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MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 

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MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS 

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Intervenciones Comunitarias.

Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos.

Monitoreo y Reporte.

Acciones Constitucionales.

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La drogadicción, es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro caracterizada por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de las consecuencias nocivas que ello conlleva para la salud física, mental, social y emocional del individuo. Esta enfermedad afecta el funcionamiento normal del cerebro, alterando los circuitos de recompensa y motivación, lo que lleva a una pérdida de control sobre el consumo de drogas y a una dependencia cada vez mayor de las mismas. La drogadicción puede afectar a personas de todas las edades, géneros y estratos sociales, y puede tener graves repercusiones en la vida del adicto y de su entorno familiar, laboral y comunitario.

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Las comunidades pueden establecer mecanismos de protección a través de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogas, así como iniciativas de educación y sensibilización para abordar los factores subyacentes de la drogadicción y promover el respeto de los derechos de las personas afectadas.

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SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

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SISTEMA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS

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A nivel internacional, se pueden utilizar mecanismos como las peticiones y casos individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la presentación de quejas ante la Corte Penal Internacional en casos de violaciones graves de los derechos humanos relacionadas con la drogadicción.

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Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevan a cabo monitoreo y reporte sobre el cumplimiento de los derechos humanos en relación con la drogadicción, lo que puede generar presión política y social para mejorar las políticas y prácticas relacionadas con este problema.

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Las acciones constitucionales como la tutela, el habeas corpus, las acciones populares, las acciones de grupo y la acción de cumplimiento, pueden ser utilizadas para garantizar el respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas por la drogadicción.