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Constitución Política de Colombia (1991)

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Constitución Política de Colombia (1991)

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Artículo 13: Garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación, incluyendo la basada en discapacidad.

Artículo 47: Reconoce el derecho a la educación y la especial atención a quienes requieren condiciones especiales para su desarrollo.

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Establece disposiciones para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad.

Define ajustes razonables, eliminación de barreras, accesibilidad, inclusión laboral y educación inclusiva.

Reconoce la participación activa de las personas con discapacidad en la vida política, social y cultural.

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Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

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Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

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Estrategia estatal para garantizar derechos, participación y acceso equitativo a todos los ámbitos de la vida.

Establece principios de igualdad, respeto a la diversidad, accesibilidad universal y enfoque diferencial.

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3. Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social

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Establece lineamientos para implementar la Política Pública Nacional de Discapacidad.

Contiene acciones concretas para mejorar el acceso a la educación, salud, empleo y participación ciudadana.

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Guía de Gestión Territorial en Discapacidad para Gobernadores y Alcaldes

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Guía de Gestión Territorial en Discapacidad para Gobernadores y Alcaldes

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Herramienta de planificación para autoridades locales.

Promueve acciones concretas y adaptadas a cada territorio para garantizar inclusión y accesibilidad.

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Instrumentos Internacionales                   Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006):

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Instrumentos Internacionales                   Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006):

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Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, establece obligaciones estatales de garantizar derechos y eliminar barreras sociales.

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"La inclusión no es solo permitir que todos estén en el aula, sino asegurarnos de que cada niño se sienta valorado, comprendido y capaz de aprender a su ritmo. crear espacios donde la diversidad sea celebrada y la educación sea realmente para todos."

El Artículo 1 recuerda que todos los niños merecen respeto y que la dignidad humana es el punto de partida para una educación inclusiva.

El Artículo 13 habla de igualdad, pero también de protección especial para quienes enfrentan más barreras. Eso me motiva a adaptar mis prácticas para que ningún niño se quede atrás.

El Artículo 47 enseña que el Estado debe apoyar la rehabilitación y participación de las personas con discapacidad. Como futura maestra, yo también soy parte de ese proceso.

El Artículo 54 impulsa a preparar a los niños para que puedan acceder a un trabajo digno en el futuro, sin importar sus limitaciones.

Y el Artículo 68 recuerda que la educación debe ajustarse a cada niño. No todos aprenden igual, y eso está bien. Lo importante es que todos aprendan.

La inclusión no es solo una meta legal, es una actitud que empieza en el aula y se construye con empatía, creatividad y compromiso.

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Promueve el respeto, la dignidad y la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida.

Establece que la educación debe ser inclusiva, adaptada y accesible para garantizar el aprendizaje de todos los niños y niñas.

Reconoce el derecho de las personas con discapacidad a participar activamente en la sociedad, incluyendo espacios políticos, culturales y laborales.

Obliga al Estado a eliminar barreras físicas, comunicativas y sociales que impidan el ejercicio pleno de los derechos.

Fomenta la inclusión laboral mediante ajustes razonables y programas de formación para personas con discapacidad.

Garantiza el acceso a servicios de salud, rehabilitación y justicia de manera equitativa y sin discriminación.

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La Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social es una estrategia del Estado que busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su participación activa y el acceso equitativo en todos los ámbitos de la vida social, cultural, educativa, laboral y política. Se fundamenta en principios de igualdad, respeto por la diversidad, accesibilidad universal y un enfoque diferencial, reconociendo las distintas realidades de las personas y comunidades, con el fin de construir una sociedad más justa, incluyente y sin barreras.

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Implementa la Política Pública Nacional de Discapacidad.

Garantiza los derechos de las personas con discapacidad.

Mejora el acceso a educación, salud y empleo.

Promueve la participación ciudadana e inclusión social.

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Promueve acciones concretas en discapacidad según las necesidades de cada territorio.

Busca garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad.

Facilita la articulación entre la Política Pública Nacional de Discapacidad y los planes de desarrollo locales.

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Constitución de 1991)

Artículo 13 – Igualdad ante la ley

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Este artículo es la base del derecho a la inclusión y la protección de las personas con discapacidad, pues obliga al Estado a adoptar medidas especiales para garantizar la igualdad real.

Artículo 47 – Protección a las personas con discapacidad

El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran.

Establece el deber estatal de promover la inclusión y rehabilitación de las personas con discapacidad mediante políticas públicas, atención médica, educativa y social.

Artículo 54 – Derecho al trabajo

Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran.

El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.

Reconoce el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad y obliga al Estado a crear oportunidades laborales inclusivas.

Artículo 68 – Derecho a la educación

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social.

La educación de las personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, es también obligación especial del Estado.

Garantiza el derecho a la educación inclusiva, asegurando que las personas con discapacidad reciban atención y apoyo especializado.

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Ley Estatutaria 1618 de 2013

Objeto de la Ley (Artículo 1).

Esta ley busca que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos, promoviendo una sociedad verdaderamente inclusiva.

Principios Fundamentales (Artículo 3)

La ley se basa en los siguientes principios:

Dignidad humana: Toda persona tiene derecho a ser respetada y a vivir con autonomía.

Igualdad y no discriminación: Ninguna persona puede ser excluida por su discapacidad.

Inclusión social: El Estado debe eliminar las barreras físicas, comunicativas y actitudinales.

Accesibilidad: Se debe garantizar el acceso físico, tecnológico, educativo y laboral.

Participación: Las personas con discapacidad deben participar activamente en la vida política, social, económica y cultural del país.

Derecho a la Educación (Artículo 11)

El Estado debe garantizar la educación inclusiva, eliminando las barreras que limiten el acceso, la permanencia y la calidad del aprendizaje de las personas con discapacidad.
Se deben realizar ajustes razonables, adaptaciones curriculares y formación docente para asegurar la inclusión educativa.

Derecho al Trabajo (Artículo 12)

El Estado debe promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad, tanto en el sector público como privado, y garantizar condiciones adecuadas y accesibles en los lugares de trabajo.

Derecho a la Salud (Artículo 10)

Se garantiza la atención integral en salud para las personas con discapacidad, incluyendo la rehabilitación, habilitación y servicios de apoyo necesarios.

Responsabilidad del Estado (Artículo 4)

Es deber del Estado adoptar políticas públicas, planes, programas y proyectos que promuevan la inclusión y garanticen los derechos de las personas con discapacidad.

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Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.

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Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social.

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Garantizar el goce efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, mediante acciones de inclusión social, eliminación de barreras y promoción de la participación activa en todos los ámbitos de la vida.

Dignidad humana: Reconoce a cada persona como sujeto de derechos.

Igualdad y no discriminación: Todas las personas deben tener las mismas oportunidades.

Inclusión social: Participación plena en la vida educativa, laboral, cultural y política.

Accesibilidad universal: Eliminación de barreras físicas, comunicativas, tecnológicas y actitudinales.

Autonomía y participación: Las personas con discapacidad deben decidir sobre su vida y participar en las decisiones públicas.

Corresponsabilidad: El Estado, la sociedad civil y la familia comparten el deber de garantizar la inclusión.

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El CONPES 166 establece un objetivo general y específicos:

Garantizar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. Promover la transformación y mejora de los procesos de gestión pública para que las políticas de discapacidad sean efectivas, articuladas y transparentes.

Garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Fomentar la participación, incidencia política y organización de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

Fortalecer el desarrollo humano y las capacidades de las personas con discapacidad, facilitando oportunidades educativas, formación laboral, rehabilitación, etc.

Promover un cambio de conciencia social, de instituciones estatales y de la sociedad frente a la discapacidad, a partir del respeto, la accesibilidad y la inclusión.

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Promover la transformación y mejora de los procesos de gestión pública para que las políticas de discapacidad sean efectivas, articuladas y transparentes.

Garantizar el acceso a la justicia y el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Fomentar la participación, incidencia política y organización de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

Fortalecer el desarrollo humano y las capacidades de las personas con discapacidad, facilitando oportunidades educativas, formación laboral, rehabilitación, etc.

Promover un cambio de conciencia social, de instituciones estatales y de la sociedad frente a la discapacidad, a partir del respeto, la accesibilidad y la inclusión.

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Es el principal instrumento internacional que orienta toda la legislación y política pública sobre discapacidad (como la Ley 1618 de 2013 y el CONPES 166 de 2013).
Colombia, al ratificarla, se comprometió a implementar políticas públicas que garanticen la inclusión, accesibilidad y no discriminación.

Da un panorama de las leyes, decretos y normas que amparan los derechos de las personas con discapacidad.

Derechos humanos, igualdad, no discriminación, accesibilidad, participación, autonomía, enfoque diferencial, etc.

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Instrumentos Internacionales sobre Discapacidad.

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha evolucionado gracias a tratados y declaraciones que promueven la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

🔹 Principales instrumentos:

Declaración de los Derechos de las Personas con Retraso Mental (1971): Reconoce derechos básicos y dignidad.

Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad (1975): Promueve igualdad de oportunidades.

Programa de Acción Mundial (1982): Estrategia global para eliminar barreras.

Normas Uniformes (1993): Guía para políticas inclusivas.

Convención Interamericana (1999): Enfoque regional contra la discriminación.

1. Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006): Tratado vinculante que reconoce la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Colombia lo ratificó en 2009 (Ley 1346).

Objetivos comunes:

Garantizar derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Promover la participación plena en la sociedad.

Eliminar barreras físicas, sociales y legales.

La existencia de instrumentos internacionales sobre discapacidad no es solo un logro jurídico: es una declaración ética de que todas las vidas importan por igual. Pasamos de ver la discapacidad como una limitación médica a entenderla como una cuestión de derechos humanos. Cada tratado, cada norma, cada convención es un paso hacia una sociedad que no excluye, que no margina, que no silencia. Reconocer estos derechos no es un acto de caridad, es un acto de justicia.

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Constitución política de Colombia (1991)

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Constitución política de Colombia (1991)

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Artículo 5 : El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad.

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Artículo 3°. Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 de 2009.

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Políticas públicas nacional de discapacidad e inclusión social 

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Políticas públicas nacional de discapacidad e inclusión social 

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Existe un instrumento internacional aprobado y ratificado por el Estado Colombiano denominado Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) en 2011, que ha generado grandes avances en el reconocimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad (PCD).

Se ha propuesto una mirada de la discapacidad como un fenómeno social complejo y no solamente como un asunto de salud, que era como se había venido tratando en las políticas públicas.

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Uno de los avances que vale la pena mencionar es el Sistema Nacional de Discapacidad -

SND, organizado por la Ley 1145 de 2007, que busca garantizar la articulación de las

políticas, los recursos y la atención a las PcD en el nivel nacional y territorial. Su propósito

como mecanismo de articulación se da a través de la optimización de los recursos y la

organización de la oferta de programas y servicios, incluyendo la evaluación de su alcance

en términos de cobertura. Lo anterior ha facilitado la materialización de la política pública,

así como la participación de las PcD en todas las acciones que les competen.

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Guia de gestión territorial en discapacidad para Gobernadores y Alcaldes.

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Guia de gestión territorial en discapacidad para Gobernadores y Alcaldes.

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La presente guía pretende orientar a Gobernadores, Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas, sobre las

acciones coordinadas y articuladas a desarrollar para promover la inclusión social de las personas con

discapacidad, sus familias y cuidadores, a partir del reconocimiento de sus realidades y potencialidades.

Se recomienda que la guía sea usada en la gestión de los mandatarios y su equipo territorial para la

garantía de los derechos de la población con discapacidad.

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Artículo 1 - Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.