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Yemen, uno de los países árabes más pobres del mundo, lleva tres años azotado por una cruenta guerra civil. Los continuos combates han dejado al país al borde de una hambruna devastadora, donde actualmente cuenta con la prolongación de la guerra, la propagación de enfermedades (COVID-19) y una posible hambruna, las perspectivas de un acuerdo evaporándose y millones de yemeníes enfermándose y con más hambre cada día.

Las revueltas populares que estallaron en Yemen en 2011 obligaron al entonces presidente Alí Abdalá Salé a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años, entre acusaciones de corrupción y gobernanza fallida, y en el contexto de un prolongado conflicto no resuelto con los huzíes, grupo armado del norte del país cuyos miembros siguen una rama del islam chií llamada zaidismo.

Salé fue sustituido por su vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi, lo que permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional. Después dos años de consultas, la Conferencia presentó un proyecto de nuevo mapa federal que dividía Yemen en regiones sin tener en cuenta factores socioeconómicos o regionales. El mapa recibió un apoyo popular mínimo y se encontró con la firme oposición de diferentes facciones, entre ellas los huzíes.

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Los huzíes aprovecharon entonces el descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Saada y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. En septiembre de 2014, los huzíes lograron extender su control territorial tomando varias posiciones del ejército y las fuerzas de seguridad en la capital, Saná, gracias en parte a su recién forjada alianza de conveniencia con el expresidente Salé, contra el cual habían luchado durante decenios. Tras la toma de Saná por los huzíes a principios de 2015, el presidente Hadi y los miembros de su gobierno se vieron obligados a huir.

El 25 de marzo de 2015, una coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos intervino a petición del presidente Hadi, con el objetivo de instalar de nuevo en el poder al gobierno internacionalmente reconocido.

Esta intervención marcó el comienzo de un conflicto armado declarado, con una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas huzíes por parte de la coalición. En los cuatro años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y se multiplicaron las partes en el conflicto, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que afirmó que se había retirado de Yemen en octubre de 2019, viene adiestrando, financiando y armando activamente a diferentes grupos armados desde mediados o finales de 2015, favoreciendo así la proliferación de innumerables milicias como el Cinturón de Seguridad, los Gigantes y las Fuerzas de Élite. En diciembre de 2017, los huzíes consolidaron aún más su dominio tras asesinar a su aliado y expresidente Alí Abdalá Salé, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Saná.

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Las conversaciones auspiciadas por la ONU en Suecia, que habían concluido a finales de 2018, dieron lugar a una sucesión de treguas irregulares e inestables a lo largo de 2019, pero no a canjes de prisioneros como se esperaba en un principio. No obstante, el 16 de febrero de 2020, las partes del conflicto acordaron un detallado plan de canjes que se convertiría en el primer intercambio oficial en gran escala de personas detenidas en relación con el conflicto desde 2015.

En la actualidad, el conflicto de Yemen no muestra indicios reales de remitir al entrar en su sexto año, y civiles de todo el país y de todas las generaciones continúan sufriendo las peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas que grupos armados estatales y no estatales utilizan por igual.

Se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos en todo el país, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. Se calcula que, a finales de 2019, más de 233.000 yemeníes habrán perdido la vida por culpa de los combates o de la crisis humanitaria. Mientras, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado más de 20.000 civiles muertos y heridos por los combates desde marzo de 2015. Una crisis humanitaria creada por el ser humano ha crecido de manera vertiginosa, con alrededor de 16 millones de personas que se levantan hambrientas cada día.

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Todas las partes del conflicto han reprimido la libertad de expresión y asociación mediante la detención arbitraria, la desaparición forzada, el acoso, la tortura y otros malos tratos bajo custodia, y los juicios injustos.

El gobierno yemení internacionalmente reconocido ha hostigado, amenazado y detenido arbitrariamente a activistas tanto de derechos humanos como de otros ámbitos. Las fuerzas yemeníes respaldadas por Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen llevaron a cabo una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas que permanecían recluidas en una red de cárceles secretas, en condiciones que podían constituir crímenes de guerra.

Las fuerzas huzíes han detenido y recluido arbitrariamente a personas que habían expresado críticas u oposición, así como a periodistas, activistas de derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí. Amnistía Internacional ha documentado los casos de 66 personas (hombres en su inmensa mayoría) a las que se hizo comparecer, en relación con sus actividades pacíficas, ante el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná (un tribunal tradicionalmente reservado a los casos de terrorismo). En todos los casos documentados, los huzíes y sus fuerzas aliadas perpetraron decenas de violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros malos tratos.

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Las condiciones en las prisiones y los centros de detención, incluidos el enorme hacinamiento en las celdas y el inadecuado acceso a atención médica, comida suficiente, agua limpia y saneamiento, provocó que la COVID-19 se propagara en las prisiones gestionadas por los huzíes, y expusiera a las personas allí recluidas a importantes riesgos para la salud. Ninguna de las partes tomó medidas para proteger a las personas detenidas y frenar la propagación del virus en las prisiones y los centros de detención mediante la provisión de mascarillas u otros productos de higiene.

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¿Qué papel han jugado las tensiones diplomáticas entre las principales potencias en el mantenimiento del conflicto en Medio Oriente?

Plantea dos preguntas adicionales que sirvan como planteamiento del problema de investigación.

Pregunta 1: Dado que el prolongado conflicto ha dado lugar a un vacío político y al establecimiento de un lugar seguro para grupos armados y milicias, con la ayuda de otros Estados, ¿De qué forma se generaliza, por parte de los bandos, cometer abusos y violaciones a los derechos humanos frente a su propio pueblo?

Pregunta 2: ¿Qué tanta influencia tiene el suministro de armas -directa o indirectamente- en la alimentación de esta guerra civil?

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Las potencias no renuncian a su interés por controlar la región por su importancia económica, por ello no impulsan una solución diplomática definitiva.

Hipótesis 1: Los bandos en el conflicto han contribuido activamente a la crisis humanitaria en Yemen. Donde imponen restricciones a la entrada de ayuda y artículos esenciales como alimentos, combustible y suministros médicos en Yemen. También obstaculizan la circulación de ayuda humanitaria dentro del país. Estas restricciones han afectado negativamente al acceso de los servicios básicos y necesarios, como alimentos y agua potable. Han tenido graves repercusiones para la prestación de asistencia médica, en parte como consecuencia de la falta de disponibilidad de combustible para que los hospitales funcionen.

Hipótesis 2: Se señala que las armas se están usando para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos en Yemen. Estados como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otros países europeos siguen suministrando armas a los miembros de la coalición.