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En Andalucía: Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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En Andalucía: Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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1. Disposiciones generales Consejería de Educación y Deporte Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas exhortó a todos los Estados Miembros a “promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo”

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"[...] este mismo artículo indica que las demás lenguas españolas podrán también ser oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos."

"[...] la Administración General del Estado cuenta con un órgano de coordinación interministerial, el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, al que se le atribuyen funciones de análisis, impulso y coordinación de la actividad de los diferentes Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales [...]"

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El artículo 3 de la Constitución Española reconoce que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, a la vez que establece que el castellano o español es la lengua oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo.

Por otro lado, este mismo artículo indica que las demás lenguas españolas podrán también ser oficiales en las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus respectivos Estatutos. Se trata de una previsión constitucional que se ha asumido en el Estatuto del País Vasco, respecto del euskera; en Cataluña, respecto del catalán y del aranés; en Galicia, respecto de gallego; en la Comunidad Valenciana, respecto del valenciano; en Navarra, respecto del euskera en la zona geográfica delimitada en la correspondiente Ley; y en Illes Balears, respecto de catalán.

Para atender esta especial característica española, con una realidad cultural y social en la que un elevado porcentaje de habitantes reside en territorios donde se habla más de una lengua, tanto las Comunidades Autónomas como la Administración general del Estado desarrollan su actividad de acuerdo con las prescripciones de la Constitución. Es decir, fomentando el respeto y protección de la pluralidad lingüística española y garantizando los derechos de sus hablantes, y ello como un elemento generador de riqueza cultural, social y económica.

Para hacer efectiva esta política, la Administración General del Estado cuenta con un órgano de coordinación interministerial, el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, al que se le atribuyen funciones de análisis, impulso y coordinación de la actividad de los diferentes Departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas cooficiales, con el objetivo de lograr el mejor cumplimiento de las exigencias derivadas de la existencia de distintas lenguas oficiales y de su reconocimiento en la actividad de la Administración General del Estado, y así garantizar la mejor atención a los derechos de los ciudadanos.

En este proceso de promoción y protección, España ha ratificado la Carta Europea de Lenguas Regionales y/o Minoritarias, impulsada en el marco del Consejo de Europa, lo que supone su participación en un proceso de evaluación mediante la aportación de Informes periódicos de seguimiento y verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos con su ratificación.

Normativa y jurisprudencia constitucional

Consejo de Lenguas Cooficiales

Carta de lenguas - Consejo de Europa

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Gobierno de España Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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Gobierno de España Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

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Esta norma establece en sus artículos 13.c) y 15, en primer lugar, que el uso de las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma es un derecho del ciudadano en sus relaciones con la Administración pública, siempre de acuerdo con la constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

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La información y el conocimiento son determinantes para la creación de la riqueza, la transformación social y el desarrollo humano.

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Este artículo se ha basado en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en los apartados 1 y 4 del artículo 151 del Tratado CE, sustituidos ahora por los apartados 1 y 4 del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la cultura. Además, el respeto de la diversidad cultural y lingüística figura ahora también en el apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. El artículo se inspira asimismo en la declaración n.o 11 del Acta final del Tratado de Ámsterdam sobre el estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales, que se recoge ahora en el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

https://fra.europa.eu/es/eu-charter/article/22-diversidad-cultural-religiosa-y-linguistica

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European Union Agency for Fundamental Rights

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Artículo 22 - Diversidad cultural, religiosa y lingüística

La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística.

Explicaciones

Este artículo se ha basado en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en los apartados 1 y 4 del artículo 151 del Tratado CE, sustituidos ahora por los apartados 1 y 4 del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la cultura. Además, el respeto de la diversidad cultural y lingüística figura ahora también en el apartado 3 del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. El artículo se inspira asimismo en la declaración n.o 11 del Acta final del Tratado de Ámsterdam sobre el estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales, que se recoge ahora en el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Diario Oficial de la Unión Europea C 303/17 - 14.12.2007

Jurisprudencia

Derecho constitucional nacional

Section 13 Direct discrimination
(1) A person (A) discriminates against another (B) if, because of a protected characteristic, A treats B less favourably than A treats or would treat others.
(2) If the protected characteristic is age, A does not discriminate against B if A can show A's treatment of B to be a proportionate means of achieving a legitimate aim.
(3) If the protected characteristic is disability, and B is not a disabled person, A does not discriminate against B only because A treats or would treat disabled persons more favourably than A treats B.
(4)If the protected characteristic is marriage and civil partnership, this section applies to a contravention of Part 5 (work) only if the treatment is because it is B who is married or a civil partner.
(5) If the protected characteristic is race, less favourable treatment includes segregating B from others.
(6) If the protected characteristic is sex-
(a) less favourable treatment of a woman includes less favourable treatment of her because she is breast-feeding;
(b) in a case where B is a man, no account is to be taken of special treatment afforded to a woman in connection with pregnancy or childbirth.
(7) Subsection (6)(a) does not apply for the purposes of Part 5 (work).
(8) This section is subject to sections 17(6) and 18(7).
...
Section 19 Indirect discrimination
(1)A person (A) discriminates against another (B) if A applies to B a provision, criterion or practice which is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's.
(2) For the purposes of subsection (1), a provision, criterion or practice is discriminatory in relation to a relevant protected characteristic of B's if-
(a) A applies, or would apply, it to persons with whom B does not share the characteristic,
(b) it puts, or would put, persons with whom B shares the characteristic at a particular disadvantage when compared with persons with whom B does not share it,
(c) it puts, or would put, B at that disadvantage, and
(d) A cannot show it to be a proportionate means of achieving a legitimate aim.
(3) The relevant protected characteristics are-
age;
disability;
gender reassignment;
marriage and civil partnership;
race;
religion or belief;
sex;
sexual orientation.

Welsh Language (Wales) Measure 2011

Section 1 Official status of the Welsh language
(1) The Welsh language has official status in Wales.
(2 )Without prejudice to the general principle of subsection (1), the official status of the Welsh language is given legal effect by the enactments about-
(a) duties on bodies to use the Welsh language, and the rights which arise from the enforceability of those duties, which enable Welsh speakers to use the language in dealings with those bodies (such as the provision of services by those bodies);
(b) the treatment of the Welsh language no less favourably than the English language;
(c) the validity of the use of the Welsh language;
(d) the promotion and facilitation of the use of the Welsh language;
(e) the freedom of persons wishing to use the Welsh language to do so with one another;
(f) the creation of the Welsh Language Commissioner; and
(g) other matters relating to the Welsh language.
(3) Those enactments include (but are not limited to) the enactments which-
(a) require the Welsh and English languages to be treated on the basis of equality in the conduct of the proceedings of the National Assembly for Wales;
(b) confer a right to speak the Welsh language in legal proceedings in Wales;
(c) give equal standing to the Welsh and English texts of-
(i) Measures and Acts of the National Assembly for Wales, and
(ii) subordinate legislation;
(d) impose a duty on the Welsh Ministers to adopt a strategy setting out how they propose to promote and facilitate the use of the Welsh language;
(e) create standards of conduct that relate to the use of the Welsh language, or the treatment of the Welsh language no less favourably than the English language, in connection with-
(i) delivering services,
(ii) making policy, and
(iii) exercising functions or conducting businesses and other undertakings;
(f) create standards of conduct in promoting and facilitating the use of the Welsh language;
(g) create standards of conduct for keeping records in connection with the Welsh language;
(h) impose a duty to comply with those standards of conduct that are created, and create remedies for failures to comply with them; and
(i) create the Welsh Language Commissioner with functions that include-
(i) promoting the use of the Welsh language,
(ii) facilitating the use of the Welsh language,
(iii) working towards ensuring that the Welsh language is treated no less favourably than the English language,
(iv) conducting inquiries into matters relating to the Commissioner's functions, and
(v) investigating interference with the freedom to use the Welsh language.
(4)This Measure does not affect the status of the English language in Wales.

Constitution of the Republic of Slovenia

Article 5 In its own territory, the state shall protect human rights and fundamental freedoms. It shall protect and guarantee the rights of the autochthonous Italian and Hungarian national communities. It shall maintain concern for autochthonous Slovene national minorities in neighbouring countries and for Slovene emigrants and workers abroad and shall foster their contacts with the homeland. It shall provide for the preservation of the natural wealth and cultural heritage and create opportunities for the harmonious development of society and culture in Slovenia.Slovenes not holding Slovene citizenship may enjoy special rights and privileges in Slovenia. The nature and extent of such rights and privileges shall be regulated by law.

Article 61 Everyone has the right to freely express affiliation with his nation or national community, to foster and give expression to his culture and to use his language and script.

Article 62 Everyone has the right to use his language and script in a manner provided by law in the exercise of his rights and duties and in procedures before state and other bodies performing a public function.

Article 64 The autochthonous Italian and Hungarian national communities and their members shall be guaranteed the right to use their national symbols freely and, in order to preserve their national identity, the right to establish organisations and develop economic, cultural, scientific and research activities, as well as activities in the field of public media and publishing. In accordance with laws, these two national communities and their members have the right to education and schooling in their own languages, as well as the right to establish and develop such education and schooling. The geographic areas in which bilingual schools are compulsory shall be established by law. These national communities and their members shall be guaranteed the right to foster relations with their nations of origin and their respective countries. The state shall provide material and moral support for the exercise of these rights. (...)

Article 65 The status and special rights of the Romany community living in Slovenia shall be regulated by law.

Ustava Republike Slovenije

5. člen Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh pravic in ugodnosti določa zakon.

61. člen (izražanje narodne pripadnosti) Vsakdo ima pravico, da svobodno izraža pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti, da goji in izraža svojo kulturo in uporablja svoj jezik in pisavo.

62. člen (pravica do uporabe svojega jezika in pisave) Vsakdo ima pravico, da pri uresničevanju svojih pravic in dolžnosti ter v postopkih pred državnimi in drugimi organi, ki opravljajo javno službo, uporablja svoj jezik in pisavo na način, ki ga določi zakon.

64. člen (posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji) Avtohtoni italijanski in madžarski narodni skupnosti ter njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da svobodno uporabljajo svoje narodne simbole in da za ohranjanje svoje narodne identitete ustanavljajo organizacije, razvijajo gospodarske, kulturne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter dejavnosti na področju javnega obveščanja in založništva. V skladu z zakonom imata ti narodni skupnosti in njuni pripadniki pravico do vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku ter do oblikovanja in razvijanja te vzgoje in izobraževanja. Zakon določa območja, na katerih je dvojezično šolstvo obvezno. Narodnima skupnostima in njunim pripadnikom je zagotovljena pravica, da gojijo odnose s svojima matičnima narodoma in njunima državama. Država gmotno in moralno podpira uveljavljanje teh pravic. Na območjih, kjer ti skupnosti živita, ustanovijo njuni pripadniki za uresničevanje svojih pravic svoje samoupravne skupnosti. Na njihov predlog lahko država pooblasti samoupravne narodne skupnosti za opravljanje določenih nalog iz državne pristojnosti ter zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. Narodni skupnosti sta neposredno zastopani v predstavniških organih lokalne samouprave in v državnem zboru. Zakon ureja položaj in način uresničevanja pravic italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita, obveznosti samoupravnih lokalnih skupnosti za uresničevanje teh pravic, ter tiste pravice, ki jih pripadniki teh narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij. Pravice obeh narodnih skupnosti ter njunih pripadnikov so zagotovljene ne glede na število pripadnikov teh skupnosti. Zakoni, drugi predpisi in splošni akti, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja zgolj narodnih skupnosti, ne morejo biti sprejeti brez soglasja predstavnikov narodnih skupnosti.

65. člen (položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji) Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.

Derecho de la UE

Derecho internacional

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Artículo 22 - Diversidad cultural, religiosa y lingüística

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La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística. Explicaciones Este artículo se ha basado en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y en los apartados 1 y 4 del artículo 151 del Tratado CE, sustituidos ahora por los apartados 1 y 4 del artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la cultura.

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Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística». En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que «la acción de la Unión se encaminará a desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros» en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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Decreto 119/2023, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española (LSE) y medios de apoyo a la comunicación oral (MACO) en Andalucía.

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Apartado 3 Artículo 3 Tratado de la Unión Europea

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Apartado 3 Artículo 3 Tratado de la Unión Europea

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La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el

desarrollo del patrimonio cultural europeo.

https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf

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Gobierno de España Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, por el que se regula la publicación de las leyes en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas

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Gobierno de España Real Decreto 489/1997, de 14 de abril, por el que se regula la publicación de las leyes en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas

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Esta norma tiene por objeto difundir y extender el conocimiento de la legislación del Estado mediante la utilización de aquellas otras lenguas que también tienen el carácter de oficiales en las diferentes Comunidades Autónomas, en aplicación de los principios constitucionales y en armonía con las disposiciones legales que contemplan la utilización de dichas lenguas, tanto en las relaciones entre la Administración y los ciudadanos como en las relaciones jurídico-privadas. Ello debe ser compatible, por elementales razones de seguridad jurídica, con el principio de univocidad del Derecho.

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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22)

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

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Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas

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Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 02/08/2011"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar las barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva. La presente Ley intenta subsanar esta situación y propiciar su acceso a la información y a la comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo.

Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral.

No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad.

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérprete de lengua de signos, caso de las personas sordas y sordociegas que sean usuarias de lengua de signos, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral. Efectivamente, en la mayoría de las áreas en las que debe aplicarse esta Ley no se dispone, en muchas ocasiones, de adaptaciones visuales y acústicas que permitan la mejora en la audición y recepción de la información auditiva, o de los medios de apoyo necesarios para la comunicación oral, o de servicio de intérpretes de lengua de signos.

Especial dificultad reviste la sordoceguera, que es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera, en las personas que la padecen, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y, por tanto, interesarse y desenvolverse en su entorno. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y/o visuales.

La exigencia de publicidad como rasgo inherente del Estado de Derecho, a través de la cual las normas tienen que ser accesibles a toda la ciudadanía; la constatación de que no puede hablarse de una participación real y efectiva de la ciudadanía en el ámbito de un sistema democrático sin el acceso a la información y a la comunicación y sin la expresión de sus ideas y voluntades a través de una lengua; la toma de conciencia de que sólo es posible lograr una integración social y cultural de carácter universal, desde la que la participación ciudadana se proyecte en cualquier ámbito social y cultural -exigencia de un Estado social- a través del acceso al conocimiento y uso de la lengua son cuestiones que, junto a la importancia que en las sociedades contemporáneas ha adquirido la transmisión de información a través de medios escritos y audiovisuales, obligan a considerar el uso y conocimiento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, al logro de una vida humana digna.

En todo caso, el colectivo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas es muy diverso y no se ajusta a un único patrón comunicativo por el hecho de no oír, o de no oír ni ver en el caso de la sordoceguera, que combina ambas deficiencias. Por tanto, el uso de la lengua oral o de las lenguas de signos españolas y el apoyo a los medios de comunicación oral en su comunicación con el entorno, en su aprendizaje, en el acceso a la información y a la cultura, ha de responder a una opción libre e individual que, en el caso de tratarse de menores, corresponderá a sus padres o tutores.

II

Los antecedentes históricos sobre las lenguas de signos en España se inician, desde el punto de vista educativo, en el siglo XVI, cuando los monjes emprendieron la labor de educar a niños sordos. El monje benedictino don Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse a los niños sordos que estaban a su cargo, hecho que permitió la reevaluación de las creencias profesadas durante mucho tiempo respecto de las personas sordas, contribuyendo a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía sobre las mismas y su lugar en la sociedad. Los monasterios en esa época estaban obligados a guardar silencio y se comunicaban utilizando signos manuales; así, por ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición "signos para las cosas de mayor importancia, con los cuales se hacían comprender". Pedro Ponce de León debió comprender, que era posible expresar la razón sin habla, pues él mismo lo hacía cada vez que manifestaba sus pensamientos por medio de signos monásticos y empleó con los niños sordos un sistema gestual de comunicación.

En el siglo XVII la metodología cambia, y así don Manuel Ramírez de Carrión utilizó la pedagogía de su época para instruir a los niños sordos preparándoles para que se integraran en la sociedad.

En la segunda mitad del siglo XVIII, don Lorenzo Hervás y Panduro publica su tratado: "Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español", que supone un hito fundamental en el esfuerzo pedagógico para la integración de las personas sordas.

La escuela española alcanzará a producir aún obras de tanta trascendencia para la lengua natural de las personas sordas, como el diccionario de mímica y dactilología de Francisco Fernández Villabrille, que incluía 1.500 signos de la lengua de signos española descritos para su realización. Sin duda, se trata del paso más importante hacia la estandarización de la lengua de signos española dado hasta entonces, y una demostración del carácter no sólo natural, sino histórico, de la lengua de signos española.

En el siglo XIX, con el establecimiento en España de los primeros colegios de sordomudos y ciegos, se posibilita la institucionalización de la educación de las personas sordas, ciegas y sordociegas, con la consecuencia de la interacción lingüística y social entre ellas, así como del inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos española y catalana.

El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de las lenguas de signos española y catalana como los instrumentos de comunicación propios de las personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Numerosos encuentros nacionales e internacionales han debatido sobre la necesidad de su reconocimiento y uso para garantizar el acceso pleno a la educación, los servicios, la vida económica y cultural, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, así como su necesidad para el correcto desarrollo personal y la participación social de las personas sordas que han optado por esta modalidad de comunicación.

La relevancia del uso y conocimiento de la lengua constituye en la actualidad una realidad incuestionable. No obstante, y a pesar de ello, esa construcción sobre la importancia y relevancia de la lengua, se ha configurado de espaldas a otras situaciones. En efecto, el reconocimiento sobre el valor de la lengua debe responder a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.

Las lenguas de signos españolas, siendo las lenguas propias de las personas sordas y sordociegas que han optado por esta modalidad lingüística, no han tenido el reconocimiento, ni el desarrollo que les corresponde, y ello a pesar de que numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional han puesto de manifiesto que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales, sintácticas y léxicas propias. Recientemente esta situación se ha subsanado y prueba de ello es la aprobación de numerosas normas, entre las que cabe destacar varios Estatutos de Autonomía, que reconocen la importancia de las lenguas de signos.

III

En España, frente a otros países que carecen de esta riqueza, la realidad de la lengua de signos adquiere una nueva dimensión, ya que la existencia de la lengua de signos catalana pone claramente de manifiesto cómo a través de este vehículo de comunicación se puede colaborar a la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

La lengua de signos catalana, que es la lengua propia de las personas sordas de Cataluña que han optado por esta modalidad de comunicación, y la que usan, por tanto, en sus comunicaciones de la vida diaria, se ha desarrollado en Cataluña de una forma similar a como lo ha hecho la lengua de signos española en el resto de España, de tal forma que se ha ido consolidando una estructura lingüística comunicativa íntimamente relacionada con el entorno geográfico, histórico y cultural. El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la "Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos", y algunas Universidades catalanas ofrecen un programa de posgrado de "experto en interpretación de lengua de signos catalana", cuya dimensión profesional está garantizada a efectos laborales. En el año 2005 aparece la primera "Gramática básica de lengua de signos catalana" y existe, además, una amplia bibliografía científica de gran valor lingüístico sobre la misma. Finalmente, en el año 2006, el Estatuto de Autonomía de Cataluña realizó un reconocimiento de la lengua de signos catalana.

IV

La utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, a través de los medios de apoyo a la comunicación oral, como la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico, supone un derecho fundamental y básico de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que han optado libremente por este medio de comunicación.

El siglo XX ha sido el momento de los avances más vertiginosos en alianza con la medicina, la audiología, la ciencia, la tecnología, la pedagogía y la lectura labial en relación con la audición. Así, las aportaciones de estas disciplinas han hecho realidad expectativas impensables para la educación y el acceso a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva, así como a su integración y participación más activa con su entorno.

Los avances tecnológicos permiten que una persona sorda o con discapacidad auditiva y sordociega, estimulada a través de sus prótesis auditivas y con recursos y medios de apoyo a la comunicación oral, pueda acceder a la lengua oral que es la de su entorno cultural, laboral y social. Hay que tener en cuenta que las pérdidas auditivas pueden ser congénitas, aparecer a edades tempranas y también adquirirse a lo largo de la vida adulta, por lo que hay que prever todos los recursos necesarios para favorecer su máximo desarrollo personal, laboral, cultural e incluso el académico, atendiendo a los principios de autonomía, normalización, integración social y educativa y participación en la vida en comunidad y contando con los profesionales adecuados y debidamente cualificados que puedan atender todas sus necesidades.

V

Durante mucho tiempo, la sociedad ha tomado como referencia un modelo universal de ser humano a la hora de proyectar la idea de dignidad. Y a partir de ahí, y no sin un esfuerzo considerable, ha tratado de reconocer y valorar las diferencias mediante el uso del principio de diferenciación positiva. Este tipo de normas, maneja una idea de igualdad que parte, precisamente, del reconocimiento de la diferencia y que tiene como finalidad minimizar al máximo los efectos que la misma produce para el disfrute de los derechos y para el desarrollo de una vida humana digna.

El tratamiento de la discapacidad no ha permanecido al margen de esta tendencia. En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos.

Junto a ello, y directamente relacionado con la situación de las personas con discapacidad, se ha pretendido justificar ese tipo de medidas a través de otros razonamientos. En efecto, desde la década de los años setenta del siglo XX, se ha comenzado a vivir un cambio en el modo de entender la discapacidad, que ha culminado en una nueva manera de afrontar esta cuestión.

Estos cambios han tenido repercusiones en el ámbito del Derecho internacional, donde el derecho a la igualdad de oportunidades es reconocido en varios documentos, entre los que se destaca las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, en el que la accesibilidad en la comunicación se encuentra recogida en varias disposiciones. Así, la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993, en concreto en su artículo 5°, apartado 7, considera "la utilización de la lengua de signos en la educación de los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. De igual modo, deben prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas". Al mismo tiempo, en el apartado 6, se establece la obligación de los Estados de utilizar "tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con discapacidad auditiva".

También la Unión Europea a través de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Consejo de Europa mediante el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad ante la Ley y a la protección contra la discriminación. La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y su participación en la vida en comunidad. Por su parte, la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales, en su Documento de 2003 sobre los principios fundamentales de la educación de necesidades especiales, recomienda a los Estados un marco legislativo y político que apoye la integración con dotación de medios que amplíen los desarrollos y los procesos que trabajan hacia la inclusión.

Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa elaboró una Recomendación sobre la Protección de la lengua de signos en los Estados miembros del Consejo de Europa (Doc. 9738 de 17 de marzo de 2003), reconociendo la lengua de signos como un medio de comunicación natural y completo con capacidad de promover la integración de las personas con limitaciones auditivas en la sociedad y para facilitar su acceso a la educación, el empleo y la justicia. En la misma línea, la Recomendación 1492 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2001 sobre los derechos de las minorías nacionales ha recomendado a los Estados Miembros que reconozcan oficialmente la lengua de signos. Igualmente, en el mismo sentido, la Declaración del Parlamento Europeo 1/2004 sobre los derechos de las personas sordociegas indica que "las personas sordociegas deberían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos de la Unión Europea y que estos derechos deberían garantizarse mediante una legislación adecuada en cada Estado miembro".

VI

En España, la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, se ha sumado a esta nueva tendencia. Esta Ley, en desarrollo de los preceptos de la Constitución Española tiende, entre otras cuestiones, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social (artículo 9.2 de la Constitución española), cumpliendo asimismo con la obligación de los poderes públicos de prestar a las personas con discapacidad la atención especializada que requieran para el disfrute de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49 de la Constitución Española).

El cumplimiento de los principios que inspiran la Ley 51/2003, exige la adopción de un conjunto de medidas que normalicen a la sociedad, en el sentido de abrirla en el mayor grado posible a toda la ciudadanía y, cómo no, a las personas con discapacidad, y que tengan como principal finalidad situar a éstas en una igualdad de condiciones, de oportunidades y de posibilidades para el desarrollo de los derechos fundamentales y de una vida digna (artículos 10.1 y 14 de la Constitución española). En este sentido, la citada Ley contempla expresamente la regulación de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Así, desde la importancia que tiene la lengua como instrumento de información y de conocimiento, y desde el marco normativo constitucional y legal español, constituye una obligación de los poderes públicos tanto el desarrollo de medios que faciliten el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la configuración de una normativa básica sobre el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

VII

La presente Ley viene a dar respuesta a ambas exigencias, desde el convencimiento de que tanto la normalización de la sociedad en relación con la cuestión de la discapacidad cuanto la integración de las personas con discapacidad en todo ámbito social, exige la promoción de su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea oral y/o de signos. Posibilidad que no puede quedarse sólo en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente a las personas con discapacidad, sino que debe proyectarse también en el resto de la ciudadanía, garantizando la comprensión y el uso de la lengua oral y/o de signos en todas aquellas instituciones y entidades en las que se desempeña un servicio público, en aras de conseguir así el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales. No debe olvidarse que la eliminación de barreras a la comunicación, hace desaparecer las dificultades de comunicación entre personas con y sin limitaciones auditivas -la comunicación implica un fenómeno relacional, intersubjetivo- por lo que los beneficios no se limitan a un grupo específico de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas sino al conjunto de la sociedad.

La Ley parte de las capacidades y potencialidades de los individuos, con el fin de garantizar la posibilidad de desarrollo de las capacidades individuales, siempre desde el respeto a la dignidad humana. Consciente de que las personas con limitaciones auditivas y las sordociegas -en las que se combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva)- tienen diferentes necesidades, lo que implica que algunas personas opten por la comunicación a través de la lengua de signos, mientras que otras prefieran la utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, la Ley reconoce el derecho de opción, y deja en definitiva la elección en manos de los principales interesados: las personas con discapacidad auditiva y sordociegas, o sus padres o tutores cuando se trate de menores.

VIII

La Ley se estructura en un título preliminar, un título primero con dos capítulos; un título segundo con dos capítulos; siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

La Ley, en su Título preliminar, determina el reconocimiento y regulación de la lengua de signos española, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, y de los medios de apoyo a la comunicación oral, el derecho al aprendizaje, conocimiento y uso tanto de las lenguas de signos españolas como de los medios de apoyo a la comunicación oral permitiendo la libre elección de los recursos que posibiliten su comunicación con el entorno. A su vez regula los efectos que surtirá la aplicación de la Ley.

Por otra parte, enuncia los distintos conceptos que surgen a lo largo de la presente normativa, deteniéndose en cada uno de ellos, cuya explicación resulta imprescindible para garantizar una adecuada interpretación de la Ley; asimismo, se establecen los principios en los que ésta se inspira. Por último, contiene las áreas en las que la Ley es de aplicación, de conformidad con el principio de transversalidad.

El Título primero está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, en concreto en el capítulo I regula su aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de las lenguas de signos españolas a través de intérpretes de lenguas, en las diferentes áreas públicas y privadas.

Finalmente se dispone la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

El Título segundo está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, en concreto en el capítulo I regula dicho aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral en las diferentes áreas públicas y privadas.

Por último, se dispone la creación del Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción.

La Ley en su Disposición adicional primera, crea una Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad y establece el plazo de un año para su constitución.

La disposición adicional segunda establece las garantías de dotación estructural.

La disposición adicional tercera contempla las garantías jurídicas en relación con el arbitraje y la tutela judicial.

La disposición adicional cuarta determina el régimen transitorio de la situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas.

La disposición adicional quinta encomienda al Gobierno la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño.

La disposición adicional sexta está dedicada a la atención especial que requieren las personas con sordoceguera.

La disposición adicional séptima hace referencia a la financiación de las ayudas técnicas a la audición.

La disposición derogatoria, revoca cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley.

La disposición final primera contempla el carácter básico de la Ley.

La disposición final segunda establece la supletoriedad de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

La disposición final tercera considera la financiación de la Ley.

La disposición final cuarta otorga facultades de ejecución y desarrollo de la Ley.

La disposición final quinta determina la aplicación gradual de la Ley.

La disposición final sexta regula la entrada en vigor de la Ley.

[Bloque 2: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

[Bloque 3: #a1]

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Asimismo la presente Ley tiene por objeto reconocer la lengua de signos catalana, como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en Cataluña, que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio de la ulterior regulación legislativa y reglamentaria que pueda corresponder a la Generalitat de Cataluña, en desarrollo de sus competencias.

Todas las alusiones que esta Ley hace a la lengua de signos española se entenderán hechas a las demás lenguas de signos españolas, para su ámbito territorial propio, sin perjuicio de lo que establezca la normativa propia de las respectivas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

También es objeto de esta Ley la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral destinados a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 5: #a3]

Artículo 3. Efectos de la Ley.

1. Las normas establecidas en la presente Ley surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose en todo caso la igualdad a que se refiere la disposición final primera.

2. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas puedan, libremente, hacer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todos las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, y de manera especial el libre desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el derecho a la educación y la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

3. Las medidas y garantías establecidas en el título II de esta Ley serán de plena aplicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de las lenguas de signos españolas cuando hagan uso de las lenguas orales.

[Bloque 6: #a4]

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Lengua de signos: Son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España.

b) Lengua oral: Son las lenguas o sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución Española y, para sus respectivos ámbitos territoriales, en los Estatutos de Autonomía, utilizada como lengua por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas oralistas en España.

c) Medios de apoyo a la comunicación oral: son aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.

d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son aquellas personas a quienes se les haya reconocido por tal motivo, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, que encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación o que, en el caso de haberlas superado, requieren medios y apoyos para su realización.

e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.

f) Usuario o usuaria de una lengua: Es aquella persona que utiliza una determinada lengua para comunicarse con el entorno. Aquellas personas que son usuarias de dos lenguas son consideradas como bilingües.

g) Usuario o usuaria de la lengua de signos: Es aquella persona que utiliza la lengua de signos para comunicarse.

h) Usuario o usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: aquella persona sorda, con discapacidad auditiva y sordociega que precisa de medios de apoyo a la comunicación oral para acceder a la información y a la comunicación en el entorno social.

i) Intérprete de lengua de signos: Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.

j) Guía-intérprete: Profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona sordociega, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de nexo con el entorno y facilitando su participación en igualdad de condiciones.

k) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y las lenguas de signos españolas.

l) Logopeda y Maestro/a Especialista en audición y lenguaje: Profesionales especializados en sistemas alternativos y/o sistemas aumentativos de apoyo a la comunicación oral, que estimulan y facilitan el desarrollo de la misma.

[Bloque 7: #a5]

Artículo 5. Principios generales.

Esta Ley se inspira en los siguientes principios:

a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas no se limitarán únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de dichas modalidades lingüísticas o medios de apoyo, sino que han de comprender las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas usuarias de las mismas.

b) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

c) Libertad de elección: Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y, en su caso, sus padres o representantes legales, en el supuesto de que sean menores de edad o estén incapacitadas podrán optar por la lengua oral y/o la lengua de signos española y/o las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas.

d) No discriminación: Ninguna persona podrá ser discriminada ni tratada desigualmente, directa o indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la lengua de signos española y/o de las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas y/o de medios de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea público o privado.

e) Normalización: Principio en virtud del cual las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona.

[Bloque 8: #a6]

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, lo dispuesto en esta Ley se aplicará en las siguientes áreas:

1. Bienes y servicios a disposición del público.

2. Transportes.

3. Relaciones con las Administraciones Públicas.

4. Participación política.

5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

[Bloque 11: #a7]

Artículo 7. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán de los recursos necesarios para facilitar en aquellos centros que se determine, de conformidad con lo establecido en la legislación educativa vigente, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego que, de acuerdo con lo especificado en el artículo 5.c) de esta Ley, haya optado por esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a los padres o representantes legales.

2. Las Administraciones educativas ofertarán, en los centros que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües, que serán de libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociega o sus padres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad o estar incapacitados.

3. Los planes de estudios podrán incluir, asimismo en los centros anteriormente citados, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas como asignatura optativa para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclusión social del alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego usuario de las lenguas de signos españolas y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística y cultural.

4. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de las lenguas de signos españolas y, en su caso, para el uso previsto en el capítulo II del título I de esta Ley, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y permanente.

5. Las Administraciones educativas establecerán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 15: #a10]

Artículo 10. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas por las personas usuarias de las lenguas de signos españolas en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario en situación de discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en lenguas de signos españolas.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas, en el caso de que así se solicite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, en aquellas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y de ocio que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 19: #a14]

Artículo 14. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos españolas.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, previa solicitud de los interesados.

6. Los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plenamente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 2.1 y 2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2011-13241.

[Bloque 23: #a16]

Artículo 16. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario para facilitar, conforme a la legislación educativa vigente, el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen, al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.c) de esta Ley, haya elegido esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a sus padres o representantes legales.

2. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de los medios de apoyo a la comunicación oral, cuando así se requiera, y, en su caso, para el uso previsto en el Capítulo II del Título II, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio considere oportunas y propiciará su formación inicial.

3. Las Administraciones educativas promoverán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 27: #a19]

Artículo 19. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, usuarias de la comunicación oral su utilización en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de los medios de apoyo a la comunicación oral por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de la comunicación oral en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario con discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al estudiante universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento, orientación y medios de apoyo a la comunicación oral.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones sanitarias promoverán los medios de apoyo a la comunicación oral de los usuarios que los necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la subtitulación y de otros recursos de apoyo a la comunicación oral.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones competentes promoverán el establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas que sean usuarias de los mismos, en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación y de ocio, que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 31: #a23]

Artículo 23. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que dichas campañas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas mediante la incorporación del subtitulado.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones a través de medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la utilización de medios de apoyo a la comunicación oral, previa solicitud de los interesados.

[Bloque 43: #dftercera]

Disposición final tercera. Financiación.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende a la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley con los presupuestos asignados para el cumplimiento de sus competencias en materia de discapacidad.

A este fin se establecerán mecanismos de cooperación con los Ministerios competentes por la materia y con las distintas Administraciones Públicas competentes, según proceda.

En particular, la Administración General del Estado coadyuvará a financiar el fomento, la investigación y la difusión del uso de la lengua de signos catalana.

[Bloque 47: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 23 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea 

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Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea 

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En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística». En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que «la acción de la Unión se encaminará a desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros» en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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Junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales[1] de esta. Las disposiciones del Reglamento y del artículo 24 del TFUE establecen que todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a dirigirse por escrito a cualquier institución u organismo de la Unión en una de esas lenguas y recibir una respuesta en la misma lengua.

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

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Título preliminar - Constitución Española

Inicio > Constitución española > Título preliminar

La Constitución española de 1978.

Título preliminar

Artículo 3

1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

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Inicio > Constitución española > Título preliminar

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Declaración de las Naciones Unidas de 2007. Conservación de las lenguas  indígenas.

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Declaración de las Naciones Unidas de 2007. Conservación de las lenguas  indígenas.

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Artículo 13 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. 2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados.

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Esta Declaración considera que las personas que se trasladan y se establecen en el territorio de una comunidad lingüística diferente de la propia tienen el derecho y el deber de mantener con ella una relación de integración.

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El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, seis Estatutos de Autonomía han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las Comunidades Autónomas que les corresponde

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, seis Estatutos de Autonomía han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las Comunidades Autónomas que les corresponde

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, seis Estatutos de Autonomía han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las Comunidades Autónomas que les corresponden.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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LEY 27/2007, de 23 de octubre, por la que se

reconocen las lenguas de signos españolas y

se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

https://www.boe.es/eli/es/l/2007/10/23/27/dof/spa/pdf

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El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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La atención lingüística al alumnado extranjero en el sistema educativo español: normativa, actuaciones y medidas

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La atención lingüística al alumnado extranjero en el sistema educativo español: normativa, actuaciones y medidas

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Se realiza una revisión exhaustiva de la atención lingüística que el sistema educativo español proporciona al alumnado extranjero. La información obtenida se estructura en los siguientes apartados: desarrollo normativo específico de cada Administración en torno a sus actuaciones e iniciativas educativas, descripción de las principales medidas que en este momento se están llevando a cabo, y finalmente una breve descripción y relación de algunos recursos que el profesorado puede utilizar para la enseñanza del español como L2 (segunda lengua).

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La atención lingüística al alumnado extranjero en el sistema educativo español : normativa, actuaciones y medidas

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Andalucía:

Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

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BOE-A-2011-20375 Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

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BOE-A-2011-20375 Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía.

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Las lenguas reconocidas como oficiales por un Estatuto de Autonomía: es el caso de los Estatutos de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Navarra y País Vasco.

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Este artículo habla sobre una ley que se ejecutó en el año 2007 sobre el apoyo a la lengua de signos.

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Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 02/08/2011"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar las barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva. La presente Ley intenta subsanar esta situación y propiciar su acceso a la información y a la comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo.

Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral.

No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad.

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérprete de lengua de signos, caso de las personas sordas y sordociegas que sean usuarias de lengua de signos, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral. Efectivamente, en la mayoría de las áreas en las que debe aplicarse esta Ley no se dispone, en muchas ocasiones, de adaptaciones visuales y acústicas que permitan la mejora en la audición y recepción de la información auditiva, o de los medios de apoyo necesarios para la comunicación oral, o de servicio de intérpretes de lengua de signos.

Especial dificultad reviste la sordoceguera, que es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera, en las personas que la padecen, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y, por tanto, interesarse y desenvolverse en su entorno. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y/o visuales.

La exigencia de publicidad como rasgo inherente del Estado de Derecho, a través de la cual las normas tienen que ser accesibles a toda la ciudadanía; la constatación de que no puede hablarse de una participación real y efectiva de la ciudadanía en el ámbito de un sistema democrático sin el acceso a la información y a la comunicación y sin la expresión de sus ideas y voluntades a través de una lengua; la toma de conciencia de que sólo es posible lograr una integración social y cultural de carácter universal, desde la que la participación ciudadana se proyecte en cualquier ámbito social y cultural -exigencia de un Estado social- a través del acceso al conocimiento y uso de la lengua son cuestiones que, junto a la importancia que en las sociedades contemporáneas ha adquirido la transmisión de información a través de medios escritos y audiovisuales, obligan a considerar el uso y conocimiento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, al logro de una vida humana digna.

En todo caso, el colectivo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas es muy diverso y no se ajusta a un único patrón comunicativo por el hecho de no oír, o de no oír ni ver en el caso de la sordoceguera, que combina ambas deficiencias. Por tanto, el uso de la lengua oral o de las lenguas de signos españolas y el apoyo a los medios de comunicación oral en su comunicación con el entorno, en su aprendizaje, en el acceso a la información y a la cultura, ha de responder a una opción libre e individual que, en el caso de tratarse de menores, corresponderá a sus padres o tutores.

II

Los antecedentes históricos sobre las lenguas de signos en España se inician, desde el punto de vista educativo, en el siglo XVI, cuando los monjes emprendieron la labor de educar a niños sordos. El monje benedictino don Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse a los niños sordos que estaban a su cargo, hecho que permitió la reevaluación de las creencias profesadas durante mucho tiempo respecto de las personas sordas, contribuyendo a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía sobre las mismas y su lugar en la sociedad. Los monasterios en esa época estaban obligados a guardar silencio y se comunicaban utilizando signos manuales; así, por ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición "signos para las cosas de mayor importancia, con los cuales se hacían comprender". Pedro Ponce de León debió comprender, que era posible expresar la razón sin habla, pues él mismo lo hacía cada vez que manifestaba sus pensamientos por medio de signos monásticos y empleó con los niños sordos un sistema gestual de comunicación.

En el siglo XVII la metodología cambia, y así don Manuel Ramírez de Carrión utilizó la pedagogía de su época para instruir a los niños sordos preparándoles para que se integraran en la sociedad.

En la segunda mitad del siglo XVIII, don Lorenzo Hervás y Panduro publica su tratado: "Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español", que supone un hito fundamental en el esfuerzo pedagógico para la integración de las personas sordas.

La escuela española alcanzará a producir aún obras de tanta trascendencia para la lengua natural de las personas sordas, como el diccionario de mímica y dactilología de Francisco Fernández Villabrille, que incluía 1.500 signos de la lengua de signos española descritos para su realización. Sin duda, se trata del paso más importante hacia la estandarización de la lengua de signos española dado hasta entonces, y una demostración del carácter no sólo natural, sino histórico, de la lengua de signos española.

En el siglo XIX, con el establecimiento en España de los primeros colegios de sordomudos y ciegos, se posibilita la institucionalización de la educación de las personas sordas, ciegas y sordociegas, con la consecuencia de la interacción lingüística y social entre ellas, así como del inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos española y catalana.

El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de las lenguas de signos española y catalana como los instrumentos de comunicación propios de las personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Numerosos encuentros nacionales e internacionales han debatido sobre la necesidad de su reconocimiento y uso para garantizar el acceso pleno a la educación, los servicios, la vida económica y cultural, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, así como su necesidad para el correcto desarrollo personal y la participación social de las personas sordas que han optado por esta modalidad de comunicación.

La relevancia del uso y conocimiento de la lengua constituye en la actualidad una realidad incuestionable. No obstante, y a pesar de ello, esa construcción sobre la importancia y relevancia de la lengua, se ha configurado de espaldas a otras situaciones. En efecto, el reconocimiento sobre el valor de la lengua debe responder a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.

Las lenguas de signos españolas, siendo las lenguas propias de las personas sordas y sordociegas que han optado por esta modalidad lingüística, no han tenido el reconocimiento, ni el desarrollo que les corresponde, y ello a pesar de que numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional han puesto de manifiesto que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales, sintácticas y léxicas propias. Recientemente esta situación se ha subsanado y prueba de ello es la aprobación de numerosas normas, entre las que cabe destacar varios Estatutos de Autonomía, que reconocen la importancia de las lenguas de signos.

III

En España, frente a otros países que carecen de esta riqueza, la realidad de la lengua de signos adquiere una nueva dimensión, ya que la existencia de la lengua de signos catalana pone claramente de manifiesto cómo a través de este vehículo de comunicación se puede colaborar a la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

La lengua de signos catalana, que es la lengua propia de las personas sordas de Cataluña que han optado por esta modalidad de comunicación, y la que usan, por tanto, en sus comunicaciones de la vida diaria, se ha desarrollado en Cataluña de una forma similar a como lo ha hecho la lengua de signos española en el resto de España, de tal forma que se ha ido consolidando una estructura lingüística comunicativa íntimamente relacionada con el entorno geográfico, histórico y cultural. El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la "Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos", y algunas Universidades catalanas ofrecen un programa de posgrado de "experto en interpretación de lengua de signos catalana", cuya dimensión profesional está garantizada a efectos laborales. En el año 2005 aparece la primera "Gramática básica de lengua de signos catalana" y existe, además, una amplia bibliografía científica de gran valor lingüístico sobre la misma. Finalmente, en el año 2006, el Estatuto de Autonomía de Cataluña realizó un reconocimiento de la lengua de signos catalana.

IV

La utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, a través de los medios de apoyo a la comunicación oral, como la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico, supone un derecho fundamental y básico de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que han optado libremente por este medio de comunicación.

El siglo XX ha sido el momento de los avances más vertiginosos en alianza con la medicina, la audiología, la ciencia, la tecnología, la pedagogía y la lectura labial en relación con la audición. Así, las aportaciones de estas disciplinas han hecho realidad expectativas impensables para la educación y el acceso a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva, así como a su integración y participación más activa con su entorno.

Los avances tecnológicos permiten que una persona sorda o con discapacidad auditiva y sordociega, estimulada a través de sus prótesis auditivas y con recursos y medios de apoyo a la comunicación oral, pueda acceder a la lengua oral que es la de su entorno cultural, laboral y social. Hay que tener en cuenta que las pérdidas auditivas pueden ser congénitas, aparecer a edades tempranas y también adquirirse a lo largo de la vida adulta, por lo que hay que prever todos los recursos necesarios para favorecer su máximo desarrollo personal, laboral, cultural e incluso el académico, atendiendo a los principios de autonomía, normalización, integración social y educativa y participación en la vida en comunidad y contando con los profesionales adecuados y debidamente cualificados que puedan atender todas sus necesidades.

V

Durante mucho tiempo, la sociedad ha tomado como referencia un modelo universal de ser humano a la hora de proyectar la idea de dignidad. Y a partir de ahí, y no sin un esfuerzo considerable, ha tratado de reconocer y valorar las diferencias mediante el uso del principio de diferenciación positiva. Este tipo de normas, maneja una idea de igualdad que parte, precisamente, del reconocimiento de la diferencia y que tiene como finalidad minimizar al máximo los efectos que la misma produce para el disfrute de los derechos y para el desarrollo de una vida humana digna.

El tratamiento de la discapacidad no ha permanecido al margen de esta tendencia. En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos.

Junto a ello, y directamente relacionado con la situación de las personas con discapacidad, se ha pretendido justificar ese tipo de medidas a través de otros razonamientos. En efecto, desde la década de los años setenta del siglo XX, se ha comenzado a vivir un cambio en el modo de entender la discapacidad, que ha culminado en una nueva manera de afrontar esta cuestión.

Estos cambios han tenido repercusiones en el ámbito del Derecho internacional, donde el derecho a la igualdad de oportunidades es reconocido en varios documentos, entre los que se destaca las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, en el que la accesibilidad en la comunicación se encuentra recogida en varias disposiciones. Así, la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993, en concreto en su artículo 5°, apartado 7, considera "la utilización de la lengua de signos en la educación de los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. De igual modo, deben prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas". Al mismo tiempo, en el apartado 6, se establece la obligación de los Estados de utilizar "tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con discapacidad auditiva".

También la Unión Europea a través de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Consejo de Europa mediante el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad ante la Ley y a la protección contra la discriminación. La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y su participación en la vida en comunidad. Por su parte, la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales, en su Documento de 2003 sobre los principios fundamentales de la educación de necesidades especiales, recomienda a los Estados un marco legislativo y político que apoye la integración con dotación de medios que amplíen los desarrollos y los procesos que trabajan hacia la inclusión.

Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa elaboró una Recomendación sobre la Protección de la lengua de signos en los Estados miembros del Consejo de Europa (Doc. 9738 de 17 de marzo de 2003), reconociendo la lengua de signos como un medio de comunicación natural y completo con capacidad de promover la integración de las personas con limitaciones auditivas en la sociedad y para facilitar su acceso a la educación, el empleo y la justicia. En la misma línea, la Recomendación 1492 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2001 sobre los derechos de las minorías nacionales ha recomendado a los Estados Miembros que reconozcan oficialmente la lengua de signos. Igualmente, en el mismo sentido, la Declaración del Parlamento Europeo 1/2004 sobre los derechos de las personas sordociegas indica que "las personas sordociegas deberían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos de la Unión Europea y que estos derechos deberían garantizarse mediante una legislación adecuada en cada Estado miembro".

VI

En España, la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, se ha sumado a esta nueva tendencia. Esta Ley, en desarrollo de los preceptos de la Constitución Española tiende, entre otras cuestiones, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social (artículo 9.2 de la Constitución española), cumpliendo asimismo con la obligación de los poderes públicos de prestar a las personas con discapacidad la atención especializada que requieran para el disfrute de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49 de la Constitución Española).

El cumplimiento de los principios que inspiran la Ley 51/2003, exige la adopción de un conjunto de medidas que normalicen a la sociedad, en el sentido de abrirla en el mayor grado posible a toda la ciudadanía y, cómo no, a las personas con discapacidad, y que tengan como principal finalidad situar a éstas en una igualdad de condiciones, de oportunidades y de posibilidades para el desarrollo de los derechos fundamentales y de una vida digna (artículos 10.1 y 14 de la Constitución española). En este sentido, la citada Ley contempla expresamente la regulación de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Así, desde la importancia que tiene la lengua como instrumento de información y de conocimiento, y desde el marco normativo constitucional y legal español, constituye una obligación de los poderes públicos tanto el desarrollo de medios que faciliten el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la configuración de una normativa básica sobre el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

VII

La presente Ley viene a dar respuesta a ambas exigencias, desde el convencimiento de que tanto la normalización de la sociedad en relación con la cuestión de la discapacidad cuanto la integración de las personas con discapacidad en todo ámbito social, exige la promoción de su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea oral y/o de signos. Posibilidad que no puede quedarse sólo en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente a las personas con discapacidad, sino que debe proyectarse también en el resto de la ciudadanía, garantizando la comprensión y el uso de la lengua oral y/o de signos en todas aquellas instituciones y entidades en las que se desempeña un servicio público, en aras de conseguir así el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales. No debe olvidarse que la eliminación de barreras a la comunicación, hace desaparecer las dificultades de comunicación entre personas con y sin limitaciones auditivas -la comunicación implica un fenómeno relacional, intersubjetivo- por lo que los beneficios no se limitan a un grupo específico de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas sino al conjunto de la sociedad.

La Ley parte de las capacidades y potencialidades de los individuos, con el fin de garantizar la posibilidad de desarrollo de las capacidades individuales, siempre desde el respeto a la dignidad humana. Consciente de que las personas con limitaciones auditivas y las sordociegas -en las que se combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva)- tienen diferentes necesidades, lo que implica que algunas personas opten por la comunicación a través de la lengua de signos, mientras que otras prefieran la utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, la Ley reconoce el derecho de opción, y deja en definitiva la elección en manos de los principales interesados: las personas con discapacidad auditiva y sordociegas, o sus padres o tutores cuando se trate de menores.

VIII

La Ley se estructura en un título preliminar, un título primero con dos capítulos; un título segundo con dos capítulos; siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

La Ley, en su Título preliminar, determina el reconocimiento y regulación de la lengua de signos española, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, y de los medios de apoyo a la comunicación oral, el derecho al aprendizaje, conocimiento y uso tanto de las lenguas de signos españolas como de los medios de apoyo a la comunicación oral permitiendo la libre elección de los recursos que posibiliten su comunicación con el entorno. A su vez regula los efectos que surtirá la aplicación de la Ley.

Por otra parte, enuncia los distintos conceptos que surgen a lo largo de la presente normativa, deteniéndose en cada uno de ellos, cuya explicación resulta imprescindible para garantizar una adecuada interpretación de la Ley; asimismo, se establecen los principios en los que ésta se inspira. Por último, contiene las áreas en las que la Ley es de aplicación, de conformidad con el principio de transversalidad.

El Título primero está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, en concreto en el capítulo I regula su aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de las lenguas de signos españolas a través de intérpretes de lenguas, en las diferentes áreas públicas y privadas.

Finalmente se dispone la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

El Título segundo está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, en concreto en el capítulo I regula dicho aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral en las diferentes áreas públicas y privadas.

Por último, se dispone la creación del Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción.

La Ley en su Disposición adicional primera, crea una Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad y establece el plazo de un año para su constitución.

La disposición adicional segunda establece las garantías de dotación estructural.

La disposición adicional tercera contempla las garantías jurídicas en relación con el arbitraje y la tutela judicial.

La disposición adicional cuarta determina el régimen transitorio de la situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas.

La disposición adicional quinta encomienda al Gobierno la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño.

La disposición adicional sexta está dedicada a la atención especial que requieren las personas con sordoceguera.

La disposición adicional séptima hace referencia a la financiación de las ayudas técnicas a la audición.

La disposición derogatoria, revoca cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley.

La disposición final primera contempla el carácter básico de la Ley.

La disposición final segunda establece la supletoriedad de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

La disposición final tercera considera la financiación de la Ley.

La disposición final cuarta otorga facultades de ejecución y desarrollo de la Ley.

La disposición final quinta determina la aplicación gradual de la Ley.

La disposición final sexta regula la entrada en vigor de la Ley.

[Bloque 2: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

[Bloque 3: #a1]

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Asimismo la presente Ley tiene por objeto reconocer la lengua de signos catalana, como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en Cataluña, que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio de la ulterior regulación legislativa y reglamentaria que pueda corresponder a la Generalitat de Cataluña, en desarrollo de sus competencias.

Todas las alusiones que esta Ley hace a la lengua de signos española se entenderán hechas a las demás lenguas de signos españolas, para su ámbito territorial propio, sin perjuicio de lo que establezca la normativa propia de las respectivas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

También es objeto de esta Ley la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral destinados a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 5: #a3]

Artículo 3. Efectos de la Ley.

1. Las normas establecidas en la presente Ley surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose en todo caso la igualdad a que se refiere la disposición final primera.

2. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas puedan, libremente, hacer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todos las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, y de manera especial el libre desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el derecho a la educación y la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

3. Las medidas y garantías establecidas en el título II de esta Ley serán de plena aplicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de las lenguas de signos españolas cuando hagan uso de las lenguas orales.

[Bloque 6: #a4]

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Lengua de signos: Son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España.

b) Lengua oral: Son las lenguas o sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución Española y, para sus respectivos ámbitos territoriales, en los Estatutos de Autonomía, utilizada como lengua por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas oralistas en España.

c) Medios de apoyo a la comunicación oral: son aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.

d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son aquellas personas a quienes se les haya reconocido por tal motivo, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, que encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación o que, en el caso de haberlas superado, requieren medios y apoyos para su realización.

e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.

f) Usuario o usuaria de una lengua: Es aquella persona que utiliza una determinada lengua para comunicarse con el entorno. Aquellas personas que son usuarias de dos lenguas son consideradas como bilingües.

g) Usuario o usuaria de la lengua de signos: Es aquella persona que utiliza la lengua de signos para comunicarse.

h) Usuario o usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: aquella persona sorda, con discapacidad auditiva y sordociega que precisa de medios de apoyo a la comunicación oral para acceder a la información y a la comunicación en el entorno social.

i) Intérprete de lengua de signos: Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.

j) Guía-intérprete: Profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona sordociega, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de nexo con el entorno y facilitando su participación en igualdad de condiciones.

k) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y las lenguas de signos españolas.

l) Logopeda y Maestro/a Especialista en audición y lenguaje: Profesionales especializados en sistemas alternativos y/o sistemas aumentativos de apoyo a la comunicación oral, que estimulan y facilitan el desarrollo de la misma.

[Bloque 7: #a5]

Artículo 5. Principios generales.

Esta Ley se inspira en los siguientes principios:

a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas no se limitarán únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de dichas modalidades lingüísticas o medios de apoyo, sino que han de comprender las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas usuarias de las mismas.

b) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

c) Libertad de elección: Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y, en su caso, sus padres o representantes legales, en el supuesto de que sean menores de edad o estén incapacitadas podrán optar por la lengua oral y/o la lengua de signos española y/o las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas.

d) No discriminación: Ninguna persona podrá ser discriminada ni tratada desigualmente, directa o indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la lengua de signos española y/o de las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas y/o de medios de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea público o privado.

e) Normalización: Principio en virtud del cual las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona.

[Bloque 8: #a6]

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, lo dispuesto en esta Ley se aplicará en las siguientes áreas:

1. Bienes y servicios a disposición del público.

2. Transportes.

3. Relaciones con las Administraciones Públicas.

4. Participación política.

5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

[Bloque 11: #a7]

Artículo 7. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán de los recursos necesarios para facilitar en aquellos centros que se determine, de conformidad con lo establecido en la legislación educativa vigente, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego que, de acuerdo con lo especificado en el artículo 5.c) de esta Ley, haya optado por esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a los padres o representantes legales.

2. Las Administraciones educativas ofertarán, en los centros que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües, que serán de libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociega o sus padres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad o estar incapacitados.

3. Los planes de estudios podrán incluir, asimismo en los centros anteriormente citados, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas como asignatura optativa para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclusión social del alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego usuario de las lenguas de signos españolas y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística y cultural.

4. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de las lenguas de signos españolas y, en su caso, para el uso previsto en el capítulo II del título I de esta Ley, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y permanente.

5. Las Administraciones educativas establecerán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 15: #a10]

Artículo 10. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas por las personas usuarias de las lenguas de signos españolas en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario en situación de discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en lenguas de signos españolas.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas, en el caso de que así se solicite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, en aquellas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y de ocio que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 19: #a14]

Artículo 14. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos españolas.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, previa solicitud de los interesados.

6. Los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plenamente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 2.1 y 2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2011-13241.

[Bloque 23: #a16]

Artículo 16. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario para facilitar, conforme a la legislación educativa vigente, el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen, al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.c) de esta Ley, haya elegido esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a sus padres o representantes legales.

2. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de los medios de apoyo a la comunicación oral, cuando así se requiera, y, en su caso, para el uso previsto en el Capítulo II del Título II, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio considere oportunas y propiciará su formación inicial.

3. Las Administraciones educativas promoverán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 27: #a19]

Artículo 19. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, usuarias de la comunicación oral su utilización en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de los medios de apoyo a la comunicación oral por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de la comunicación oral en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario con discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al estudiante universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento, orientación y medios de apoyo a la comunicación oral.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones sanitarias promoverán los medios de apoyo a la comunicación oral de los usuarios que los necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la subtitulación y de otros recursos de apoyo a la comunicación oral.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones competentes promoverán el establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas que sean usuarias de los mismos, en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación y de ocio, que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 31: #a23]

Artículo 23. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que dichas campañas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas mediante la incorporación del subtitulado.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones a través de medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la utilización de medios de apoyo a la comunicación oral, previa solicitud de los interesados.

[Bloque 43: #dftercera]

Disposición final tercera. Financiación.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende a la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley con los presupuestos asignados para el cumplimiento de sus competencias en materia de discapacidad.

A este fin se establecerán mecanismos de cooperación con los Ministerios competentes por la materia y con las distintas Administraciones Públicas competentes, según proceda.

En particular, la Administración General del Estado coadyuvará a financiar el fomento, la investigación y la difusión del uso de la lengua de signos catalana.

[Bloque 47: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 23 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

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BOE-A-2022-10234 Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

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BOE-A-2022-10234 Ley 8/2022, de 9 de junio, sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

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2) Las lenguas regionales o minoritarias que los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde tradicionalmente se hablan sin otorgarles el estatus de lengua oficial en su territorio, como es el caso del el asturiano y el gallego-asturiano en Asturias; el catalán de Aragón y el aragonés en Aragón; el leonés y el gallego en Castilla y León, y el amazige (bereber) en Melilla.

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Olalla, Ariadna, Javi Martínez y Manu Pérez.

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Olalla, Ariadna, Javi Martínez y Manu Pérez.

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El Reglamento n., de 1958, que fijaba el régimen lingüístico que debía utilizarse en la Comunidad Económica Europea, ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión. Junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales[1] de esta. Las disposiciones del Reglamento y del artículo 24 del TFUE establecen que todo ciudadano de la Unión Europea tiene derecho a dirigirse por escrito a cualquier institución u organismo de la Unión en una de esas lenguas y recibir una respuesta en la misma lengua.

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito. Para la Unión, el multilingüismo es un elemento importante de la competitividad europea, por lo que uno de los objetivos de la política lingüística de la Unión es que todo ciudadano europeo domine, además de su lengua materna, otros dos idiomas.

Base jurídica

En una Unión Europea basada en el lema "Unida en la diversidad", las lenguas son la expresión más directa de nuestra cultura. La diversidad lingüística es una realidad cuyo respeto constituye un valor fundamental de la Unión Europea. En el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) se establece que la Unión "respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística". En el artículo 165, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) se hace hincapié en que "la acción de la Unión se encaminará a [...] desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a través del aprendizaje y de la difusión de las lenguas de los Estados miembros" en el pleno respeto de su diversidad cultural y lingüística (artículo 165, apartado 1, del TFUE).

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000 y jurídicamente vinculante en virtud del Tratado de Lisboa, prohíbe la discriminación por razón de lengua (artículo 21) e impone a la Unión la obligación de respetar la diversidad lingüística (artículo 22).

El primer Reglamento, de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea[1], ha ido modificándose a raíz de las sucesivas adhesiones a la Unión Europea y, junto con el artículo 55, apartado 1, del TUE, establece cuáles son las lenguas oficiales de esta[2]. Estas disposiciones establecen que todo ciudadano de la Unión Europea podrá dirigirse por escrito a cualquiera de las instituciones u organismos de la UE en una de esas lenguas y recibir una contestación en la misma lengua, de conformidad con el artículo 24 del TFUE.

Objetivos

La política lingüística de la Unión se basa en el respeto de la diversidad lingüística de todos los Estados miembros y en la creación de un diálogo intercultural en toda la Unión. Para hacer del respeto mutuo una realidad, la Unión promueve la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como la movilidad de todos los ciudadanos, a través de programas específicos de educación y formación profesional. Se considera que el conocimiento de lenguas extranjeras es una de las capacidades básicas que ha de poseer todo ciudadano de la Unión para aumentar sus oportunidades de formación y de empleo. En su contribución a la Cumbre sobre los derechos sociales celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo, la Comisión expuso la idea de un "Espacio Europeo de Educación" en el que, para 2025, "hablar dos idiomas, además de su lengua materna, sea lo normal" (COM(2017)0673). La Unión colabora asimismo con los Estados miembros en la protección de las minorías sobre la base de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa.

Resultados

A. Evolución de la política lingüística y apoyo a la investigación en materia de lenguas

1. Apoyo al aprendizaje de idiomas

El Consejo adoptó, el 22 de mayo de 2019, una Recomendación relativa a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (COM(2018)0272). En esta Recomendación, el Consejo pide a los Estados miembros que sigan apoyando el aprendizaje de idiomas durante la escolarización obligatoria, que permitan que más profesores de idiomas puedan formarse en el extranjero y que promuevan innovaciones pedagógicas utilizando herramientas como School Education Gateway y eTwinning.

2. Comparación de datos sobre competencia lingüística

La Comisión presentó en 2005 una Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al indicador europeo de competencia lingüística ( COM(2005)0356), un instrumento para medir los conocimientos generales de idiomas en cada Estado miembro. La Unión Europea también promueve la utilización del Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (MCERL) del Consejo de Europa. Esta herramienta se diseñó para proporcionar una base transparente, coherente y completa para la elaboración de programas de lenguas y orientaciones curriculares, el diseño de manuales y materiales de enseñanza y la evaluación de los conocimientos de idiomas extranjeros[3]. Actualmente su utilización está muy extendida en Europa y en otros continentes.

3. Centro Europeo de Lenguas Modernas y Mercator

La UE colabora estrechamente con dos centros de investigación sobre lenguas, el Centro Europeo de Lenguas Modernas y el Centro Europeo de Investigación sobre el Multilingüismo y el Aprendizaje de Lenguas (Mercator). El Centro Europeo de Lenguas Modernas promueve la excelencia y la innovación en la enseñanza de lenguas y ayuda a los europeos a aprender lenguas de forma más eficaz. Su objetivo principal es ayudar a los Estados miembros a aplicar eficazmente las políticas de aprendizaje de lenguas centrándose en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, fomentando el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y prestando apoyo a redes y proyectos de investigación relacionados con sus programas La Unión Europea cofinancia proyectos del Centro Europeo de Lenguas Modernas para promover la integración lingüística de los niños de origen migrante y establecer criterios de calidad y comparabilidad para las pruebas lingüísticas y su evaluación. Mercator se centra principalmente en las lenguas regionales y minoritarias de Europa y trabaja en favor de la adquisición y el inventario, la investigación y el estudio, la divulgación y la aplicación del conocimiento en el ámbito del aprendizaje de lenguas en la escuela, en casa y a través de la participación cultural[4].

4. Máster Europeo en Traducción

El Máster Europeo en Traducción (EMT) es un distintivo de calidad que se concede a los programas universitarios de traducción que cumplen determinadas normas profesionales y exigencias del mercado, y tiene como principales objetivos la mejora cualitativa de la formación de los traductores y promover la incorporación de personas muy cualificadas al ejercicio profesional de la traducción en la Unión. El EMT busca también mejorar la condición de la profesión de traductor en la Unión Europea.

B. Programas de acción

1. Programa Erasmus+

Erasmus+ es el programa de educación, formación, juventud y deporte de la Unión para el período 2014-2020. La promoción del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística es uno de los objetivos específicos del programa. En la Guía del programa Erasmus+ para 2020, se afirma que "las oportunidades creadas para ofrecer apoyo lingüístico están orientadas a aumentar la eficiencia y la efectividad de la movilidad, a mejorar el funcionamiento del aprendizaje y, por lo tanto, a contribuir al objetivo específico del programa" (p. 9). El Apoyo lingüístico en línea Erasmus + se ofrece a los participantes en actividades de movilidad para ayudarles a aprender la lengua del país de acogida. Erasmus+ favorece la cooperación con vistas a la innovación y el intercambio de buenas prácticas a través de asociaciones en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas. El programa Erasmus+ financia asimismo múltiples proyectos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas de signos y fomentar la protección de las lenguas minoritarias y la sensibilización respecto a la diversidad lingüística.

2. Programa Europa Creativa

Como parte del Programa Europa Creativa, se apoya la traducción de libros y manuscritos a través del subprograma Cultura.

3. Día Europeo de las Lenguas

Ante el enorme éxito del Año Europeo de las Lenguas en 2001, la Unión y el Consejo de Europa decidieron celebrar todos los años, el 26 de septiembre, el Día Europeo de las Lenguas, con actividades de todo tipo dirigidas a fomentar el aprendizaje de idiomas en toda la Unión. El fin de esta iniciativa es concienciar a los ciudadanos acerca de la multitud de lenguas habladas en Europa y animarlos a aprender idiomas.

4. Sello Europeo de las Lenguas

El Sello Europeo de las Lenguas es un galardón de la Comisión concebido para impulsar nuevas iniciativas en materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, premiar métodos novedosos de enseñanza de idiomas y sensibilizar sobre las lenguas regionales y minoritarias. El premio recompensa proyectos de aprendizaje de idiomas especialmente innovadores, a personas que han avanzado notablemente en el aprendizaje de una lengua extranjera y a los mejores profesores de idiomas.

5. Juvenes Translatores

La Comisión concede todos los años el premio " Juvenes Translatores " a la mejor traducción de un alumno de diecisiete años en cada uno de los Estados miembros. Los alumnos pueden elegir como lengua de origen y de destino cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea.

Papel del Parlamento Europeo

A. Diversidad lingüística

En primer lugar, cabe señalar que el Parlamento Europeo ha adoptado una política lingüística de multilingüismo pleno en su propia estrategia de comunicación, por lo que todas las lenguas de la Unión tienen la misma importancia. Todos los documentos parlamentarios se traducen a todas las lenguas oficiales y todos los diputados al Parlamento Europeo tienen derecho a hablar en la lengua que elijan. Asimismo, las visitas a la Casa de la Historia Europea y al Parlamentarium (Centro de Visitantes del Parlamento Europeo) se ofrecen en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

Además, desde 2007, el Parlamento Europeo concede cada año el premio LUX, que incluye el subtitulado de las tres películas finalistas, también en las veinticuatro lenguas oficiales de la Unión Europea.

En su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido[5], el Parlamento se reafirmó en su apoyo a las políticas de la Unión en materia de multilingüismo y pidió a la Comisión que formulara medidas de fomento de la diversidad lingüística.

El 11 de septiembre de 2018 el Parlamento aprobó una Resolución sobre la igualdad lingüística en la era digital[6], basada en un estudio elaborado a petición del Grupo de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) del Parlamento. En la Resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que evaluara los medios más adecuados para garantizar la igualdad lingüística en la era digital y que desarrollase una estrategia sólida y coordinada para un mercado único digital multilingüe.

El 28 de marzo de 2019 el Parlamento aprobó una Resolución legislativa sobre la propuesta relativa al programa que sucederá a Erasmus+ en el período 2021-2027[7]. Esta propuesta tiene por objeto mejorar el aprendizaje de idiomas, en particular haciendo un mayor uso de las herramientas en línea. En el marco de su acción clave 1, el programa apoyará "las oportunidades de aprendizaje de idiomas, incluidas las que respaldan actividades de movilidad".

En la Resolución aprobada en la misma fecha sobre la propuesta relativa al programa Europa Creativa (2021 a 2027), el artículo 3 bis sobre los objetivos del programa establece que deben tenerse en cuenta "las especificidades de los distintos países, incluidos los países o regiones con una situación geográfica o lingüística particular"[8]. También se añadió una disposición específica sobre el apoyo al subtitulado, al doblaje y a la audiodescripción de contenidos audiovisuales europeos, con el fin de apoyar las ventas y la circulación internacionales de obras europeas no nacionales en todas las plataformas.

B. Apoyo a las lenguas minoritarias

En 2013, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea[9], en la que pedía a los Estados miembros que prestaran mayor atención a las lenguas europeas amenazadas de desaparición y se comprometieran con la protección y el fomento de la diversidad del patrimonio lingüístico y cultural de la Unión.

El Parlamento aprobó el 23 de noviembre de 2016 una Resolución sobre las lenguas de signos y los intérpretes profesionales de lengua de signos[10]. El objetivo era destacar que los ciudadanos sordos, sordociegos e hipoacúsicos deben tener acceso a la misma información y comunicación que el resto a través de la interpretación en lengua de signos, los subtítulos, el reconocimiento vocal o formas de comunicación alternativas, incluida la interpretación de lenguas orales.

El 7 de febrero de 2018, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión[11]. En ella se anima a los Estados miembros a garantizar la defensa del derecho a utilizar una lengua minoritaria y a proteger la diversidad lingüística dentro de la Unión. La Resolución aboga por el respeto de los derechos lingüísticos en las comunidades en las que exista más de una lengua oficial y pide a la Comisión que refuerce la promoción de la enseñanza y el uso de las lenguas regionales y minoritarias.
Pierre Hériard

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La política lingüística | Fichas temáticas sobre la Unión Europea | Parlamento Europeo

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Como parte de su labor de promoción de la movilidad y el entendimiento intercultural, la Unión Europea considera prioritario el aprendizaje de lenguas y financia numerosos programas y proyectos en este ámbito.

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Este artículo informa sobre el decreto 499 de 2019 de la Junta de Andalucía.

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Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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1. Disposiciones generales Consejería de Educación y Deporte Decreto 499/2019, de 26 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

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Olalla, Ariadna, Manu Pérez y Javier Martínez 

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Olalla, Ariadna, Manu Pérez y Javier Martínez 

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A la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7 mil lenguas, además de aproximadamente 3 mil lenguas de señas mediante las que se comunican las comunidades de sordos. ¡Es decir que existen hasta 10 mil lenguas en el mundo!

Un conteo general ha podido arrojar que un 32% son lenguas asiáticas, al igual que las lenguas africanas, en el continente americano un 15% y en el Pacífico Sur alrededor de 18%. En el continente europeo se cuentan 3% de las lenguas del mundo.

Por otro lado, los registros indican que ocho son los países que reúnen más diversidad: Brasil con 234 lenguas, Australia con 268, Camerún con 286, India con 400, Nigeria con 515, Indonesia con 731 y Papúa Nueva Guinea con 832 lenguas. Aun cuando la cantidad de lenguas que existen en el mundo puede parecer numerosa, se estima que cada dos semanas desaparece una de ellas.

Esto es consecuencia de muchos factores: la dispersión de comunidades lingüísticas por la migración o desplazamientos económicos y políticos, la expansión colonial o la movilidad profesional.

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Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarse, transmitir sus conocimientos y su historia, arrullar a los recién nacidos y despedir a los muertos. Han desarrollado lenguas o idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y usan esas palabras, así como lo que tales palabras significan a las personas.

A la existencia de distintas lenguas se le denomina diversidad lingüística. Se ha calculado que en el mundo se hablan cerca de 7 mil lenguas, además de aproximadamente 3 mil lenguas de señas mediante las que se comunican las comunidades de sordos. ¡Es decir que existen hasta 10 mil lenguas en el mundo!

Pero la diversidad lingüística no solo es cuestión de números, es ante todo la expresión de las múltiples historias de vida de los pueblos, de los conocimientos heredados y perfeccionados de generación en generación, de los recuerdos y enseñanzas de la familia y la comunidad.

Las lenguas mantienen viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan; y en su conjunto, la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad.

Un conteo general ha podido arrojar que un 32% son lenguas asiáticas, al igual que las lenguas africanas, en el continente americano un 15% y en el Pacífico Sur alrededor de 18%. En el continente europeo se cuentan 3% de las lenguas del mundo.

Por otro lado, los registros indican que ocho son los países que reúnen más diversidad: Brasil con 234 lenguas, Australia con 268, Camerún con 286, India con 400, Nigeria con 515, Indonesia con 731 y Papúa Nueva Guinea con 832 lenguas. Aun cuando la cantidad de lenguas que existen en el mundo puede parecer numerosa, se estima que cada dos semanas desaparece una de ellas.

Esto es consecuencia de muchos factores: la dispersión de comunidades lingüísticas por la migración o desplazamientos económicos y políticos, la expansión colonial o la movilidad profesional.

Sin embargo existen iniciativas que tienen el objetivo de fortalecer y revitalizar las lenguas que están en peligro por causas tanto externas como la mundialización, las presiones políticas o las ventajas económicas; como la actitud negativa de una comunidad hacia su lengua. Por otra parte se suma lo mencionado en el Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural:

"El prestigio de la lengua dominante y su predominio en la vida pública pueden llevar a una comunidad a desvalorizar su propia lengua. Por consiguiente, la revitalización de las lenguas depende, ante todo, de la reafirmación por una comunidad de su identidad cultural. De hecho, las nuevas TIC pueden tener un efecto positivo, muy especialmente cuando los medios de comunicación e información participan en el esfuerzo general. La preservación de las lenguas menos difundidas interesa por igual a las comunidades mayoritarias y las minoritarias. Aunque las medidas para proteger las lenguas minoritarias están implícitas en muchos instrumentos existentes, la cuestión de los derechos lingüísticos sigue objeto de controversias".

A nivel internacional, así como en México, se ha insistido en la importancia del plurilingüismo como una realidad que es palpable, pero que además debe ser animada desde distintos bastiones. En el contexto mexicano se cuenta con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, instrumento que fundamenta acciones para la salvaguarda de las lenguas, sin embargo es necesario diseñar planes de implementación que logren los objetivos de dicha ley y la población pueda ejercer plenamente sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos.
Referencias * Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural
Informe que pone de relieve una serie de recomendaciones para explorar la renovación de las estrategias de desarrollo a favor de la erradicación de la pobreza, la acción medioambiental y una gobernanza sostenible.

* Diversidad cultural y lingüística Micrositio con información y enlaces sobre diversos temas relacionados así como información con estándares internacionales.

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Día Internacional de la Lengua Materna 2019

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Los pueblos del mundo han desarrollado distintas formas para comunicarse, transmitir sus conocimientos y su historia, arrullar a los recién nacidos y despedir a los muertos. Han desarrollado lenguas o idiomas que son diferentes según los sonidos, las palabras, la forma en que se organizan y usan esas palabras, así como lo que tales palabras significan a las personas.

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Olalla, Ariadna, Javi Martínez, Manu Pérez

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Olalla, Ariadna, Javi Martínez, Manu Pérez

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Además del castellano, que habla el 98,9% de la población española, existen 3 idiomas cooficiales (catalán, euskera y gallego), además de otros idiomas regionales con muy pocos hablantes; por ejemplo, el aragonés, que se habla en el noreste, que se estima que tiene entre 10.000 y 30.000 hablantes.

Otro ejemplo es el leonés, hablado en el noroeste, que tiene 20.000 a 50.000 hablantes. Estos idiomas regionales están en peligro de extinción, ya que muchas veces no son reconocidos oficialmente y no reciben apoyo político ni financiero.

Además de la lengua oficial y las lenguas cooficiales, en España existen una gran variedad de dialectos. Al referirnos a los dialectos hablados en España, nos referimos al aragonés, leonés, bable, andaluz, canario, extremeño, murciano y balear.

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Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión según su lengua de elección en Internet y en el dominio público, tal y como se consagra en los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Recomendación de la UNESCO sobre la Promoción y el Uso del Plurilingüismo y el Acceso al Ciberespacio (2003), donde tambien se subraya este derecho

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La información y el conocimiento son determinantes para la creación de la riqueza, la transformación social y el desarrollo humano.

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Lenguas, mutilingüismo, régimen lingüístico | Unión Europea

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Descubre las 24 lenguas oficiales de la UE, el multilingüismo y las normas acerca del uso de las lenguas por parte de las instituciones de la UE.

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En este artículo se informa sobre las leyes recientes de los derechos lingüísticos a nivel mundial

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CNLSE (Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española)

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La Constitución española de 1978 proclama, en el artículo 3.1, que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Además, determina en el punto 3.2 que las otras lenguas españolas deben ser también oficiales en las comunidades autónomas respectivas, de acuerdo con sus estatutos. Y en el punto 3.3 establece que la riqueza de las diferentes modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que debe ser objeto de especial respeto y protección.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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El artículo 3 de la Constitución Española declara que el castellano es la lengua española oficial del Estado y establece que las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Al amparo de dicha norma constitucional, seis Estatutos de Autonomía han declarado la oficialidad de las respectivas lenguas propias en los territorios de las Comunidades Autónomas que les corresponden.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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BOE-A-2005-10623 Ley 12/2005, de 22 de junio, por la que se modifica el artículo 23 de la Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

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Diversidad lingüística del país:

Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Fuente: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-18476#:~:text=Ayuda-,Ley%2027%2F2007%2C%20de%2023%20de%20octubre%2C%20por%20la,con%20discapacidad%20auditiva%20y%20sordociegas.

1.3. Uso de las Lenguas oficiales en las reuniones del Consejo de la Unión Europea

Desde el inicio del año 2005 las Comunidades Autónomas participan en determinadas formaciones del Consejo de la Unión Europea, en aplicación de los Acuerdos adoptados por la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), de 9 de diciembre de 2004.

Fuente: https://mpt.gob.es/dam/es/portal/politica-territorial/autonomica/Lenguas-cooficiales/Consejo-de-Lenguas-Cooficiales/Informes/RECOPILACION_NORMATIVA_LENGUAS.pdf.pdf

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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Texto consolidado: "Última actualización, publicada el 02/08/2011"

[Bloque 1: #preambulo]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presenten vieren y entedieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas viven en una sociedad formada mayoritariamente por personas oyentes por lo que, para su integración, deben superar las barreras existentes en la comunicación que son en apariencia, invisibles a los ojos de las personas sin discapacidad auditiva. La presente Ley intenta subsanar esta situación y propiciar su acceso a la información y a la comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y las necesidades específicas de cada grupo.

Igualmente, en la Ley rige el principio de libertad de elección en la forma de comunicación por parte de las personas sordas cualquiera que sea su discapacidad auditiva y sordociegas, por lo que se reconoce y regula de manera diferenciada el conocimiento, aprendizaje y uso de la lengua de signos española, así como de los medios de apoyo a la comunicación oral.

No cabe duda de que el lenguaje es el principal instrumento de comunicación. El conocimiento y uso de una lengua favorecen y posibilitan el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información, además de ser el canal básico de vertebración de las relaciones individuales y sociales. De este modo, la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad.

Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas no siempre pueden acceder a la información y a la comunicación con el entorno, bien porque no disponen de intérprete de lengua de signos, caso de las personas sordas y sordociegas que sean usuarias de lengua de signos, bien porque no disponen de los recursos de apoyo necesarios para hacer posible la comunicación a través de la lengua oral. Efectivamente, en la mayoría de las áreas en las que debe aplicarse esta Ley no se dispone, en muchas ocasiones, de adaptaciones visuales y acústicas que permitan la mejora en la audición y recepción de la información auditiva, o de los medios de apoyo necesarios para la comunicación oral, o de servicio de intérpretes de lengua de signos.

Especial dificultad reviste la sordoceguera, que es una discapacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva), que genera, en las personas que la padecen, problemas de comunicación únicos y necesidades especiales derivadas de la dificultad para percibir de manera global, conocer y, por tanto, interesarse y desenvolverse en su entorno. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos y/o visuales.

La exigencia de publicidad como rasgo inherente del Estado de Derecho, a través de la cual las normas tienen que ser accesibles a toda la ciudadanía; la constatación de que no puede hablarse de una participación real y efectiva de la ciudadanía en el ámbito de un sistema democrático sin el acceso a la información y a la comunicación y sin la expresión de sus ideas y voluntades a través de una lengua; la toma de conciencia de que sólo es posible lograr una integración social y cultural de carácter universal, desde la que la participación ciudadana se proyecte en cualquier ámbito social y cultural -exigencia de un Estado social- a través del acceso al conocimiento y uso de la lengua son cuestiones que, junto a la importancia que en las sociedades contemporáneas ha adquirido la transmisión de información a través de medios escritos y audiovisuales, obligan a considerar el uso y conocimiento de una lengua como un derecho vinculado al libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, al logro de una vida humana digna.

En todo caso, el colectivo de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas es muy diverso y no se ajusta a un único patrón comunicativo por el hecho de no oír, o de no oír ni ver en el caso de la sordoceguera, que combina ambas deficiencias. Por tanto, el uso de la lengua oral o de las lenguas de signos españolas y el apoyo a los medios de comunicación oral en su comunicación con el entorno, en su aprendizaje, en el acceso a la información y a la cultura, ha de responder a una opción libre e individual que, en el caso de tratarse de menores, corresponderá a sus padres o tutores.

II

Los antecedentes históricos sobre las lenguas de signos en España se inician, desde el punto de vista educativo, en el siglo XVI, cuando los monjes emprendieron la labor de educar a niños sordos. El monje benedictino don Pedro Ponce de León enseñó a comunicarse a los niños sordos que estaban a su cargo, hecho que permitió la reevaluación de las creencias profesadas durante mucho tiempo respecto de las personas sordas, contribuyendo a un cambio gradual de la mentalidad que se tenía sobre las mismas y su lugar en la sociedad. Los monasterios en esa época estaban obligados a guardar silencio y se comunicaban utilizando signos manuales; así, por ejemplo, los benedictinos tenían a su disposición "signos para las cosas de mayor importancia, con los cuales se hacían comprender". Pedro Ponce de León debió comprender, que era posible expresar la razón sin habla, pues él mismo lo hacía cada vez que manifestaba sus pensamientos por medio de signos monásticos y empleó con los niños sordos un sistema gestual de comunicación.

En el siglo XVII la metodología cambia, y así don Manuel Ramírez de Carrión utilizó la pedagogía de su época para instruir a los niños sordos preparándoles para que se integraran en la sociedad.

En la segunda mitad del siglo XVIII, don Lorenzo Hervás y Panduro publica su tratado: "Escuela española de sordomudos o arte para enseñarles a escribir y hablar el idioma español", que supone un hito fundamental en el esfuerzo pedagógico para la integración de las personas sordas.

La escuela española alcanzará a producir aún obras de tanta trascendencia para la lengua natural de las personas sordas, como el diccionario de mímica y dactilología de Francisco Fernández Villabrille, que incluía 1.500 signos de la lengua de signos española descritos para su realización. Sin duda, se trata del paso más importante hacia la estandarización de la lengua de signos española dado hasta entonces, y una demostración del carácter no sólo natural, sino histórico, de la lengua de signos española.

En el siglo XIX, con el establecimiento en España de los primeros colegios de sordomudos y ciegos, se posibilita la institucionalización de la educación de las personas sordas, ciegas y sordociegas, con la consecuencia de la interacción lingüística y social entre ellas, así como del inicio del desarrollo sistematizado de las protolenguas de signos española y catalana.

El último cuarto del siglo XX supuso la reivindicación de las lenguas de signos española y catalana como los instrumentos de comunicación propios de las personas sordas que optan libremente por alguna de ellas. Numerosos encuentros nacionales e internacionales han debatido sobre la necesidad de su reconocimiento y uso para garantizar el acceso pleno a la educación, los servicios, la vida económica y cultural, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información, así como su necesidad para el correcto desarrollo personal y la participación social de las personas sordas que han optado por esta modalidad de comunicación.

La relevancia del uso y conocimiento de la lengua constituye en la actualidad una realidad incuestionable. No obstante, y a pesar de ello, esa construcción sobre la importancia y relevancia de la lengua, se ha configurado de espaldas a otras situaciones. En efecto, el reconocimiento sobre el valor de la lengua debe responder a las necesidades de las personas con discapacidad auditiva.

Las lenguas de signos españolas, siendo las lenguas propias de las personas sordas y sordociegas que han optado por esta modalidad lingüística, no han tenido el reconocimiento, ni el desarrollo que les corresponde, y ello a pesar de que numerosas investigaciones llevadas a cabo en el ámbito nacional e internacional han puesto de manifiesto que las lenguas de signos cumplen todos los requisitos de una lengua natural y poseen unas características gramaticales, sintácticas y léxicas propias. Recientemente esta situación se ha subsanado y prueba de ello es la aprobación de numerosas normas, entre las que cabe destacar varios Estatutos de Autonomía, que reconocen la importancia de las lenguas de signos.

III

En España, frente a otros países que carecen de esta riqueza, la realidad de la lengua de signos adquiere una nueva dimensión, ya que la existencia de la lengua de signos catalana pone claramente de manifiesto cómo a través de este vehículo de comunicación se puede colaborar a la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

La lengua de signos catalana, que es la lengua propia de las personas sordas de Cataluña que han optado por esta modalidad de comunicación, y la que usan, por tanto, en sus comunicaciones de la vida diaria, se ha desarrollado en Cataluña de una forma similar a como lo ha hecho la lengua de signos española en el resto de España, de tal forma que se ha ido consolidando una estructura lingüística comunicativa íntimamente relacionada con el entorno geográfico, histórico y cultural. El Parlamento de Catalunya aprobó el día 30 de junio de 1994 la "Proposición no de Ley sobre la promoción y la difusión del conocimiento del lenguaje de signos", y algunas Universidades catalanas ofrecen un programa de posgrado de "experto en interpretación de lengua de signos catalana", cuya dimensión profesional está garantizada a efectos laborales. En el año 2005 aparece la primera "Gramática básica de lengua de signos catalana" y existe, además, una amplia bibliografía científica de gran valor lingüístico sobre la misma. Finalmente, en el año 2006, el Estatuto de Autonomía de Cataluña realizó un reconocimiento de la lengua de signos catalana.

IV

La utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, a través de los medios de apoyo a la comunicación oral, como la labiolectura, las prótesis auditivas, el subtitulado y cualquier otro avance tecnológico, supone un derecho fundamental y básico de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que han optado libremente por este medio de comunicación.

El siglo XX ha sido el momento de los avances más vertiginosos en alianza con la medicina, la audiología, la ciencia, la tecnología, la pedagogía y la lectura labial en relación con la audición. Así, las aportaciones de estas disciplinas han hecho realidad expectativas impensables para la educación y el acceso a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva, así como a su integración y participación más activa con su entorno.

Los avances tecnológicos permiten que una persona sorda o con discapacidad auditiva y sordociega, estimulada a través de sus prótesis auditivas y con recursos y medios de apoyo a la comunicación oral, pueda acceder a la lengua oral que es la de su entorno cultural, laboral y social. Hay que tener en cuenta que las pérdidas auditivas pueden ser congénitas, aparecer a edades tempranas y también adquirirse a lo largo de la vida adulta, por lo que hay que prever todos los recursos necesarios para favorecer su máximo desarrollo personal, laboral, cultural e incluso el académico, atendiendo a los principios de autonomía, normalización, integración social y educativa y participación en la vida en comunidad y contando con los profesionales adecuados y debidamente cualificados que puedan atender todas sus necesidades.

V

Durante mucho tiempo, la sociedad ha tomado como referencia un modelo universal de ser humano a la hora de proyectar la idea de dignidad. Y a partir de ahí, y no sin un esfuerzo considerable, ha tratado de reconocer y valorar las diferencias mediante el uso del principio de diferenciación positiva. Este tipo de normas, maneja una idea de igualdad que parte, precisamente, del reconocimiento de la diferencia y que tiene como finalidad minimizar al máximo los efectos que la misma produce para el disfrute de los derechos y para el desarrollo de una vida humana digna.

El tratamiento de la discapacidad no ha permanecido al margen de esta tendencia. En los últimos años, tanto en el ámbito internacional como en el nacional, han aparecido una serie de normas que, entendiendo que la situación de discapacidad es una situación relevante, tienen como finalidad el reconocimiento de derechos específicos.

Junto a ello, y directamente relacionado con la situación de las personas con discapacidad, se ha pretendido justificar ese tipo de medidas a través de otros razonamientos. En efecto, desde la década de los años setenta del siglo XX, se ha comenzado a vivir un cambio en el modo de entender la discapacidad, que ha culminado en una nueva manera de afrontar esta cuestión.

Estos cambios han tenido repercusiones en el ámbito del Derecho internacional, donde el derecho a la igualdad de oportunidades es reconocido en varios documentos, entre los que se destaca las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, en el que la accesibilidad en la comunicación se encuentra recogida en varias disposiciones. Así, la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 48/96, de 20 de diciembre de 1993, en concreto en su artículo 5°, apartado 7, considera "la utilización de la lengua de signos en la educación de los niños sordos, así como en sus familias y comunidades. De igual modo, deben prestarse servicios de interpretación de la lengua de signos para facilitar la comunicación entre las personas sordas y las demás personas". Al mismo tiempo, en el apartado 6, se establece la obligación de los Estados de utilizar "tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con discapacidad auditiva".

También la Unión Europea a través de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Consejo de Europa mediante el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconocen el derecho de todas las personas a la igualdad ante la Ley y a la protección contra la discriminación. La Unión Europea reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y su participación en la vida en comunidad. Por su parte, la Agencia Europea para las necesidades educativas especiales, en su Documento de 2003 sobre los principios fundamentales de la educación de necesidades especiales, recomienda a los Estados un marco legislativo y político que apoye la integración con dotación de medios que amplíen los desarrollos y los procesos que trabajan hacia la inclusión.

Por otra parte, el Comité de Ministros del Consejo de Europa elaboró una Recomendación sobre la Protección de la lengua de signos en los Estados miembros del Consejo de Europa (Doc. 9738 de 17 de marzo de 2003), reconociendo la lengua de signos como un medio de comunicación natural y completo con capacidad de promover la integración de las personas con limitaciones auditivas en la sociedad y para facilitar su acceso a la educación, el empleo y la justicia. En la misma línea, la Recomendación 1492 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2001 sobre los derechos de las minorías nacionales ha recomendado a los Estados Miembros que reconozcan oficialmente la lengua de signos. Igualmente, en el mismo sentido, la Declaración del Parlamento Europeo 1/2004 sobre los derechos de las personas sordociegas indica que "las personas sordociegas deberían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos de la Unión Europea y que estos derechos deberían garantizarse mediante una legislación adecuada en cada Estado miembro".

VI

En España, la Ley 51/2003, de 3 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, se ha sumado a esta nueva tendencia. Esta Ley, en desarrollo de los preceptos de la Constitución Española tiende, entre otras cuestiones, a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitando su participación en la vida política, cultural y social (artículo 9.2 de la Constitución española), cumpliendo asimismo con la obligación de los poderes públicos de prestar a las personas con discapacidad la atención especializada que requieran para el disfrute de los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos (artículo 49 de la Constitución Española).

El cumplimiento de los principios que inspiran la Ley 51/2003, exige la adopción de un conjunto de medidas que normalicen a la sociedad, en el sentido de abrirla en el mayor grado posible a toda la ciudadanía y, cómo no, a las personas con discapacidad, y que tengan como principal finalidad situar a éstas en una igualdad de condiciones, de oportunidades y de posibilidades para el desarrollo de los derechos fundamentales y de una vida digna (artículos 10.1 y 14 de la Constitución española). En este sentido, la citada Ley contempla expresamente la regulación de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Así, desde la importancia que tiene la lengua como instrumento de información y de conocimiento, y desde el marco normativo constitucional y legal español, constituye una obligación de los poderes públicos tanto el desarrollo de medios que faciliten el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, cuanto la configuración de una normativa básica sobre el aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas.

VII

La presente Ley viene a dar respuesta a ambas exigencias, desde el convencimiento de que tanto la normalización de la sociedad en relación con la cuestión de la discapacidad cuanto la integración de las personas con discapacidad en todo ámbito social, exige la promoción de su posibilidad de comunicarse a través de la lengua, sea oral y/o de signos. Posibilidad que no puede quedarse sólo en el establecimiento de un conjunto de medidas dirigidas directamente a las personas con discapacidad, sino que debe proyectarse también en el resto de la ciudadanía, garantizando la comprensión y el uso de la lengua oral y/o de signos en todas aquellas instituciones y entidades en las que se desempeña un servicio público, en aras de conseguir así el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales. No debe olvidarse que la eliminación de barreras a la comunicación, hace desaparecer las dificultades de comunicación entre personas con y sin limitaciones auditivas -la comunicación implica un fenómeno relacional, intersubjetivo- por lo que los beneficios no se limitan a un grupo específico de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas sino al conjunto de la sociedad.

La Ley parte de las capacidades y potencialidades de los individuos, con el fin de garantizar la posibilidad de desarrollo de las capacidades individuales, siempre desde el respeto a la dignidad humana. Consciente de que las personas con limitaciones auditivas y las sordociegas -en las que se combinan dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva)- tienen diferentes necesidades, lo que implica que algunas personas opten por la comunicación a través de la lengua de signos, mientras que otras prefieran la utilización de recursos que potencian y posibilitan la comunicación vía oral, la Ley reconoce el derecho de opción, y deja en definitiva la elección en manos de los principales interesados: las personas con discapacidad auditiva y sordociegas, o sus padres o tutores cuando se trate de menores.

VIII

La Ley se estructura en un título preliminar, un título primero con dos capítulos; un título segundo con dos capítulos; siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.

La Ley, en su Título preliminar, determina el reconocimiento y regulación de la lengua de signos española, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, y de los medios de apoyo a la comunicación oral, el derecho al aprendizaje, conocimiento y uso tanto de las lenguas de signos españolas como de los medios de apoyo a la comunicación oral permitiendo la libre elección de los recursos que posibiliten su comunicación con el entorno. A su vez regula los efectos que surtirá la aplicación de la Ley.

Por otra parte, enuncia los distintos conceptos que surgen a lo largo de la presente normativa, deteniéndose en cada uno de ellos, cuya explicación resulta imprescindible para garantizar una adecuada interpretación de la Ley; asimismo, se establecen los principios en los que ésta se inspira. Por último, contiene las áreas en las que la Ley es de aplicación, de conformidad con el principio de transversalidad.

El Título primero está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de las lenguas de signos españolas, en concreto en el capítulo I regula su aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de las lenguas de signos españolas a través de intérpretes de lenguas, en las diferentes áreas públicas y privadas.

Finalmente se dispone la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española.

El Título segundo está dedicado al aprendizaje, conocimiento y uso de los medios de apoyo a la comunicación oral, en concreto en el capítulo I regula dicho aprendizaje en el sistema educativo, y en el capítulo II se contiene el uso de los medios de apoyo a la comunicación oral en las diferentes áreas públicas y privadas.

Por último, se dispone la creación del Centro Español del Subtitulado y Audiodescripción.

La Ley en su Disposición adicional primera, crea una Comisión de Seguimiento en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad y establece el plazo de un año para su constitución.

La disposición adicional segunda establece las garantías de dotación estructural.

La disposición adicional tercera contempla las garantías jurídicas en relación con el arbitraje y la tutela judicial.

La disposición adicional cuarta determina el régimen transitorio de la situación de los intérpretes y profesionales de las lenguas de signos españolas.

La disposición adicional quinta encomienda al Gobierno la elaboración de un estudio sobre los profesionales de las lenguas de signos y las titulaciones necesarias para su desempeño.

La disposición adicional sexta está dedicada a la atención especial que requieren las personas con sordoceguera.

La disposición adicional séptima hace referencia a la financiación de las ayudas técnicas a la audición.

La disposición derogatoria, revoca cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la Ley.

La disposición final primera contempla el carácter básico de la Ley.

La disposición final segunda establece la supletoriedad de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

La disposición final tercera considera la financiación de la Ley.

La disposición final cuarta otorga facultades de ejecución y desarrollo de la Ley.

La disposición final quinta determina la aplicación gradual de la Ley.

La disposición final sexta regula la entrada en vigor de la Ley.

[Bloque 2: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

[Bloque 3: #a1]

Artículo 1. Objeto de la ley.

La presente Ley tiene por objeto reconocer y regular la lengua de signos española como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en España que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio del reconocimiento de la lengua de signos catalana en su ámbito de uso lingüístico, así como la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral.

Asimismo la presente Ley tiene por objeto reconocer la lengua de signos catalana, como lengua de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en Cataluña, que libremente decidan utilizarla, sin perjuicio de la ulterior regulación legislativa y reglamentaria que pueda corresponder a la Generalitat de Cataluña, en desarrollo de sus competencias.

Todas las alusiones que esta Ley hace a la lengua de signos española se entenderán hechas a las demás lenguas de signos españolas, para su ámbito territorial propio, sin perjuicio de lo que establezca la normativa propia de las respectivas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

También es objeto de esta Ley la regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral destinados a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 5: #a3]

Artículo 3. Efectos de la Ley.

1. Las normas establecidas en la presente Ley surtirán efectos en todo el territorio español, sin perjuicio de la regulación que corresponda en el ámbito de las Comunidades Autónomas, garantizándose en todo caso la igualdad a que se refiere la disposición final primera.

2. En la presente Ley se establecen las medidas y garantías necesarias para que las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas puedan, libremente, hacer uso de las lenguas de signos españolas y/o de los medios de apoyo a la comunicación oral en todos las áreas públicas y privadas, con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos y libertades constitucionales, y de manera especial el libre desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, el derecho a la educación y la plena participación en la vida política, económica, social y cultural.

3. Las medidas y garantías establecidas en el título II de esta Ley serán de plena aplicación a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de las lenguas de signos españolas cuando hagan uso de las lenguas orales.

[Bloque 6: #a4]

Artículo 4. Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se entiende por:

a) Lengua de signos: Son las lenguas o sistemas lingüísticos de carácter visual, espacial, gestual y manual en cuya conformación intervienen factores históricos, culturales, lingüísticos y sociales, utilizadas tradicionalmente como lenguas por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas signantes en España.

b) Lengua oral: Son las lenguas o sistemas lingüísticos correspondientes a las lenguas reconocidas oficialmente en la Constitución Española y, para sus respectivos ámbitos territoriales, en los Estatutos de Autonomía, utilizada como lengua por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas oralistas en España.

c) Medios de apoyo a la comunicación oral: son aquellos códigos y medios de comunicación, así como los recursos tecnológicos y ayudas técnicas usados por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas que facilitan el acceso a la expresión verbal y escrita de la lengua oral, favoreciendo una comunicación con el entorno más plena.

d) Personas sordas o con discapacidad auditiva: Son aquellas personas a quienes se les haya reconocido por tal motivo, un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento, que encuentran en su vida cotidiana barreras de comunicación o que, en el caso de haberlas superado, requieren medios y apoyos para su realización.

e) Personas con sordoceguera: Son aquellas personas con un deterioro combinado de la vista y el oído que dificulta su acceso a la información, a la comunicación y a la movilidad. Esta discapacidad afecta gravemente las habilidades diarias necesarias para una vida mínimamente autónoma, requiere servicios especializados, personal específicamente formado para su atención y métodos especiales de comunicación.

f) Usuario o usuaria de una lengua: Es aquella persona que utiliza una determinada lengua para comunicarse con el entorno. Aquellas personas que son usuarias de dos lenguas son consideradas como bilingües.

g) Usuario o usuaria de la lengua de signos: Es aquella persona que utiliza la lengua de signos para comunicarse.

h) Usuario o usuaria de medios de apoyo a la comunicación oral: aquella persona sorda, con discapacidad auditiva y sordociega que precisa de medios de apoyo a la comunicación oral para acceder a la información y a la comunicación en el entorno social.

i) Intérprete de lengua de signos: Profesional que interpreta y traduce la información de la lengua de signos a la lengua oral y escrita y viceversa con el fin de asegurar la comunicación entre las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que sean usuarias de esta lengua, y su entorno social.

j) Guía-intérprete: Profesional que desempeña la función de intérprete y guía de la persona sordociega, realizando las adaptaciones necesarias, sirviéndole de nexo con el entorno y facilitando su participación en igualdad de condiciones.

k) Educación bilingüe: Proyecto educativo en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleva a cabo en un entorno en el que coexisten dos o más lenguas que se utilizan como lenguas vehiculares. En el caso de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas se referirá a las lenguas orales reconocidas oficialmente y las lenguas de signos españolas.

l) Logopeda y Maestro/a Especialista en audición y lenguaje: Profesionales especializados en sistemas alternativos y/o sistemas aumentativos de apoyo a la comunicación oral, que estimulan y facilitan el desarrollo de la misma.

[Bloque 7: #a5]

Artículo 5. Principios generales.

Esta Ley se inspira en los siguientes principios:

a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos y medios de apoyo a la comunicación oral: Las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas no se limitarán únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de dichas modalidades lingüísticas o medios de apoyo, sino que han de comprender las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, teniendo en cuenta las diversas necesidades y demandas de las personas usuarias de las mismas.

b) Accesibilidad universal: Los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos e instrumentos, herramientas y dispositivos deben cumplir las condiciones necesarias para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

c) Libertad de elección: Las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas y, en su caso, sus padres o representantes legales, en el supuesto de que sean menores de edad o estén incapacitadas podrán optar por la lengua oral y/o la lengua de signos española y/o las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas.

d) No discriminación: Ninguna persona podrá ser discriminada ni tratada desigualmente, directa o indirectamente, por ejercer su derecho de opción al uso de la lengua de signos española y/o de las lenguas de signos propias de las Comunidades Autónomas y/o de medios de apoyo a la comunicación oral en cualquier ámbito, sea público o privado.

e) Normalización: Principio en virtud del cual las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier persona.

[Bloque 8: #a6]

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

De acuerdo con el principio de transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, lo dispuesto en esta Ley se aplicará en las siguientes áreas:

1. Bienes y servicios a disposición del público.

2. Transportes.

3. Relaciones con las Administraciones Públicas.

4. Participación política.

5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

[Bloque 11: #a7]

Artículo 7. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán de los recursos necesarios para facilitar en aquellos centros que se determine, de conformidad con lo establecido en la legislación educativa vigente, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego que, de acuerdo con lo especificado en el artículo 5.c) de esta Ley, haya optado por esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a los padres o representantes legales.

2. Las Administraciones educativas ofertarán, en los centros que se determinen, entre otros, modelos educativos bilingües, que serán de libre elección por el alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociega o sus padres o representantes legales, en el caso de ser menores de edad o estar incapacitados.

3. Los planes de estudios podrán incluir, asimismo en los centros anteriormente citados, el aprendizaje de las lenguas de signos españolas como asignatura optativa para el conjunto del alumnado, facilitando de esta manera la inclusión social del alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego usuario de las lenguas de signos españolas y fomentando valores de igualdad y respeto a la diversidad lingüística y cultural.

4. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de las lenguas de signos españolas y, en su caso, para el uso previsto en el capítulo II del título I de esta Ley, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio, considere oportunas y propiciará su formación inicial y permanente.

5. Las Administraciones educativas establecerán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo, con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 15: #a10]

Artículo 10. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas usuarias de las lenguas de signos españolas su utilización como lengua vehicular de la enseñanza en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas por las personas usuarias de las lenguas de signos españolas en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario en situación de discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al alumnado universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento y medidas de apoyo.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, en el caso de que así se solicite previamente, para los usuarios que lo necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas en lenguas de signos españolas.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones Públicas competentes promoverán la prestación de servicios de intérpretes en lenguas de signos españolas, en el caso de que así se solicite previamente, para las personas que sean usuarias de la misma, en aquellas actividades culturales, deportivas, de esparcimiento y de ocio que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 19: #a14]

Artículo 14. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos garantizarán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social, de conformidad con lo previsto en su regulación específica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de las lenguas de signos españolas.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que éstas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones en lenguas de signos españolas.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información en la lengua correspondiente a su ámbito lingüístico.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la prestación de servicios de intérpretes en lengua de signos española y/o en las lenguas de signos propias de las comunidades autónomas si las hubiera, previa solicitud de los interesados.

6. Los mensajes relativos a la declaración de estados de alarma, excepción y sitio, así como los mensajes institucionales deberán ser plenamente accesibles a todas las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 2.1 y 2 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto. Ref. BOE-A-2011-13241.

[Bloque 23: #a16]

Artículo 16. Del aprendizaje en la Formación Reglada.

1. Las Administraciones educativas dispondrán lo necesario para facilitar, conforme a la legislación educativa vigente, el aprendizaje de la lengua oral y de los medios de apoyo a la comunicación oral, que así lo precisen, al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego, que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5.c) de esta Ley, haya elegido esta lengua. En caso de que estas personas sean menores de edad o estén incapacitadas, la elección corresponderá a sus padres o representantes legales.

2. Con el fin de disponer de profesionales debidamente cualificados para la enseñanza de los medios de apoyo a la comunicación oral, cuando así se requiera, y, en su caso, para el uso previsto en el Capítulo II del Título II, la Administración educativa competente determinará las Titulaciones que, conforme a la normativa existente sobre requisitos para su ejercicio considere oportunas y propiciará su formación inicial.

3. Las Administraciones educativas promoverán Planes y Programas de formación para el profesorado que atiende al alumnado sordo o con discapacidad auditiva y sordociego.

[Bloque 27: #a19]

Artículo 19. Acceso a los bienes y servicios a disposición del público.

a) Educación.

Las Administraciones educativas facilitarán a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, usuarias de la comunicación oral su utilización en los centros educativos que se determinen.

Igualmente promoverán la prestación de los medios de apoyo a la comunicación oral por las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas usuarias de la comunicación oral en los centros que se determinen.

En el marco de los servicios de atención al alumnado universitario con discapacidad, promoverán programas e iniciativas específicas de atención al estudiante universitario sordo, con discapacidad auditiva y sordociego, con el objetivo de facilitarle asesoramiento, orientación y medios de apoyo a la comunicación oral.

b) Formación y Empleo.

Se estará a lo dispuesto en el Capítulo III del Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, relativo a medidas para la aplicación del principio de igualdad de trato en el ámbito laboral.

c) Salud.

Las Administraciones sanitarias promoverán los medios de apoyo a la comunicación oral de los usuarios que los necesiten en aquellos centros sanitarios que atiendan a personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Igualmente adoptarán las medidas necesarias para que las campañas informativas y preventivas en materia de salud sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la incorporación de la subtitulación y de otros recursos de apoyo a la comunicación oral.

d) Cultura, Deporte y Ocio.

Las Administraciones competentes promoverán el establecimiento de los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas que sean usuarias de los mismos, en aquellas actividades culturales, deportivas, de recreación y de ocio, que se determinen, tales como cines, teatros y museos nacionales, monumentos histórico-artísticos del Patrimonio del Estado y visitas guiadas en las que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

[Bloque 31: #a23]

Artículo 23. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la información.

1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación específica sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral.

2. Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovisuales en los que dichas campañas se pongan a disposición del público sean accesibles a estas personas mediante la incorporación del subtitulado.

3. Se establecerán las medidas necesarias para incentivar el acceso a las telecomunicaciones a través de medios de apoyo a la comunicación oral y la subtitulación.

4. Las páginas y portales de Internet de titularidad pública o financiados con fondos públicos se adaptarán a los estándares establecidos en cada momento por las autoridades competentes para lograr su accesibilidad a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas mediante la puesta a disposición dentro de las mismas de los correspondientes sistemas de acceso a la información.

5. Cuando las Administraciones Públicas promuevan o subvencionen Congresos, Jornadas, Simposios y Seminarios en los que participen personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, facilitarán su accesibilidad mediante la utilización de medios de apoyo a la comunicación oral, previa solicitud de los interesados.

[Bloque 43: #dftercera]

Disposición final tercera. Financiación.

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales atiende a la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley con los presupuestos asignados para el cumplimiento de sus competencias en materia de discapacidad.

A este fin se establecerán mecanismos de cooperación con los Ministerios competentes por la materia y con las distintas Administraciones Públicas competentes, según proceda.

En particular, la Administración General del Estado coadyuvará a financiar el fomento, la investigación y la difusión del uso de la lengua de signos catalana.

[Bloque 47: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 23 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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BOE-A-2007-18476 Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

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Javier de la fuente , Laura bueno Álvaro Niza y Daniela . 

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Javier de la fuente , Laura bueno Álvaro Niza y Daniela . 

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Hablamos de diversidad cuando existen diferentes lenguas , hoy en día se respeta la diversidad lingüística y se intentan traducir la mayoría de documentos películas o libros a casi todas las lenguas o al menos a las lenguas oficiales como el ingles , esto también tiene unas normas y leyes de diversidad lingüística las cuales hay que respetar .Las normas lingüísticas son un conjunto de normas reglas y factores que determinan el uso correcto de la lengua . Estas normas incluye a todos aquellos rasgos distintivos que permiten que la lengua se manifieste dentro de una comunidad especifica . A esto se le conoce como dimensión social del lenguaje . En otros países la política lingüística es diferente por ejemplo en el África poscolonial se pueden identificar tres grandes tendencias: En primer lugar están los países que optaron por el status quo, evitando toda iniciativa que cuestionara el orden establecido. La lengua occidental sigue siendo la única lengua de instrucción y la única lengua oficial de las instituciones del Estado y el sector público. Esta política equivale a confirmar el orden colonial.

https://concepto.de/diversidad-linguistica/

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La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, es un tratado desarrollado al amparo del Consejo de Europa, organización internacional dedicada a la defensa de los derechos humanos, mostrando por tanto el interés de proteger las lenguas minoritarias o regionales como una componente de los derechos fundamentales de la ciudadanía europea.