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Las personas transitan por dos caminos que se entrelazan: la vida en línea y la vida real. Las redes sociales desempeñan un papel clave en ambos aspectos de la existencia humana y empresarial. La noción histórica de intimidad y reputación ha experimentado transformaciones, ya que en la actualidad nos enfrentamos a niveles significativos de exposición y a la expresión de opiniones por parte de millones de personas en tiempo real. Por lo que se ha generado o creado el Derecho Informático para la protección de información personal o corporativa.

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El derecho informático nace con la obra de Norbert Wiener en 1949 llamada "Consagrado al derecho y las comunicaciones" donde trata la influencia de las comunicaciones en el aspecto jurídico.

Su ámbito de aplicación se da en

1 Informática Jurídica Documental

2 Informática Jurídica de Gestión y Control

3 Informática Jurídica Decisoria o Meta-documental

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El Derecho Informático es el conjunto de normas jurídicas encargadas de regular los fenómenos jurídicos como producto de la utilización de los recursos informáticos por parte de los sujetos. Es decir regula las consecuencias de la utilización de la informática en la vida diaria, como las

conductas de carácter ilícito.

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Como ejemplos concretos de la aplicación práctica del Derecho Informático, podemos mencionar el ámbito del gobierno digital y los derechos digitales, la salvaguarda de datos personales y su gestión en entornos digitales, la validez jurídica de la firma electrónica, las implicaciones legales de la contratación digital y el comercio electrónico, la regulación de actividades en el ciberespacio y la prosecución de delitos informáticos, la contratación digital de servicios financieros, la protección legal de los derechos de autor y la propiedad industrial en el ámbito digital, la garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas, la validez jurídica de los registros digitales en transacciones de propiedad y comercio, la administración de justicia en línea mediante actos procesales telemáticos, la validación legal de sistemas educativos a distancia respaldados por tecnologías de la información y comunicación (TIC), la regulación jurídica de la videovigilancia y su relación con la seguridad pública, la protección de los derechos del consumidor en transacciones digitales, el reconocimiento legal de la autenticidad en medios digitales o aquellos apoyados por la telemática, el marco jurídico del teletrabajo, y la disciplina de la informática forense, entre otras áreas.

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La acelerada digitalización experimentada, especialmente desde el surgimiento de la COVID-19, está generando disparidades territoriales y sociales, especialmente para aquellos que no tienen asegurado el derecho de acceder a internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. Este trabajo se propone examinar el derecho de acceso a internet y a las tecnologías que lo hacen posible en el contexto español. Su objetivo es abogar por la igualdad de oportunidades y facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales en el siglo XXI mediante el establecimiento de un derecho de acceso a internet basado en principios amplios. Estos principios deberían convertir al Estado en el garante y responsable, a las empresas en agentes responsables y a los ciudadanos en los titulares de este derecho, prestando especial atención a los colectivos más vulnerables.