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Si se prueba que la infección por covid-19 se ha producido de forma exclusiva por la realización del trabajo se tratará como accidente de trabajo.

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Las empresas sin medidas de protección serán las responsables del contagio de sus trabajadores en 2020 | Empresas, Accidente de trabajo, Prevencion

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25-abr-2020 - Si se prueba que la infección por covid-19 se ha producido de forma exclusiva por la realización del trabajo se tratará como accidente de trabajo.

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Sepa qué es lo que ocurre si un trabajador, por conducta irresponsable o negligente, es positivo COVID pero continúa yendo a trabajar y contagia al resto de compañeros

El COVID-19 ha provocado la imposición por parte del Gobierno de medidas de protección sanitaria para evitar contagios. De esta manera, el uso obligatorio de la mascarilla, la imposibilidad de reuniones de más de seis personas y el confinamiento para quienes sean positivos o crean que pueden serlo, son algunas de las normativas que todos deben cumplir. Su violación puede comportar sanciones y despidos.

Sin embargo, y pese a que una mayoría respeta y cumple las medidas mencionadas, también existen casos de incumplimiento que pueden derivar en perjuicios graves para las empresas cuando uno o varios de sus trabajadores hacen caso omiso. "Hemos sabido de casos de empleados que han dado positivo en COVID y continúan yendo a trabajar, por ejemplo, poniendo así en riesgo al resto de trabajadores, o que incluso han provocado contagios masivos dentro de una empresa o fábrica, provocando su cierre temporal y pérdidas económicas", detalla Eva Gómez, abogada laboralista del despacho Sanahuja Miranda.

Este tipo de conductas pueden ser punibles. "Si se puede demostrar un perjuicio directo para la empresa a raíz de conductas negligentes, ésta puede sancionar e incluso despedir al trabajador", explica la abogada. Incluso -aclara-, "en casos en los que la conducta se produce fuera de la empresa, pero genera un daño directo".

Por ejemplo, "porque se tenga que poner a todos los trabajadores en cuarentena o porque se publique una fotografía de una fiesta masiva y conste que uno de los asistentes es un trabajador de esta empresa o directamente por un incumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, dado que evidentemente si una persona da positivo y se reincorpora a su puesto de trabajo habitual o puede estar en contacto con positivos y está trabajando, está poniendo en situación de riesgo por acción u omisión a sus compañeros de trabajo", indica Eva Gómez, abogada laboralista del despacho Sanahuja Miranda.

En este sentido, la abogada subraya que en estos supuestos cabria valorar la posibilidad de sancionar y justificar que hay incumplimiento de la ley de riesgos laborales o una negativa para utilizar los sistemas de protección individual o se pone en riesgo, por acción u omisión, la salud de los demás.

"Seria valorar caso por caso, pero siempre y cuando se pueda acreditar o bien el incumplimiento por parte del trabajador de una determinada normativa o de unas ordenes respecto a protocolos o bien el daño de la imagen que pueda suponer, esas conductas sí serían susceptibles de ser sancionadas", comenta la letrada.

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¿Se puede despedir a un trabajador por incumplir medidas sanitarias?

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Sepa qué es lo que ocurre si un trabajador, por conducta irresponsable o negligente, es positivo COVID pero continúa yendo a trabajar y contagia al resto de compañeros El COVID-19 ha provocado la imposición por parte del Gobierno de medidas de protección sanitaria para evitar contagios.

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El consultorio semanal on line de UGT - destinado a aclarar dudas frecuentes de trabajadores y trabajadoras sobre cuestiones laborales- se centra este viernes en explicar y analizar en profundidad cuestiones relacionadas con la siniestralidad laboral en España.

Los datos son muy duros por eso es necesario insistir ya que cada día fallecen en nuestro país dos personas como consecuencia de su trabajo y otras 3.767 personas sufren un accidente laboral, sin embargo, la seguridad y salud laboral sigue siendo una cuestión de segundo orden para muchas empresas.

En plena segunda ola, las preocupaciones relacionadas con el Covid han centrado buena parte de las preguntas de trabajadores y trabajadoras. ¿Debe la empresa proveer a los trabajadores de material de prevención como mascarillas o gel hidroalcohólico? ¿Qué pasa si me contagio de Covid en el trabajo? ¿Qué puedo hacer si mi hijo da positivo o si confinan su clase aunque el pequeño no sea positivo? ¿Qué pasa con la Prevención de Riesgos Laborales y el teletrabajo? ¿Qué obligaciones tienen las empresas?

Esta sesión del consultorio ha contado con la participación del Responsable de Salud Laboral de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC- UGT), Alvaro Vicioso y la técnico de Salud Laboral de UGT, Silvia Martínez han sido los expertos, que han puesto negro sobre blanco algunas de estas cuestiones.

También han colaborado en el programa Fernando Fernández y Zindy valiente, dos trabajadores y delegados de prevención del sector de la construcción y de Call Center para contar sus experiencias.

Ahora, a la precariedad, hay que sumar el covid

El consultorio ha puesto de manifiesto que la excesiva precariedad laboral de nuestro mercado de trabajo está íntimamente ligada con el aumento de la siniestralidad laboral de ahí la importancia de derogar la reforma laboral de 2012.

Pero es que además, a la precariedad, ahora, tenemos que sumar las distintas situaciones que pueden suceder en plena pandemia, por ello es necesario dotar de protección a los trabajadores y trabajadoras que se contagien de Covid y demandar, una vez más, que el contagio de Covid entre el personal sanitario y sociosanitario - así como para las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección- sea calificado como enfermedad profesional y no como accidente de trabajo.

La prevención de riesgos debe ser una prioridad

Los datos publicados por el Ministerio demuestran que, de la misma manera que nuestro sistema preventivo se ha mostrado ineficaz a la hora de abordar la crisis sanitaria, presenta enormes debilidades a la hora de acabar con la alta siniestralidad laboral que venimos soportando.

La seguridad y salud en el trabajo es un problema de primer orden y debe convertirse, por tanto, en una prioridad, en uno de los ejes centrales en las relaciones laborales y de las políticas económicas. UGT considera que es absolutamente necesario repensar el modelo de prevención de riesgos laborales para luchar contra la lacra de la siniestralidad laboral.

Necesitamos un modelo preventivo que anteponga la salud de los trabajadores y trabajadoras a los beneficios empresariales, que acabe con la mercantilización de la salud laboral y que apueste por un sistema que promueva la integración real y efectiva en las empresas, garantizando el cumplimiento real de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Plan de choque contra la siniestralidad

UGT subraya que hay que extremar la vigilancia en el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y reclama la necesidad de articular iniciar una mesa de diálogo social a nivel estatal en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación y articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata.

Además, es imprescindible reforzar el papel de la Inspección de Trabajo para controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo y crear la figura del delegado o delegada Territorial y/o Delegados/as sectoriales para mejorar la Prevención de Riesgos Laborales en las pequeñas y medianas empresas de nuestro país donde no hay representación sindical. Es un hecho que los centros de trabajo sindicalizados son centros de trabajo más seguros.

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Debemos repensar el sistema preventivo para acabar con la siniestralidad laboral

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Cuestiones relacionadas con el covid centran gran parte del consultorio semanal de UGT El consultorio semanal on line de UGT - destinado a aclarar dudas frecuentes de trabajadores y trabajadoras sobre cuestiones laborales- se centra este viernes en explicar y analizar en profundidad cuestiones relacionadas con la siniestralidad laboral en España.

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El Ministerio de Sanidad y los diferentes Reales Decretos aprobados por el Gobierno - el último, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio- obliga a los autónomos y a las pymes al cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir el contagio por COVID-19 de clientes y trabajadores. ¿Qué ocurre en caso de que el titular de la actividad no entregue a sus trabajadores los equipos de protección individual que marca la ley? ¿A qué sanciones se enfrenta?

Responsabilidad administrativa por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales

El artículo 17.2 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales no deja lugar a duda sobre la obligación del titular respecto del acceso a los recursos de protección por parte de los empleados:
(...)El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios (...)
En caso de incumplir la norma de dotar a los trabajadores de equipos de protección individual, el empresario puede ser sancionado por la Inspección de Trabajo con multas que van desde los 40 a los 819.000 euros. La cuantía de las sanciones varía dependiendo del grado de la infracción que puede ser leve, grave o muy grave en función de aspectos como el número de trabajadores afectados o el carácter permanente o transitorio de los riesgos. Estas infracciones están tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS).

Como decimos, todo ello será valorado por la Inspección de Trabajo que es el órgano sancionador, pero te adelantamos que el contagio por inacción del empresario en la entregas de EPI a sus trabajadores y l a falta de presencia de los recursos preventivos puede conllevar una infracción grave o muy grave.

Hay que tener muy presente que la responsabilidad de contar con equipos de protección individual no es del trabajador y por tanto este no sería objeto de sanción.

Responsabilidad civil y penal por no hacer entrega de equipos de protección individual a los trabajadores

La responsabilidad del empresario puede que no se ciña a la administrativa sino que trascienda a la responsabilidad civil si el empresario ha actuado de forma negligente incumpliendo la norma. En este supuesto, la actuación del empresario puede dar lugar a una indemnización al trabajador por daños y perjuicios. No solo es imperativo legal entregar a los trabajadores mascarillas y otros equipos de protección para el desarrollo de la actividad sino contar con un seguro de responsabilidad civil con el que estar cubierto en estos supuestos.

Más allá de la responsabilidad civil el empresario puede incurrir en el caso más extremo, el de responsabilidad penal. ¿Constituye un delito dejar de facilitar a los trabajadores los equipos de protección individual? Sí. El artículo 316 del Código Penal dicta que el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales a las que está obligada la empresa suponen un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Infoautónomos te ayuda en el cumplimiento de entrega de equipos de protección individual a tus trabajadores

¿ Vas a reabrir tu negocios y tienes que hacerte con equipos de protección individual?¿Hace semanas que te has incorporado a la actividad pero has de surtirte de nuevo de mascarillas quirúrgicas? En Infoautónomos, conscientes de las necesidades más recientes de autónomos y pymes, hemos lanzado nuestra tienda online de venta de material de protección para centros de trabajo. En nuestro catálogo encontrarás desde macarillas, pasando por batas, geles hicroalcohólicos o incluso mamparas para establecimientos.

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¿No has entregado equipos de protección individual a tus trabajadores? ¡Cuidado! - Infoautónomos

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El Ministerio de Sanidad y los diferentes Reales Decretos aprobados por el Gobierno - el último, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio- obliga a los autónomos y a las pymes al cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir el contagio por COVID-19 de clientes y trabajadores.

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En el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 es importante reflexionar, tras las reformas legislativas operadas por el coronavirus, sobre las posibles responsabilidades en las que puede incurrir la empresa o el empleador como garante de la seguridad e higiene de los trabajadores.

La Constitución Española establece en su artículo 40.2, como uno de los principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional es el origen del nacimiento de la vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales (Ley 31/1995, en adelante LPRL), norma que se ha convertido en la piedra angular de nuestro ordenamiento en materia de prevención y seguridad en el ámbito laboral, ya que constituye el cuerpo básico de garantías y responsabilidades sobre el que construir un adecuado nivel de prevención y protección de la salud de los trabajadores. De su desarrollo se han encargado normas reglamentarias que han concretado los aspectos más técnicos en la aplicación de las medidas preventivas contenidas en la citada Ley.

Sin embargo, la virulencia con la que está golpeando el nuevo Coronavirus a todos los ámbitos de la vida ha provocado que el Gobierno haya tenido que adoptar medidas urgentes. Para ello ha utilizado el instrumento legislativo del Real Decreto, que si bien permite legislar ampliamente y sin limitaciones, muchas veces llevados por la premura en adoptar medidas éstas adolecen de la conveniente sistemática normativa, lo que en algunos casos provoca inseguridad jurídica, caldo de cultivo para la litigiosidad.

Un ejemplo de ello es el contenido del artículo 5 del R.D. Ley 6/2020, de 10 de abril y que ha creado un gran revuelo entre los operadores jurídicos, la patronal y los sindicatos. Dicha norma establece una asimilación a accidente laboral aquellas situaciones de contagio, si bien a los solos efectos de ser perceptor de la prestación económica derivada del AT. Pero aclara la norma: "... salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 156 LGSS, en cuyo caso será calificada como accidente laboral".

Esta fórmula de cierre utilizada en el citado artículo suscita mucha controversia al no cumplir con los requisitos que recoge la definición que el artículo 156 LGSS hace del accidente de trabajo, en la que "se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena". A la vista de la literalidad del artículo, el simple contagio no tendría encaje en esta definición. Atendiendo a los elementos que conforman el contagio, quizás hubiera tenido más sentido haberlo asimilado a la enfermedad profesional (art. 157 LGSS).

Sin embargo, no es casual que se haya optado por la asimilación al accidente laboral, ya que éste despliega una acción protectora de carácter casi universal frente a la enfermedad profesional, que tiene su limitación en la actividad laboral de la que trae causa y por tanto no sería aplicable a todas las actividades como sí lo es el accidente de trabajo.

Pero, si nos atenemos a lo contenido en el citado artículo 5 y lo ponemos en relación con el artículo 156 LGSS, ¿el simple contagio del COVID-19 debe ser considerado accidente laboral o es preciso que dicho contagio cause lesión para su consideración de accidente laboral? Si aceptamos que el contagio por sí mismo debe ser calificado de accidente de trabajo sin necesidad de causar lesión, se puede entender que se estaría prescindiendo del elemento nuclear de la definición dada por la Ley General de la Seguridad Social, como es la causación del daño (ya sea físico o psicológico). A pesar de ello, a buen seguro nuestros Tribunales se van a ver desbordados de numerosas reclamaciones de trabajadores que, habiendo sufrido contagio por COVID-19 y por tanto "accidentados", amparándose en este artículo controvertido, solicitarán el auxilio judicial para reclamar la responsabilidad de sus empleadores.
¿Podría tener éxito una reclamación de este tipo frente a la empresa?
Lógicamente, para que la acción ejercitada por el trabajador tenga visos de prosperar es necesario que cumpla un requisito sine qua non, como es el hecho de que el trabajador reclamante pruebe que el contagio tenga causa directa en la prestación del trabajo. Y, por supuesto, las posibilidades de éxito para el trabajador se incrementan exponencialmente si en su caso ha intervenido la Inspección de Trabajo y, tras las comprobaciones pertinentes, hubiera levantado Acta de Infracción en la que se constatase el incumplimiento de la empresa en materia de seguridad y salud laboral.

De este modo, las empresas, ante el posible contagio de sus trabajadores, podrán enfrentarse a responsabilidades de carácter administrativo, civiles e incluso penales, por lo que es conveniente contar con una póliza de Responsabilidad Civil con coberturas y capitales suficientes para responder de estas eventualidades, si bien como veremos, no todas las responsabilidad a las que se enfrenta la empresa están amparadas por el citado seguro.
Responsabilidad administrativa
Por lo que respecta a la responsabilidad administrativa, además de la posible sanción a la que tuviera que hacer frente la empresa por los incumplimientos conforme a la Ley sobre Infracción y Sanciones en el Orden Social dentro del procedimiento sancionador instado por la Autoridad Laboral, la empresa puede enfrentarse a un recargo en las prestaciones derivadas del AT a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que oscilará entre el 30 o el 50% de dichas prestaciones según la gravedad del incumplimiento (ausencia de medios de protección, o que éstos se encuentren inutilizados o en malas condiciones, inobservancia de medidas de seguridad y salud,...).

Este recargo habrá de ser sufragado directamente por la empresa ya que en nuestro ordenamiento no se permite su aseguramiento, afectando de este modo directamente al patrimonio de la empresa.
Responsabilidad civil
En cuanto a la denominada responsabilidad civil patronal, ésta se ventilará ante los Juzgados y Tribunales del orden social, que conocerán de los procedimientos iniciados por el trabajador en reclamación de una cuantía indemnizatoria que le resarza de los daños y perjuicios sufridos en el accidente de trabajo. Para la fijación de la misma se viene utilizando con carácter orientador el Baremo de Lesiones utilizado para los Accidentes de Tráfico.

En estos casos, la empresa se enfrenta a una jurisdicción tremendamente garantista para el trabajador, siéndolo aún más en materia de accidentes de trabajo, puesto que existe una inversión de la carga de la prueba que opera en favor del trabajador, recayendo sobre la empresa la obligación de probar que adoptó las medidas precisas para prevenir y evitar el riesgo, respondiendo el empleador incluso en los casos de descuido o imprudencia del trabajador siempre que ésta no sea temeraria (artículo 96 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).
Responsabilidad penal
Y en último término nos encontramos con la posible responsabilidad penal en la que puede incurrir la empresa, en la persona de sus administradores o personas en las que el empresario haya encargado o delegado la implantación y ejecución de las medidas de seguridad e higiene, conforme a los tipos penales recogidos en los artículos 316 a 318 del Código Penal.

Hemos de tener presente que no se trata de un delito de resultado por lo que no requiere para incurrir en responsabilidad penal un resultado lesivo, bastando con exponer a los trabajadores a un grave peligro sobre su vida, integridad y salud y siempre que medie la infracción de las normas de prevención o la omisión de los medios o medidas.

En todo caso, cuando el peligro se materializa en una lesión corporal o un fallecimiento la incoación del procedimiento penal está prácticamente asegurado con la agravación de las consecuencias penales que supone la comisión de dos delitos, el específico laboral de riesgo de los artículos 316 y 317 CP al que habría que añadir la concurrencia con un delito de resultado, ya sea un homicidio imprudente (artículo 142 CP) o bien un delito de lesiones (artículos 151 y 152 CP).

En cualquier caso, y con independencia de la responsabilidad personal de las personas físicas, la empresa puede verse afectada por la imposición de penas accesorias como pueden ser la suspensión de sus actividades, clausura de establecimientos y locales y, por supuesto, deberá asumir la responsabilidad subsidiaria en el abono de la indemnización.

Precisamente, respecto a la imputación de responsabilidad, la Fiscalía considera, siguiendo la Circular 4/2011 de la Fiscalía General del Estado -en relación con el tipo penal del artículo 316-, que el sujeto obligado a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene es el empresario y/o las personas en quién haya delegado su gestión.

Esta posición adoptada por la Fiscalía abre la puerta a dirigir la acción penal frente a aquellos que componen los Servicios de Prevención, si bien dicha circular efectúa una aclaración a este respecto, pues la mera constitución o concertación de un Servicio de Prevención por parte del empresario no convierte a los miembros de estos servicios en sujetos "legalmente obligados", sin perjuicio de lo cual, atendiendo al caso concreto, podrán ser responsables cuando se haya producido una auténtica y genuina delegación de funciones.

De este modo, entra en escena un nuevo actor que puede resultar responsable no sólo en el ámbito penal sino también con carácter civil: el Servicio de Prevención. Precisamente, ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales previó en su artículo 31 las posibles responsabilidades en las que podrían incurrir estos servicios y precisamente para garantizar la indemnidad de los posibles perjudicados obligó a dichas entidades a la suscripción de un seguro de RC.

Con todo ello, el trabajador contagiado por COVID 19 tiene a partir de ahora la posibilidad de reclamar la reparación del daño sufrido, aunque habrá que esperar a los pronunciamientos de nuestros Tribunales para conocer la interpretación que hagan del debatido artículo 5 del R.D. Ley 6/2020, de 10 de abril, que pueden verse empujados a una interpretación extensiva y pro víctima ante la presión social que se pueda ejercer desde diferentes ámbitos. Lo que es claro es que la contienda judicial está servida.

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¿Es responsable el empresario del contagio por COVID-19 de uno de sus trabajadores? - El Derecho - Coronavirus, Sector jurídico, Social

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En el contexto de la crisis sanitaria originada por el COVID-19 es importante reflexionar, tras las reformas legislativas operadas por el coronavirus, sobre las posibles responsabilidades en las que puede incurrir la empresa o el empleador como garante de la seguridad e higiene de los trabajadores

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Los empleados tampoco disponían de EPIs ni de reconocimientos médicos. El tribunal fija una multa de casi 25.000 euros

Como reza el dicho, consejos vendo que para mí no tengo. Esta bien podría ser la conclusión de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Islas Baleares en la que sanciona a una empresa especializada en prevención de riesgos por haber incumplido sus obligaciones en esta materia.

En su sentencia, el TSJ afea a la compañía la comisión de hasta tres infracciones graves de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). En primer lugar, la falta de un plan en el que se analicen los peligros a los que pudieran estar expuestos los trabajadores y se fijaran medidas para eliminar o reducirlos. En segundo lugar, la ausencia de reconocimientos médicos a la plantilla; y, por último, haberse negado a entregar equipos de protección individual (EPIs) adecuados.

Nuestro ordenamiento castiga cada una de estas infracciones con más de 8.000 euros, por lo que la multa total es de 24.600 euros.

Error al enviar el plan

Según recoge el fallo, la Inspección de Trabajo abrió en 2016 un acta de inspección a la compañía, y le pidió que le remitiera, entre otros documentos, su plan de prevención de riesgos. No obstante, la compañía envió el de uno de sus clientes en vez del suyo. Es por ello que pide la nulidad del procedimiento.

Los magistrados reconocen que se trata, en efecto, de un error, pero esto no puede anular la multa ya que, como subrayan, "los hechos sancionables han quedado verificados por la propia Inspección". En este sentido, la Sala recuerda a la empresa que podría haber subsanado ese fallo o bien durante el procedimiento sancionador o bien durante el juicio en el juzgado que vio el caso por primera vez. No obstante, la compañía no hizo ninguna de estas dos cosas.

Por ese motivo el tribunal rechaza que la recurrente pueda ampararse en el error del envío de documentación "para exonerarse tanto del cumplimiento de la normativa de prevención como de las consecuencias sancionadoras".

Más información

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Sancionada una empresa de prevención de riesgos por no contar con un plan propio

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Los empleados tampoco disponían de EPIs ni de reconocimientos médicos. El tribunal fija una multa de casi 25.000 euros