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Las facultades determinadas en materia tributaria son aquellas que tienen las autoridades fiscales para establecer, revisar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

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• Se encuentran reguladas en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y otras leyes fiscales aplicables en cada país.

• Normas que permiten a la administración tributaria realizar actos de fiscalización y determinación de impuestos.

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La autoridad puede calcular y establecer impuestos cuando los contribuyentes no los declaran correctamente.

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Revisión de declaraciones y contabilidad

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Revisión de declaraciones y contabilidad

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Las autoridades pueden examinar libros contables, facturas y documentos relacionados con los ingresos y egresos.

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Se realizan inspecciones en las oficinas o establecimientos de los contribuyentes para verificar información fiscal.

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Se pueden cotejar registros y documentos presentados por los contribuyentes con la información en el poder de la administración tributaria.

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Si no hay información suficiente, la autoridad puede estimar ingresos calculando en ciertos criterios.

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La autoridad fiscal puede solicitar información a bancos, proveedores, clientes y otras entidades sobre la actividad económica del contribuyente para verificar la exactitud de sus declaraciones fiscales.

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Si el contribuyente comete errores en sus declaraciones o presenta información incorrecta, la autoridad puede requerir la corrección de los datos o, en su caso, rectificarlos de manera directa.

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La autoridad fiscal tiene la capacidad de identificar operaciones inexistentes o simuladas para evitar la evasión fiscal.

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Cuando un contribuyente no cumple con el pago de contribuciones determinados por la autoridad, esto puede iniciar un procedimiento de embargo sobre bienes o cuentas bancarias para garantizar el cobro de los adeudos fiscales.

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•Derecho a ser notificado y presentar pruebas.

•Derecho a la defensa en caso de discrepancias.

•Obligación de proporcionar la información requerida.

•Obligación de permitir inspecciones y auditorías.

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•Multas y sanciones económicas.

•Embargos o aseguramiento de bienes.

•estricción del uso del RFC en algunos países.

•Posibles procedimientos judiciales o administrativos.