por no haber adoptado las medidas adecuadas a efectos de prevenir delitos o hacer que los responsables rindan cuentas por su actuación.

Apoyar las acciones legales que busquen garantizar que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por la policía sean transferidos de la justicia penal militar a la justicia penal ordinaria.

Convocar el comité creado para verificar detenciones y "traslados por protección" durante las manifestaciones y reformar el protocolo que creó este comité para garantizar la participación de representantes de la sociedad civil.

Investigar de oficio todos los casos en los cuales los jueces hayan concluido que miembros de la Policía violaron los derechos de los detenidos cuando esas acciones constituyan una infracción disciplinaria con arreglo al derecho colombiano.

A la Defensoría del Pueblo:

Asegurar un control "estricto, fuerte e intenso" sobre abusos cometidos por el ESMAD durante manifestaciones, tal y como lo ordenó la Corte Suprema en su sentencia de septiembre de 2020.

Aumentar el número de funcionarios a cargo de monitorear los abusos policiales durante las protestas y garantizar que reciban protección y apoyo adecuado para realizar su trabajo.

Informar de forma pública y periódica sobre los casos de abusos policiales cometidos durante las protestas.

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(Washington D.C.) - Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021, señaló hoy Human Rights Watch.

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Crear un diagrama de flujo que explique el proceso correcto para decidir aplicar la fuerza policial.

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Mira un video sobre los dilemas éticos en el uso de la fuerza.

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Ministerio de Justicia y del Derecho Colombia

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Revisar un artículo académico sobre el uso de la fuerza desde una perspectiva internacional.