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La muerte del presidente Juan Domingo Perón, que derivó en la llegada al poder de su esposa, la entonces vicepresidenta María Estela Martínez.

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24 de Marzo: Inicia la Dictadura Militar

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24 de Marzo: Inicia la Dictadura Militar

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El 24 de marzo de 1976, en la Argentina hubo un golpe de Estado que tomó el gobierno por la fuerza e instauró una dictadura cívico militar que duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente a nuestra sociedad, con muchas consecuencias que perduraron en el tiempo. Se dejaron de lado la Constitución nacional y las instituciones de la democracia, y esto significó que tampoco se respetaron los derechos de los ciudadanos.

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16 de septiembre de 1976 y días posteriores

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16 de septiembre de 1976 y días posteriores

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es el nombre con que se conoce una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires,

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30/04/1977: Las madres empiezan a marchar en la Plaza de Mayo

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30/04/1977: Las madres empiezan a marchar en la Plaza de Mayo

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La noche de las corbatas 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977

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La noche de las corbatas 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977

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Se conoce como la noche de las corbatas ​al conjunto de secuestros de abogados y familiares de estos, 14 personas en total, realizados por integrantes del Ejército Argentino que actuaban en forma ilegal, en el lapso entre la tarde del 6 de julio y la madrugada del 13 de julio de 1977, en la ciudad de Mar del Plata, (Argentina), que constituyó, según sobrevivientes, "la mayor operación de represión masiva que vivió esta ciudad a 16 meses de instaurada la dictadura militar". El nombre dado al suceso tuvo origen en que seis de los secuestrados ejercían su profesión de abogados.2​3​4​

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1977: Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina

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1977: Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gubernamental cuyo objetivo es localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños desaparecidos por la última dictadura argentina

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En la ESMA, Campo de Mayo, Pozo de Banfield y otros centros de detención de la dictadura, funcionaron verdaderas maternidades clandestinas, incluso con listas de matrimonios en “espera” de un nacimiento, y unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados como “botín de guerra” por las fuerzas de represión. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares, otros abandonados en institutos como NN, otros vendidos. En todos los casos les anularon su identidad y los privaron de vivir con sus legítimas familias, de sus derechos y de su libertad.

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La vigilancia de la comunidad informativa sobre la visita de la CIDH a la Argentina El 6 de septiembre de 1979

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La vigilancia de la comunidad informativa sobre la visita de la CIDH a la Argentina El 6 de septiembre de 1979

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Llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Durante 14 días visitó cuarteles y centros de detención, hizo entrevistas y recibió miles de denuncias que permitieron documentar la tortura y la desaparición forzada de personas. El informe final, que llegó al país en mayo de 1980, constató la ferocidad de la violencia del Estado y marcó el comienzo del fin de la última dictadura militar en nuestro país.

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se inició el Movimiento del Teatro Abierto, una reacción cultural contra la dictadura militar argentina que tuvo una amplia influencia en la sociedad.3​ Su irrupción y condiciones de posibilidad estuvieron signadas por un momento de aparente "liberalización" del régimen autoritario durante la presidencia de Roberto Viola.

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Guerra de las Malvinas. 2 de abr de 1982 – 14 de jun de 1982

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Guerra de las Malvinas. 2 de abr de 1982 – 14 de jun de 1982

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La guerra de las Malvinas o conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto armado entre la Argentina y el Reino Unido desatado en 1982, en el cual se disputó la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico Sur.

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29/10/1983: El Presidente De Facto Reynaldo Bignone llama a elecciones democráticas

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29/10/1983: El Presidente De Facto Reynaldo Bignone llama a elecciones democráticas

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El 12 de julio de 1983, Bignone y su ministro del Interior Llamil Reston promulgaron el decreto-ley 22.847, que convocaba a elecciones presidenciales, legislativas, y provinciales para el domingo 30 de octubre de 1983.

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10 de Diciembre de 1983: Día de la Restauración de la Democracia

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10 de Diciembre de 1983: Día de la Restauración de la Democracia

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Con la asunción del presidente radical Raúl Ricardo Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, Argentina volvió a vivir en democracia. Atrás quedaban siete largos años de una dictadura cívico-militar sangrienta, de las más violentas que conoció Latinoamérica. Secuestros, torturas y desapariciones que se sumaron a un descalabro económico y a un retroceso en materia de derechos civiles sin precedentes.

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22/04/1985: Inician los Juicios a las Juntas Militares

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22/04/1985: Inician los Juicios a las Juntas Militares

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1987: Ley de Punto Final y de Obediencia Debida

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1987: Ley de Punto Final y de Obediencia Debida

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La ley de Punto Final estaba dirigida a concluir con las investigaciones por los
crímenes ocurridos durante el terrorismo de estado y a lograr la impunidad de quienes no fueron citados en el plazo que el texto legal estipulaba (60 días).
La ley de Obediencia Debida, por su lado, impuso a los jueces que investigaban
los hechos cometidos en el marco de la represión ilegal, una realidad según la cual los imputados habían actuado bajo coerción, en virtud de órdenes superiores de las que no tuvieron posibilidad de inspección, oposición ni resistencia en cuanto a su oportunidad ni legitimidad. Esa realidad se estableció más allá de las pruebas producidas o las que pudieran producirse en el futuro.

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Indemnización para ex Detenidos

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INDEMNIZACIONES

Ley N° 24.043

Otórganse beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares. Requisitos.

Sancionada: Noviembre de 1991.

Promulgada Parcialmente: Diciembre 23 de 1991.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

ARTICULO 1° - Las personas que durante la vigencia del estado de sitio hubieran sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial, con motivo de los hechos contemplados en la presente.

ARTICULO 2 ° - Para acogerse a los beneficios de esta ley, las personas mencionadas en el artículo anterior deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional antes del 10 de diciembre de 1983.

b) En condición de civiles, haber sido privadas de su libertad por actos emanados de tribunales militares, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero.

ARTICULO 3 ° - La solicitud del beneficio se hará ante el Ministerio del Interior, quien comprobará en forma sumarísima el cumplimiento de los recaudos exigidos por los artículos anteriores y el lapso que duró la vigencia de la medida mencionada en el artículo 2° , incisos a) y b).

La resolución que deniegue en forma total o parcial el beneficio, será recurrible dentro de los diez (10) días de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará fundado y el Ministerio del Interior lo elevará a la Cámara con su opinión dentro del quinto día. La Cámara decidirá sin más trámite dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.

ARTICULO 4° - El beneficio que establece la presente ley será igual a la treintava parte de la remuneración mensual asignada a la categoría superior del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional (aprobado por el Decreto N° 1428 del 22 de febrero de 1973, o el que lo reemplace), por cada día que duró la medida mencionada en el artículo 2°, incisos a) y b), respecto a cada beneficiario. A este efecto se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros que integran el salario del agente sujetos a aportes jubilatorios, con exclusión de los adicionales particulares (antiguedad, título, etc.), y se tomará la correspondiente al mes en que se otorgue el beneficio.

Para el cómputo del lapso aludido en el párrafo anterior, se tomará en cuenta el acto del Poder Ejecutivo que decretó la medida o el arresto efectivo no dispuesto por orden de autoridad judicial competente, y el acto que la dejó sin efecto con carácter particular o como consecuencia del cese del estado de sitio.

Los arrestos domiciliarios o libertad vigilada no serán considerados como cese de la medida. Cuando las referidas personas hubiesen fallecido durante el lapso que duró la medida mencionada en el artículo 2°, incisos a) y b), el beneficio se fijará en la forma indicada precedentemente, computándose el lapso hasta el momento de la muerte. Sin perjuicio de ello, en estos casos el beneficio se incrementará, por el solo hecho de la muerte en una suma equivalente a la prevista en esta ley para cinco (5) años de vigencia de la medida mencionada en el artículo 2°, incisos a) y b).

El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el Código Penal, será incrementado, por ese solo hecho, en una suma equivalente a la prevista en el párrafo anterior, reducida en un treinta por ciento (30 %).

ARTICULO 5° - Los derechos otorgados por esta ley podrán ser ejercidos por las personas mencionadas en el artículo 1 o, en caso de fallecimiento, por sus derechohabientes.

ARTICULO 6° - (Artículo derogado por art. 1° de la Ley N° 27.143 B.O. 24/6/2015)

( Nota Infoleg : por art. 3° de la Ley N° 27.143 B.O. 24/6/2015 se establece que la solicitud de los beneficios establecidos en la leyes 24.043, 24.411 y 26.564 no tiene plazo de caducidad)

(Nota Infoleg: por art. 1° de la Ley N° 26.521 B.O. 16/10/2009 se dispone un nuevo plazo de DOS (2) años, a partir del vencimiento del plazo establecido en la Ley 26.178, para acogerse a los beneficios establecidos por la presente. Prórrogas anteriores: Ley 26.178 B.O. 19/12/2006; Ley N° 25.985 B.O. 7/1/2005, Ley N° 25.814 B.O. 1/12/2003; Ley N° 24.906 B.O. 19/12/1997 (según texto sustituido por Ley N° 25.497 B.O. 21/11/2001); Ley N° 24.436 B.O.19/1/1995).

ARTICULO 7° - En todos los supuestos, el pago deberá hacerse efectivo en seis (6) cuotas semestrales con vencimiento, la primera de ellas, dentro de los sesenta (60) días corridos del otorgamiento del beneficio. A los efectos del cálculo se tomará el índice correspondiente al mes anterior al otorgamiento del beneficio y a la materialización del pago respectivamente. (Segunda oración vetada por art. 1° Decreto N° 2.722/91 B.O. 2/1/1992)

Vencido el plazo establecido para hacer efectivo el pago de cada cuota sin que éste se hubiese cumplimentado, el beneficiario podrá exigirlo judicialmente, sin necesidad de intimación, trámite o reclamo previo, aplicándose para ello las normas que reglan la ejecución de sentencia. El importe de las indemnizaciones previstas en la presente ley se podrá hacer efectivo de conformidad a los términos de la Ley 23.982.

ARTICULO 8° - El Ministerio del Interior será autoridad de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo el pago de las prestaciones que ella establece, mediante depósito en bancos oficiales dentro de la jurisdicción que corresponda al domicilio del beneficiario, a su orden.

ARTICULO 9° - El pago del beneficio importa la renuncia a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios en razón de la privación de libertad, arresto, puesta a disposición del Poder Ejecutivo, muerte o lesiones y será excluyente de todo otro beneficio o indemnización por el mismo concepto.

ARTICULO 10 - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se atenderán con cargo a "Rentas Generales".

ARTICULO 11. - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. ALBERTO R. PIERRI - EDUARDO MENEM - Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo - Hugo R. Flombaum

INDEMNIZACIONES

Decreto 2722/91

Bs. As., 23/12/97

VISTO el proyecto de Ley N° 24.043, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de dicho proyecto de Ley establece que el monto de las cuotas se actualizará desde el día de su otorgamiento hasta el del pago, de acuerdo con la variación sufrida durante ese período por el índice de precios al consumidor que publica el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, con más de un interés del seis por ciento (6%) anual sobre saldos.

Que mediante la Ley 23.928 (de convertibilidad del austral) se derogaron, con efecto al 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecían o autorizaban la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios, etc.

Que el proyecto de Ley N° 24.043 fue sancionado con posterioridad a la promulgación de la Ley de Convertibilidad precedentemente mencionada.

Que la segunda oración del primer párrafo del artículo 7° del proyecto de Ley N° 24.043 contradice lo establecido por la Ley N° 23.928.

Que la normativa en cuestión no resulta coherente con la política general adoptada en materia económica.

Que el presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el artículo 72 de la Constitución Nacional.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA

DECRETA:

Artículo 1º - Obsérvase la segunda oración del primer párrafo del artículo 7º del proyecto de ley registrado bajo el N° 24.043.

Art. 2º - Con la salvedad establecida en el artículo precedente, téngase por ley de la Nación el proyecto de ley registrado bajo el N° 24.043.

Art. 3º - Comuníquese al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 4º - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. - MENEM. - Rodolfo A. Díaz.

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INDEMNIZACIONES Ley N° 24.043 Otórganse beneficios a las personas que hubieran sido puestas a disposición del P.E.N. durante la vigencia del estado de sitio, o siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares. Requisitos. Sancionada: Noviembre de 1991. Promulgada Parcialmente: Diciembre 23 de 1991.

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Indemnización por desaparición forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado

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La Casa de la Militancia-H.I.J.O.S. funciona en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), en Av. del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un lugar donde reivindicamos las luchas de las y los 30.000 y luchamos por Memoria, Verdad y Justicia.

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Indemnización para las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres, siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo nacional y/o tribunales militares.

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1.- Solicitud/ Formulario, firmado por el interesado, sus causahabientes o apoderado.

La firma deberá estar certificada por el personal de la Secretaría de Derechos Humanos, Policía, Juez de Paz o Escribano Público y en este último caso, con la correspondiente legalización del Colegio de Escribanos provincial, salvo que se encuentre en la Capital Federal.

2.-Copia certificada de 1ra y 2da hoja de su Documento Nacional de identidad. En caso de ser extranjero su pasaporte.

3.-Copia certificada de la Partida de Nacimiento. La certificación se puede realizar ante autoridades judiciales, policiales, escribano público o bien ante la Secretaría de Derechos Humanos.

4.- En caso que el beneficiario resida en el exterior, deberá certificar su firma ante el Consulado Argentino en el país donde resida y debe estar legalizada con la Apostilla de La Haya o Art. 229 del Reglamento Consular (modificado por el Decreto Nro. 1629/01).

5.-En caso de que el beneficiario hubiese fallecido, deberá acompañarse además, copia de la declaratoria de herederos debidamente certificada por el juzgado interviniente y legalizada por el tribunal superior respectivo y la declaración jurada obrante en la solicitud/formulario de inicio deberá estar firmado por todos los herederos declarados y/o sus representantes legales.

NOTA: Para la prosecución de este trámite no es necesario contar con patrocinio letrado, pero sí para tramitar la declaración de causahabientes o herederos, que se tramitará en la justicia en sede civil.

En el caso de querer contar con un apoderado a los fines de firmar declaraciones juradas o bonos de requerimiento de pago a su nombre, los poderes que así lo dispongan deberán tener consideraciones especiales que serán brindadas la Secretaría de Derechos Humanos.

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Otorgar una indemnización a las personas que hubieren nacido durante la privación de la libertad de sus madres, o que siendo menores (de 21 años de acuerdo al Código Civil vigente al momento de los hechos), hubiesen permanecido detenidos en relación a sus padres(entiéndase también tutores, guardadores o cualquier persona que los hubiere tenido a su cargo),siempre que cualquiera de éstos hubiese estado detenido y/o desaparecido y/o hubiese fallecido por razones políticas, ya sea a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o tribunales militares; y para aquellas que por alguna de esas circunstancias, hayan sido víctimas de sustitución de identidad.

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2005: Inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final

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2005: Inconstitucionalidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final

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Un 14 de junio pero del año 2005, la Corte Suprema declaraba inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en los años 1986 y 1987, y por las cuales se extinguía la acción penal respecto de quienes participaron de los delitos imputables al personal militar de las Fuerzas Armadas, y al personal de las Fuerzas de seguridad, policial y penitenciado bajo control operacional de las Fuerzas Armadas, en el período 24 de marzo de 1976 - 26 de setiembre de 1983, en las operaciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir el terrorismo; así también, se declaró la presunción de que la actuación de oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa se realizó en virtud de obediencia debida, por lo que no era punible.

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Se cumplen catorce años de una de las sentencias más importantes de la historia judicial argentina

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Ampliación de los beneficios de las leyes Nº 24.043 y Nº 24.411

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(2013) Ley 26.913
Pensión Graciable para ex Detenidos

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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de

Ley:

Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina

ARTICULO 1º - Establécese una pensión graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.914 y 24.043, sus ampliaciones y complementarias;

b) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional;

c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la aplicación de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo permanecido detenidas bajo el régimen de "detenidos especiales", violatorio de los derechos humanos amparados constitucionalmente.

ARTICULO 2° - La pensión graciable establecida en el presente régimen es de carácter independiente de cualquier otra reparación que hubiere lugar, para toda persona comprendida por el objeto de la presente ley, sin perjuicio de la indemnización que a cualquier persona afectada correspondiere, por daño moral; físico y/o psicológico a consecuencia de la tortura institucionalizada y la reclusión prolongada y vejatoria a la que haya sido sometida.

No serán comprendidas las personas que resulten beneficiarias de una prestación nacional, provincial o municipal de la misma naturaleza y emanadas de las mismas situaciones, quedando a su criterio el derecho de poder optar por ésta u otra pensión.

ARTICULO 3° - En caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al beneficio los derechohabientes en el siguiente orden:

a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la convivencia de acuerdo a la normativa previsional vigente;

b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta su mayoría de edad;

c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad.

ARTICULO 4° - La aplicación del presente régimen, al contribuir desde el Estado nacional a la reparación de delitos de lesa humanidad, se ampara en la imprescriptibilidad de los mismos, por lo que determina la no existencia de plazos máximos temporales de presentación para ejercer los derechos que el régimen otorga.

ARTICULO 5° - El beneficio que establece la presente ley será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D Nivel 0 (cero), Planta Permanente Sin Tramo -Agrupamiento General- del Escalafón para el personal del Sistema Nacional de Empleo Público -SINEP- en los términos que establezca la autoridad de aplicación.

ARTICULO 6° - La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación será el órgano de aplicación del presente régimen, y tendrá a su cargo la articulación con las áreas del gobierno involucradas con la presente ley, quedando a su cargo la coordinación, difusión, asesoramiento de los beneficiarios y el diseño y la ejecución de un plan sistemático y riguroso de monitoreo de su aplicación pudiendo dictar las normas aclaratorias y complementarias que fueren necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley y resolver sobre la procedencia del beneficio en forma sumarísima.

ARTICULO 7° - Los fondos necesarios para implementar el presente régimen serán provistos por el Tesoro Nacional.

ARTICULO 8° - Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, EL DIA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

- REGISTRADO BAJO EL Nº 26.913 -

AMADO BOUDOU. - JULIAN A. DOMINGUEZ. - Juan H. Estrada. - Gervasio Bozzano.

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El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.