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El observador de aves más joven de Colombia y su sueño gigante

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El observador de aves más joven de Colombia y su sueño gigante

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Binoculares en mano, Juan David Camacho camina por el bosque. Con diez años es el observador de aves más joven de Colombia. Su objetivo es lograr ver las más de 1.920 especies de aves registradas en el país.

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Binoculares en mano, Juan David Camacho camina por el bosque. Con diez años es el observador de aves más joven de Colombia. Su objetivo es lograr ver las más de 1.920 especies de aves registradas en el país.

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El observador de aves más joven de Colombia y su sueño gigante

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Binoculares en mano, Juan David Camacho camina por el bosque. Con diez años es el observador de aves más joven de Colombia. Su objetivo es lograr ver las más de 1.920 especies de aves registradas en el país.

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Las CAR de Antioquia son las mejores de Colombia

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Las CAR de Antioquia son las mejores de Colombia

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Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Antioquia, Cornare, Corantioquia y Corpourabá, ocuparon el primero, segundo y séptimo lugar —respectivamente— en el Índice de Evaluación y Desempeño Institucional (IEDI), realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación.

El IEDI es un instrumento que mide el componente misional que abarcan la planificación, ordenamiento y coordinación ambiental regional; la administración, vigilancia y control del ambiente, y los recursos naturales, ecosistemas estratégicos y la protección ambiental.

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Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Antioquia, Cornare, Corantioquia y Corpourabá, ocuparon el primero, segundo y séptimo lugar -respectivamente- en el Índice de Evaluación y Desempeño Institucional (IEDI), realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación.

El informe de MinAmbiente evaluó el desempeño institucional de las 33 CAR, de las cuales, 15 obtuvieron evaluación de desempeño superior al 80 %; la meta para la presente vigencia es que 10 CAR tuvieran una evaluación de desempeño superior al 80 %. Cornare logró 91 %, Corantioquia 89 % y Corpourabá 84 %.

El IEDI es un instrumento que mide el componente misional que abarcan la planificación, ordenamiento y coordinación ambiental regional; la administración, vigilancia y control del ambiente, y los recursos naturales, ecosistemas estratégicos y la protección ambiental.

"Las CAR como parte fundamental y operativa del SINA tienen resultados positivos para reportar al país, con hechos se demuestra que, a pesar de la complejidad social, cultural y ambiental del territorio, el trabajo por la gestión ambiental regional se está cumpliendo. Lo ratifica este índice que trabaja el Gobierno Nacional con fundamento en la medición del desempeño", dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de Asocars.

Por su parte, el director general de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez, manifestó que esta evaluación demuestra la confianza y el compromiso por una región sostenible "nos sentimos orgullosos de los excelentes resultados obtenidos, esto da muestra de nuestra transparencia en los procesos de contratación, servicio al ciudadano, ejercicio de autoridad y promoción del desarrollo ambiental".

Cabe resaltar que entre las tres primeras CAR del país -Cornare, Corantioquia y CAM (Magdalena)- tienen cada una más de 200.000 hectáreas protegidas en sus jurisdicciones.

Al respecto, Corantioquia informó que ellos cumplieron esta meta gracias a las declaratorias de la ciénaga de Barbacoas con una extensión de 32.072 hectáreas ubicada en el Magdalena Medio antioqueño, y las ciénagas El Sapo - Hoyo Grande, de 12.227 hectáreas de extensión las dos ubicadas en el Bajo Cauca Antioqueño. La declaratoria de estos humedales como áreas protegidas es de gran importancia para la región y para el país, debido a que sirven como reguladores del caudal hídrico de los ríos Magdalena, Cauca y Nechí, además de ser espacios estratégicos por ser el hábitat de especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción como el manatí y la tortuga de río.

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Las CAR de Antioquia son las mejores de Colombia

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Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) de Antioquia, Cornare, Corantioquia y Corpourabá, ocuparon el primero, segundo y séptimo lugar -respectivamente- en el Índice de Evaluación y Desempeño Institucional (IEDI), realizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación.

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Se invierte 1 billón de pesos en las áreas protegidas de la Amazonía 

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Se invierte 1 billón de pesos en las áreas protegidas de la Amazonía 

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¿Cómo hacer que el bosque amazónico sea importante no solo ambiental, sino económicamente? Hablan los expertos.

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Para hacernos una idea de lo que cuesta mantener las áreas protegidas de la Amazonia que se extienden por 8 países- un ciudadano podría comprar un equipo de fútbol americano, un Ferrari 250 GTO (el carro más caro de la historia), o podría pagar todos los pleitos jurídicos que hay contra el Estado Colombiano.

Del 7 al 8 de marzo, en Bogotá, se celebró el Primer Encuentro Regional de Programas y Proyectos del Bioma Amazónico. Durante dos días se discutió sobre la efectividad de las acciones de adaptación contra el cambio climático, pero una de las conversaciones fue en particular interesante: ¿cómo asegurar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas de la Amazonía?

De acuerdo con Carlos Aragón, de la red de Soluciones de Desarrollo Sustentable (SDSN) de Naciones Unidas en la Amazonía, hace 10 años había un acuerdo global para el desarrollo sostenible de los ecosistemas. Esto implicaba que se trabajara para empezar a declarar áreas protegidas en la Amazonía, bien fuera volviéndolas Parques Nacionales (como en el caso del Cinturón Verde , o el PNN Chiribiquete), o resguardos indígenas. Hoy, casi el 50% de la Amazonía está bajo alguna figura de protección (Resguardo indígena, Parque Nacional, Convenio Ramsar) y miles de millones de pesos invertidos en su conservación, pero aún no es fácil mantener el bosque en pie.

A lo mejor, según Aragón, es porque es un desafío inmenso darle un valor económico a los árboles sin talarlos. La Amazonía ya es un lugar de valor simbólico (como dijo el Papa Francisco, cuando mencionó en su paso por Colombia que la Amazonía sería nuestra prueba moral) y un valor ambiental (un 10% de las especies conocidas del mundo habitan aquí, es el sumidero de carbono más importante del planeta y el agua de casi todo el continente depende de los 200 billones de toneladas que viajan desde el océano Atlántico y son absorbidas por la flora de la Amazonia).

Sin embargo, el costo o los beneficios de tener una hectárea de bosque cortado aún son más grandes que tener una en pie, sin dejar de pensar en adaptarse al cambio climático, incluir la perspectiva de género y ambiental en las políticas públicas, y cuidando que 34 millones de personas tengan una posibilidad real de ingresos económicos.

Lo primero que habría que ver, según Juan Bello, de ONU Medioambiente, es que el 65% de las personas que viven en la Amazonia están en las ciudades, "y por lo general, en todos los países que hacen parte del Bioma Amazónico, las poblaciones amazónicas son las más vulnerables, las más pobres". Un ejemplo local: en Caquetá, uno de los departamentos más prósperos de la Amazonia colombiana, y a la vez el más deforestado de la región, el índice de pobreza fue de 35.8%, mientras que a nivel nacional es de 28.0%, de acuerdo con la última estadística del DANE, que corresponde a 2016.

Esto no solo significa que hay una desigualdad con respecto a las otras regiones, sino que no se puede pensar en la Amazonía más como una región aislada. Esa división sectorial no existe más.

De acuerdo con Rafael Zavala, representante por Colombia de la FAO, "además de medio ambiente, hay gente. En la región vive el equivalente a los chilenos y peruanos juntos, y desgraciadamente, las actividades de ingreso económico tenemos que cambiarla por actividades lícitas a través del usos sostenible de los recursos naturales. Si no, las áreas protegidas jamás van a prosperar".

La mayoría de las 36 instituciones que asistieron al encuentro coinciden en que hace 20 años, el reto era proteger la Amazonía, hacer parques nacionales, otorgar tierras a los indígenas, hacer fondos fiduciarios para este fin. Hoy hay unos 35 millones de hectáreas de áreas protegidas. Pero su sostenibilidad financiera es el nuevo reto, porque al fin y al cabo, la cooperación internacional y el Estado no pueden cargar para siemrpe con esa carga. La Fundación Betty Moore, por ejemplo, tiene 138 áreas protegidas a su cargo, y de acuerdo a su representante, Paulina Arroyo, es muy difícil sostenerlas financieramente a todas.

Jose Antonio Gómez, de la FAO, calcula que 1 billón de pesos se invierte en la protección de las áreas protegidas. "Pero nos falta saber cual es el beneficio económico de tener bosque en pie. Aun no hemos podido decir "conservar la Amazonía equivale a tanto en el PIB". Cuando lo hagamos, la Amazonía dejara ser der un lugar lejano o inhóspito y entrará a jugar en el mercado, pero conservando".

Al final, el reto es que los países amazónicos, de la mano de las ONG y Cooperación Internacional, hagan que la Amazonía sea un lugar con economías lícitas, que le permitan a la gente vivir, pero, sin talar o dragar No hay otra opción.
Una política pública que camine
Según Zavala, un buen ejemplo de política pública entre países para la "sostenibilidad" de la Amazonía sucede Perú y Colombia, en el Parque Natural La Paya, en Puerto Leguízamo, Putumayo. El reporte de 2016 sobre deforestación, que emitió el Ideam, advierte que el 73 % de los cultivos que se registran en las zonas protegidas está concentrado en tres parques naturales: La Macarena, Nukak y la Paya. Perú es aliado de Colombia para hacer vigilancia comunitaria para frenar la ganadería, para la generación de un cinturón verde y para la producción de alimentos fuera de las áreas protegidas, limitados al consumo doméstico, y concentrados en los frutos del bosque como el arazá o el copoazú más que en los granos, que exigen tumbar para plantar.

El reporte unificado de deforestación en Colombia que emita el IDEAM a finales de este año dirá si La Paya ha podido reemplazar su economía de tala ilegal con una más amigable con el pulmón del planeta, y si, como sospecha Zambrano, una economía basada en los productos del bosque y que no represente grandes ingresos, sea suficiente para las personas que habitan en las inmediaciones de La Paya.
El caso Chiribiquete
Este desarrollo sustentable en áreas protegidas está siendo puesto a prueba en los 8.344.411 hectáreas protegidas del país (sin contar los resguardos indígenas), sin embargo, será decisivo en el Parque Nacional Natural Chiribiquete, la zona protegida más extensa de Colombia, que según prometió el presidente Juan Manuel Santos -justo antes de que estallara el escándalo de los incendios en el Guaviare- quedaría ampliado en 4 millones 300.000 hectáreas. (Lea: Se encienden las armas por incendios en el Guaviare).

Esta semana, la Agencia Nacional de Tierras dio luz verde para reubicar a las familias que habitan ese millón 500.000 hectáreas que se ampliarían, para poder continuar conservando uno de los hotspots de biodiversidad a nivel mundial, y uno de los sitios de valor arqueológico más importantes del continente.

"Este convenio que se logra con las familias campesinas que habitan en el área de ampliación del Parque Nacional Natural Chiribiquete, busca generar un acuerdo de conservación para que ellos dejen la zona que hasta ahora han venido ocupando, y donde tenían cultivos de subsistencia básica, y pasen a una zona donde puedan recibir la atención del estado, tierra y un proyecto de desarrollo productivo", dijo la subdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Carolina Jarro.

El reto, según casi todos los ponentes del Encuentro, es cómo hacer para que el Estado pueda dedicarse a proteger las áreas estratégicas, mientras que los proyectos productivos de las personas a su alrededor echen a andar por sí solos, conservando el medio ambiente.

Faltan 2 años, 2 meses y 20 días para que la meta de cero deforestación en la Amazonía se cumpa. Aunque el Ministro de Medio Ambiente de Colombia ya haya declarado que esa meta no será posible para ese año, sí es posible empezar a buscar alternativas económicas para continuar protegiendo el pulmón del mundo.

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Se invierte 1 billón de pesos en las áreas protegidas de la Amazonía | ELESPECTADOR.COM

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Para hacernos una idea de lo que cuesta mantener las áreas protegidas de la Amazonia que se extienden por 8 países- un ciudadano podría comprar un equipo de fútbol americano, un Ferrari 250 GTO (el carro más caro de la historia), o podría pagar todos los pleitos jurídicos que hay contra el Estado Colombiano.

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para dar respuesta a esta eterna interrogante es necesario explicar que no toda minería conlleva a la destrucción ambiental, debido a que existen una serie de métodos de explotación  responsable que implican re forestaciones entre otros medios con los cuales se logra un progreso tanto social como económico para un determinado lugar sin traer repercusiones de daño permanente en el medio ambiente

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Recursos naturales y desarrollo: ¿bendición o maldición? - Guillermo Perry

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Diversidad colombiana, en extremo detalle

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Diversidad colombiana, en extremo detalle

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En palabras de Darwin, este planeta está habitado por «infinitas formas, todas hermosas», pero algunas son más difíciles de atrapar y estudiar que otras. Esta serie de fotografías son un "zoom in" a algunas de las especies más escurridizas de entre las 56.343 que hay registradas en Colombia, el segundo país más biodioverso del mundo, después de Brasil. Las fotografías pertenecen a "Microecosistemas de Colombia, biodiversidad en detalle", un libro de gran formato publicado por el Banco de Occidente este año.

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En palabras de Darwin, este planeta está habitado por "infinitas formas, todas hermosas", pero algunas son más difíciles de atrapar y estudiar que otras. Esta serie de fotografías son un "zoom in" a algunas de las especies más escurridizas de entre las 56.343 que hay registradas en Colombia, el segundo país más biodioverso del mundo, después de Brasil. Las fotografías pertenecen a "Microecosistemas de Colombia, biodiversidad en detalle", un libro de gran formato publicado por el Banco de Occidente este año.

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Biodiversidad colombiana, en extremo detalle

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En palabras de Darwin, este planeta está habitado por "infinitas formas, todas hermosas", pero algunas son más difíciles de atrapar y estudiar que otras. Esta serie de fotografías son un "zoom in" a algunas de las especies más escurridizas de entre las 56.343 que hay registradas en Colombia, el segundo país más biodioverso del mundo, después de Brasil.

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cada día es mas notable los desordenes climáticos existentes los cuales podrían parecer ser desastres naturales que ocurren normalmente pero la verdad es que debido a la gran cantidad de contaminación atmosférica la inestabilidad climática es cada vez mas recurrente, esto se debe al efecto invernadero creado por el hombre debido a las emisiones concentradas de CO2 ,halógenos, metano, hidrocarburos y demás

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Las consecuencias pueden ser la deforestación, el movimiento de tierras, la contaminación por químicos y otras sustancias utilizadas para extraer el mineral.

la explotación de los productos mineros como carbón, níquel o gas natural si no se efectúan como es debido causan negativos impactos ambientales, irreversibles.

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Impacto de la MINERÍA en la economía y el desarrollo social

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Impacto de la MINERÍA en la economía y el desarrollo social

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La minería representa alrededor del 11% del PBI, aporta más del 50% de las divisas, contribuye con el 20% de la recaudación tributaria y comprende la mayor parte de la inversión extranjera. Para entender su dimensión en la economía nacional basta con compararla con otros sectores: La minería genera US$20 mil millones en divisas mientras que se estima que la agricultura podría llegar a US$5 mil millones, y los sectores pesquero y forestal a US$3 mil millones cada uno aproximadamente. En un escenario favorable, el BID considera que el sector turismo debería aportar US$6.8 mil millones para el 2021.

El IPE[1] estimó el impacto agregado de la actividad minera sobre la economía y otros sectores económicos encontrando que de cada US$1,000 millones de exportación minera adicional se generan US$1,470 millones de PBI adicional. De éste, más de la mitad se genera fuera del sector minero, a través de bienes y servicios complementarios. Además, dicho el aumento en exportaciones mineras generaría 78,156 puestos de trabajo siendo el 90% generado fuera del sector minero. La evidencia nos indica que la inversión minera no solo es importante en términos de generación de divisas y contribución al PBI, sino, además, genera impactos indirectos en otros sectores, principalmente el de servicios, mediante la generación de miles de puestos de trabajo. Es importante considerar que aquí el IPE no hace una distinción entre empleo temporal y empleo permanente, que es necesaria si se quiere cuantificar correctamente el impacto que tienen los conflictos sociales en la economía del país.

La minería ha aportado recursos para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las comunidades ubicadas en la zona de influencia de los yacimientos mineros. Conforme a la ley 27056 el 50% del total de los Ingresos y Rentas que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales se distribuye a los gobiernos regionales y locales. El 20% es destinado a las municipalidades de la provincia donde se encuentra el recurso, el 60% para las municipalidades y provincias de la región donde se encuentra el recurso según densidad poblacional y el 20% restante para el gobierno regional donde se encuentra el recurso.

En un estudio sobre el impacto de la minería en la pobreza y la inequidad, Loayza y Rigolini[2] encontraron que en las provincias donde existe actividad minera ésta tiende a tener un efecto positivo lo que resulta en mayor consumo per cápita y menor incidencia de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, los beneficios están distribuidos de manera desigual. En cuanto al canon no encontraron impacto, lo que demostraría el uso ineficiente de dichos recursos debido a que los gobiernos sub-nacionales no contarían con las capacidades de gerencia pública necesarios. De acuerdo con el IPE la entrada en operación de Las Bambas generó en Apurímac una expansión de la economía de 31.6% durante el primer trimestre de este año. Apurímac ha reducido la pobreza de 72% en el 2009 a 39% en el 2015. Mientras que la desnutrición crónica infantil cayó de 39% en el 2011 a 27% en el 2014. Con Las Bambas, Apurímac sería la región que lideraría el crecimiento económico del país. Se calcula que su economía podría crecer entre 2 y 2.5 veces, lo que la convertiría en una de las regiones con mayor presupuesto público per cápita de todo el país. Sin embargo, los gobiernos locales tienen una baja ejecución presupuestal, al 27 de diciembre era de 59,5% la más baja de todas las regiones del país.

Un estudio de Apoyo Consultoría encontró que entre 2011 y 2015 en Apurímac se redujo la pobreza cuatro veces más rápido que en Cajamarca. Esto se explicaría por el desarrollo de la inversión privada, mientras en Apurímac crece alrededor de 19% anual, en Cajamarca la inversión privada está estancada al haberse paralizado Conga. Sin inversión privada, no hay oferta de empleo: en la ciudad de Cajamarca el empleo acumuló 16 trimestres consecutivos de caída. Mientras en Cajamarca la pobreza es de 52%, en Apurímac es de 39%. De acuerdo con el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICAE), Apurímac creció en el tercer trimestre del 2016 en 223% mientras que Cajamarca cayó en 5.6%, principalmente, como resultado de la caída del sector minero (-20.8%).

Más allá de los impactos en el desarrollo de las economías regionales extraídas de información del INEI (como puede ser el caso de los impactos citados en este estudio), no existen muchos análisis que muestren evidencia empírica sólida. Algunos análisis parecerían sobre-dimensionar sus impactos lo que solamente estaría contribuyendo a elevar la incredulidad sobre el rol positivo de la inversión minera. La solidez analítica de la crítica presentada por Roberto Chang ( https://dev.focoeconomico.org/2016/04/08/los-costos-economicos-de-los-conflictos-mineros-en-el-peru/) a la metodología de un estudio publicado por el IPE[3], mostraría el flaco favor que se hace al desarrollo de la minería en base a cálculos cuestionables sobre su impacto.

Si la minería representa impactos positivos macro-económicos y además genera impactos positivos en la economía de las comunidades aledañas, resulta indispensable mostrar evidencia sólida sobre sus virtudes y explorar las causas detrás del descontento social que viene paralizando las grandes inversiones mineras. Los sucesivos gobiernos no han logrado canalizar las preocupaciones y reclamos de las comunidades hacia soluciones concertadas, pacíficas y sostenibles. Tampoco han sido capaces de generar un marco de referencia legítimo para el diálogo, la construcción de coaliciones y consenso a favor de una convivencia eficiente de la minería con las comunidades. Sin ese marco de referencia y con comunidades que no confían en las autoridades, no tienen acceso a información confiable, ni vías institucionales efectivas para el diálogo, la violencia se ha convertido en el método de negociación y se ha incrementado la demanda por un control de la violencia por parte del Estado a través de la imposición de la "mano dura" como única respuesta "efectiva".

En el 2010, en rechazo a la política de inversiones del TLC con Estados Unidos, manifestantes -en su mayoría de las etnias Awajun y Wampis- tomaron una carretera nacional durante dos meses demandando la derogación de dos decretos que consideraban atentaban contra sus derechos territoriales. El enfrentamiento resultó en el asesinato de 23 policías y 10 civiles. En el 2011 se paralizó el proyecto Conga en Cajamarca cuya inversión estimada ascendía a US$ 4.800 millones, debido a cuestionamientos de las comunidades sobre el impacto del proyecto en el uso del agua. Similares críticas han hecho que un conjunto de comunidades en Arequipa hayan impedido que el proyecto Tía María obtenga la licencia de construcción pese a que tiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado. Las Bambas, una inversión estimada de US$10,000 millones y que podría convertirse en el yacimiento minero más grande del Perú y en uno de los cinco más grandes del mundo, ha paralizados su producción luego de que en octubre se produjeran enfrentamientos que ocasionaron la muerte de un comunero. A fines del 2016, la mina de plata Pallancata suspendió sus operaciones, como consecuencia de la extorsión de la que era objeto. Comunidades propietarias de las tierras bloquearon la carretera de acceso exigiendo la renegociación de los acuerdos de compensación por uso de tierras. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo durante el gobierno anterior hubo 90 personas fallecidas y 2,367 heridas como resultado de conflictos sociales. El actual gobierno ha heredado 208 conflictos sociales, de ellos el 71% son socio-ambientales y están vinculados a actividades extractivas.

¿Por qué se producen los conflictos sociales si hay evidencia de los beneficios que generan en las comunidades? Muchas explicaciones no apuntan a sus causas sino a sus síntomas. No es suficiente sostener que los conflictos son solo producto de la utilización y exacerbación de descontentos injustificados -o justificados- de las comunidades, por parte de sectores radicales. Tampoco que se trate de un problema de comunicación. Menos aún que esta sea producto de la ignorancia de las comunidades.

Es evidente que una primera razón que explica el descontento social está ligada a impactos negativos de la minería, que no son solo medioambientales, e incluyen cuestionamientos al impacto en el acceso al agua, a la tierra y a los recursos generados por la explotación minera. Las actividades extractivas generan externalidades que deberían ser absorbidas por las empresas explotadoras de los recursos, pues son las que primariamente se benefician de ellos, pero el marco institucional vigente no garantiza que esas externalidades sean adecuadamente absorbidas y compensadas. Un ejemplo de ello ocurrió en junio de 2000, cuando 151 kilos de mercurio líquido de propiedad de la minera Yanacocha fueron accidentalmente derramados a lo largo de 27 kilómetros de la vía que atraviesa la comunidad de Choropampa en Cajamarca. La empresa ofreció 100 soles por cada kilo recuperado, sin proveer capacitación ni medios para una recuperación segura del mercurio. 1000 personas se intoxicaron al recoger el mercurio sin ninguna medida sanitaria. El marco institucional prevé la ejecución de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para identificar las externalidades en el medio ambiente. Pero, ¿qué instituciones garantizan el análisis de otros factores como: (i) la sostenibilidad económica de las comunidades una vez que la demanda laboral surgida por la explotación de la mina disminuye, (ii) la protección de los derechos de las comunidades sobre las tierras empleadas para la explotación de la mina, (iii) el ejercicio de los derechos políticos de los integrantes de las comunidades para participar en el manejo de la gestión de los recursos públicos generados por la minería?, solo para citar algunos aspectos.

El desarrollo de las industrias extractivas involucra profundos impactos socio-económicos a nivel local que tienen la posibilidad de exacerbar la vulnerabilidad de las comunidades. Las grandes inversiones atraen trabajadores foráneos, presumiblemente con mayor preparación que los locales y mejor pagados, a las comunidades de las zonas de influencia, las mismas que ven sus estilos de vida alterados por esta migración. Más aun, los trabajadores llegan a los campamentos mineros dejando atrás a sus familias. La proliferación de servicios destinados a atender sus necesidades tiene un efecto social y cultural en las comunidades, que no siempre es medido ni considerado. La creación de puestos de trabajo para mano de obra local tiene un impacto en las actividades productivas tradicionales. La mayoría de los puestos de trabajo que se generan son para los hombres, y si bien las mujeres de la comunidad pueden tener oportunidades en industrias indirectas, el aumento del ingreso de los hombres no necesariamente se verá reflejado en una mejora en las condiciones del hogar y la familia. Existe además un impacto económico negativo, el aumento en el ingreso tiende a generar inflación, lo que afecta directamente el consumo de bienes de primera necesidad de las familias (Banco Mundial, 2009)[4].

Por otro lado, el impulso laboral que la minería genera en las zonas de influencia es temporal. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo son de mano de obra no calificada, y no son sostenibles en la medida que solamente son necesarios durante la etapa de construcción. Cuando esta termina y al inicio de la explotación minera los puestos de trabajo necesarios son principalmente de mano de obra calificada, que generalmente no se encuentra en las zonas de influencia por lo que las oportunidades económicas generaran la migración de trabajadores foráneos. Durante la etapa de construcción de la mina Las Bambas se generaron 18,000 puestos de trabajo, mientras que cuando comenzó la etapa de operación solo quedaron 4,000 puestos de trabajo en su mayoría calificados. Con ello, los miembros de las comunidades cercanas que habían sido empleados se quedaron sin trabajo y los negocios que se habían creado para atender a los trabajadores sin clientes. Sus ingresos cayeron considerablemente y las tensiones sociales resurgieron.

El desarrollo de la industria minera genera una superposición de intereses: de los gobiernos como facilitadores del desarrollo económico, y como protectores de los intereses de las comunidades; de las empresas, por los riesgos de no obtener el consentimiento de la comunidad para sus actividades; y de las comunidades, por los potenciales beneficios y perjuicios que el desarrollo del proyecto les puede generar.

La próxima semana seguiremos analizando el impacto que las industrias extractivas tienen en el desarrollo económico y social.

(La autora agradece los valiosos comentarios de Roberto Chang, Carlos Melendez y Edgardo Mosqueira)

[1] Instituto Peruano de Economia "Efecto de la Minería sobre el Empleo, el Producto y Recaudación en el Perú" Lima, 2012

[2] Loayza, Norman y Jamele Rigolini "The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru" Working Paper No. 33, March 2015

[3] Miguel Palomino y co-autores estimado que la paralización y el retraso de la puesta en marcha de proyectos mineros en los últimos 7 años ha producido una pérdida de US$67.2 mil millones, lo que en términos del crecimiento del PBI representa 16.7 puntos porcentuales o 2.2 puntos porcentuales por año. Ello podría haber significado una reducción de pobreza de 5.7 puntos porcentuales adicionales entre el 2008 y el 2014. Es decir que hoy la pobreza podría estar alrededor del 17% en lugar de 22%. El Perú habría dejado de recaudar US$4,734 millones de impuestos. Instituto Peruano de Economía, El Costo Económico de la no ejecución de los proyectos mineros por conflictos sociales y/o trabas burocráticas, Julio 2015, Lima, Perú.

[4] The World Bank, Extractive Industries and Development Series, 2009

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El Impacto de la Minería en la Economía y el Desarrollo Social (Parte 1) – Foco Económico

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La minería representa alrededor del 11% del PBI, aporta más del 50% de las divisas, contribuye con el 20% de la recaudación tributaria y comprende la mayor parte de la inversión extranjera. Para entender su dimensión en la economía nacional basta con compararla con otros sectores: La minería genera US$20 mil millones en divisas mientras que se estima que la agricultura podría llegar a US$5 mil millones, y los sectores pesquero y forestal a US$3 mil millones cada uno aproximadamente. En un escenario favorable, el BID considera que el sector turismo debería aportar US$6.8 mil millones para el 2021.

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Las cifras se fundamentan en los índices de explotación de petróleo, carbón, oro y ferroníquel, donde la Costa Atlántica aporta entre 50 y 100 por ciento de los terrenos de explotación con respecto del resto país, a excepción del oro y el aceite.

Pero la explotación de los productos mineros como carbón, níquel o gas natural si no se efectúan como es debido causan negativos impactos ambientales, irreversibles.

Según un estudio hecho por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales (Inderena), el impacto ambiental que causa la explotación minera, es grande. Las transformaciones que causan al medio ambiente inciden en los recursos hídricos, geológicos, biológicos, atmosférico y socio-económico. Algunas de esas consecuencias son prevenibles, pero otras, irremediablemente, no pueden evitarse.

En el recurso hídrico la minería a cielo abierto, por ejemplo, causa contaminación de los cuerpos de agua por residuos sólidos y vertimientos domésticos e industriales relacionados con la actividad minera. En consecuencia, aumenta el contenido de los sedimentos y se causa desviación de los cauces de los ríos que generan inundaciones, transformación del paisaje y pérdida de cultivos.

En el campo geológico se producen cambios topográficos y geomorfológicos debido a la remoción de las capas superficiales del terreno. La inestabilidad de los terrenos al dejar las formaciones rocosas al descubierto, pueden ocasionar el desencadenamiento de fenómenos erosivos.

También se produce un aceleramiento de los procesos de resquebrajamiento de la roca con separación de las partes y fallas en las unidades rocosas por el uso de la dinamita.

En el campo biológico, el impacto sobre los bosques naturales y la contaminación del agua ocasionan la pérdida de recursos y especies en peligro de extinción.

En cuanto al plano social, en cualquier zona de explotación minera, se da un aumento de la demanda de los servicios, migraciones masivas de población, cambio de actividades económicas y sociales y por ende el abandono del campo.

Paralelamente, la construcción de vías y oleoductos para sacar el producto explotado produce alteración de suelos, fauna y flora en todos los ecosistemas por lo que necesariamente tienen que pasar; se puede presentar contaminación por derrames no previstos o accidentes causados por descuido o intencionalmente. Así como contaminación visual o gaseoso por las emisiones de gases o escape del polvillo en el caso del carbón, que es transportado desde las zonas de producción hasta los puertos de exportación, vía terrestre.

Según estudio hecho en la región por el Consejo Regional de Planifiación de la Costa Atlántica (Corpes), aún no se tiene conciencia del valor de los recursos para su uso interno, así como tampoco se ha conseguido una conciencia ecológica que permita desarrollar la minería a gran escala disminuyendo el impacto ambiental .

Para evitar que estos problemas se sigan presentando, el Ministerio del Medio Ambiente dijo que no se dará vía libre a ningún tipo de proyecto de desarrollo sin previo estudio de impacto ambiental y la licencia que le amerite la realización de tales explotaciones.

Mientras que las poblaciones que conviven en estas regiones, sostienen que las empresas deben hacer un esfuerzo mayor para evitar que se siga deteriorando los recursos naturales.

El impacto se puede evitar En algunos campos se ha avanzado mucho, caso del Cerrejón Zona Norte donde se ha implementado un programa de saneamiento ambiental. Pero en otros, principalmente el la explotación petrolera y de gas, los problemas se acentúan. Muestra de ello es que a finales del año pasado el ministerio del Medio Ambiente ordenó el cierre del campo Cicuco de explotación petrolera en Bolívar.

Igual las autoridades ambientales han cuestionado la explotación aurífera del sur de ese departamento, la explotación de carbón en el Cesar y la de ferroníquel en Cerromatoso.

Los más perjudicados han sido los cuerpos de agua como ciénagas y ríos que subsisten al lado de los complejos mineros.

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Según estadísticas económicas, la minería es el sector de mayor expansión en el país. Sólo en 1989 llegó a representar un 50 por ciento de todas las exportaciones nacionales.

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- La recuperación implica el re-establecimiento del suelo y la revegetación del área perturbada.

- Las nuevas opciones prometedoras de recuperación en el futuro incluyen el uso del fango de bio-sólidos producto de procesos de tratamiento de aguas residuales municipales como una remediación orgánica del suelo; y el uso de especies vegetales que son más tolerantes a las condiciones ácidas.

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el cierre de una mina y las diversas actividades para mitigar el impacto ambiental de las operaciones son una parte integral de todo planeamiento minero y del desarrollo de la mina desde la fase de descubrimiento hasta el cierre.  Las principales actividades  de mitigación son:

Recuperación

Tratamiento del suelo

Tratamiento del agua

Prevención del drenaje ácido de roca.

Control de las emisiones de gas

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-  Utilizar sistemas de humedales “pasivos” para tratar el agua que contiene metal. Este enfoque se ha utilizado con éxito donde el volumen y la acidez del agua no es demasiado alto. Los sistemas de humedales pasivos tienen la ventaja adicional de crear un hábitat de vida salvaje deseable.

- Utilizar zonas de tratamiento in situ donde se coloquen materiales reactivos o corrientes eléctricas debajo de la superficie para que el agua que pasa por ellas sea tratada.

- Combinar el tratamiento con la recuperación de materiales útiles del agua contaminada

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Impactos Generados Por La Mineria Sobre El Medio Ambiente

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- Utilizar métodos químicos para estabilizar los metales en el suelo, volviéndolos menos móviles y biológicamente disponibles.

-Utilizar bactericidas que detengan el crecimiento bacterial que promueve la oxidación de la pirita y la consecuente formación de ácido sulfúrico.

-Usar geo-membranas  como barreras en la base de los botaderos o cubriendo zonas perturbadas.

-Inundar de forma permanente los materiales de desecho que contienen pirita para cortar la fuente de oxígeno, detener el desarrollo de condiciones ácidas y evitar la movilización de los metales.