# data[].attributes.body
La imagen seleccionada muestra el campamento/Marcha de Mujeres Indígenas en Brasil, comenzado a mediados del mes de septiembre luego del asesinato de dos adolescentes, Raíssa Guaraní Kaiowá y Daiane Kaingang. El movimiento remarca y denuncia la falta de políticas públicas que reconozcan la especificidad de las mujeres indígenas, denunciando asi la participación que el Estado como tal tiene esto. En este sentido Hendel en su texto "Hendel, L. Violencias de Género. Las mentiras del patriarcado" realiza la distinción entre feminicidio y femicidio, indicando que el primero es un término que también incluye al Estado y a las estructuras judiciales que naturalizan la misoginia y con ella la impunidad, como responsables de los asesinatos de mujeres, sea por inacción, tolerancia u omisión. Por ello esta imagen me resulto representativa de dicha distinción, donde las mujeres marchan no solo para reclamar justicia, sino tambien para exigir y denunciar al Estado como parte de responsable en los asesinatos de las adolescentes.
A su vez, articulandolo con lo visto en el módulo anterior, considero evidente como se pone en juego el concepto de "interseccionalidad", ya que se trata aqui también de la opresión no solo por el género, sino también por la violencia estructral y racial que estos pueblos originarios sufren, y como en el corpus de la noticia se acentúa el gran deficit que aparece para la demarcación y seguridad de sus territorios. Se muestra asi estas categorías que se co-construyen, en este caso mujer e indígena.
Ph: @midianinja
Noticia tomada de la pagina de IG: @emergentesmedios

Ángeles Merele.

# data[].attributes.body
En línea con el texto de Hendel, en esta nota de revista Anfibia podemos ver como las instituciones (policiales y judiciales) presentan fallas al momento de cumplir con sus funciones básicas que son las de protección a las víctimas. Infinidad de denuncias realizadas por mujeres y disidencias quedan obsoletas en los cajones de estas instituciones. Las personas denunciantes, se van por lo general sin ningún tipo de respuesta más que como dice Hendel pueden ser “…restricción de hogar, impedimento de contacto, cerco perimetral, sin embargo, no son suficientes…" ya que en manos de una justicia patriarcal y misógina estas mujeres (las que se atreven a denunciar) quedan a la deriva, desprotegidas y sin ninguna respuesta por parte de las instituciones del Estado. Es urgente la implementación de políticas públicas, programas de acción, que sean efectivos y funcionen correctamente en concordancia para poder abordar estos casos.

Paula Gasalla

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El femicidio de Úrsula Bahillo

La cantidad de pruebas contra el femicida Matías Martínez, policía de la Bonaerense, no alcanzaron para que el Estado protegiera la vida de Úrsula Bahillo. "El poder judicial y la policía históricamente han desplegado un accionar repleto de estereotipos de género incluso avalados por normas", escribe Sabrina Cartabia. Las instituciones del derecho y la seguridad se muestran desnudas y nos obligan a pensar más allá de lo que siempre nos han propuesto. Cómo mirar por fuera del modelo punitivista.

Úrsula Bahillo (18) solicitó ayuda a las instituciones muchas veces hasta que Matías Martínez (25) la mató. Este femicidio se podría haber evitado si se hubiera evaluado correctamente el riesgo que presentaba el caso y se hubieran dispuesto medidas de protección adecuadas. Pero en lugar de escuchar a quien denunciaba y otorgar las medidas pertinentes que la causa requería (por la repitencia, por la gravedad de los ataques y las amenazas y por el lugar de poder que ostentaba Martínez por ser policía) el poder judicial adoptó medidas suaves que no lograron proteger a Úrsula.

Este tipo de accionar institucional deficiente no es una novedad. La experiencia y los datos demuestran que el modelo de gestión de la violencia por razones de género (VRG) exhibe insuficiencias estructurales que impiden garantizar respuestas efectivas e integrales por parte del Estado. Los juzgados que dictan las medidas no controlan su cumplimiento ni realizan ninguna actividad consecuente frente al incumplimiento. La delegación en la policía de funciones tales como la notificación de medidas de protección, las investigaciones, la falta de capacitación en las Comisarías y el deficiente accionar de las fuerzas de seguridad cuando son convocadas a actuar en casos de flagrancia que involucran VRG son problemas recurrentes en la Argentina.

La demorada adaptación del poder judicial y las fuerzas de seguridad a los tiempos actuales genera hartazgo social. Este se expresa en el espacio público, con una fuerza novedosa desde 2015, donde Ni Una Menos emergió como una consigna aglutinante y abrió la posibilidad de crítica social y cambio político frente a la indiferencia.

Esta semana por el femicidio de Úrsula el pueblo de Rojas salió a la calle. Los amigos, familiares y la sociedad canalizaron en una multitudinaria movilización aquello que no se tolera más y es bien conocido por todxs, cuando quien ejerce violencia es de la fuerza se activa un mecanismo corporativo que protege a los propios. La movilización finalizó en una represión desmedida donde incluso le dispararon a la cara a una joven dañándole el ojo con un proyectil de goma. Fue la reacción de la misma policía, que hace la vista gorda cuando se requiere su intervención en casos de violencia pero que no duda en usar toda su fuerza para reprimir lo que dio origen a una pueblada. Se repite otro episodio que nos muestra cómo las fuerzas de seguridad generan escaladas en los conflictos en lugar de neutralizarlos.

Por otra parte, frente a la violencia institucional generada por el uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento por parte de la policía que se ven favorecidas porque, al actuar como auxiliares de la justicia, controlan los primeros momentos de las escenas donde ocurren los hechos, lo que permite falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión. Esos actos luego son validados por el poder judicial que prefiere mantener esas relaciones en paz: depende de las fuerzas para poder investigar.

Según los datos de la investigación Violencia Policial que realizó el CELS , "los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional. Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, 17 eran funcionarias de seguridad. La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el ´estado policial´, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal".

Si acordamos en que la brutalidad policial, la protección corporativa y la impericia selectiva no son una novedad, esto nos lleva abordar desde el feminismo un problema que nos afecta como sociedad, pero que tiene una incidencia especial en el tratamiento estatal de la violencia de género. Por el diseño institucional adoptado la mayoría de las intervenciones requieren del accionar de dos instituciones que no han sido diseñadas ni responden a los intereses de las mujeres ni LGBTI+ y que han demostrado graves ineficiencias para la gestión de la VRG y múltiples resistencias a cambiar sus lógicas de funcionamiento.

El poder judicial y la policía históricamente han desplegado un accionar repleto de estereotipos de género incluso avalados por normas. Son instituciones que se han caracterizado por conservar el statu quo sexo-genérico. Por dar solo un ejemplo, durante muchos años en las diversas provincias de nuestro país y lo que ahora es CABA vestirse con ropas de un género no coincidente con el sexo asignado por el Estado en el DNI fue penalizado bajo los Códigos Contravencionales, perseguido por la policía y avalado por el poder judicial. La criminalización de las personas travestis y trans basada en una norma discriminatoria permitió toda clase de excesos y violaciones de derechos por las fuerzas de seguridad. Este tipo de intervenciones hoy continúan bajo el amparo de los Códigos Contravencionales dificultando la supervivencia de las personas pobres por ejercer el trabajo sexual, realizar venta ambulante, mendigar o estar en situación de calle. En nuestro país el 66% de las personas pobres son mujeres, travestis y trans, muchas de ellas se ven en la situación de ganarse el mango en la calle y sufren el accionar desmedido de la policía. Como lo sufrieron en Rojas las amigas de Úrsula que fueron reprimidas por la misma institución que supuestamente es la responsable de su seguridad y protección.

Nos encontramos frente al huevo de una serpiente que se muerde la cola en un loop infinito de casos que se repiten, frente a las recomendaciones del movimiento feminista que exige un cambio institucional urgente donde no reine la indiferencia misógina ni el exceso represivo.

Las instituciones del derecho y la seguridad se muestran desnudas y nos obligan a pensar más allá de lo que siempre nos han propuesto. Es imperioso que derribemos estos paradigmas y construyamos nuevas formas de gestión de los conflictos y las violencias que no agraven nuestros problemas ni profundicen la desprotección. En este sentido, cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad y del poder judicial es clave para pensar por fuera del modelo impuesto que prioriza la mera aplicación del derecho penal como solución a nuestros problemas y que cada vez que tiene la oportunidad amplía el poder represivo en nuestro nombre, pero nunca actúa en nuestro beneficio. Ya conocemos ese camino y sabemos lo que provoca. La institucionalidad que necesitamos no puede estar solamente centrada en el castigo, debe ser preventiva y eficiente antes de que los femicidios ocurran. La prevención debe estar centrada también en evitar excesos policiales que son a su vez otra forma de violencia que experimentamos y nos aleja de la libertad y seguridad democrática que estamos buscando en una arena que ha posibilitado poner en discusión estos temas: la calle.

# data[].attributes.attachment_link.title
Justicia y policía: por qué no pueden protegernos

# data[].attributes.attachment_link.description
La cantidad de pruebas contra el femicida Matías Martínez, policía de la Bonaerense, no alcanzaron para que el Estado protegiera la vida de Úrsula Bahillo. "El poder judicial y la policía históricamente han desplegado un accionar repleto de estereotipos de género incluso avalados por normas", escribe Sabrina Cartabia.

# data[].attributes.body
Comparto un articulo de la revista Anfibia donde recorre varios casos de reclamos ante la justicia que en el texto del modulo "Ni una Menos" constata que cerca del 80% de las denuncias son catalogadas en la provincia de buenos aires como lesiones simples y amenazas. Es un numero enorme y cuando vemos los casos de femicidios muchas de ellas denunciaron y solo es una "lesión simple" cuando el hilo es muy fino entre eso y la muerte.
Me gustaría traer la frase del texto de "Violencia de genero" de Hendel que ejemplifica muy bien: "Refugios, botones antipánico, terapias y grupos de autoayuda o ayuda
recíproca de recuperación, todo cae sobre la mujer victimizada que debe
hacerse cargo de su propia protección, mientras que el uso patriarcal de la
garantía, que ofrece la mala aplicación de la presunción de inocencia, protege
con un tiempo, siempre excesivo, de impunidad a quienes cometieron el delito
contra ellas. Este no es, sin embargo, el mayor problema, lo más grave es que
durante ese tiempo aumentan enormemente los riesgos para las víctimas,
como lo testimonian los casos de Maria da Penha en Brasil o el de Karina
Abregú en Argentina."

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Muertas o forzadas a maternar

En 20 días 15 mujeres fueron asesinadas, una niña de 12 fue forzada a parir y otra de 14 violada en manada. Pibas, mujeres, lesbianas, travas, trans estamos en riesgo, vivimos el desafío de sobrevivir al patriarcado, dice Florencia Alcaraz que por eso habla de "femicidios de Estado" cuando escribe sobre las violencias que podrían haberse evitado si funcionaran los mecanismos de protección existentes. Nunca tuvimos tanta conciencia del derecho a una vida libre de violencias, tampoco nunca estuvimos así de expuestas a la pedagogía de la crueldad patriarcal. Ante la violencia machista, más organización feminista.

Denuncialo. Llamá. Hay líneas de ayuda. Salí del círculo de la violencia. Cortá con esa relación. Pedí ayuda. Hay una ley. Andá a la fiscalía, a la comisaría. Buscá una abogada. Hay grupos para hablar de esto. Te van a acompañar. Pedí una restricción de acercamiento, una exclusión del hogar. La perimetral. Deciles que te den el botón antipánico. Ratificá la denuncia. Accioná el botón para que no te mate. Mandá la ubicación. No camines esas cuadras de noche. Mejor tomate un taxi. Por las dudas no vuelvas sola. Mandame un mensaje. Amiga, avisá cuando llegues. Llegá. Que no te violen. Te violaron. Sos una nena. No elegiste ser madre. Es tu derecho. Podés interrumpir ese embarazo. Te amenazaron. En ese hospital te van a hacer un aborto. Así lo dice la ley. Hay un protocolo. Lo dijo la Corte Suprema. Estos médicos te van a acompañar. Que no te torturen.

Ser piba, mujer, torta, trava, trans es todos los días un de supervivencia al patriarcado. Un reto que atravesamos juntas con los apoyos de las amigas, cercanas y conocidas pero cada vez con menos asistencia estatal. En los últimos años los feminismos tuvieron una fuerza inédita para ampliar la conciencia social sobre dos cuestiones elementales que son la base de su plataforma programática: todas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencias machistas y todas tenemos derecho a decidir sobre el propio cuerpo. La lucha por la autonomía individual se volvió autonomía encarnada y colectiva. Aquello que comenzó como lema en 2015, montado sobre la historia y el linaje, se volvió un poder feminista que fracturó parte de un paradigma cultural.

Los 11 femicidios y cuatro muertes violentas de mujeres en los que los sospechosos son varones (según los casos aparecidos en los medios de comunicación) y la historia de la nena de doce años de Jujuy víctima de violación y amenazas, sometida al sufrimiento físico y moral de una cesárea, desbordan el hartazgo y abren las preguntas: qué hacer ante los niveles de desprotección institucionales. A pesar de que nunca en la historia tuvimos una conciencia tan amplia sobre las violencias machistas, tampoco nunca estuvimos así de expuestas a la "pedagogía de la crueldad" patriarcal y a la misoginia. Una brecha se abre entre la cantidad de normativas de protección existentes y el insuficiente presupuesto, los pocos esfuerzos estatales y la escasa creatividad en la materia desde que la violencia machista se volvió un tema de conversación cotidiano en Argentina. Las empresas parecen estar pensando más en interpelar a los varones para que dejen de matarnos, menospreciarnos y vulnerar nuestras vidas a través de las publicidades comerciales que el propio Estado.

El enunciado del activismo señala: "Vivas y libres nos queremos". Ni muertas ni forzadas a maternar. Un Estado que condena a las víctimas de violencia machista a una muerte lenta cuando no las ayuda o no las busca es un Estado femicida. Un Estado que impone la reproducción biológica como destino es un Estado que esclaviza.

Hoy, cada una que rompe el círculo de violencia, que denuncia, sabe que la violencia machista no es normal ni natural. Que existen mecanismos de protección estatales que deben activarse y que la justicia debe intervenir. Lo sabía Carla Soggiu, una mujer de 28 años, madre de dos hijos, de 2 y 4. Vivía en el barrio de Pompeya. Había denunciado a su expareja Sergio Nicolás Fuentes por secuestrarla en su propia casa, golpearla y violarla. Ella sufría hidrocefalia. En una operación le colocaron una válvula intracraneal. Una vez que ella denunció, él terminó preso en Marcos Paz con prisión preventiva por los delitos de "abuso, lesiones, y privación ilegítima de la libertad". A ella le dieron un botón antipánico como medida de protección. El martes 15 de enero Carla salió del trabajo y no volvió a su casa. Lo último que se supo fue que pidió ayuda dos veces a través del botón antipánico que la conectó con un operador de la Central de Alarmas de la Policía de la Ciudad. Dijo que estaba perdida, desorientada, que tenía "la cara tapada por el agua". La comunicación se cortó y durante cuatro días no se supo nada de ella. La mañana del sábado 19 de enero un trabajador de limpieza vio un cadáver flotando en el Riachuelo. Era Carla. No la encontró la Policía de la Ciudad ni la Prefectura Naval. Ni la fiscalía que la buscaba ante la denuncia por su desaparición.

La muerte de Carla fue la número 12 en un mapa de nombres propios, trayectorias vitales, hijos e hijas que quedan huérfanes y futuros coartados que atraviesa todo el país, diferentes edades y recorridos. Detrás de cada asesinato hay una historia de violencia, de abuso sexual y una muerte que se podría haber evitado. El primer femicidio de 2019 fue el de Celeste Castillo, de 25 años. La mató a tiros el esposo, el policía Héctor Montenegro, el 1º de enero en Santiago del Estero. Luego se suicidó. Lo mismo hizo Elías Juárez, de 63 años, que asesinó de un escopetazo a su hija, Valeria Silvina Juárez, de 32 años en la provincia de Chaco el 4 de enero. Tres días después Daiana Moyano, de 24 años, volvía de trabajar en colectivo. Se bajó dos paradas antes de su casa: la abusaron sexualmente, golpearon y estrangularon en un descampado en Córdoba. La descartaron en un baldío. Darío Coronel está imputado y preso por el crimen. Es un vecino de Ciudad Mi Esperanza, el barrio en el que ella también vivía. Ese mismo día apuñalaron 17 veces en la cara y 15 veces en la espalda a Joselin Nayla Mamaní, una nena 10 años, en su casa de Longchamps. La mamá Sara Mamani la encontró en la cocina. Está investigado la ex pareja de la mujer, Carlos Correa, por femicidio vinculado.

El octavo día del año Gisel Romina Varela, de 33 años, fue baleada en las calles de Mar del Plata. Por el crimen está detenido Sergio Alejandro Cejas, que tenía una orden de restricción de acercamiento desde agosto de 2018. Un día después en la provincia de San Juan murió Liliana Loyola, de 64 años. En noviembre de 2018 la habían quemado: no sobrevivió. El principal sospechoso es el hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray.

El 12 de enero, en Mar del Plata, asesinaron a Susana Yas, una jubilada de 77 años. La investigación apuntó a uno de sus hijos, con el que mantenía restricciones de acercamiento recíprocas. Un día después encontraron el cuerpo de Agustina Imvinkelried de 17 años en Esperanza, Santa Fe. La adolescente había ido a bailar. El principal sospechoso es Pablo Trionfini, quien se suicidó en su casa. A Danisa Canale la mataron a martillazos en la ciudad de Galvez, Santa Fe. El marido, Jorge Trossero, admitió el femicidio ante la policía. A Romina Ugarte la balearon el 16 de enero en su casa en la ciudad bonaerense de Cañuelas. El principal sospechoso es la pareja, el policía Nicolás Fernando Agüero, de 19 años. Ese mismo día en un basural en Guaymallén, Mendoza, la policía encontró el cadáver de una mujer . Estaba desnuda. Todavía se desconoce su identidad.

La mañana del 19 de enero comenzó con el hallazgo del cuerpo de Carla Soggiu en el Riachuelo. A Silvia Pereyra, de 59 años, la mataron ese mismo día en su casa de la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires. La investigación judicial no descarta la hipótesis de femicidio. Liliana Ramona Olguín fue asesinada en su propia casa, en la provincia de Mendoza. Con un arma blanca le abrieron el cuello, el tórax, los brazos y las piernas. Pocas horas después detuvieron al marido, Alberto Sosa. Estaba escapando por la ruta 52. Anoche en el partido de San Miguel un hombre de 20 años mató a la ex pareja, una mujer de 22 años de .

Los resultados preliminares de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense señalaron que Carla Soggiu murió ahogada. Los datos que rodean a su muerte, en cambio, complejizan el panorama. Amigas y familiares de la mujer contaron que la familia de su ex la hostigaba. El padre del hombre preso es ex agente de la Policía Federal. Y la paliza que ella sufrió profundizó sus problemas de salud. Carla estaba en riesgo.

Aunque el Estado proponga idénticas respuestas burocráticas y securitarias para todos los femicidios (medidas de protección y resguardo, botones antipánico, pulseras magnéticas, aplicaciones para celulares para denunciar); las violencias femicidas no son lineales. Solo para sumar a los femicidios de enero, el primer día del año cinco jóvenes quedaron detenidos por violar a una nena de 14 en Miramar, otros cuatro en Las Lajitas por el mismo delito sexual y una adolescente denunció que la violaron siete varones en Villa Elisa.

Hay capas de terrorismo sexista acumulado y preexistente al momento en que detiene la vitalidad. Algunas de estas formas de violencias dejan huellas, otras son invisibles. Las violencias femicidas a veces son mucho más complejas que un examen de ADN, una pericia de laboratorio, un resultado forense, una huella en el cuerpo. Cuando las marcas, la firma femicida, quedan en los cuerpos, los cuerpos hablan. Otras veces no. Siempre es necesario poner la lupa sobre el contexto. Aquello que no hicieron, por ejemplo, los jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata a fines de noviembre.

Hay crímenes que queda impunes y sirven para pensar la complejidad de las violencias femicidas, como el de Suhene Carvalhaes Muñoz . El lento femicidio se extendió por 241 días. Empezó la madrugada del 19 de julio de 2014 cuando la pareja, Damián Loketek, la golpeó e intentó ahorcarla en el departamento que compartían en el barrio porteño de Belgrano. Ella nunca pudo recuperarse de las heridas que le dejó la violencia machista en forma de piñas: una trombosis del seno venoso cerebral, hidrocefalia y un edema en el nervio óptico que le desvió la mirada. No murió en el momento, falleció ocho meses después, el 16 de marzo de 2015. En un comienzo la investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 31 estaba caratulada como "lesiones agravadas" aún con la joven muerta. Ella tenía 26 años y quería ser veterinaria. El hombre que la golpeó y le provocó lesiones mortales hoy está prófugo. El femicidio quedó impune para la justicia tradicional. La hermana y la mamá mantienen encendida su memoria en cada movilización por Ni Una Menos.

Los feminismos tienen un extenso corpus desarrollado para ampliar la mirada. En los '90 Jill Radford y Diana Russell caracterizaron al feminicidio como el extremo de un continuum de terrorismo sexista que incluye "una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como: violación, tortura, esclavitud sexual abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital (clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias (histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento". "Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en femicidios", escribieron las investigadoras.

Más tarde la mexicana Marcela Lagarde definió: "la inexistencia o debilidad del Estado de derecho, en la cual se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo" para que estos crímenes se extiendan en el tiempo. "Por eso, para diferenciar los términos, preferí la voz feminicidio y así denominar el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Por ello afirmo que el feminicidio es un crimen de Estado", dijo.

En el país que supo hacer del grito de Ni Una Menos un emblema internacional, los 15 asesinatos en 20 días de enero deben ser mirados bajo la lupa de femicidios de Estado. La responsabilidades institucionales y políticas -más allá de los responsables materiales- deben ser investigadas, de una vez por todas.

De acuerdo al Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven en los últimos tres años hubo una muerte de estas características cada 29 horas: en total fueron 895. Y al menos 925 niñxs quedaron huérfanes durante la gestión de Cambiemos. La enumeración de todo lo que no se hizo sigue casi intacta. El patrocinio jurídico gratuito sigue siendo una deuda pendiente aunque es ley. Para septiembre de 2018 sólo se había ejecutado el 24,2 por ciento del presupuesto anual del Programa Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable. La Educación Sexual Integral sigue sin ejecutarse en todas las escuelas del país. La reforma de la ley N 26.150 de ESI, planteada en septiembre de 2018, buscaba garantizar su implementación en todo el país pero no fue acompañada por todos y todas les legisladores oficialistas.

Según el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, hay un caso de violencia sexual cada dos horas. De los 36 refugios planificados por el gobierno de Mauricio Macri solo se hicieron nueve y solo tres son propiamente de la gestión, el resto son herencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con este panorama, de acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comparando con el presupuesto destinado a combatir la violencia machista vigente de 2018, se verifica una caída en términos reales de 19,1 por ciento para el 2019.

El activismo no espera quieto que se desarrolle un plan de abordaje integral, novedoso, serio y creativo que de respuestas nuevas a la problemática. Ni que el gobierno piense en políticas de prevención reales directamente enfocadas a los varones violentos. En estos años se han tejido numerosas redes de cuidado y acompañamiento desde los ámbitos comunitarios . Las movilizaciones han insistido en la construcción de una memoria, verdad y justicia por cada víctima que no encontró respuestas en la justicia tradicional.

El próximo 8 de febrero a las 18 en la Mutual Sentimiento (Federico Lacroze 4181) hay una cita para la asamblea feminista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las convocatorias para organizar el paro del 8M se multiplican en todo el país. Las asambleas son espacios abiertos donde se discute la movilización pero también se construye estrategia y política feminista. Porque los deseos del feminismo nunca se alinearán con un gobierno neoliberal, conservador, ceo-machista, como el de Cambiemos. Pero hay compromisos internacionales y responsabilidades estatales asumidas para que sobrevivir deje de ser el desafío diario de las pibas, viejas, mujeres, tortas, trans, travas y todas puedan abrazar infinitos futuros de libertad.

# data[].attributes.attachment_link.description
COMPRÁ HOY TU EJEMPLAR Denuncialo. Llamá. Hay líneas de ayuda. Salí del círculo de la violencia. Cortá con esa relación. Pedí ayuda. Hay una ley. Andá a la fiscalía, a la comisaría. Buscá una abogada. Hay grupos para hablar de esto. Te van a acompañar. Pedí una restricción de acercamiento, una exclusión del hogar.

# data[].attributes.headline
¿Quién marcha por las travas? (Sánchez Soledad Ayelén)

# data[].attributes.subject
¿Quién marcha por las travas? (Sánchez Soledad Ayelén)

# data[].attributes.body
A partir del texto de Radi, Blas y Sardá-Chandiramani, Alejandra, me parece interesante esta imagen con esa pregunta que quizá pueda muchas veces ser incómoda para aquellas corrientes del feminismo que consideran que las personas trans no deben ser incluidas dentro de este movimiento o que consideran a "la mujer" una categoría de orden esencialista.
Como dicen las autoras el travesticidio es la expresión más visible y el final de una cadena de violencias estructurales. En este  sistema las personas cis detentan más privilegios que las personas trans. Y la realidad precaria que atraviesan muchas de las personas trans y sus reclamos a veces no ingresan en la agenda del feminismo blanco y de clase media. Porque las personas trans atraviesan una vida de violencia incesante. Se las expulsa del hogar, de la escuela, del sistema de salud, del mercado laboral y son arrojadas tempranamente al mercado laboral del trabajo sexual. Es así que la violencia sigue perpetuándose en la cotidianeidad de su vida por que también son estigmatizadas, criminalizadas y están en riesgo de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto el nivel de exclusión de estas personas es extremo. Por lo general sufren carencias económicas, una de las violencias menos atendidas en el sistema capitalista en el que vivimos. Creo que el feminismo ha avanzado muchísimo en la lucha por garantizar los derechos de las mujeres y otras identidades oprimidas, pero no se compromete de la misma forma con la exclusión por cuestiones económicas. Atribuyo esta cuestión al carácter académico que origina la lucha feminista que, si bien se está popularizando, aún no alcanza la consciencia de clase y la lucha por la pobreza estructural no figura como prioridad en su agenda materialmente. Si bien es verdad que con el avance hacia la concreción de políticas públicas se empiezan a garantizar cada vez más derechos (al punto de que existe toda una categoría como ECONOMÍA FEMINISTA), también creo que la lucha feminista ha sido captada por el sistema capitalista volviéndose funcional al mismo y por lo tanto perpetuando, a pesar de esas reivindicaciones, la miseria y la exclusión social.

# data[].attributes.headline
''Cuerpo de la mujer: peligro de muerte''.

# data[].attributes.subject
''Cuerpo de la mujer: peligro de muerte''.

# data[].attributes.body
De acuerdo con lo visto en clase,  hoy  la violencia contra las mujeres ocupa un sitio prioritario en la conciencia política de las mujeres,  en la agenda política feminista y social de cada país. No obstante, Rita Segato posiciona a Juarez como un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres, denunciando la impunidad presente en todos los criménes de la ciudad, caracterizada por la ausencia de acusados convincentes para la opinión pública y así también como la ausencia de líneas de investigación consistentes, lo que da como resultado la repetición sin fin de este tipo de crimenes.
Sin embargo, lo que la autora plantea posee una importancia fundamental para poder entender que el agresor y la colectividad comparten el imaginario de género, lo que explica que los crimenes sexuales no son obra de desviados individuales, enfermos mentales o anomalías sociales, sino expresiones de una estructura simbólica que organiza nuestros actos y nuestras fantasías, otorgándole inteligibilidad. Siendo este, por ende, un problema cultural de una sociedad que cosifica permanentemente a la mujer, donde la violencia se vuelve algo cotidiano..

(Lucia Zanini)

# data[].attributes.headline
No son casos aislados, se llama patriarcado.

# data[].attributes.subject
No son casos aislados, se llama patriarcado.

# data[].attributes.body
En el texto de Hendel, leemos “La sociedad patriarcal y la justicia, su brazo armado con leyes, niegan la gravedad de los hechos, desoyendo las denuncias; justifican al agresor con argumentaciones biologicistas del estilo: “Los varones son violentos o posesivos o celosos por naturaleza”, “Ellas son muy frágiles y exageran o mienten”.

Este texto y la imagen muestran cómo los feminicidios son parte del poder heteropatriarcal. Es importante entender la violencia sexista como una cuestión política que requiere de respuestas políticas y socioculturales. El feminicidio es “una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres, ejecutada por varones violentos en complicidad con Estados ausentes”.
Stefani Gabriela

# data[].attributes.body
Leer en comienzo del texto de Hendel: 'Ceder algo para no perder todo. Las paradojas del aparente consentimiento: si cedo dirán que acepté, si opongo resistencia, me mata'; me recordó muchísimo al debate del consentimiento hace unos años, cuando 5 hombres violaron a una mujer en Pamplona, pero en un primer fallo se consideró 'abuso' por no haber mediado violencia (2 años después y por presión de la sociedad se  revierte en la Audiencia Provincial). Implicaba la sentencia anterior, que si una mujer no se resistía, por miedo o su estado, implícitamente prestaba consentimiento y no era violación. Gracias a la gran condena pública, se enmendó la ley, y hoy, solo SI es SI, quien calla, no otorga!
(Agustina Gutiérrez)

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
El Poder Judicial cuestionó este jueves el anteproyecto de la ley de libertad sexual presentado por el Gobierno español, alegando que podría alterar los procesos judiciales. De seguir adelante, esta sería la primera legislación en definir qué se entiende por consentimiento sexual. Además, exigiría que la aceptación debe manifestarse de forma clara e inequívoca.

Todo empezó el mes de agosto de 2016 con una mujer de 18 años, cinco hombres y el portal de un edificio en Navarra, España. Fue forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad cuando volvía a su casa, de madrugada, durante las famosas fiestas de San Fermín.

Dos años más tarde, en abril de 2018, la Audiencia Provincial de Navarra decidió que el episodio fue un caso de abuso y no de violación, ya que no se había hecho uso de la violencia. La sentencia provocó la ira de miles de mujeres españolas que salieron a las calles para defender que fue violación. Un fallo que, más tarde, fue enmendado por el Tribunal Supremo tras sentenciar que, en efecto, sí fue violación y condenar a los acusados a 15 años de cárcel.

El caso de 'La Manada' -como se conoce a los cinco violadores- abrió un debate de género sin precedentes en España. Se iniciaron conversaciones sobre la necesidad de incluir en el Código Penal la definición de consentimiento, para que casos como el de 'La Manada' no se repitieran y, sobre todo, para incluir en la ley que el silencio no significa consentimiento sexual.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo, el Gobierno decidió convocar a un grupo de especialistas para revisar el Código Penal y atender las demandas sociales de las mujeres. Finalmente, el proyecto llegó al actual gobierno progresista formado por la coalición entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos.
Integrar la definición de "consentimiento" en el Código Penal
"La que calla no otorga", dijo durante una de sus intervenciones la actual ministra de Igualdad de España, Irene Montero. De ahí que la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se conozca como la ley del "solo sí es sí", ya que pretende profundizar en el consentimiento de la víctima.

De hecho, España ya castiga los actos sexuales sin consentimiento, pero el problema es que este no está definido en el Código Penal, que se centra únicamente en la violencia o intimidación para determinar cuándo hay agresión y no contempla que una mujer puede ser violada sin ser agredida.

Por eso, el Gobierno puso en marcha un borrador que incluye la definición de consentimiento basándose en dos premisas: que la mujer haga una manifestación "inequívoca" de querer participar y que esa manifestación sea entendida "conforme a sus circunstancias concurrentes" -en el caso, por ejemplo, de que vaya ebria-.

El anteproyecto también pretende acabar con el delito de abuso sexual, para hacer hincapié en que el delito no lo marca la violencia del agresor, sino la predisposición de la víctima. Además, la legislación incluye medidas de prevención, atención y reparación de las víctimas de violencia sexual; y también la creación de juzgados que solo atiendan este tipo de casos.

En marzo de 2020, el Gobierno español dio luz verde al borrador, aunque todavía tiene que pasar por el Congreso para entrar en vigor.
El Poder Judicial se muestra crítico con el anteproyecto de ley
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió a principios de febrero que veía fallas en ciertos apartados del anteproyecto de la ley. Este jueves, el organismo decidió por unanimidad secundar un informe que cuestiona los dos aspectos fundamentales de la ley: la definición de consentimiento y el retiro de la ley de abuso sexual.

Además de considerar la inclusión del término de consentimiento en el Código Penal como "innecesaria", los vocales alegaron que la forma de definirlo puede alterar los procesos penales y afectar al principio de presunción de inocencia.

La decisión del CGPJ es tomada en consideración, pero no es vinculante y no impide que el borrador de la ley pueda seguir adelante para ser aprobado.

Por su parte, el Gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos calificó el fallo del órgano judicial como "regresivo". Irene Montero, una de las máximas precursoras de la ampliación de la ley de violencia sexual, la defendió a través de redes sociales.

Con el actual Código Penal, algunos juzgados ven violencia sexual donde otros no, al igual que sucede con el consentimiento. Algo que la ley de libertad sexual quiere minimizar, dando a las víctimas el trato más objetivo posible.

Con EFE y medios locales

# data[].attributes.attachment_link.title
El silencio no es un sí: así es la ley de libertad sexual que plantea España

# data[].attributes.attachment_link.description
El Poder Judicial cuestionó este jueves el anteproyecto de la ley de libertad sexual presentado por el Gobierno español, alegando que podría alterar los procesos judiciales. De seguir adelante, esta sería la primera legislación en definir qué se entiende por consentimiento sexual. Además, exigiría que la aceptación debe manifestarse de forma clara e inequívoca.

# data[].attributes.headline
https//www.telam.com.ar Aumentaron los femicidios, transfemicidios y travesticidios en CABA en 2020

# data[].attributes.subject
https//www.telam.com.ar Aumentaron los femicidios, transfemicidios y travesticidios en CABA en 2020