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La responsabilidad debe ser mixta adaptándose a todos los escenarios. Esto permitirá que la responsabilidad administrativa no solo quede en multas, en conjunto con la responsabilidad penal fomentará planes para mitigar actos de corrupción, ayudará a desarrollar procesos eficaces y transparentes. El cumplimiento en las empresas es el primer paso para el desarrollo central.

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe entenderse como un modelo mixto entre responsabilidad penal y responsabilidad administrativa, ya que los hechos y conductas que pueden cometer las organizaciones abarcan distintos niveles de gravedad y formas de manifestación.

Desde mi punto de vista, la clasificación del tipo de responsabilidad aplicable debe depender directamente de la magnitud del acto, del nivel de afectación producido y del grado de participación u omisión de los órganos de dirección

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El modelo de responsabilidad de la persona jurídica debe ser mixto, integrando las vías penal y administrativa, ya que esta combinación ofrece la máxima efectividad en la lucha contra el delito corporativo. La responsabilidad penal (como la adoptada en Chile o España) es el máximo elemento disuasorio, amenazando con sanciones severas (disolución, intervención judicial) que obligan a la alta dirección a implementar programas de Compliance robustos. Por su parte, la responsabilidad administrativa permite a los órganos reguladores imponer multas rápidas e inhabilitaciones con un estándar probatorio menor, castigando así las fallas en los controles internos y los incumplimientos menores de forma ágil. Ambos regímenes son complementarios e indispensables para garantizar una rendición de cuentas integral y una presión constante por la integridad en la gestión empresarial.

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En Guatemala hay responsabilidad penal de la persona jurídica, creo que debe de existir también una responsabilidad administrativa, pero responder ante lo penal las personas que en realidad hayan participado en la comisión del delito, en la mayoría de casos únicamente responden las mandos medios

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En mi opinión, la responsabilidad de las personas jurídicas debería ser un mix entre penal y administrativa. Creo que solo así se puede lograr un equilibrio real entre sancionar y prevenir. La parte penal es importante porque deja claro que las empresas, al igual que las personas, deben responder ante la justicia cuando cometen delitos graves como corrupción o fraude. Pero también pienso que la responsabilidad administrativa es clave para corregir y mejorar los sistemas internos sin destruir la operación de una empresa que quizá solo falló en sus controles. Desde mi experiencia en el área de gestión y compliance, veo que este enfoque mixto impulsa una cultura de integridad más sólida, porque no se trata solo de castigar, sino de aprender, mejorar y garantizar que las organizaciones actúen con ética en todos sus niveles.

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta — penal y administrativa — porque la experiencia en la región demuestra que, cuando se limita sólo a uno de los dos enfoques, se generan vacíos que facilitan la impunidad. Países como Chile aplican sanciones penales severas, y Perú incluso tramita en sede penal lo que la propia ley llamó “administrativo”. Eso evidencia que la realidad corporativa exige una respuesta híbrida para cubrir todos los niveles de reproche.

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta — penal y administrativa — porque la experiencia en la región demuestra que, cuando se limita sólo a uno de los dos enfoques, se generan vacíos que facilitan la impunidad. Países como Chile aplican sanciones penales severas, y Perú incluso tramita en sede penal lo que la propia ley llamó “administrativo”. Eso evidencia que la realidad corporativa exige una respuesta híbrida para cubrir todos los niveles de reproche.

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Mi creencia es que la responsabilidad debe ser penal y administrativa; sin embargo, considero que la responsabilidad de las personas jurídicas se regirá de acuerdo con las normas establecidas en cada país en la que opera. En consecuencia, quienes ejercen las potestades normativas serán los que determinen si las actuaciones corresponden a un incumplimiento normativo sancionado desde el ámbito penal o administrativo.

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Considero que la responsabilidad debe ser penal y administrativa, por cuanto la conducta realizada afecta tanto a la empresa en el cumplimiento de la normativa establecida en las leyes de cada país, como la normativa interna de la organización. Además, en ambas normativas existen un sistema de sanción diferente, por lo que la persona deberá en los dos ámbitos establecer la claridad en las actuaciones realizadas y determinarse, mediante un debido proceso, si hubo o no un incumplimiento normativo y cual será la sanción que deba endilgarse.

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La responsabilidad penal y administrativa buscan asegurar que la empresa actúe de manera ética y legal

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Tanto la responsabilidad penal como la administrativa buscan asegurar que la empresa actúe de manera ética y legal, no solo para evitar sanciones, sino también para proteger su reputación y sostenibilidad a largo plazo.

En el contexto del compliance, la responsabilidad de la persona jurídica puede ser penal  administrativa  o ambas, siendo una combinación de ambas la más adecuada para cubrir todos los escenarios posibles

Entendiendo que  la responsabilidad penal surge cuando un delito es cometido en nombre o beneficio de la empresa, y puede ser atenuada o incluso eximida si existe un programa de compliance efectivo y la empresa puede demostrar la diligencia debida. La responsabilidad administrativa, por su parte, abarca el incumplimiento de normativas y regulaciones, sancionándose a través de multas, inhabilitaciones u otras sanciones.

Ambas responsabilidades son complementarias, ya que no todo incumplimiento es un delito penal, pero el cumplimiento del compliance penal es esencial para prevenir la responsabilidad pena

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Colombia. Un modelo de autorresponsabilidad

El gran aporte de los sistemas de cumplimiento normativo es la posibilidad de estructurar un modelo autónomo de responsabilidad de los entes colectivos, superando las tradicionales dificultades teóricas y dogmáticas para aceptarla. La cuestión a resolver, en este último apartado, es si en Colombia existe o no la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pregunta que, en nuestro criterio, debe responderse de forma afirmativa.

Al respecto, encontramos que el artículo 34 de la Ley 1774 de 2011, Estatuto Anticorrupción indica que

Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente. (Ley N°1774, 2011)

Las medidas a que hace referencia este artículo se relacionan con la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público (Código Procedimiento Penal, 2004, art. 91), consecuencias de tipo administrativo que se imponen dentro del proceso penal.

Referencias

EL COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COLOMBIA

Compliance and criminal liability of legal persons in Colombia

Francisco Bernate Ochoa

BERNATE Ochoa, Francisco (2018). El Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo,

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En mi caso considero que debe ser una responsabilidad mixta, y velar por que la responsabilidad penal sea acorde a la gravedad de los casos.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe enmarcarse en el ordenamiento jurídico establecido, y dependiendo del tipo de delito o incumplimiento deberá ser sancionado penal o administrativamente.

En tal sentido limitar a un tipo de sanción conllevaría a que las personas jurídicas opten por justificar sus actos ilícitos, generando brechas de impunidad.

Los incumplimientos o delitos que comentan las personas jurídicas deben ser sancionados con un principio de proporcionalidad.

Los incumplimientos administrativos deberán ser atendidos por la autoridad competente, así como los delitos tipificados como penales.

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Luis Arrieta Panama

La responsabilidad de estas personas juridicas debe ser implementada para amabass funciones tanto penales como administrativas, para gener major eficiencia y cumplir siempre con los marcos regulatorios. Mientras se conoce lo penal, es importante saber mitigar el riesgo principalmente para no contrinuir con ninguna practica donde se aplica penas o sanciones, al igual que administrativo donde se convierta en un factor de practica y rol del cumplimiento

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe adoptar un modelo mixto que combine elementos penales y administrativos, por las siguientes razones:

1. La realidad delictiva corporativa exige una respuesta eficaz, debido a que las organizaciones puede cometer delitos complejos mediante estructuras jerárquicas y procesos corporativos organizados. Estas estructuras, si bien impersonales, facilitan delitos que no podrían ser cometidos por individuos aislados. Limitar la sanción únicamente a personas naturales deja vacíos de impunidad, especialmente cuando el beneficio es directo para la organización y no hay un autor claramente identificable.

2. El derecho penal moderno ya acepta la responsabilidad peral empresarial, aun cuando las personas jurídicas no tienen culpabilidad en sentido estricto al no tener conciencia ni voluntad, el derecho penal ha evolucionado con conceptos como: culpa organizacional, defecto estructural y deficiencia de control interno.

Esto permite asignar la responsabilidad penal autónoma a la persona jurídica si esta no implementó programas de cumplimiento eficaces, o si tolera una cultura delictiva dentro de su estructura.

3. La vía administrativa por si sola es insuficiente. Las sanciones administrativas (multas, cancelación de permisos, etc.) son útiles pero tienen limitaciones importantes: no generan reproche moral ni simbólico equivalente al delito; pueden ser percibidas como un costo del giro del negocio especialmente en grandes corporaciones y no permiten medidas cautelares penales como intervenciones judiciales o disolución forzosa.

4. Un modelo mixto permite aplicar sanciones penales severas cuando la organización ha sido el vehículo directo del delito y aplicar sanciones administrativas cuando se trata de infracciones por omisión de deberes de control o prevención. Además el modelo mixto fortalece los programas de compliance, al permitir que su adopción e implementación efectiva sea una causa eximente o atenuante.

Conclusión:

La responsabilidad de las personas jurídicas no debe limitarse exclusivamente al ámbito penal ni al administrativo. Un modelo mixto que combine ambos enfoques, respeta los principios del derecho penal moderno, cierra las brechas de impunidad, incentiva el desarrollo de modelos de cumplimiento efectivos y fortalece la cultura ética empresarial.

Por lo tanto, la mejor opción es un modelo mixto penal-administrativo, que permita responder adecuadamente a las diferentes formas de responsabilidad corporativa, protegiendo así tanto la legalidad como el interés público.

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Esta cuestión resulta especialmente relevante en contextos de lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y otros delitos económicos que generan un alto impacto social y económico.

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Esta cuestión resulta especialmente relevante en contextos de lucha contra la corrupción, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, y otros delitos económicos que generan un alto impacto social y económico.

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Por un lado, el modelo de responsabilidad administrativa plantea que las personas jurídicas, al no tener voluntad propia ni capacidad de culpabilidad como las personas físicas, no deberían ser penalmente responsables. En su lugar, se las sanciona mediante procedimientos administrativos con multas, inhabilitaciones, pérdida de licencias o clausuras. Este modelo tiene como ventaja el respeto por los principios clásicos del derecho penal, la agilidad procesal, y su adecuación a sistemas jurídicos de tradición romanista. Sin embargo, presenta debilidades importantes: puede resultar insuficiente frente a conductas empresariales graves y carece del poder disuasivo que conlleva una condena penal, lo cual debilita su efectividad en la prevención de delitos complejos.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta, ya que permite una respuesta más completa y eficaz frente a conductas ilícitas. Combina la fuerza del derecho penal para sancionar delitos graves, como la corrupción o el lavado de activos, con la flexibilidad del derecho administrativo para infracciones menores o técnicas. Este modelo equilibra eficacia sancionadora con garantías jurídicas, adaptándose mejor a la complejidad de las organizaciones modernas.

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 La responsabilidad penal debería ser mixta tanto penal corriendo el velo societario de la organización y responsabilizando penalmente a los directores por los actos de dicha sociedad, como así también por los actos de administración que esta sociedad realice. Deberían considerarse los contratos, trámites- gestiones administrativas y decisiones internas que hagan a los fines comerciales, y que conllevan una responsabilidad civil. 

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 La responsabilidad penal debería ser mixta tanto penal corriendo el velo societario de la organización y responsabilizando penalmente a los directores por los actos de dicha sociedad, como así también por los actos de administración que esta sociedad realice. Deberían considerarse los contratos, trámites- gestiones administrativas y decisiones internas que hagan a los fines comerciales, y que conllevan una responsabilidad civil. 

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La responsabilidad de las personas jurídicas debería ser mixta, es decir, tanto penal como administrativa.

Optar únicamente por un modelo administrativo tiene la ventaja de una tramitación más ágil y con menos garantías procesales que pueden ralentizar las decisiones judiciales. Sin embargo, este esquema suele ser percibido como insuficiente, ya que las sanciones administrativas no siempre transmiten la gravedad social de delitos como la corrupción, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, un modelo exclusivamente penal puede dotar de mayor fuerza simbólica y preventiva al sistema, ya que reconoce que las empresas pueden cometer delitos que afectan gravemente a la sociedad. No obstante, también presenta dificultades prácticas: el derecho penal está diseñado históricamente para individuos, y trasladarlo a entes colectivos genera debates sobre culpabilidad, dolo o nexo causal.

La solución más equilibrada es un modelo mixto, en el cual las personas jurídicas respondan penalmente por delitos de alta lesividad social, pero también estén sujetas a sanciones administrativas que permitan actuar de forma más rápida y proporcional frente a infracciones menos graves. Este esquema ya ha sido adoptado en varios países, pues refuerza tanto la prevención como la efectividad de la sanción, sin perder de vista la seguridad jurídica.

En conclusión, la combinación de responsabilidad penal y administrativa otorga mayor coherencia al sistema, protege de manera más eficaz los bienes jurídicos colectivos y envía un mensaje claro a las organizaciones: la integridad corporativa no es opcional, sino un deber exigible desde diferentes frentes.

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En mi opinión, el debate sobre si la responsabilidad de la persona jurídica debe ser penal, administrativa o mixta es fundamental. La designación jurídica de esta responsabilidad no es un simple formalismo, ya que determina el régimen de sanciones, los procedimientos aplicables y las garantías procesales a las que se sujeta la empresa.

Una perspectiva es que la responsabilidad debe ser administrativa o mixta. Esto se justifica en la dificultad de aplicar principios del derecho penal tradicional, como la culpabilidad (dado que una empresa no puede tener "intención" de la misma forma que una persona física), a una persona jurídica. En este enfoque, las sanciones suelen ser de tipo pecuniario (multas) o de inhabilitación.

No obstante, la naturaleza penal de la responsabilidad corporativa cobra relevancia cuando se trata de delitos graves como el cohecho transnacional, el lavado de activos o la financiación del terrorismo. En estos casos, la aplicación de un sistema penal busca un mayor nivel de disuasión y justicia, incluso si las consecuencias terminan recayendo en la persona física que actuó en nombre de la empresa. La característica penal o administrativa de la sanción, entonces, no es una simple elección, sino que está directamente relacionada con la gravedad del ilícito cometido y el marco normativo específico del país.

En conclusión, la clasificación de la responsabilidad de la persona jurídica es crucial para el diseño efectivo del sistema de compliance, ya que las empresas y sus compliance officers necesitan saber bajo qué reglas y con qué consecuencias están operando.

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Yo creo que la responsabilidad de las personas jurídicas debería ser penal, no solo administrativa. ¿Por qué? Porque si una empresa comete un delito grave ,por ejemplo, corrupción, lavado de dinero o trata de personas, no basta con una multa o una sanción administrativa, que a veces se paga y listo. Tiene que haber consecuencias más fuertes, porque al final una empresa también puede causar daño real a la sociedad, igual que una persona.

Además, si se aplica solo lo administrativo, muchas veces las sanciones no llegan a generar un cambio real en la conducta de la empresa. En cambio, cuando hay riesgo penal como inhabilitación, disolución o pérdida de contratos con el Estado las empresas se ven obligadas a tomarse en serio sus políticas de cumplimiento.

Eso sí, hay que aplicar esa responsabilidad con criterio. No se trata de castigar por castigar, sino de hacerlo cuando realmente hubo falta de control o beneficio directo de la empresa en el delito.

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Desde mi perspectiva, ha llegado para quedarse, pero lejos de estancarse, está evolucionando hacia una función de mayor sofisticación y valor estratégico. Su permanencia es un pilar inamovible, ya no solo por la presión de una red regulatoria global interconectada y con alcance extraterritorial, sino porque la integridad se ha convertido en una demanda comercial. Hoy, los inversores, clientes y el mejor talento humano exigen transparencia, y los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) son la prueba de que un fallo de cumplimiento es una crisis reputacional y de negocio.

Mi visión para los próximos 5 a 10 años es que veremos una convergencia de tres grandes tendencias. Primero, la tecnología (RegTech) transformará la función, pasando de procesos manuales a un monitoreo proactivo y en tiempo real mediante inteligencia artificial y análisis de datos. Segundo, el universo de riesgos se expandirá decididamente más allá de la corrupción y el lavado de activos, abarcando de forma central la ciberseguridad, la protección de datos y la sostenibilidad.

Finalmente, y como resultado de lo anterior, el compliance dejará de ser percibido como un centro de costo para consolidarse como un generador de valor. Una cultura de integridad robusta es una ventaja competitiva que genera confianza, atrae capital y protege el activo más importante de cualquier empresa: su reputación. El Oficial de Cumplimiento del futuro es, sin duda, un asesor estratégico clave en la mesa de decisiones.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser una responsabilidad penal y, dependiendo del caso, puede ser también administrativa o civil, aunque la responsabilidad penal se ha vuelto cada vez más común a nivel internacional y en algunas legislaciones para delitos como los ambientales y los financieros. En Ecuador, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las personas jurídicas son penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio, para lo cual deben demostrarse los actos u omisiones que afectaron el objeto social de la empresa a través de una organización deficiente.

¿Por qué la responsabilidad penal es fundamental?

Cumplimiento de la ley:

Permite que la persona jurídica sea sancionada por sus propias acciones u omisiones, y no solo por las de sus miembros, mediante un modelo de auto-responsabilidad.

Prevención:

Fomenta una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, previniendo que se comentan delitos.

¿Cuándo puede ser mixta?

Responsabilidad administrativa:

Una persona jurídica puede ser sancionada administrativamente por infracciones, pero esto no exime de su responsabilidad penal.

Responsabilidad civil:

La empresa también puede ser responsable de forma civil por los daños que puedan causar sus miembros, como ocurrió en el sistema español hasta el Código Penal de 1995.

Ejemplos en la legislación:

En el caso de Ecuador, el artículo 49 del COIP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Las reformas al Código Penal español de 2010 incluyeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio, lo que permitió sancionar a empresas por irregularidades organizadas de sus miembros.

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Concuerdo, que el modelo debe ser mixto, de acuerdo a la gravedad del incumplimiento. Contemplando de esta manera una Justicia Administrativa para las faltas y la Justicia Penal para las figuras delictivas.-

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Debería ser un modelo administrativo,  penal o mixto?- Sheiling Terán 

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Debería ser un modelo administrativo,  penal o mixto?- Sheiling Terán 

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La responsabilidad de las personas jurídicas debería adoptarse bajo un modelo mixto, precisamente por el peso y alcance que tienen en la sociedad y en la economía. Si se opta únicamente por un régimen penal, se enfrentan limitaciones dogmáticas derivadas de la teoría del delito, ya que la culpabilidad y la imputación subjetiva difícilmente se adaptan a un ente colectivo. Por otro lado, un esquema meramente administrativo corre el riesgo de ser insuficiente, pues las sanciones económicas o correctivas suelen convertirse en un costo más de operación, sin generar un verdadero efecto preventivo ni correctivo. En cambio, un modelo mixto permite equilibrar ambos planos: desde el derecho penal se otorga fuerza simbólica y sancionatoria —inhabilitaciones, disolución, restricciones para contratar con el Estado—, mientras que el derecho administrativo ofrece herramientas preventivas y de control continuo —compliance obligatorio, multas proporcionales, auditorías externas—. Este equilibrio no solo refuerza la eficacia del sistema, sino que responde a la responsabilidad real y compleja que las personas jurídicas asumen al impactar en múltiples esferas sociales, económicas y políticas, asegurando que no puedan escudarse en su estructura para eludir consecuencias y, al mismo tiempo, evitando que el castigo sea meramente formal o simbólico.

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Pienso que debe ser un mix, porque administrativamente llega hasta el punto que es muy relevante el vida de una empresa que es el econòmico y que pone en juego la estabilidad y liquez de la misma, por tanto, se tomara mas en serio el tema de Compliance, sobretodo cuando sean cierto tipo de delitos.

Y lo penal por su puesto para delitos que atentan contra los recursos publicos

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En mi caso considero por ejemplo, que un mix entre responsabilidad penal para aquellos casos con mayor gravedad y administrativa para incumplimientos estructurales, puede generar una mayor proporcionalidad, una mejor prevención e incentivos para el Compliance en general.

Sin embargo, esto puede depender de cuales son los fines perseguidos por el sistema juridico e inclusive de la capacidad institucional. Importante destacar a mi parecer este modelo mixto evitaria la impunidad cuando no hay una condena penal individual, pero si hay fallas en la organización.

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Los programas de compliance han llegado para quedarse ya que se están transformando en ventaja competitiva, requisito contractual y factor atenuante en sanciones cuando se presentan incumplimientos.

Se está evolucionando tanto en la parte legal como tecnológica lo que conlleva a mayor efectividad en los procesos de cumplimiento como condición estratégica estado actual de la normativa y las reformas recientes.

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En mi opinión, actualmente, se tiende hacia un sistema mixto o de doble nivel para abordar la responsabilidad de las empresas. Este sistema combina la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas, aplicándose cuando dentro de la estructura de la empresa se gestan o permiten actividades ilícitas.

Responsabilidad Penal

¿Qué es?
Se trata de sanciones penales impuestas a una empresa cuando sus representantes o trabajadores cometen delitos en su nombre.

Requisitos:
El delito debe ser cometido por personas vinculadas a la empresa, generar un beneficio para ella o reflejar defectos en su organización.

Objetivo:
Promover la resocialización de la empresa y evitar que se repitan estas conductas.

Responsabilidad Administrativa

¿Qué es?
Sanciones por incumplir normas o reglamentos, sin que necesariamente sean delitos graves.

Base:
Se basa en acciones u omisiones que violan regulaciones administrativas, pero no implican faltas penales.

Sistema Mixto

¿Por qué es necesario?
Este enfoque permite sancionar desde infracciones menores hasta delitos graves.

Consecuencias:
Las medidas pueden incluir multas, reparación de daños o incluso la inhabilitación para ciertas actividades, dependiendo de la gravedad de la falta.

Aspectos clave

Falla Organizacional:
En países como Panamá, es necesario demostrar que el delito refleja un defecto en la organización de la empresa o que esta fue creada con fines ilícitos.

Responsabilidad de Gestores:
Aunque los gestores y trabajadores pueden ser responsables directos, no son la única vía para atribuir culpa a la empresa.

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responsabilidad penal y administrativa de una sociedad juridica

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Considero que el modelo mixto es el ideal, ya que que combina sanciones penales y administrativas, por consiguiente, es el más adecuado para abordar la responsabilidad de las personas jurídicas. Este enfoque permite aplicar sanciones proporcionales según la gravedad del hecho, garantiza flexibilidad procesal y refuerza la prevención mediante incentivos reales para implementar programas de integridad. Además, se alinea con los estándares internacionales y facilita la cooperación jurídica entre países. Es un modelo equilibrado, eficaz y adaptado a la complejidad del mundo corporativo.

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Considero que el modelo óptimo sería un modelo mixto, tanto de responsabilidad administrativa con consecuencias penales que mantenga la precisión conceptual mientras maximice la efectividad práctica. Esto significaría procesos administrativos especializados con estándares probatorios rigurosos, pero con sanciones que incluyan consecuencias tradicionalmente asociadas con el derecho penal, como: inhabilitaciones para contratar con el Estado, disolución de entidades, prohibiciones sectoriales, y publicidad de sanciones que genere el estigma necesario para disuasión efectiva. Este enfoque reconocería que aunque las personas jurídicas no puedan ser "culpables" en sentido tradicional, pueden ser "organizacionalmente deficientes" de maneras que justifiquen intervenciones estatales severas cuando esas deficiencias facilitan actividades criminales sistemáticas.

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En Guatemala, la adopción de métodos efectivos para la responsabilidad penal en las empresas es fundamental para garantizar la integridad y prevenir riesgos legales. Entre los principales métodos destacan la implementación de programas de cumplimiento que establecieron controles internos claros y políticas éticas, así como la capacitación constante del personal para promover la cultura de cumplimiento. La evaluación continua de riesgos permite identificar áreas vulnerables y aplicar medidas preventivas específicas. Además, los canales de denuncia confidenciales son esenciales para detectar oportunamente conductas indebidas. También es crucial que los líderes y representantes legales asuman un rol activo en la gestión y supervisión de estos programas. Finalmente, las auditorías periódicas aseguran que las políticas se cumplan y que se realicen los ajustes necesarios. Estos métodos no solo ayudan a evitar sanciones, sino que fortalecen la reputación y confianza en el mercado guatemalteco, contribuyendo al desarrollo sostenible del país.

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Melissa Lacayo C- Métodos de responsabilidad

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Melissa Lacayo C- Métodos de responsabilidad

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debería abordarse principalmente desde un enfoque administrativo, y no estrictamente penal, debido a la naturaleza misma de las empresas, sin voluntad individual. La teoría del delito está diseñada para imputar culpabilidad a personas naturales, que poseen conciencia y capacidad de decidir; por ello, aplicar responsabilidad penal directa a una organización resulta problemático desde un punto de vista jurídico y práctico.

Sin embargo, también considero útil un enfoque mixto en ciertos casos. Por ejemplo, cuando las conductas de sus representantes o directivos causan daños graves, la sanción administrativa puede complementarse con responsabilidad penal individual, dejando que el juzgado actúe sobre las personas físicas involucradas mientras la empresa enfrenta multas, medidas correctivas o supervisión. Este esquema protege el principio de culpabilidad, asegura la prevención de riesgos y permite que las empresas adopten programas de cumplimiento (compliance) sin ser penalizadas de manera automática por delitos cometidos por individuos aislados.

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considero debe ser un mix ya que las organizaciones no solo pueden tener incumplimientos por temas normativos si no que también incumplimientos contractuales o incumplimiento de procesos lo que debe ser castigado en función al tipo de incumplimiento

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Consideró que debería ser un sistema mixto, ya que debe ser un tribunal calificado quien evalúe, mediante pruebas idóneas y respetando un proceso, las garantías de las persona jurídicas o naturales, para luego, una vez determinado la comisión de un delito, dicho tribunal corra traslado a la autoridad administrativa competente y esta pueda determinar la sanción mediante un estudio y análisis la cuantía de la multa. de esta manera son dos instituciones (judicial y Administrativa), quien en conjunto sancionaran a las personas jurídicas en caso de determinar que se cometió el hecho delictivo.

1. juzgado Penal, determina la comisión del delito y sanciona según las normas penales.

2. Entidad administrativa, estudia mediante libros contables, auditorias y estados financieros, para sancionar mediante multa según lo que corresponda.

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Creo que debe ser mixta, ya que este ambas deben buscar un equilibrio para poder judicializar y sancionar a las entidades y a las personas naturales que las dirigen, la impunidad no puede ser el faro que ilumine siempre, por el contrario, el poder judicial debe dar golpes fuertes y crear precedentes para que los mal llamados ladrones de cuello blanco piensen dos veces antes de intentar alguna practica corrupta en una país de Latinoamérica.

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Me parece que lo más razonable sería un modelo mixto. Por un lado, la responsabilidad penal es clave para delitos graves como: corrupción, lavado de dinero o soborno transnacional. Por otro lado, la responsabilidad administrativa es más ágil y flexible para sancionar incumplimientos que no necesariamente constituyen delitos, pero que afectan la integridad corporativa, como fallas en controles internos o infracciones regulatorias. En Argentina, desde la sanción de la Ley 27.401 (2018), existe un régimen exclusivamente penal para las personas jurídicas en casos de delitos contra la administración pública y cohecho transnacional. Esto significa que la sanción siempre la aplica un juez penal, pudiendo incluir multas, inhabilitación, pérdida de beneficios y hasta la disolución de la empresa. No existe, por ahora, un sistema administrativo paralelo como en otros países, por lo que, si el hecho no encuadra como delito, no se puede sancionar por esta ley. Por eso, creo que en Latinoamérica el futuro debería ir hacia un modelo mixto, como el de España, donde la vía penal convive con sanciones administrativas en ámbitos como la competencia o la protección de datos. Esto permitiría sancionar con firmeza cuando el hecho lo amerita, pero también prevenir y corregir de forma más rápida y proporcional.

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Desde mi perspectiva, la responsabilidad de las personas jurídicas debe adoptar un modelo mixto, que combine elementos penales y administrativos, según la gravedad del hecho y el interés jurídico afectado.

Porque si bien es cierto que las organizaciones no tienen conciencia ni voluntad como las personas naturales, sí pueden actuar mediante sus órganos, representantes o estructuras internas, generando daños graves a bienes jurídicos protegidos, como la administración pública.

El Derecho Penal debería aplicarse en los casos más graves, como corrupción, lavado de dinero o delitos económicos complejos, siempre que se garantice el debido proceso y se definan claramente los criterios de imputación penal a la persona jurídica.

El Derecho Administrativo Sancionador, por su parte, resulta útil y ágil para sancionar incumplimientos menos graves o regulatorios, sin necesidad de probar “culpabilidad” en el sentido estricto, pero sí una omisión o falta de diligencia razonable.

No se trata de elegir entre penal o administrativo, sino de diseñar un sistema coherente, proporcional y funcional, donde ambos tipos de responsabilidad se complementen y permitan una respuesta eficaz frente a las infracciones cometidas en el marco de una organización.

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En un delito hay factores como culpabilidad, conciencia, voluntades, es decir atributos humanos, las personas jurídicas al ser entes abstractos carecen de conciencia o voluntad propia, por eso algunos juristas consideran que no pueden ser penalmente responsables en sentido estricto. Un modelo administrativo se basa en responsabilidad objetiva, se sanciona al haber algún incumplimiento, no es necesario mostrar dolo o intención y puede ser ágil en aplicar, pero te daría una sensación de injusticia cuando no hay diferencia entre negligencia grave y error menor. Algunos países de Europa y Latinoamérica han adoptado responsabilidad penal de personas jurídicas. Las empresas son sancionadas por delitos cometidos por sus representantes cuando el delito cometido benefició a la empresa o hubo fallas en los controles internos.

Un modelo “mixto” combinando responsabilidad administrativa y penal, ya sea cuando hay cuando hay delitos graves y fallas estructurales y también para faltas menores o técnicas, se asoma como la solución más balanceada ya que puede sancionar sin forzar, pero sin perder el poder de la disuasión. Considero que un modelo mixto es el más equilibrado ya que reconoce lo complejo de las organizaciones, permite sancionar dentro las leyes y las normas, y fomenta la prevención incentivando a las empresas a implementar programas de cumplimiento.

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La responsabilidad penal tradicional no encaja totalmente con personaas juridica porque no hay unca culpabilidad subjetiva. Sin embargo la responsabilidad penal adaptada, basa en responsabilidad objetiva po por riesgo, es necesaria para combatir delitos corporativos.

Lo ideal es un sistema mixto, penal/administrativo, que permita sancionar eficazmente sin romper con principios fundamentales del derecho.

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En mi opinión aunque la materia penal pura encuentra dificultades para encajar la culpabilidad de una persona jurídica, la realidad social y la necesidad de una respuesta eficaz han impulsado la creación de regímenes de responsabilidad para las corporaciones. Lo que realmente funcionaria es un sistema que, si bien puede mantener la terminología de "responsabilidad administrativa" en algunos países para evitar la discusión dogmática de la culpabilidad, impone sanciones lo suficientemente gravosas como para tener un efecto equivalente al penal en términos de disuasión y castigo, y que además, incentive la adopción de programas de integridad.

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Desde un punto critico a mi parecer las sanción hacia las personas jurídicas debería desde la gravedad del delito y su incumplimiento a la normatividad de cada región. Seria importante clasificar los tipos de delitos e incumplimientos por las personas jurídicas para sancionar ya sea de forma administrativa y penalmente.

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En mi opinión, la responsabilidad de la persona jurídica debería desarrollarse en un sistema mixto, de esta forma el juez a cargo tiene la potestad de imponer sanciones acorde al nivel de gravedad que haya tenido el delito, ya sea por medio de multas administrativas o cargos penales (siempre y cuando se tenga definido que tipos de delito se clasifican como graves para llevar un proceso penal y cuales tienen un menor impacto que se puedan resolver con un proceso de sanciones a nivel administrativo). Considero que si se mantiene un sistema mixto, las empresas serian mas cautelosas en cuanto a temas de compliance, y poco a poco empezarían a implemente un sistema de prevención que garantice programas robustos, con el fin de evitar que la empresa se vea involucrada en este tipo de circunstancias.

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Creo que debe ser una responsabilidad mixta, porque la persona juridica debe contar con el programa robusto y procesos adecuados para ejercer sus operaciones acordes a las normativas de cada Estado o país donde se encuentren sus filiales y matriz.

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La discusión sobre si la responsabilidad de la persona jurídica debe ser penal, administrativa o una combinación de ambas ha sido uno de los ejes centrales en la evolución del derecho sancionador moderno, especialmente en sistemas jurídicos de tradición continental como los latinoamericanos.

Desde el punto de vista teórico, es cierto que resulta complejo —incluso polémico— atribuir culpabilidad penal a un ente que no posee conciencia ni voluntad como lo haría una persona natural. La teoría clásica del derecho penal exige dolo o culpa, elementos que no encajan fácilmente en una estructura organizacional, que actúa a través de personas físicas. Por esta razón, algunos sistemas optaron inicialmente por un modelo puramente administrativo, que evita forzar los principios penales clásicos.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que la persona jurídica puede ser un vehículo eficaz para la comisión de delitos graves, y que en muchos casos, su diseño institucional —falta de controles, cultura permisiva, incentivos perversos— contribuye directamente a la materialización del ilícito. Ante esto, muchos países han adoptado un enfoque mixto o “cuasipenal”, que permite sancionar a la organización sin necesariamente aplicar los mismos criterios subjetivos que rigen para las personas naturales, pero manteniendo garantías mínimas.

En mi opinión, el modelo más razonable para Latinoamérica es precisamente este enfoque mixto, en el que:

La persona jurídica pueda ser sancionada penalmente, con un régimen específico adaptado a su naturaleza (por ejemplo, responsabilidad por defecto de organización).

Existan alternativas administrativas efectivas, que permitan actuar de forma ágil ante infracciones menos graves o cuando no se justifique una intervención penal.

Se priorice la prevención, incentivando Programas de Integridad como mecanismo de exoneración o atenuación de responsabilidad.

Este modelo reconoce las limitaciones teóricas, pero también responde a las exigencias prácticas de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos modernos, que no siempre se pueden enfrentar eficazmente desde el derecho penal clásico.

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Es de vital importancia que las empresas en su sano operar sean rigurosas en cuanto a su cumplimiento y prevencion de riesgos en todas y cada una de las jurisdicciones donde opera.

En mi opinion la responsabilidad mixta es la que mejor se adapta al objetivo de prevenir la corrupcion el fraude y demas actividades delictivas conexas, pues no solo se centra en sanciones administrativas, sino que al plantear una responsabilidad penal a la persona juridica y a sus representantes por los actos cometidos, se desalienta hasta cierto punto la comision de hechos punibles.

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La verdad, yo soy del criterio de que lo mejor es que sea mixta, o sea, que tenga tanto lo penal como lo administrativo. ¿Por qué? Porque hay casos en que una multa o sanción administrativa no alcanza, especialmente si la empresa estuvo involucrada en algo serio, como corrupción o lavado de dinero.

Aquí en Costa Rica ya dimos un paso con la Ley 9699, que permite castigar penalmente a una empresa si se ve involucrada en delitos como cohecho o soborno transnacional. O sea, no solo se castiga al funcionario, sino también la empresa si no actuó con la debida diligencia o se benefició.

Y además de eso, existen medidas administrativas, como sacarla de contrataciones públicas o hasta cerrarla, si se trata de una falta de carácter grave. Entonces, tener las dos opciones le da al Estado más campo para actuar y a las empresas las pone a pensar dos veces antes de hacerse las locas. Así que sí, para mí, lo mixto es lo más justo y lo más completo.

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La responsabilidad de una persona jurídica debería ser una combinación de responsabilidad penal y administrativa, para asegurar sanciones proporcionales según la gravedad del delito, fomentando la prevención y el cumplimiento normativo sin afectar innecesariamente la continuidad de la empresa.

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Un modelo mixto que combine la responsabilidad penal y administrativa, por un lado, las empresas son entes sin voluntad esto resulta en difícil encajar la culpabilidad penal, pero  deben responder de manera más fuerte que solo con sanciones administrativas cuando su falta de controles o su organización es débil y facilita cometer delitos graves.

El sistema mixto permite que, ante delitos, sea un juez penal quien determine las responsabilidades y sancione, pero que también existan vías administrativas para castigar incumplimientos menos graves o aspectos preventivos. De esta forma, se asegura que las empresas cumplan con sus deberes de control y contribuyan a prevenir la criminalidad.

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Debe ser mixta a mi criterio, pero con el Matiz que dependiendo de lo que se le esta adjudicando. No podemos volver penal un proceso por el cual una infracción es administrativa y asi viceversa. Es importante recordar que el modelo penal es aplicable bajo el principio que es como ultima instancia. si todo lo volvemos penal con una sanción ademas de pecuniaria, cárcel, podemos crear un régimen de miedo y muy estricto, lo cual dificultaría el desarrollo de las empresas y la inversión, asumo como restringir la competencia. El mercado claro que debe ser regulado, pero nunca para evitar que se desarrolle espontáneamente de acuerdo a Hayek.

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Considero que podría ubicarse en un modelo mixto, ya que dependiendo de la complejidad en las que las personas jurídicas esta implicadas puede generar una sanción en la que se debe responder, quizá el ver que tipo de culpabilidad y tratar de ver a que tipo de norma se puede enjuiciar.

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A mi criterio, debe ser mixta, en instancia penal lo veo un poco abstracto toda vez que la sociedad como tal no es capaz de actuar por sí misma; sin embargo, el poder fijar responsabilidad por la comisión de hechos delictivos no se debe limitar al socio o representante como tal, porque la sociedad estaría funcionando sin mayor repercusión; sin embargo, si tiene impacto en sede administrativa también, podemos hablar de una sanción monetaria, material o incluso de disolución que en sede penal no puede hacer el juez más si ordenar, considero qué forman parte de un todo ambas ramas

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Responsabilidad penal, administrativa o un modelo mixto? Un análisis sobre la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas 

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Responsabilidad penal, administrativa o un modelo mixto? Un análisis sobre la atribución de responsabilidad a las personas jurídicas 

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En mi criterio el modelo más adecuado es el mixto, ya que reconoce la necesidad de sancionar penalmente ciertos comportamientos empresariales graves (corrupción, lavado, colusión), pero sin caer en la ficción de buscar culpabilidad en un ente inanimado. Este enfoque combina el rigor penal con un análisis organizacional preventivo, reforzando la cultura de integridad en las empresas.

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En mi criterio personal, el modelo mixto (penal y administrativo) es el enfoque más completo y ampliamente adoptado en muchos países. Este modelo responde mejor a la complejidad de las personas jurídicas como sujetos de derecho.

¿Por qué no optar solo por un modelo penal o administrativo?

Solo penal: limita la capacidad del Estado para sancionar conductas graves que no alcanzan el umbral del delito.

Solo administrativa: puede carecer de fuerza disuasoria suficiente frente a delitos graves y no permite aplicar penas proporcionales como la disolución.

¿Cuáles son los beneficios estratégicos?

Proteger el interés público.

Fomentar una cultura organizacional de cumplimiento.

Garantizar proporcionalidad y efectividad en las sanciones.

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Crees que la responsabilidad de las personas jurídicas debe de ser penal administrativa o debe ser un mix entre responsabilidad penal por ser un delito y un juzgado el que sanciona las personas jurídicas o responsabilidad administrativa por no encontrar dentro de la teoría del delito la culpabilidad dolente ideal como puede ser una organización?

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Crees que la responsabilidad de las personas jurídicas debe de ser penal administrativa o debe ser un mix entre responsabilidad penal por ser un delito y un juzgado el que sanciona las personas jurídicas o responsabilidad administrativa por no encontrar dentro de la teoría del delito la culpabilidad dolente ideal como puede ser una organización?

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En mi opinión, la responsabilidad de las personas jurídicas debe configurarse mediante un modelo mixto, que combine adecuadamente los elementos del Derecho Penal y del Derecho Administrativo Sancionador. Esta postura se fundamenta en el principio de proporcionalidad, uno de los pilares esenciales de todo sistema sancionador moderno. Dicho principio exige que la respuesta del Estado frente a una conducta antijurídica sea adecuada, necesaria y graduada, considerando criterios como la gravedad del hecho, la intensidad del daño causado y el nivel de responsabilidad organizacional implicado.

Desde esta perspectiva, el modelo mixto permite articular una respuesta diferenciada y equilibrada. La vía penal debe reservarse para aquellos supuestos en los que se constate una conducta particularmente grave, que genere un beneficio directo para la empresa y refleje una clara tolerancia institucional frente al ilícito. En estos casos, las sanciones aplicables pueden incluir multas penales, inhabilitación para contratar con el Estado, intervención judicial e incluso la disolución de la persona jurídica, siempre garantizando el pleno respeto a las garantías propias del proceso penal.

Por otro lado, cuando se trate de infracciones de menor entidad o de carácter no doloso, como el incumplimiento de deberes normativos, omisiones en los mecanismos de control interno o deficiencias administrativas, lo más adecuado es la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador. Esta vía ofrece respuestas menos gravosas pero igualmente eficaces, permitiendo corregir la conducta sin recurrir a la estigmatización penal, todo ello sin perder de vista el principio de proporcionalidad como límite sustantivo y metodológico.

En conclusión, un modelo mixto bien diseñado y sustentado en una aplicación rigurosa del principio de proporcionalidad representa una solución jurídicamente sólida frente a las particularidades de la responsabilidad empresarial en el contexto contemporáneo. No se trata de una superposición de regímenes sancionadores, sino de una estructura complementaria y coherente, capaz de abordar con eficacia los distintos niveles de imputación a las personas jurídicas, sin desatender los valores fundamentales del Estado de Derecho.

José Francisco Cardona Bueso

Honduras

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Creo que debe existir una combinación según la gravedad y alcance del ilícito cometido, con el objetivo de que la sanción sea proporcional, sin ser excesiva pero también logrando desincentivar que se cometan actos ilícitos, con respecto a la persona jurídica considero que para las sanciones penales siempre debe existir un responsable quien deba responder por los ilícitos cometidos por la emprea.

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Considero que la responsabilidad debe ser mixta por el hecho en que no todos los actos pueden llegar a ser penalizados y no por esto deben perder relevancia, se deben establecer medidas administrativas tales como multas, restricciones, sanciones. Adicional al ser responsabilidad mixta ayuda a la mitigación de los riesgos de la compañía.

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Considero que la responsabilidad de la empresa debe ser mixta, tanto administrativa como penal, a fin de cuentas es una persona jurídica legalmente constituida y para los efectos legales un ente habilitado para contratar y ser sujeto de derechos y obligaciones al igual que la persona natural. En ese sentido, tiene que ir de la mano en responsabilidad tanto administrativa (civil) como penal la empresa con el o los directivos que gestionaron las violaciones al ordenamiento jurídico en nombre y beneficio de la persona jurídica como en beneficio propio.

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Considero que la responsabilidad de la empresa debe ser mixta, tanto administrativa como penal, a fin de cuentas es una persona jurídica legalmente constituida y para los efectos legales un ente habilitado para contratar y ser sujeto de derechos y obligaciones al igual que la persona natural. En ese sentido, tiene que ir de la mano en responsabilidad tanto administrativa (civil) como penal la empresa con el o los directivos que gestionaron las violaciones al ordenamiento jurídico en nombre y beneficio de la persona jurídica como en beneficio propio.

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Desde mi punto de vista  la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta, es decir, que incluya tanto consecuencias penales como administrativas ya que los delitos corporativos tienen un impacto profundo en la sociedad, ya sea por corrupción, lavado de activos o daño ambiental, y no pueden abordarse únicamente desde la vía administrativa, que a menudo carece del efecto sufficiente para hacer un impacto en evitar estas conductas.

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Considero que debe ser un sistema mixto, realizar toda la investigación correspondiente para identificar los delitos cometidos y las personas que participaron. Así poder sancionar administrativamente a la persona jurídica y de forma penal a los involucrados en los delitos. Imponiendo sanciones de impedimento para seguir operando, multas y prisión si en caso lo ameritara.

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Según mi punto de vista, la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser un modelo mixto que combine elementos penales y administrativos, en Ecuador, la responsabilidad de las personas jurídicas no está regulada de forma integral como en algunos países con modelos penales o mixtos más desarrollados. Sin embargo, existen disposiciones sectoriales que abren paso a una responsabilidad más administrativa que penal, aunque con ciertos elementos mixtos que están naciendo.

La complejidad de las estructuras corporativas que, si bien no son personas físicas, actúan a través de ellas, plantea desafíos significativos en el ámbito de la responsabilidad legal. Un modelo exclusivamente penal puede resultar limitado si no se adapta a la dinámica y funcionamiento real de las personas jurídicas. En este sentido, un enfoque mixto es la opción más adecuada, ya que permite sancionar tanto delitos penales graves, como el cohecho, el fraude, el crimen organizado, la corrupción o el lavado de activos; así como faltas administrativas relevantes, tales como infracciones regulatorias, vulneraciones a la normativa de protección de datos personales, derechos del consumidor o incumplimientos de las normas laborales.

En conclusión, un modelo exclusivamente penal puede ser lento y limitado. Uno solo administrativo puede ser insuficiente frente a delitos graves. Un modelo mixto ofrece un equilibrio eficaz entre prevención, sanción y reparación, adaptado a la realidad del funcionamiento empresarial actual.

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Considero que el sistema de responsabilidad debe ser mixto para sancionar penalmente a las personas físicas que cometen el hecho en nombre de la persona jurídica, y a su vez sancionar administrativamente a la persona jurídica para obligarla a que en un futuro tome las previsiones necesarias para evitar que el delito, o cualquier otro delito distinto, se vuelva a cometer.

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Creo que el modelo mixto es el más eficaz y justo, porque permite castigar los casos realmente graves con penas penales, y gestionar los riesgos y sanciones de manera más práctica con herramientas administrativas.

Este enfoque también promueve una cultura de cumplimiento en las empresas, sin criminalizarlas innecesariamente.

Si la responsabilidad fuera sólo penal, se puede entrar en conflicto con principios del derecho penal clásico, como el de culpabilidad personal o peor aún, se puede generar estigmatización innecesaria y consecuencias graves (como la quiebra) sin reparar realmente el daño social.

Y si es solo administrativa, se corre el riesgo de parecer menos severa, que a veces es percibida como una sanción sólo de pago, sin consecuencias profundas.

Por el contrario el modelo mixto de penal y administrativo, equilibra la necesidad de castigar con la de prevenir y corregir. A la vez, permite una respuesta proporcional penal en casos graves y administrativa en casos menos lesivos. Y finalmente, fomenta la implementación de Programas de Integridad o Compliance efectivos.

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Al respecto, considero que la responsabilidades de las personas jurídicas deben ventilarse en un sistema que no permita la prejudicialidad, en palabras coloquiales, un país que reconozca y separa el tipo de responsabilidad, como por ejemplo en Panamá, la Constitución de la Republica, crea y le da facultades al Ministerio Público para ejercer la acción penal, sin embargo, reconoce la responsabilidad patrimonial a través de los Tribunales de Cuentas, con este ejemplo, quiero dejar dicho que en Panamá te pueden estar investigando penalmente y a la vez patrimonialmente por un delito. Dicho esto, creo firmemente que los sistemas mixtos de responsabilidades administrativas y penales pueden coexistir de manera armoniosa, en ese sentido, en Panamá contamos con superintendencias (administrativas) que regulan el funcionamiento per se de las distintas empresas obligadas, supervisan sus controles y presentación de documentación periódica. Sin embargo, hay conductas que se encuentran tipificadas en el código penal que extralimitan el actuar de estas intendencias administrativas, y aquí entra al investigación penal.

desde mi perspectiva, si bien se dice que una persona jurídica no tiene noción de culpabilidad, en el derecho moderno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a reconocido que las personas jurídicas son susceptibles de reconocimiento de derechos y obligaciones, ya que constituyen un medio o "instrumento" para la comisión de determinada actuación, en ese sentido, una empresa utilizada para la comisión de una conducta ilícita es identificable penalmente, por ser esa herramienta para evadir responsabilidades, en Panamá en el Código Penal, específicamente en el artículo 91 se trazan esas aristas y situaciones en las que se identifica como una persona jurídica es utilizada para la comisión de un delito.

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En mi opinión, la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta: penal y administrativa, pero bien estructurada.

¿Por qué? Porque una empresa sí puede crear un entorno donde se cometan delitos (por acción o por omisión), y no debería quedar impune solo porque “no tiene conciencia”. Aunque no se le pueda aplicar la culpabilidad como a una persona física, sí se le puede exigir responsabilidad por fallas graves de organización, cultura interna o falta de controles.

Lo penal entra cuando hay hechos graves y la empresa se beneficia o no hizo nada por evitarlo (ej. corrupción, lavado, fraude). Pero también se necesita lo administrativo, para casos donde no hay delito como tal, pero sí incumplimientos que deben corregirse o sancionarse.

En resumen:

Lo penal para lo grave y con impacto social.

Lo administrativo para controlar, corregir y prevenir.

Y el compliance como escudo (si está bien hecho, claro).

Así ninguna empresa se esconde detrás del “ente ideal” y tampoco se cae en abusos sancionatorios sin base legal solida

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Considero que debe ser mixta; tanto administrativas como penales. No se puede negar, menos aún menospreciar que las sociedades han tenido amplia evolución en materia administrativa y que la misma sigue siendo aplicable en proporción a la falta. El complemento debe ser la implicación penal a la persona jurídica, como mecanismo para reducir la incidencia de comportamientos delictivos.

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser regulada si o si, en aplicación dentro de un marco jurídico penal es lo más idóneo, a mi parecer, y ser tratada de manera independiente a la responsabilidad propia de la persona natural que haya actuado en su representación. Sin embargo, en los países donde genere algún tipo de conflicto regular de esta forma la conducta de una persona jurídica, por lo menos debe tener sanciones drásticas de orden administrativo.

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Considero que una buena práctica sería que la responsabilidad de la persona jurídica sea tanto penal como administrativa, ya que permite abordar conductas graves con sanciones proporcionales y al mismo tiempo garantizar mecanismos eficaces de prevención, reparación y control. Ambas vías se complementan para fortalecer la cultura de integridad empresarial.

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La responsabilidad de la persona jurídica debe ser del tipo penal, al ser comprobado por medio de un proceso de investigación y comprobado judicialmente la comisión de un delito, llevando esto a sanciones que pueden ser el cierre definitivo, el registro en lista de antecedentes penales, el castigo para no poder seguir operando entre otros mecanismos sancionadores, por tanto el tipo de sanción puede ser administrativo en el caso mas leve o penal en el caso mas grave.

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La responsabilidad de las personas jurídicas ha llegado para quedarse a la región, sea por las crisis internas de casos de corrupción como por la acción de entidades internacionales. No obstante, únicamente asociados a los recursos públicos (por ejemplo: licitaciones) con el objetivo de respetar la voluntad de lo privado. Entonces, se debe construir un marco normativo sólido e integral que concentre la actividad en ciertos delitos promoviendo dentro de las empresas los mecanismos de prevención, control, y sanción.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe aplicarse bajo un sistema mixto (penal y administrativo) y ya explico por qué.

En primer lugar, para responsabilizar a una persona jurídica, debe existir una investigación penal para los delitos tipificados en el Código Penal.

En el caso particular de Panamá se ha visto como organizaciones han sido objeto de investigación penal con diligencias de allanamiento, peritajes forenses, entre otras diligencias judiciales, las cuales han sido utilizadas para cometer delitos de corrupción, sobornos, fraudes, lavado de dinero, delitos ambientales, etcétera. Por ende, resulta necesario que estos actos tengan consecuencias penales y deben ser juzgados por entidades judiciales.

Por otro lado, existen otros actos que no llegan a tipificarse penalmente, como fallas en los controles internos, negligencia en la gestión de riesgos o inacción ante señales de algún riesgo o también cuando es evidente la cooperación de la organización ante una investigación penal.

En esos casos, sancionar a las personas jurídicas por la vía administrativa es más eficiente, permitiendo aplicar multas, suspensiones o restricciones operativas, sin necesidad de una causa penal.

Desde la perspectiva de la teoría del delito, la figura de la “culpabilidad” no es clara porque una persona jurídica no tiene conciencia ni voluntad para cometer el ilícito. Sin embargo, puede construirse responsabilidad penal objetiva cuando se comprueba que existía una estructura organizativa deficiente o cuando se compruebe que los directivos tenían conocimiento pleno de estas prácticas ilícitas.

En conclusión, el modelo mixto permite más proporcionalidad y eficiencia. La vía penal se aplica cuando el hecho es grave y justifica una sanción judicial, mientras que la vía administrativa se usa para fomentar el cumplimiento, corregir fallos y prevenir la reincidencia. Ambos caminos se complementan y refuerzan mutuamente.

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Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe combinar elementos tanto del derecho penal como del administrativo, ya que en ambos casos deben asumir las consecuencias de los delitos cometidos y enfrentar las sanciones correspondientes.

No obstante, es fundamental evitar que una misma infracción genere sanciones duplicadas para la entidad.

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Las personas jurídicas sí deben tener responsabilidad penal y administrativa porque los delitos de corrupción o precedentes de blanqueo de capitales es un tema delicado y de gran importancia, toda vez que, los mismos traen grandes consecuencias negativas y riesgos reputacionales, económicos, financieros, sociales y legales a un país. La corrupción afecta a la población en general y llega hasta contagiar a otros países, deteniendo o estancando la estabilidad y progreso de un país o de varios países.

Cada país debe implementar regulaciones más severas sobre las personas jurídicas tanto penales como administrativas (mixtas) para que tomen en serio de la gravedad de incurrir o permitir la ocurrencia de los delitos de corrupción o precedentes de BC_FT_FPADM. Sin las existencia de leyes rígidas y de sanciones severas (penales y administrativas) no se permite que las personas jurídicas se interesen en conocer y cumplir las normativas en materia de Compliance.

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La responsabilidad debe ser gradual a la participación de la persona jurídica para que el echo fuera cometido y si esta cuenta con las herramientas internas suficientes para evitar la materialización del riesgo y aislar al la persona individual con las acciones necesarias de investigación y seguimiento para el apoyo a las autoridades competentes en la investigación y con ello la reducción de sanciones.

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Nathalie Cook

Sí, creo que el compliance llegó para quedarse, ya que representa un componente esencial en la sostenibilidad y legitimidad de las organizaciones modernas. En un entorno global cada vez más regulado y exigente, el cumplimiento normativo no solo protege a las empresas de riesgos legales, sanciones y pérdidas reputacionales, sino que también fortalece la confianza de los grupos de interés, incluyendo inversionistas, consumidores y autoridades. Además, el compliance ha evolucionado más allá de lo legal, incorporando principios éticos, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y herramientas tecnológicas que permiten una supervisión efectiva y transparente. Lejos de ser una moda, es ya un estándar de gestión imprescindible para operar con integridad en mercados globales y complejos.

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Lo ideal es que sea mixta ya que nos aseguraríamos de contar con sanciones administrativas y hasta multas a la mano como también un sistema punible a ejecutar en caso de responsabilidad penal comprobada.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debería ser un mix entre lo penal y lo administrativo, ya que ambas perspectivas tienen ventajas y permiten una regulación más efectiva.

Desde el punto de vista penal, este enfoque es necesario para los delitos más graves, como corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. La posibilidad de aplicar sanciones severas, como la disolución de la empresa o la intervención judicial, genera un mayor efecto disuasorio y refuerza el compromiso empresarial con la legalidad. Sin embargo, los procesos penales pueden ser largos y afectar a empleados y accionistas que no participaron en el delito.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa permite una aplicación más ágil de sanciones, como multas, prohibiciones para contratar con el Estado y acuerdos de colaboración con las autoridades. Este enfoque es útil para infracciones menos graves y fomenta la prevención mediante incentivos a las empresas que implementan programas de cumplimiento efectivos. No obstante, si las sanciones administrativas son muy leves, pueden volverse un simple "costo de hacer negocios" en lugar de un verdadero castigo.

Un sistema mixto, que combine ambos enfoques, sería el más adecuado. En este modelo, los delitos graves se sancionan penalmente, mientras que las infracciones menores recibirán sanciones administrativas. Además, se podría establecer un sistema de atenuantes para aquellas empresas que demuestren un compromiso real con el cumplimiento normativo.

Un ejemplo de este enfoque se encuentra en España con la Ley Orgánica 1/2015, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero permite reducir sanciones si la empresa cuenta con programas de compliance efectivos. En América Latina, países como Brasil y Chile han implementado modelos similares, combinando sanciones administrativas con la posibilidad de intervención judicial en casos más graves.

En conclusión, la mejor opción es un sistema mixto, donde las empresas puedan ser penalmente responsables por delitos graves, pero también enfrenten sanciones administrativas para infracciones menores. Esto permitiría un equilibrio entre la prevención, la disuasión y la aplicación eficiente de la justicia.

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Se debe tomar en cuenta que, la elección del método de responsabilidad de compliance, ya sea penal, administrativo o mixto está indiscutiblemente ligado a la forma en que cada país apunta a prevenir o a sancionar a la persona jurídica.

En mi opinión, la inclusión de la sanción penal a la persona jurídica tiene un efecto disuasorio poderoso frente a la prevención de delitos, sin perjuicio de que, a la par se puedan imponer sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad de los actos violatorios del compliance, como son corrupción, lavado de activos, etc. realizados por las personas jurídicas.  Es por esto, que la versatilidad del sistema híbrido, puede ser interesante, ya que por un lado permite imponer, con mayor agilidad, sanciones administrativas por la comisión de infracciones menores; mientras que, si se desea evitar la comisión de delitos graves, las sanciones penales para las personas jurídicas infractoras tendrán un efecto disuasorio, más contundente.

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La responsabilidad de la persona jurídica debe ser penal en unos casos y administrativa en otros. Penal cuando ha cometido delitos tipificados en el Código Penal del lugar en donde cometió el delito (ejemplo, el soborno) y por tanto, las sanciones que acarrea deben estar contempladas en la normativa penal; y, administrativa, cuando la sanción contemplada sea por infracciones menores, como por ejemplo el incumplimiento a un programa de Compliance.

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Considero que lo ideal es un mix de responsabilidad penal y administrativa para las personas jurídicas.

La responsabilidad penal envía un mensaje contundente sobre la gravedad de ciertos delitos y tiene un mayor poder disuasorio, especialmente en casos de corrupción grave, lavado de activos o delitos que causan un daño social significativo. Las sanciones penales, como multas elevadas, inhabilitaciones o incluso la disolución de la empresa, pueden generar un impacto significativo y promover una cultura de cumplimiento.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa permite una respuesta más ágil y flexible ante infracciones menos graves o que requieren una intervención más rápida por parte del Estado. Las sanciones administrativas, como multas, inhabilitaciones temporales o la revocación de licencias, pueden ser efectivas para corregir conductas irregulares y garantizar el cumplimiento de las regulaciones sectoriales.

Un enfoque mixto permite utilizar las herramientas más adecuadas para cada tipo de infracción, combinando la severidad de la respuesta penal con la agilidad de la vía administrativa.

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Alexander Varon - Responsabilidad penal, administrativa o mixta de las personas juridicas.

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Alexander Varon - Responsabilidad penal, administrativa o mixta de las personas juridicas.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta, precisamente por los tipos de delitos que pueden cometer, bien sea por falta de supervisión o control, o por considerarse omisión de los mismos. Administrativamente pueden ser sancionadas por las infracciones o irregularidades que en ocasiones sus administradores son conscientes que fueron ejecutadas.

La combinación entre lo penal y lo administrativo ayuda a tipificar el delitos como por ejemplo; la corrupción, el lavado de activos entre otros.

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Desde mi punto de vista, la responsabilidad de las personas jurídicas debería ser una mezcla de penal y administrativa, en donde esta combinación permite abordar de manera integral las diversas facetas de la conducta corporativa indebida.

En donde las sanciones penales, como multas elevadas y la posible disolución de la empresa, tienen un fuerte poder disuasorio, en donde su aplicación requiere un proceso judicial complejo y puede no ser siempre la solución más eficiente.

Se debe de implementar disminuciones de las penas cuando se aplican acciones efectivas de cumplimiento que generen mitigación en el proceso.

Las sanciones administrativas, como multas, inhabilitaciones y la obligación de implementar programas de cumplimiento permiten una respuesta más ágil y adaptada a la naturaleza de la infracción.

La combinación de ambas permite aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta, maximizando el impacto preventivo y correctivo.

El derecho penal se centra en la sanción de conductas delictivas, mientras que el derecho administrativo busca prevenir y corregir infracciones, por lo cual, un enfoque mixto permite, castigar las conductas más graves y, por otro, promover una cultura de cumplimiento y prevenir futuras infracciones.

Esto es especialmente relevante en el ámbito del Compliance, donde el objetivo principal es fomentar la ética y la transparencia en la conducta empresarial.

Las personas jurídicas son entidades complejas con estructuras y procesos diversos, un enfoque mixto permite adaptar la respuesta sancionadora a la naturaleza y el tamaño de la organización, así como a la gravedad de la infracción.

La combinación de responsabilidad penal y administrativa incentiva a las empresas a implementar programas de Compliance efectivos, el temor a sanciones penales severas motiva a las empresas a prevenir la comisión de delitos, mientras que las sanciones administrativas las impulsan a corregir deficiencias en sus sistemas de control interno.

Esta combinación crea un entorno normativo que favorece la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la prevención de riesgos.

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Desde mi punto de vista, debe existir una mezcla o combinación entre la responsabilidad penal y administrativa de las personas jurídicas. Aplicando la responsabilidad penal en aquellos delitos que cuenten con los suficientes elementos de juicio para poder aplicar una condena, lo que de alguna manera ayudará a enviar un mensaje a todas las organizaciones para que regulen las actuaciones de sus colaboradores a través de la aplicación de mecanismos preventivos; quienes conozcan las consecuencias evitarán de alguna forma involucrarse en el cometimiento de estos actos con el fin de no afectar a la organización. Por otra parte, la responsabilidad administrativa, siempre aplicable a aquellos casos no probatorios o que de alguna manera reflejen incumplimientos no significativos que no puedan ser catalogados como delitos.

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Annelys Padilla. Responsabilidad administrativa o responsabilidad penal? 

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Annelys Padilla. Responsabilidad administrativa o responsabilidad penal? 

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La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser un equilibrio entre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal, ya que la responsabilidad administrativa implica una consecuencia derivada de la inaplicabilidad de las obligaciones contenidas en las normas y disposiciones internas de la empresa. También implica velar por el cumplimiento de los principios y valores promovidos en la empresa, así como el seguimiento de las buenas prácticas derivadas de las normas. Su correcta aplicación contribuye a un mejor posicionamiento de la empresa. La responsabilidad administrativa conlleva, generalmente, una medida "correctiva" que no necesariamente tendrá repercusiones fuera de la empresa. Por otro lado, la responsabilidad penal deriva de la comisión de un delito, lo que significa que no se limita solo a la negligencia o al incumplimiento de reglamentos, sino que implica actuar en contra del bien común. Esto generará una sanción que debe ser juzgada en los tribunales locales, lo cual conlleva consecuencias graves tanto para la persona jurídica como para la reputación de la empresa.

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¿Cuál es el panorama en materia de responsabilidad de la personalidad jurídica en Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años, crees que el Compliance ha llegado para quedarse o sufrirá un estancamiento en materia de normativa de otros países?

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¿Cuál es el panorama en materia de responsabilidad de la personalidad jurídica en Latinoamérica en los próximos 5 o 10 años, crees que el Compliance ha llegado para quedarse o sufrirá un estancamiento en materia de normativa de otros países?

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panorama en materia de responsabilidad de la personalidad jurídica (2)

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A mi parecer, y tal y como mis compañeros han citado anteriormente, soy de criterio que el criterio debe ser mixto. En el caso de la responsabilidad penal, esta debe estar atado directamente a los delitos tipificados en el Código Penal (en caso de RD, por no tener un instrumento en específico que regule la responsabilidad penal de las personas jurídicas) y a su vez, atado a la responsabilidad administrativa por incumplimiento a los mismos programas de cumplimiento, código de ética y normas de buenas prácticas implantadas por la entidad.

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Al igual que muchas de las opiniones por acá compartidas, me parece que la mejor opción debe ser un mix entre ellas. La reponsabilidad penal y las sanciones que de esta puedan derivar, son completamente ejemplarizantes y ejercen una importante coerción para evitar incurrir en malas prácticas. Respecto a la responsabilidad administrativa, bien decía Maquiavelo  “Los hombres olvidan con mayor rapidez la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”.

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Opino que la responsabilidad de la persona jurídica debe ser un híbrido entre lo penal y lo administrativo ya que así se aseguraría que las personas jurídicas no eludan su responsabilidad frente a hechos ilícitos o faltas legales. Si se considera que una empresa no puede ser imputada penalmente de la misma forma que un individuo daría rienda suelta a que se cometan delitos por parte de administrativos pensando que no hay consecuencias. Si una empresa comete una infracción administrativa o un delito, debería enfrentarse a sanciones y multas pero también debe ser responsable penalmente sobre estos actos.

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Mixta, ya que debe existir un equilibrio en los modelos de sanciones de manera que puedan cubrirse ambos espectros del delito. La responsabilidad penal viene a poner a las organizaciones a gestionar de una manera más proactiva sus programas de cumplimiento de manera que se atienda los DEBE en materia normativa en cada país.

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Romy Godínez.- Responsabilidad penal, administrativa o mixta de una persona jurídica 

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Romy Godínez.- Responsabilidad penal, administrativa o mixta de una persona jurídica 

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¿Crees que la responsabilidad de la persona jurídica (sociedad) debe ser penal, administrativa o mixta?

Considero que debe ser mixta, ya que si la persona jurídica a través de su representante legal incurre en algún delito deberá atenderlo penalmente o bien, si transgrede una norma administrativa deberán considerar la penalización correspondiente.  La responsabilidad de la persona jurídica está relacionada al incumplimiento que cometa y así deberá ser sancionada.

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Considero que debe ser mixta en el entendido de que la responsabilidad penal es una herramienta que puede disuadir conductas ilícitas y garantizar que las empresas gestionen desde las leyes y regulaciones requeridas en la localidad y administrativa para que por medio de medidas correctivas más específicas se puedan abordar conductas indebidas. Esto puede ser acorde a cada caso considerando y logrando una diferenciación de qué se precisa corregir.

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Estoy convencido de que debe ser mixta, ya que en la constitución de las organizaciones (SA, LLC, INC, CV, SAS, Cooperativa, entre otros según el país) La responsabilidad sobre las acciones puede o no, extenderse a los socios, lo que implica que el camino, civil, penal o administrativo ya existe, Por tanto recomiendo que sea mixto y que implique aspectos económicos y aspectos de penas en cárcel en caso de delitos graves debidamente probados en un tribuunal de justicia.

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Las personas jurídicas, al tener personalidad pueden adquirir derechos y obligaciones, y en ese orden de ideas, también pueden contraer responsabilidades por sus actos. Pienso que la responsabilidad de las personas jurídicas dependerá según el caso. Es decir, saber diferenciar la materia por la cual se le está sancionando. Ahora, desde el punto de vista penal, si bien pueden ser responsables, considero que solo para ciertos delitos puesto que las leyes penales deben de regular en todo caso ilícitos penales que describan supuestos penales que les sean aplicables (es decir, que dentro de su descripción establezca que “serán responsables las personas jurídicas que por medio de sus representantes comentan...”). Además, como lo plantea el modelo vicarial, dicha responsabilidad solo puede ser acarreada ante la comisión de delitos por parte de sus directivos, gerentes, administradores que tengan poder de decisión y representen la voluntad de las personas jurídicas. Desde el punto de vista administrativo puede ser más fácil, puesto que puede relacionarse el incumplimiento de una ley con la persona que lo comente, aunque esta sea una persona jurídica, puesto que actúa a través de sus representantes. Respecto al órgano que debería sancionar este tipo de acciones, creería que es oportuno y menesteroso la creación de un juzgado que tenga competencia exclusiva respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin dejar de un lado la responsabilidad administrativa que pueda conllevar también ante los juzgados preexistentes.

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Responsabilidad de las personas jurídicas 

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Responsabilidad de las personas jurídicas 

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En este contexto, la responsabilidad de las personas jurídicas debe recaer en ambas, es decir, en material penal y de carácter administrativa, aplicando la responsabilidad penal a las personas jurídicas en casos de delitos de Corrupción, lavado de dinero y la responsabilidad administrativa debe regir para infracciones regulatorias menos graves, como incumplimiento de normas laborales o comerciales, imponiendo multas o suspensión de licencias.

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La responsabilidad de las personas jurídicas debería ser una combinación de penal y administrativa, adaptada a la naturaleza de los delitos y a la forma en que operan las empresas. Penal por que alguna conductas de las empresas pueden hacer daño social equiparable al de los delitos cometidos por individuos. Administrativa por el incumplimiento de las normas.

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Responsabilidad de la persona jurídica debe ser meramente administrativa a mi consideración, porque  delito se define como un CONDUCTA, típica y CULPABLE, y la conducta y la culpabilidad son inherentes a la acción u omisión humana, en ese sentido, la empresa por nos saber prevenir los delitos debería ser penada administrativamente al pago de multas, supervisión y control estatal más riguroso, suspensiones o limitación dependiendo del caso, y los identificados actores del delito, sean procesados penalmente.