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Minería informal es aquella actividad extractiva que no cumple con todos los requisitos legales y técnicos, como permisos, licencias o regulaciones ambientales, pero no necesariamente infringe la ley penal. Los mineros informales pueden estar en proceso de formalización. Por otro lado, la minería ilegal es una actividad completamente al margen de la ley, que explota recursos sin permisos y, a menudo, está vinculada a redes delictivas, afectando gravemente el medio ambiente y la sociedad.

En los últimos 30 años, la minería ilegal e informal en Perú ha crecido de manera exponencial, especialmente en regiones como Madre de Dios y Puno. El incremento de los precios del oro ha incentivado la expansión de esta actividad, devastando grandes áreas de la Amazonía peruana y generando graves problemas sociales y ambientales, como la deforestación, la contaminación con mercurio y la explotación laboral.

En 2019, la operación "Mercurio 2019" fue una intervención del gobierno para erradicar la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, logrando desmantelar campamentos y liberar zonas afectadas . En 2021, en la región de Puno, las autoridades destruyeron maquinaria valorada en millones de dólares utilizada en minería ilegal en las zonas de Ananea y La Rinconada, puntos clave de esta actividad .

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Diálogos Ambientales: Minería ilegal y minería informal. (s/f). Sala de prensa. Recuperado el 22 de octubre de 2024, de https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/

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Durante la primera fase del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), se implementaron varias medidas económicas significativas. Estas medidas estaban dirigidas principalmente a transformar la estructura económica del país y a reducir la dependencia externa. A continuación, se describen las principales medidas:

La reforma agraria de 1969 fue uno de los pilares del gobierno de Velasco. Se expropiaron tierras a grandes terratenientes y se redistribuyeron entre campesinos, promoviendo la creación de cooperativas agrícolas.

Se nacionalizaron sectores estratégicos como la minería, el petróleo y las telecomunicaciones. Esto buscaba recuperar el control de los recursos naturales y asegurar que los beneficios se quedaran en el país.

Se implementaron controles de precios para combatir la inflación y se aumentaron los salarios mínimos, buscando mejorar el poder adquisitivo de la población.

Se adoptó un enfoque de planificación económica donde el Estado asumía un papel protagónico en la regulación y dirección de la economía, a través de planes quinquenales.

Se fomentó la creación de empresas estatales en sectores clave, buscando diversificar la economía y reducir la dependencia de las importaciones.

En cuanto a la teoría del desarrollismo y la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) propuesta por la CEPAL en la segunda mitad del siglo XX, esta teoría sostenía que los países en desarrollo debían reducir su dependencia de las importaciones a través del desarrollo de su propia industria. Las ideas de la CEPAL enfatizaban la importancia de promover industrias locales para producir bienes que antes eran importados, con el fin de estimular el crecimiento económico y crear empleo.

La influencia de estas ideas en Perú fue notable. Durante el gobierno de Velasco, se adoptaron políticas que alineaban con la ISI, promoviendo la industrialización mediante la creación de industrias nacionales y la protección de estas a través de aranceles y otras medidas. Esto buscaba no solo el crecimiento económico, sino también la justicia social y la reducción de la pobreza, conceptos muy presentes en la agenda del gobierno militar.

En resumen, las medidas económicas del gobierno de Velasco, junto con las teorías de desarrollismo y ISI, tuvieron un impacto profundo en la estructura económica del Perú, aunque también generaron desafíos relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad de las políticas implementadas.

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Durante el primer gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995), se implementaron una serie de medidas económicas conocidas como "Fujishock". Estas medidas estaban dirigidas a estabilizar la economía peruana, que enfrentaba una hiperinflación y una crisis severa. A continuación, se describen las principales medidas:

1. Liberalización de precios: Se eliminaron los controles de precios en bienes y servicios, lo que permitió que los precios se ajustaran según las fuerzas del mercado. Esto, aunque necesario para controlar la inflación, provocó un aumento inmediato en los precios.

2. Ajuste fiscal: Se realizaron recortes significativos en el gasto público para reducir el déficit fiscal. Esto incluyó la eliminación de subsidios y la reducción de programas sociales.

3. Apertura comercial: Se promovió la liberalización del comercio exterior, eliminando aranceles y barreras comerciales. Esto buscaba incentivar la competencia y atraer inversión extranjera.

4. Privatización de empresas estatales: Se implementó un programa de privatización masivo de empresas estatales en sectores como telecomunicaciones, energía y transporte, con el objetivo de mejorar la eficiencia y atraer inversión privada.

5. Reforma monetaria: Se estableció una nueva política monetaria centrada en la estabilidad del tipo de cambio y el control de la inflación. Se introdujo el nuevo sol como moneda, reemplazando al inti.

El consenso de Washington, promovido en 1989, consistió en un conjunto de políticas económicas recomendadas por instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Este consenso abogaba por la liberalización económica, la privatización de empresas estatales, el ajuste fiscal y la apertura comercial. Las propuestas del consenso tuvieron un impacto significativo en Perú, ya que fueron adoptadas en gran medida durante el gobierno de Fujimori.

Un ajuste económico estructural implica una serie de reformas económicas profundas destinadas a corregir desequilibrios macroeconómicos y fomentar el crecimiento sostenible. Esto generalmente incluye la liberalización de precios, la reducción del déficit fiscal, la privatización y la apertura al comercio internacional.

Las reformas estructurales aplicadas en Perú durante este período tuvieron resultados mixtos. Por un lado, lograron frenar la hiperinflación y estabilizar la economía, lo que permitió un crecimiento sostenido en los años siguientes. Sin embargo, estas reformas también generaron un alto costo social, con un aumento en la pobreza y el desempleo, y una mayor desigualdad.

En resumen, aunque las reformas fueron efectivas en estabilizar la economía peruana, los efectos negativos en la población y la falta de atención a los aspectos sociales llevaron a críticas sobre la sostenibilidad y equidad de las políticas implementadas.

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El concepto de población económicamente activa (PEA) se refiere al conjunto de personas que se encuentran en edad de trabajar y que están disponibles para participar en actividades económicas. Esto incluye tanto a quienes están empleados como a aquellos que buscan activamente empleo.

Existen dos tipos principales de PEA:

1. PEA ocupada: Este grupo incluye a las personas que están trabajando, ya sea en el sector formal o informal de la economía. La PEA ocupada puede dividirse en empleo formal, que cuenta con contratos y beneficios sociales, y empleo informal, que se caracteriza por la falta de regulación y protección laboral.

2. PEA desocupada: Este grupo abarca a las personas que no están trabajando, pero que están buscando activamente empleo. Estas personas están dispuestas y disponibles para trabajar, pero no han encontrado una oportunidad laboral.

En Perú, la evolución de la PEA en los últimos 30 años ha estado marcada por varios cambios significativos:

- Crecimiento de la PEA ocupada: A lo largo de las últimas tres décadas, la PEA ocupada ha crecido, impulsada por el crecimiento económico y la expansión de sectores como la minería, la construcción y los servicios. Sin embargo, una parte considerable de este empleo ha sido informal.

- Aumento del empleo informal: En Perú, la informalidad laboral ha sido un desafío persistente. Aproximadamente el 70% de la PEA ocupada se encuentra en la informalidad, lo que implica que muchos trabajadores carecen de acceso a beneficios sociales y protección laboral. Esto ha sido un factor que ha limitado la mejora de las condiciones de vida para muchas familias.

- Desempleo y subempleo: Aunque la tasa de desempleo ha fluctuado, el subempleo ha sido un problema significativo, con muchas personas trabajando en condiciones precarias o en empleos que no aprovechan sus habilidades.

Ejemplos recientes de la situación de la PEA en Perú incluyen:

1. Informe sobre el empleo informal: Un artículo de 2023 en el diario El Comercio destacó que el 73% de los trabajadores en el Perú están en la economía informal. Esto ha generado preocupaciones sobre la calidad del empleo y la falta de derechos laborales.

2. Crisis de empleo juvenil: En 2022, una noticia en la revista Semana Económica informó que la tasa de desempleo juvenil alcanzaba el 25%, lo que refleja las dificultades que enfrentan los jóvenes para ingresar al mercado laboral y obtener empleos estables.

En resumen, la PEA en Perú ha experimentado un crecimiento y cambios significativos en las últimas tres décadas, caracterizados por un aumento en la informalidad y desafíos persistentes en el empleo juvenil y la calidad laboral.

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La economía legal comprende todas las actividades productivas que cumplen con las leyes y regulaciones de un país, como pagar impuestos, cumplir con las normativas laborales y ambientales, y estar registradas oficialmente ante el Estado. La economía informal, aunque no necesariamente ilegal, se refiere a actividades económicas no registradas, que no cumplen con todos los requisitos legales o tributarios. A menudo, incluye microempresas o trabajadores independientes que operan sin regulaciones formales, evadiendo impuestos y derechos laborales, aunque no necesariamente están fuera del marco de la ley.

En contraste, la economía ilegal abarca actividades completamente prohibidas por la ley, como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el contrabando. Estas actividades suelen estar vinculadas a redes criminales y generan graves consecuencias económicas y sociales, como violencia, corrupción y afectación al medio ambiente.

Durante los últimos 30 años, la economía informal en Perú ha crecido debido a factores como la migración interna, la falta de empleo formal y la debilidad de la regulación estatal, representando casi el 70% de la población económicamente activa (PEA). La economía ilegal ha florecido en sectores como la minería y el narcotráfico.

Un ejemplo es el crecimiento de los comerciantes ambulantes en Lima, muchos de los cuales trabajan sin licencia ni protección laboral. Otro caso es el auge del contrabando en Puno, en la frontera con Bolivia, donde el comercio ilegal de productos como combustible y alimentos es una fuente significativa de ingresos informales.

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CEPLAN. (s/f). Observatorio Nacional de Prospectiva. Gob.pe. Recuperado el 20 de octubre de 2024, de https://observatorio.ceplan.gob.pe/ficha/t80

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El narcotráfico es la producción, distribución y comercialización ilegal de drogas prohibidas, como cocaína, marihuana, y opioides. Este fenómeno criminal implica una cadena compleja que abarca desde el cultivo de plantas ilícitas hasta la distribución internacional de estupefacientes. A menudo está vinculado a redes delictivas organizadas, corrupción, violencia y lavado de dinero, además de generar profundas afectaciones sociales, políticas y económicas.

En los últimos 30 años, Perú ha sido uno de los mayores productores mundiales de hoja de coca, la base para la producción de cocaína. A partir de los años 90, la expansión del narcotráfico en el país estuvo relacionada con el auge del cultivo de coca en zonas como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A pesar de esfuerzos estatales para erradicar cultivos y combatir organizaciones criminales, el narcotráfico ha persistido debido a factores como la pobreza rural, la falta de alternativas económicas para los campesinos y la demanda internacional de cocaína.

Un ejemplo clave es el VRAEM, una zona crítica donde operan tanto narcotraficantes como remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, quienes protegen los cultivos y laboratorios de cocaína. Otro ejemplo es el caso de la “Narcoindumentaria” en 2022, en el que narcotraficantes utilizaron ropa de marca para esconder cocaína líquida, exportándola hacia Europa desde el Callao.

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Ruiz, M. (2018). La economía peruana durante el gobierno militar: Retos y logros. Revista de Historia Económica, 26(1), 15-30. https://doi.org/10.5432/rhe.2018.001

Salas, J. (2022). Impacto ambiental de la minería ilegal en la Amazonía peruana. Informe del Centro de Estudios Ambientales.

https://www.centroambiental.pe/informe-mineria-ilegal

Rodríguez, A. (2023). Operativos de erradicación de minería ilegal en Perú: Evaluación y resultados. Diario La República. https://www.larepublica.pe/mineria-ilegal-2023

Vargas, R. (2020). Conflictos sociales y minería: Un análisis de la situación en Madre de Dios. Revista de Antropología y Sociología, 25(1), 85-102. https://doi.org/10.5678/ras.2020.001

García, M. (2021). La minería informal en Perú: Una mirada a la realidad y sus desafíos. Revista de Estudios Sociales, 18(2), 45-60. https://doi.org/10.1234/jes.2021.002

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Luna Galván, Mauricio, Luong, Hai Thanh, & Astolfi, Elisa. (2021). El narcotráfico como crimen organizado: comprendiendo el fenómeno desde la perspectiva trasnacional y multidimensional. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, 16(1), 197-212. Epub May 07, 2021.https://doi.org/10.18359/ries.5412

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Milagros Portilla Marzano

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Sunset Garcia Chavez

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Cristel Asencios Bazan

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Sumiko Trejo Gil

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