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CAMILA Y NICOLAS El Salvador – Estado de emergencia.

Las reiteradas prórrogas del estado de emergencia en El Salvador, el cual lleva ya en vigor desde marzo de 2022, es algo sumamente preocupante, especialmente considerando las consecuencias que esta situación tiene para los derechos humanos de las personas.

Reconocemos la difícil tarea a la que se enfrenta El Salvador para combatir la criminalidad, así como el enorme sufrimiento que han infligido las bandas en el país, las cuales llevan décadas asesinando, violando, robando y extorsionando a la población.

No obstante, debilitar el estado de derecho y la integridad del sistema legal derogando el derecho a un juicio justo no es la respuesta.

Al menos 68.000 personas han sido encarceladas en El Salvador desde que entrara en vigor el estado de emergencia. De este número, al menos 1.600 personas son menores de edad.

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CAMILA Y NICOLAS. La Misión de determinación de los hechos en Venezuela expresa su profunda preocupación por la detención de una defensora de derechos humanos y pide el fin de la represión gubernamental.

GINEBRA (13 de febrero de 2024) - La Misión internacional independiente de determinación de hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su profunda preocupación por la situación de una defensora de derechos humanos detenida por las autoridades el viernes, e instó al Gobierno a poner fin a la ola de represión contra los opositores que se está intensificando en todo el país.

Las fuerzas de seguridad venezolanas detuvieron a Rocío San Miguel, presidenta de la organización Control Ciudadano, cuando intentaba embarcar junto a su hija en un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar.

El Fiscal General acusó a San Miguel de participar en un intento de conspiración contra el presidente Nicolás Maduro y otros altos cargos, así como de estar implicada en ataques contra unidades militares y otras instituciones en todo el país. Tanto San Miguel como su hija y otras cuatro personas se encuentran en paradero desconocido.

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NICOLAS Y CAMILA. Expertas de la ONU: Alarmante aumento en las desapariciones forzadas antes de las elecciones presidenciales en Venezuela. GINEBRA (30 de abril de 2024) - Desde diciembre de 2023 se ha registrado un alarmante aumento en las desapariciones forzadas que afectarían a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, han advertido hoy expertas de la ONU*.

En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares.

"Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo y obstaculizar el derecho de la población a votar libremente", advirtieron las expertas.

"Estas detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Las mismas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada", afirmó el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

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NICOLAS Y MARIA CAMILA- La sombría realidad de Nicaragua: Investigación revela crímenes de lesa humanidad dirigidos a civiles, incluidos niños y estudiantes, con fines políticos. GINEBRA (29 de febrero de 2024) – El Gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas, declara el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. La situación ha empeorado en 2023.

“El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional, al igual que Nicaragua como Estado que persigue a su propio pueblo, apuntando a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”, afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.

El informe señala que la persecución por parte del Gobierno de Nicaragua de personas opositoras reales o percibidas como tales se ha vuelto más sutil. Se perpetran violaciones, abusos y crímenes no sólo para desmantelar los esfuerzos activos de la oposición, sino también para eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social.

En la actualidad, al estar cada vez más cerca del objetivo de la destrucción total de las voces críticas en Nicaragua, los patrones de violaciones al derecho a la vida, la seguridad y la integridad de la persona son actualmente menos prevalentes. Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo

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Debilitamiento del sistema judicial y falta de acceso a la justicia:

El poder judicial está subordinado al poder ejecutivo, dificultando el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de DDHH.

Las investigaciones sobre abusos por parte de las fuerzas de seguridad o funcionarios públicos suelen ser lentas o inexistentes.

Los responsables de violaciones de DDHH rara vez son sancionados.

Las personas en situación de pobreza o marginalidad tienen especial dificultad para acceder a la justicia.

4. Violaciones al derecho a la salud y a la alimentación:

La grave crisis económica ha generado una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.

Esto ha provocado un deterioro significativo del derecho a la salud y a la alimentación de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

Se reportan altos índices de desnutrición infantil, enfermedades prevenibles y muertes por falta de atención médica.

5. Crisis migratoria:

Millones de venezolanos han huido del país debido a la crisis económica, la falta de oportunidades y las violaciones a sus derechos humanos.

Los migrantes venezolanos se enfrentan a diversas dificultades en los países de acogida, como xenofobia, discriminación, acceso limitado a servicios básicos y condiciones de vida precarias.

Aspectos adicionales a considerar:

Represión a las protestas sociales.

Violencia policial y uso excesivo de la fuerza.

Impunidad generalizada por violaciones de DDHH.

Discriminación contra grupos minoritarios, como la comunidad LGBTI+ y los pueblos indígenas.

Desigualdad socioeconómica y exclusión social.

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Problemáticas de DDHH en Venezuela: Aspectos más relevantes

1. Detenciones arbitrarias y persecución política:

Las detenciones arbitrarias de opositores políticos, activistas, periodistas y defensores de DDHH son frecuentes.

Muchos son acusados de delitos sin pruebas suficientes y bajo procesos judiciales cuestionables.

Se han denunciado torturas, malos tratos y condiciones de detención precarias.

2. Restricciones a la libertad de expresión y prensa:

El gobierno ejerce un control significativo sobre los medios de comunicación, limitando la libertad de expresión e información.

Numerosos medios independientes han sido cerrados o censurados.

Los periodistas que investigan o critican al gobierno son acosados, amenazados o detenidos.

El acceso a internet está bajo control, con bloqueos a sitios web y redes sociales.

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Se discuten la visita del experto a Venezuela y sus hallazgos sobre la crisis alimentaria del país. El experto pide al gobierno que aborde las causas fundamentales del hambre y la desnutrición, en lugar de depender de la caridad. También insta a la comunidad internacional a levantar las sanciones que han exacerbado la crisis. Un punto importante es que el experto enfatiza que la seguridad alimentaria es un derecho humano.

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Un experto de la ONU* instó este miércoles a Venezuela a combatir las causas profundas del hambre y la desnutrición, refiriéndose a informes según los cuales casi el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y el 53% en la pobreza extrema, con ingresos insuficientes para acceder a una canasta básica de alimentos.

Al finalizar una visita de 14 días al país, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación señaló en una declaración que "las sanciones han sido un factor, entre otros, que ha limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para poner en marcha programas de protección social y prestar servicios públicos básicos".

En este sentido, Michael Fakhri hizo un llamamiento a todos los Estados involucrados para que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela.

El experto expresó su especial preocupación por el grado de hambre y malnutrición que afecta a niños, mujeres, ancianos, estudiantes, personas con discapacidad, afrodescendientes y pueblos indígenas.

"La inseguridad alimentaria, la malnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia ya han provocado la emigración masiva del país", afirmó. "El futuro de Venezuela está en juego".

Más allá del petróleo

El relator especial reconoció los esfuerzos del Gobierno para reducir su dependencia de la renta petrolera e impulsar la producción local en comunidades rurales, urbanas y suburbanas. "Había vida en Venezuela antes del petróleo, y a medida que los efectos del cambio climático empeoran, debe haber vida después del petróleo", dijo.

"La mejor apuesta de Venezuela es empoderar a los campesinos, pescadores, ganaderos, agricultores urbanos y periurbanos, especialmente a las mujeres y a los pueblos indígenas y afrodescendientes", dijo Fakhri. "Eso no sólo reforzará la soberanía alimentaria, sino que también mejorará los medios de vida locales".

Derecho a no tener hambre

El experto señaló que Venezuela creó programas sociales hace unos años como respuesta humanitaria temporal a la crisis alimentaria. "Estos programas se han convertido ahora en un sistema de caridad y se han vuelto susceptibles a clientelismo político", dijo.

"Lo que se necesita, en cambio, es un sistema nacional basado en el derecho a la alimentación y que aborde las causas profundas del problema. El hambre y la desnutrición son una cuestión de derechos humanos", afirmó.

Así, el relator especial instó al gobierno de Venezuela a desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, basado en la legislación vigente, a través de un proceso socialmente inclusivo y los mecanismos de participación existentes.

"El derecho a la alimentación significa que toda persona tiene derecho a no tener hambre ni malnutrición", concluyó Michael Fakhri.
* Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título personal.

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Experto hace un llamado en favor de los Derechos Humanos, no de la caridad, para acabar con el hambre en Venezuela

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Tras una visita de 14 días, el experto sobre el derecho a la alimentación destaca que el 82% de los venezolanos vive en la pobreza y hace un llamamiento a los Estados involucrados para que levanten las sanciones impuestas al país.

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El video habla sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela. Los oradores son Marcos Gómez Romero, director ejecutivo de Amnistía Internacional Venezuela, y Marí Velsqui, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Puntos clave

La situación en Venezuela ha empeorado en los últimos años. Ha habido numerosos ataques contra el espacio civil y las personas percibidas como críticas al gobierno. Estos incluyen proyectos de leyes que amenazan la libertad de asociación y expresión, detenciones arbitrarias, uso indebido del derecho penal, violaciones del debido proceso y garantías de un juicio justo, campañas de estigmatización y difusión de confesiones de culpa obtenidas bajo coacción.

Las autoridades venezolanas han atacado a los defensores de los derechos humanos. Esto incluye a personas como Rocío San Miguel y Javier Tarazona, así como a organizaciones de la sociedad civil como PROVEA, la Unidad de Personal Humanitario y activistas de la oposición política.

Entre 2014 y 2023 se han producido al menos 15.700 detenciones arbitrarias en Venezuela. La Corte Penal Internacional ha autorizado a la Fiscalía de la CPI a continuar investigando casos de persecución por motivos políticos, desapariciones forzadas de corta duración, detenciones arbitrarias por motivos políticos, uso indebido del derecho penal por motivos políticos, falta de garantías judiciales y uso de tortura y otros malos tratos durante la detención como parte de una política de represión en Venezuela.

La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica sigue siendo motivo de preocupación. Persisten los informes de persecución, intimidación, acoso y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores.

El gobierno de Maduro acordó recientemente permitir el regreso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Sin embargo, la oficina operará bajo severas restricciones.

Es probable que las próximas elecciones presidenciales de julio de 2024 sean tensas. El gobierno ha restringido la participación de candidatos de la oposición y existe preocupación por el uso de la violencia para reprimir la disidencia.

La situación económica y social en Venezuela se ha estabilizado algo en los últimos años. Sin embargo, los indicadores de inflación y pobreza siguen siendo altos.

La comunidad internacional tiene un papel que desempeñar para presionar al gobierno venezolano para que respete los derechos humanos. Esto incluye apoyar a los defensores de los derechos humanos, brindar asistencia humanitaria e imponer sanciones específicas.

Llamado a la acción

El video concluye con un llamado a la acción de la comunidad internacional para ayudar a poner fin a la crisis de derechos humanos en Venezuela.

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🎙️ Recrudecimiento de la crisis de derechos humanos en Venezuela | Panel

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La corrupción del gobierno venezolano también ha provocado abusos generalizados de los derechos humanos. El gobierno ha reprimido la disidencia y ha utilizado la violencia para reprimir las protestas. Como resultado, muchos venezolanos se sienten inseguros y tienen miedo de hablar en contra del gobierno.

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Dentro del complicado panorama actual de Venezuela, destacan tres noticias que han repercutido en el interés del público en estas últimas semanas. Los temas que tocan estas tres noticias y, especialmente, la íntima relación que entre ellos existe, ayudan a entender algunas de las razones de fondo que explican el porqué de la grave crisis que vienen padeciendo los venezolanos.

Corrupción: En primer lugar, resaltan las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre las acusaciones de corrupción que mutuamente se vienen haciendo dos grupos chavistas sobre el "megarrobo sin precedente" (término utilizado por el Ministro de Petróleo, Tareck El Aissami) ocurrido durante las dos últimas décadas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela ( PDVSA). A finales de agosto del presente año, el gobierno de Nicolás Maduro, a través del ministro El Aissami, acusó a Rafael Ramírez, exministro de Energía y Petróleo y uno de los hombres más poderosos del país durante el gobierno de Hugo Chávez, de realizar un "megafraude" por un monto de 4.850 millones de dólares durante su gestión como presidente de PDVSA (2004-2014). Por su parte, Ramírez lo refutó en una entrevista dada a @ElNacionalWeb, asegurando que "un sobrino y los hijos de Cilia Flores (esposa de Nicolás Maduro) desfalcaron 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela en 2014". Según Ramírez, " si vamos a hablar de corrupción, es por ellos (refiriéndose a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tareck El Aissami) que el país está desvalijado."

Crisis Humanitaria y Migración Masiva: Como segunda noticia, continúa en aumento el flujo de información que los medios de comunicación y las redes sociales dedican a los sufrimientos y desventuras de los miles de emigrantes que, a pesar de los evidentes peligros del recorrido y las dificultades existentes en las sociedades de acogida, de manera forzada continúan huyendo a diario debido a la crisis humanitaria que vive el país. Las cifras que maneja el Observatorio de la Diáspora Venezolana indican que en la actualidad un promedio de 1.400 personas por día abandona el país, " contabilizándose un total de 7 millones 200 mil personas que emigraron de Venezuela hasta el mes de abril de 2022 ".

Violación Sistemática de Derechos Humanos: Por último, este martes 20 de agosto, los medios de comunicación reseñaron el último i nforme presentado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela. En su informe, la Misión señala que "los servicios de inteligencia del Estado, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad". Estas unidades de inteligencia, según el comunicado de prensa de la Misión, forman parte de "la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al Gobierno dentro de un clima de casi total impunidad".

Los índices de corrupción en Venezuela

Según el último informe (2021) del "Índice de Percepción de la Corrupción" (CPI, por sus siglas en inglés), Venezuela ocupó el último lugar dentro de la calificación de los países de América Latina y pasó a formar parte de los cinco países del mundo con los peores índices del CPI junto con Yemen, Somalia, Siria y Sudan.

La reconocida organización "Transparencia Internacional", con sede en Berlín, elabora desde el 2012 el Índice CPI para calificar con datos comparables entre 0 (corrupción rampante) y 100 (limpio de corrupción) a 180 países y territorios del mundo con base en la percepción de expertos y empresarios sobre el nivel de corrupción en sus respectivos sectores públicos.

De acuerdo con Transparencia Internacional, Venezuela tuvo durante el periodo 2012-2017 un promedio aproximado de 18/100, el más bajo de América Latina, y formó parte del grupo de los diez países del mundo peor evaluados. Entre el 2017 y el 2021, los índices del país descendieron aún más hasta alcanzar 14/100, con lo cual Venezuela pasó a formar parte de los cinco países del mundo con los peores índices del CPI.

En la misma dirección apunta el Índice de Corrupción Ejecutiva, elaborado por el prestigioso Instituto Variedades de Democracia (V-Dem), el cual mide con qué frecuencia los miembros del Ejecutivo, o sus agentes, otorgan favores a cambio de sobornos, coimas u otros incentivos materiales, y con qué frecuencia roban, desvían o malversan fondos públicos u otros recursos del Estado para uso personal o familiar. En el caso venezolano, este índice de corrupción ejecutiva aumentó de manera sostenida entre 1998 y la última medición realizada en el 2021, pasando de 0.5/1 en 1998 a 0.98/1 en 2001, significativamente superior a la media de la región que se ubica en 0.5/1.

De acuerdo con los datos recabados por la investigación Corruptómetro, realizada por Transparencia Venezuela y Alianza Rebelde Investiga (ARI) y basada los documentos de los procesos judiciales abiertos tanto en Venezuela como en el exterior, se han identificados 316 tramas o casos de apropiación indebida del patrimonio público venezolano o de participación de altos funcionarios y sus allegados en el crimen organizado durante las dos últimas décadas transcurridas bajo la administración de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Los sectores donde se ha registrado un mayor número de denuncias de corrupción y en los que se fugó la mayor cantidad de dinero han sido petróleo, salud, finanzas, alimentación y transporte.

Hasta el momento, el monto conocido del dinero presuntamente comprometido es de 67.883 millones de dólares. Para dar una idea de la magnitud de esta cifra, piénsese que esa cantidad es superior al valor de toda la producción de bienes y servicios (PIB) de Venezuela durante el año de 1994. Todavía más grave es que la magnitud del monto total de corrupción es mucho mayor, puesto que la cifra calculada hasta el momento por la investigación corresponde solamente al 46% de los casos identificados (145 de 316).

Corrupción y crisis humanitaria

Resulta evidente la relación causal directa que existe entre la amplia y sostenida corrupción en Venezuela, evidenciada por los datos anteriores, y la grave crisis humanitaria que sufre actualmente el país. Esta emergencia humanitaria, de acuerdo con el Observatorio de la diáspora venezolana, es la principal causa de la emigración de los venezolanos, la cual ha derivado en "la segunda crisis de desplazamiento externo de mayor magnitud en el mundo", según ACNUR.

Cuando se debate sobre la corrupción en el sector público, la discusión generalmente se centra en las pérdidas patrimoniales que sufren las sociedades que son víctimas de estas oprobiosas prácticas. En aquellos países que sufren de manera sostenida este tipo de azote, los ciudadanos se indignan por la cantidad de bienes y servicios que hubieran podido ser provistos con los ingentes recursos públicos que son sustraídos de mala manera por delincuentes de cuello blanco para su provecho personal. Cuando el flagelo de la corrupción se presenta en sociedades como la venezolana, donde los estudios señalan que existe un 94% de personas en situación de pobreza, la situación se reviste de un nivel de injusticia inaceptable ya que los altos niveles de corrupción impactan de manera negativa y directa sobre las posibilidades del Estado para sostener las frágiles condiciones de vida de amplios sectores de la población. En estos casos, por tanto, la corrupción en el sector público se asocia directamente con la violación de los derechos humanos de esos amplios y vulnerables grupos sociales. "La corrupción constituye uno de los principales obstáculos para la promoción y protección efectivas de los derechos humanos " señala las Naciones Unidas. En el caso concreto de países como Venezuela, el informe 2021 de Transparencia Internacional observa que "la corrupción generalizada ha dado lugar a graves violaciones de los derechos sociales, incluido el acceso a la educación, la atención sanitaria y la alimentación".

Corrupción y violación de los derechos humanos

El ya referido informe 2021 de Transparencia Internacional encuentra en su estudio sobre la corrupción en 180 países del mundo que "existe un fuerte vínculo entre un alto nivel de corrupción en el Índice (CPI) y la restricción de las libertades civiles. Aunque hay excepciones, en la mayoría de los casos la relación es causal en ambas direcciones: a más corrupción, más probabilidad de vulneración de las libertades civiles. En sentido inverso, la falta de libertades civiles dificulta la lucha contra la corrupción".

Ramón Cardozo.

La causalidad bidireccional entre corrupción y libertades civiles obedece al hecho de que el socavamiento de las libertades permite a los corruptos de cuello blanco, enquistados en las altas esferas del poder, evadir la rendición de cuentas y silenciar a sus críticos, dando rienda suelta a la corrupción en ambientes de amplia impunidad. Ello explica por qué los datos de V-Dem evidencian que en Venezuela, desde la llegada de Chávez al poder en 1999 hasta la última medición en el 2021, se constata una correlación entre el aumento sostenido de los índices de corrupción ejecutiva y una caída brusca de los índices de las libertades civiles, pasando de 0.86/1 (1998) a 0.38/1 (2021).

Hoy por hoy en Venezuela, según también señala el informe 2021 de Transparencia Internacional, "el sistema judicial se ha convertido en un instrumento de represión contra disidentes y críticos. En los últimos años se ha producido un aumento de presos políticos, detenciones arbitrarias y restricciones a las libertades fundamentales. El bloqueo del acceso a la información pública, la falta de rendición de cuentas de los órganos del Estado y la ausencia de un sistema de justicia independiente crean un entorno en el que las violaciones de derechos humanos quedan sin ser vistas ni sancionadas".

De allí que Venezuela ha sido el país de América Latina con la menor capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción y, por lo tanto, el país latinoamericano donde existe una mayor probabilidad de que los actos de corrupción en el sector público se mantengan impunes, tal como lo viene evidenciando desde el 2019 el "Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción" (CCC), elaborado por Americas Society-Council of the Americas junto con la consultora internacional especializada en riesgos Control Risks.

La confluencia actual en Venezuela de corrupción, crisis humanitaria y violación de derechos humanos no ha sido el producto de un desafortunado conjunto de eventualidades, sino que es el resultado del diseño deliberado durante las dos últimas décadas de un andamiaje institucional que lejos de combatir la corrupción más bien promueve la impunidad. Mientras se mantenga incólume ese andamiaje, la grave crisis que sufren los venezolanos continuará profundizándose.

(ers)

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Venezuela: corrupción, crisis humanitaria y violación de DD.HH. | DW | 23.09.2022

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Dentro del complicado panorama actual de Venezuela, destacan tres noticias que han repercutido en el interés del público en estas últimas semanas. Los temas que tocan estas tres noticias y, especialmente, la íntima relación que entre ellos existe, ayudan a entender algunas de las razones de fondo que explican el porqué de la grave crisis que vienen padeciendo los venezolanos.

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Se analiza la falta de acceso a derechos económicos y sociales básicos. El gobierno no ha abordado estos problemas, a pesar de los acuerdos para hacerlo. Las fuerzas de seguridad han utilizado una fuerza excesiva contra los manifestantes. Las detenciones arbitrarias, la tortura y otros abusos son comunes. La impunidad por los delitos de derechos humanos sigue siendo la norma. La Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad. La crisis económica ha provocado un hambre generalizada. El gobierno y la oposición han iniciado conversaciones, pero ha habido pocos avances.

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La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad. La Corte Penal Internacional prosiguió con su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del gobierno de suspender el proceso. Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se veía seriamente afectado, y el aborto seguía estando penalizado. Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación.

Información general

La inflación y una alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los bienes y servicios básicos seguían provocando una profunda crisis humanitaria que afectaba a la mayoría de la población, especialmente la que vivía fuera de la capital, Caracas.

El gobierno y parte de la oposición iniciaron negociaciones políticas, y en octubre habían acordado ciertas condiciones en relación con las elecciones de 2024.

La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), de la ONU, presentó informes sobre la represión selectiva de miembros de la oposición política y la estructura de los organismos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales.

La impugnación por parte del gobierno de los límites territoriales con Guyana dio lugar a un aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera y elevó el riesgo de que se cometieran violaciones de derechos humanos. Quienes criticaban esa política se enfrentaban a un mayor riesgo de criminalización.

Derechos económicos, sociales y culturales

La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica continuó siendo motivo de honda preocupación. Al concluir el año seguía sin implementarse el acuerdo humanitario conocido como "Mesa Social" que el gobierno y la oposición habían firmado en 2022. El acuerdo establecía la creación de un fondo humanitario gestionado por la ONU para atender las cuestiones urgentes relacionadas con la salud, la educación y los servicios de electricidad, con recursos procedentes de los activos venezolanos confiscados en el exterior.

Derecho al trabajo

Persistieron las denuncias de persecución, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó de 12 casos de criminalización de líderes sindicales hasta septiembre.

Derecho a la educación

Según la organización de la sociedad civil HumVenezuela, el 18% de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos el 44,8% no lo hizo de forma regular a causa de la infradotación económica y de personal de los centros escolares públicos y de los bajos sueldos del personal docente. El profesorado del sistema escolar público seguía exigiendo mejores condiciones laborales.

Derecho a la salud

Casi tres cuartas partes -el 72,4%- de los centros públicos de salud sufrían escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionaban.

El informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales, publicado en octubre, reveló que aproximadamente el 55% de los establecimientos públicos de salud carecían de acceso habitual al agua y que los pacientes debían llevar su propio material quirúrgico en el 90% de los casos. Esa misma encuesta concluyó que 127 personas habían muerto entre enero y septiembre de 2023 debido a los cortes de electricidad que afectaban a los hospitales.

La OACNUDH informó sobre el deterioro del sistema de atención médica provocado por la infradotación económica y de personal. Este organismo estimaba que 560.660 niños y niñas de entre 12 y 23 meses aún no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR).

Según las organizaciones de la sociedad civil, el personal sanitario que denunciaba las deficiencias existentes y el bajo nivel salarial era objeto de actos de intimidación por parte de las autoridades. En agosto, 10 niños y niñas desarrollaron meningitis tras recibir tratamiento para la leucemia; el medicamento utilizado para combatir la infección había sido importado y distribuido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el hospital pediátrico J.M. de los Ríos de Caracas. En septiembre, las autoridades sanitarias se negaron a realizar un análisis del medicamento. En noviembre se tuvo noticia de que una niña de ese grupo había fallecido, y no había información oficial sobre las investigaciones para determinar la responsabilidad de su muerte. Los medios de comunicación informaron de que varias asociaciones habían solicitado una investigación oficial del caso.

Derecho a la alimentación y al agua

Según el Centro de Documentación y Análisis Social, el costo de la canasta alimentaria para una familia venezolana de 5 miembros equivalía en octubre a unos 494 dólares estadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que la mayoría de la población sufría una grave inseguridad alimentaria. El salario mínimo no se había reajustado desde marzo de 2022. Al concluir 2023, la situación había empeorado aún más debido a un incremento brusco de la inflación y a la devaluación de la moneda nacional. Según el Banco Mundial, Venezuela presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación alimentaria del mundo.

HumVenezuela señaló que el 25,7% de las familias hacían menos de 3 comidas al día y el 22,8% pasaban días enteros sin comer. Además, el 74,5% de las familias carecían de acceso regular a agua potable.

Represión de la disidencia

Continuó la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían -o se consideraba que pertenecían- a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, aproximadamente 9.000 personas estaban sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política, pasados o en curso.

Las autoridades continuaron restringiendo la participación política. La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue al parecer inhabilitada para presentarse a la presidencia en las elecciones que iban a celebrarse posteriormente.

El espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación. El texto propuesto, que restringía aún más las actividades de las organizaciones y permitía al gobierno disolver las asociaciones de forma unilateral, seguía pendiente al concluir el año.

En agosto, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destituyó al completo a la junta directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y designó un nuevo director al que ordenó reestructurar la organización.

En octubre, la Fiscalía anunció una investigación penal sobre los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (iniciativa no gubernamental para elegir una candidatura de la oposición), en un intento de impedir la participación política. En diciembre, Roberto Abdul, miembro de la Comisión y presidente de la ONG Súmate, fue detenido arbitrariamente y puesto en libertad al cabo de dos semanas. La situación legal de los miembros de esa entidad seguía siendo confusa al concluir el año.

Libertad de expresión y de reunión

Persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2023 tuvieron lugar 6.956 protestas, lo que equivalía a 19 protestas diarias, de las cuales el 80% reivindicaba derechos económicos y sociales. Muchas de ellas estaban encabezadas por colectivos de sindicalistas que reclamaban sus derechos laborales. Las autoridades respondieron con frecuencia empleando fuerza excesiva y llevando a cabo detenciones arbitrarias.

En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció demoras prolongadas e impunidad en la investigación sobre las muertes que habían tenido lugar durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.

La organización local Espacio Público documentó entre enero y noviembre 349 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas y otro personal de medios de comunicación. En septiembre, el periodista Luis Alejandro Acosta fue detenido de forma arbitraria y enjuiciado por promover e incitar la minería ilegal, ocupar una área protegida e instigar actos delictivos, presuntamente, mientras informaba sobre la extracción ilegal de oro en el estado Amazonas, en el sur del país; quedó en libertad al cabo de 14 días.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad. Según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias.

En octubre, la Plataforma Unitaria y representantes del presidente Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo negociado, con el apoyo de Estados Unidos y otros países, que dio lugar a la excarcelación de 26 personas al concluir el año. Las condiciones de la puesta en libertad no quedaron claras. Según las organizaciones locales, aproximadamente 280 personas seguían detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.

La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno. Amnistía Internacional denunció que, tras ser arrestadas, las víctimas comparecían sistemáticamente ante un tribunal -a menudo con competencia especial en materia de terrorismo- y eran acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo, y posteriormente eran trasladadas a un centro militar o policial donde permanecían meses o incluso años en espera de juicio. Muchas víctimas expresaban haber sufrido tortura y otros malos tratos, procedimiento que incumple las garantías procesales y vulnera otros derechos humanos.

Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas sostuvieron que el hecho de que una persona pasara horas o días detenida sin que su familia fuera informada de su paradero no constituía desaparición forzada. En el marco de ese examen, las autoridades reconocieron que, entre 2015 y 2022, solamente 10 de 455 presuntas desapariciones forzadas habían llegado a juicio, sin que se informara sobre el paradero de las víctimas ni se sancionara a nadie.

En julio, los activistas y líderes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron enjuiciados y condenados a 16 años de cárcel por un tribunal con competencia especial en materia de terrorismo; habían sido acusados de forma arbitraria de conspiración y asociación para delinquir por participar en manifestaciones pacíficas. Todos ellos quedaron en libertad en diciembre a raíz de unas negociaciones políticas.

El 30 de agosto, el estudiante y activista John Álvarez fue detenido de forma arbitraria. Su familia denunció que unos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo habían torturado y obligado a incriminar a un líder sindical y a un periodista. El joven fue también una de las personas excarceladas en diciembre. En octubre, el periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde 2020, fue puesto en libertad tras conversaciones entre el gobierno y la oposición. El sindicalista Guillermo Zárraga también quedó en libertad en diciembre.

Al concluir el año, varias personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas -entre las que figuraban Robert Franco y Darío Estrada- seguían esperando que se reanudaran sus juicios. En julio, esos procesos se habían aplazado y la competencia especial sobre terrorismo se había trasladado de repente de un juzgado a otro, lo que implicaba que los juicios debían empezar de nuevo.

Ejecuciones extrajudiciales

Aunque la OACNUDH había informado en 2022 de que las autoridades habían disuelto las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, este cuerpo estuvo implicado en varios centenares de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2023. La MIIV concluyó que las Fuerzas de Acciones Especiales habían sido reemplazadas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas y que varios de sus altos cargos seguían activos en la policía nacional.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En junio, un fiscal federal de Argentina abrió una investigación penal contra varios agentes de la Guardia Nacional Bolivariana por la ejecución extrajudicial de dos personas en el contexto de la represión ejercida en Venezuela en 2014.

Las violaciones de derechos humanos quedaban impunes. La MIIV señaló el incumplimiento de las recomendaciones que había formulado en informes anteriores y el uso del sistema judicial para proteger a los organismos de seguridad implicados en violaciones graves de derechos humanos.

En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras la apelación presentada por el país, la decisión de la Sala seguía pendiente al concluir el año.

A finales de 2023, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación anunció que realizaría una visita a Venezuela. Otras relatorías y órganos creados en virtud de tratados de la ONU seguían esperando que el gobierno cursara las invitaciones oficiales, tal como se había comprometido a hacer en 2019. Al concluir el año, la MIIV seguía sin haber obtenido permiso de entrada al país.

Condiciones de reclusión inhumanas

Las condiciones de las prisiones y los centros de detención siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua. La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal.

Se señaló que la falta de servicios de salud y tratamientos médicos en los centros de detención ponía en peligro la vida de quienes se hallaban bajo custodia. Emirlendris Benítez, que seguía detenida de forma arbitraria por motivos políticos, sufrió problemas graves de salud sin que se le prestara atención médica.

Las mujeres privadas de libertad sufrían condiciones inhumanas, y faltaban centros diferenciados por género.

Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el Estado reconoció que no tenía control alguno sobre seis prisiones que estaban gobernadas por personas presas. Tras una operación de seguridad que se llevó a cabo en septiembre, el gobierno empezó a recuperar el mando de los centros penitenciarios de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, Trujillo, La Pica, Vista Hermosa y San Felipe.

Derechos de los pueblos indígenas

La minería ilegal practicada en la zona del Arco Minero del Orinoco seguía teniendo consecuencias graves para los derechos humanos en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y afectaba de forma desproporcionada al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado, y a un medioambiente saludable.

Persistía la impunidad por el asesinato el año anterior de Virgilio Trujillo Arana, defensor indígena de los derechos humanos y de la tierra. Sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de personas no identificadas.

En septiembre, varias entidades de defensa de los derechos humanos señalaron que las fuerzas armadas habían tomado el control del parque natural Yapacana, en el sur del país, y expulsado -al parecer haciendo uso excesivo de la fuerza- a quienes ejercían la minería ilegal y a la población campesina. El Ministerio de Defensa reconoció que 2 personas habían muerto, 3 habían resultado heridas y unas 12.000 -muchas de las cuales eran indígenas- habían sido desalojadas de la zona. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos 10 personas habían muerto durante la operación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Javier Tarazona, director de la ONG FUNDAREDES, seguía detenido de forma arbitraria tras haber sido arrestado en 2021 por cargos relacionados con el terrorismo.

El Centro para los Defensores y la Justicia registró entre enero y noviembre 524 amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidas campañas de desprestigio y estigmatización llevadas a cabo por los medios de comunicación afines al gobierno y en las redes sociales.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Al concluir el año, más de 7,72 millones de personas venezolanas se habían marchado del país. En octubre se reanudaron los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela, y hasta finales de diciembre se llevaron a cabo 928 expulsiones. En noviembre, al menos 155 personas fueron expulsadas de Islandia, al parecer después de que se hubieran denegado sus solicitudes de asilo; según los informes, fueron detenidas al llegar a Venezuela.

En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países de la región que ofrecieran protección y otorgaran la condición de refugiado a quienes huían de Venezuela.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres y las niñas de Venezuela seguían teniendo problemas para acceder a alimentación, agua y saneamiento adecuados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró que la compleja situación humanitaria que se prolongaba desde 2015 había afectado de forma diferenciada a las mujeres -que se habían visto abocadas a la dependencia económica en relaciones de malos tratos y a un mayor riesgo de sufrir violencia de género- y a las niñas.

Derechos sexuales y reproductivos

El CEDAW señaló con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones.

Las repercusiones de la prolongada emergencia humanitaria sobre los servicios de salud sexual y reproductiva seguían obstaculizando el acceso de las mujeres y las niñas a esos derechos.

Violencia contra mujeres y niñas

El CEDAW expresó preocupación por la alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, especialmente la persistencia de femicidios, las desapariciones forzadas y la violencia sexual y psicológica que sufrían. Además, hizo hincapié en la falta de un protocolo con perspectiva de género para la investigación de los femicidios, el hecho de que hubiera solamente cinco centros de acogida para víctimas de violencia de género y la falta de datos estadísticos sobre los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.

En octubre, durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el representante de Venezuela señaló que el 95% de las investigaciones sobre casos de femicidio habían dado lugar a una declaración de culpabilidad y que entre 2016 y 2023 se habían procesado casi 1.700 acusaciones de femicidio.

La organización de la sociedad civil local Centro de Justicia y Paz registró 201 presuntos femicidios entre enero y septiembre.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación. En julio, la policía detuvo arbitrariamente a 33 hombres por su orientación sexual y cometió abusos contra sus derechos humanos. Los medios de comunicación publicaron los nombres de las víctimas. Treinta de los hombres quedaron en libertad 3 días más tarde; los demás pasaron 10 días detenidos, tras los cuales quedaron en libertad bajo supervisión judicial, acusados de "ultraje al pudor" y "contaminación sónica".

Derecho a un medioambiente saludable

Al concluir el año, Venezuela no había firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, y la pretensión del gobierno de aumentar la producción de petróleo contradecía sus compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

1. Venezuela: Vidas detenidas. Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, 29 de agosto

2. Venezuela: En peligro la vida de dos venezolanos detenidos, 9 de octubre

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Mantente al día de la situación de los derechos humanos en Venezuela gracias a los materiales más recientes de Amnistía Internacional sobre investigación, campañas y educación.

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"El nuevo Código Penal de Cuba, que fue aprobado en mayo, aunque entró en vigor el 1 de diciembre, corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades", ha declarado hoy Amnistía Internacional.

"Hace muchos decenios que las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal -o la amenaza de usarla- para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores", ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Hace muchos decenios que las autoridades cubanas usan sistemáticamente la legislación penal -o la amenaza de usarla- para silenciar la disidencia. El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

El nuevo Código Penal de Cuba, con sus 141 páginas, sustituye al anterior, que se remontaba a 1987, y contiene varias disposiciones nuevas y antiguas preocupantes para los derechos humanos. Entra en vigor en un momento en el que muchos cientos de personas siguen en prisión por protestar en julio de 2021, y después de que las oleadas de protestas de octubre de este año fueran también objeto de represión.

A continuación se explican cinco aspectos alarmantes del nuevo Código Penal:

Conserva muchas disposiciones del Código Penal que se emplean hace decenios para silenciar y encarcelar a activistas

Tras la represión de las protestas de julio de 2021, Amnistía Internacional nombró a seis personas presas de conciencia: apenas algunos casos emblemáticos que representan únicamente una pequeña fracción del número total de personas que probablemente merecen ser designadas como tales. Tres de estas personas siguen en prisión, mientras que, según la información de que dispone Amnistía Internacional, las autoridades obligaron a las restantes a exiliarse.

Todas las personas presas de conciencia de Amnistía Internacional, y muchos centenares de personas más criminalizadas en el contexto de las protestas, fueron acusadas en aplicación de varias disposiciones del Código Penal que se utilizan históricamente para silenciar la disidencia, como las relativas a "desórdenes públicos", "resistencia" y "desacato." Por ejemplo, el artista Luis Manuel Otero Alcántara fue declarado culpable de "desórdenes públicos", "desacato" y "ultraje a los símbolos nacionales". Por su parte, el líder del grupo de oposición política no oficial de Cuba, José Daniel Ferrer García, a quien se le ha limitado a menudo el acceso al mundo exterior desde su detención en julio de 2021, fue acusado de "desórdenes públicos".

Todas estas disposiciones siguen estando en el nuevo Código Penal: aunque hay algunos cambios de redacción, las penas mínimas aumentan. Por ejemplo, el "desacato", los "desórdenes públicos" y la "resistencia" conllevan actualmente una pena mínima de seis meses a un año de privación de libertad y/o multa, frente al mínimo de tres meses a un año de prisión y/o multa del Código Penal anterior. Del mismo modo, el "ultraje a los símbolos nacionales", que incluye mancillar o mostrar con otros actos desprecio a la bandera o al himno nacional, incluye ahora una pena de privación de libertad de dos a cinco años o una multa considerable o ambas, frente a la pena de tres meses a un año de privación de libertad o multa del Código anterior.

En un contexto en el que el poder judicial sigue sin ser independiente ni imparcial, y permite que se entablen procedimientos penales contra quienes critican al gobierno como mecanismo para prevenir la expresión de esas opiniones, disuadir de ella o castigarla, esto podría resultar en el encarcelamiento de activistas de derechos humanos o actores críticos durante periodos aún más largos.

Además, Amnistía Internacional considera que las personas que ocupan cargos públicos deben tolerar más críticas que los individuos particulares. El uso de leyes sobre difamación penal con el fin o el efecto de impedir las críticas legítimas al gobierno o a cargos públicos viola el derecho a la libertad de expresión. Amnistía Internacional se opone también a las leyes que prohíben el insulto o las expresiones de falta de respeto a jefes de Estado o figuras públicas, fuerzas armadas y otras instituciones públicas, o a banderas o símbolos (como las leyes sobre lesa majestad y desacato). La organización se opone a las leyes que penalizan la difamación, ya sea de personalidades públicas o de particulares, ya que este tipo de asuntos deben tratarse por la vía civil.

2. El nuevo Código Penal castiga a cualquier persona que "ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento" del gobierno

El artículo 120.1 del nuevo Código permite que la persona que "ponga en peligro el orden constitucional y el normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano" sea castigada con privación de libertad de entre 4 y 10 años.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión sólo puede restringirse en circunstancias muy limitadas. Toda restricción debe cumplir todos los elementos de un estricto análisis de tres partes: debe estar prevista en la ley, debe ser necesaria y debe ser proporcionada para el propósito de proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud o moral públicas, o los derechos o la reputación de otras personas. Además, para impedir la imposición abusiva de restricciones, debe existir un proceso efectivo de apelación ante un órgano independiente o un proceso de revisión judicial. Las disposiciones de redacción ambigua, como "poner en peligro el orden constitucional" y "normal funcionamiento del Estado y el Gobierno cubano", son incompatibles con las normas y leyes internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión.

3. Criminaliza la recepción de fondos, lo que limita aún más las actividades de periodistas independientes y activistas

El artículo 143 del nuevo Código Penal limita aún más la capacidad de organizaciones de la sociedad civil, activistas y periodistas independientes de actuar en el país al prohibir la recepción o uso de fondos cuando se considere que su propósito es "sufragar actividades contra el Estado cubano y su orden constitucional". Toda persona hallada culpable de estar en posesión de fondos que se considere que se utilizan con este fin puede ser castigada con una pena de entre 4 y 10 años de prisión.

El derecho internacional prohíbe criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos por recibir financiación extranjera. Estas limitaciones son contrarias al derecho de asociación, ya que constituyen un impedimento para que los defensores y defensoras de los derechos humanos realicen su labor, pues la financiación es una herramienta esencial para la existencia y el funcionamiento efectivo de cualquier asociación.

Esta nueva disposición ya está creando un efecto atemorizante en quienes ejercen el periodismo independiente que, según la ONG Artículo 19, han recibido presiones para renunciar antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal.

4. Limita severamente la libertad de expresión en línea

Por primera vez, el nuevo Código Penal de Cuba permite expresamente a las autoridades limitar severamente la libertad de expresión en las redes sociales y tipifica una serie de delitos de redacción ambigua relacionados con "telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación" que, en un contexto en el que las autoridades históricamente reprimen la libertad de expresión, podrían ser utilizados para cometer abusos.

Además, según el artículo 391.1 del nuevo código, cualquier persona que difunda "hechos falsos" a sabiendas puede ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión o multa, o ambas, e incurrirá en penas más severas, entre otros motivos, si la información se divulga en las redes sociales o en medios de comunicación social en sus espacios físico y digital. Igualmente, quien, "de propósito, por escrito o de palabra, por medio de dibujos, gestos o actos, ofenda a otra persona en su honor, incurre en sanción de privación de libertad de seis meses a un año o multa [...] o ambas." Este delito se considera asimismo agravado si la información se divulga en redes sociales.

Según el derecho internacional de los derechos humanos, las leyes redactadas de forma ambigua y excesivamente general, por ejemplo, las que prohíben la difusión de "información falsa" o castigan a quien ofende el "honor" de una persona, no cumplen los tres requisitos antes citados y son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión.

5. El nuevo Código Penal mantiene la pena de muerte para 23 delitos

Mientras la mayoría de los países del mundo va hacia la abolición de la pena de muerte, el nuevo Código Penal de Cuba va contracorriente al mantenerla para los delitos graves.

La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.

"Cuando nos acercamos al final de 2022, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por expresar pacíficamente sus creencias, se continúan reprimiendo las protestas y presenciamos una de las mayores olas de migración forzada desde Cuba de la historia reciente cuyos protagonistas tratan de construir una vida nueva con más libertad en otro país", concluyó Erika Guevara Rosas. "Seguiremos observando atentamente a las autoridades en 2023 y pidiendo a la comunidad internacional que condene con la máxima contundencia el uso indebido de la legislación penal para silenciar la disidencia."

"Cuando nos acercamos al final de 2022, cientos de personas siguen en prisión en Cuba por expresar pacíficamente sus creencias, se continúan reprimiendo las protestas y presenciamos una de las mayores olas de migración forzada desde Cuba de la historia reciente cuyos protagonistas tratan de construir una vida nueva con más libertad en otro país.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue condenado por "desórdenes públicos", "desacato" y de "ultraje a los símbolos nacionales". Amnistía Internacional sigue haciendo campaña en favor de la libertad de Luis Manuel y defiende los derechos de muchas personas más que han sido castigadas por criticar a las autoridades cubanas. Firma la petición
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con oficina de prensa de Amnistía Internacional : [email protected]

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Cuba: El nuevo Código Penal presenta un panorama aterrador para 2023 y años posteriores

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El nuevo Código Penal contiene un conjunto de disposiciones aterradoras que confieren a las autoridades facultades aún mayores para seguir sofocando la libertad de expresión y de reunión en 2023 y años posteriores

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La afinidad política entre la extinta guerrilla de las Farc-Ep y del Eln, los ha llevado a encontrar en Cuba todas las garantías que necesitan para la firma de los Acuerdos de Paz.

Para Guillermo Díaz, analista político de la zona Andina y Amazónica, las buenas relaciones diplomáticas entre Colombia y Cuba son prenda de garantía para que, en el país insular, avancen los diálogos que permitirán la futura firma de otro Acuerdos de Paz.

Para el especialista, esos buenos gestos se empezaron a notar nuevamente en Cuba tras la firma del cese bilateral al fuego entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla del Eln. Cuba tiene íntimos orígenes con las guerrillas de nuestro país y por eso recordó que Colombia jamás debe olvidar que la revolución que centró a la Nación fue a través de Cuba.
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"Todos los colombianos nos preguntamos porque los diálogos de paz tienen lugar en Cuba y no en otros lugares del mundo, simplemente porque fue en Cuba cuando la extinta guerrilla de las Farc promovió la toma del poder, ideología que si bien es cierto se expandió a Ecuador y Perú, se consolidó en Colombia", destacó el analista político.

Cuba y los diálogos

La confianza en el Gobierno de Cuba permitió el avance de los diálogos de las partes en conflicto y por eso el 24 de noviembre del 2016 se firmó el Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las Farc y el presidente Juan Manuel Santos.

"Es importante tener en cuenta que las Farc guardaban una buena relación con los gobiernos de la Isla y eso ayudó que, en un proceso largo, se analizarán en La Habana varios puntos que permitieron llegar a unos compromisos para la firma del Acuerdo de Paz", expresó Guillermo Díaz.

"Cuba al ser garante de procesos como esos juega un papel preponderante, significativo y facilitador para que los diálogos no sean tan complejos. Colombia tuvo varios encuentros en México, Venezuela y España para hablar de paz con las Farc, sin embargo, el resultado final se dio en Cuba. Lo mismo sucede con el Eln; en un comienzo Colombia buscó espacios para dialogar en Alemania y Ecuador, aspiraciones que no dieron resultado y que ahora resurgen nuevamente en Cuba", agregó el analista.

Con el Eln, el analista político Guillermo Díaz asegura que han sido bastantes complejos los diálogos porque según él, esa guerrilla tiene una proposición federal, es decir que no tiene mando unificado, sino que cada región tiene su jefe que aplica sus propias políticas, sin embargo, Cuba puede jugar un papel preponderante tratando de convencer, de seducir para llegar a unas instancias de confianza.

Yuri Quintero, vocera de los derechos humanos en el departamento del Putumayo, consideró importante la firma del acuerdo para el cese bilateral del fuego con la guerrilla del Eln, teniendo en cuenta la difícil realidad que están viviendo otras regiones de Colombia. Aunque precisa que dicha organización alzada en armas jamás ha hecho presencia en Putumayo, subraya que ese gesto del Eln influirá positivamente en otras regiones del país.

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Analistas políticos precisan que la afinidad política de las extintas Farc-Ep y del Eln los ha llevado a encontrar en Cuba las garantías que necesitan para hablar de paz.

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Violencia y Discriminación contra las Mujeres: Se resalta la prevalencia de violencia y discriminación contra las mujeres en El Salvador, tanto en el ámbito laboral como en la sociedad en general. Se mencionan casos de feminicidios, violencia de género, acoso laboral y sexual, así como la exclusión de las mujeres trans del acceso al trabajo formal.

Violencia Laboral: Se menciona que muchas mujeres periodistas en El Salvador trabajan en condiciones precarias, sin recibir el salario mínimo ni prestaciones laborales. Además, se destaca que el 90% de las encuestadas reconocieron la existencia de prácticas discriminatorias contra ellas, y un alto porcentaje sufrió violencia verbal y acoso sexual por parte de sus compañeros de trabajo, incluyendo acoso sexual durante su trabajo de campo.

Criminalización del Aborto: Se destaca el impacto negativo de las leyes que criminalizan el aborto de forma absoluta sobre los derechos a la vida, integridad personal, salud y derechos de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación, especialmente en casos de riesgo a la salud, inviabilidad del feto y embarazos resultantes de violencia sexual o incesto.

Violencia y Crímenes de Odio y discriminación contra Personas LGBTI: Se informa sobre la persistencia de crímenes de odio, agresiones y actos de discriminación contra las personas LGBTI en El Salvador. Además, se destaca la violencia, la exclusión social, exclusión, negación de servicios, estigma, marginación y la impunidad que rodean a estos crímenes, evidenciando la vulnerabilidad de este grupo. Se destaca que estas personas enfrentan altos índices de pobreza, baja escolaridad y una baja probabilidad de vida más allá de los 33 años.

Exclusión y Discriminación en Centros de Detención: Se destaca la necesidad de adoptar medidas para prevenir la violencia contra las personas LGBTI privadas de libertad, incluyendo procedimientos para presentar quejas sobre violación y abuso, evaluaciones de riesgo personalizadas, recopilación de datos sobre la violencia ejercida contra ellas y programas de sensibilización y capacitación en diversidad para el personal de seguridad y funcionarios policiales

Desplazamiento Interno y Protección de Personas Vulnerables: Se aborda la problemática del desplazamiento interno en El Salvador, generado por la violencia y la criminalidad organizada en el país. Se destaca la falta de protección especializada desde el Estado para las personas desplazadas, lo que genera condiciones precarias y riesgos para su integridad.

Violencia contra Defensoras de Derechos Humanos: Se advierte sobre la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador. Se destaca que las mujeres que defienden tierra, territorio, derechos de las mujeres y derechos sexuales y reproductivos enfrentan mayores agresiones.

Impunidad y Falta de Acceso a la Justicia: Se menciona que el incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de actos de violencia basada en género propicia un ambiente de impunidad que facilita la repetición de los hechos de violencia. Además, se señala que las mujeres y niñas víctimas de violencia muestran un bajo nivel de confianza en la administración de justicia, con cifras alarmantes de denuncias, especialmente en casos de violencia contra mujeres afrodescendientes e indígenas.

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El Salvador: Amnistía Internacional denuncia regresión en derechos humanos

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Ley de comunicación en Cuba: el PCC no suelta el control

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Entrevista: Derechos humanos versus Estado de El Salvador (2023)

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Cárceles con capacidad máxima de 280 personas, alojaba hasta 1,730 personas.

Uso excesivo de la detención provisional o prisión preventiva.

Largos periodos de detención preventiva para las mujeres.

Deficiente infraestructura en los centros de detención.

El 90% de toda la Tuberculosis del país de encuentra en los centros penales.

Detención prolongada y en aislamiento bajo condiciones inhumanas.

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Comisión Interamericana de Derechos Humanos

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Las principales problemáticas de Derechos Humanos en Cuba incluyen:

Violaciones a los derechos civiles y políticos, como la prohibición de sindicatos independientes, despidos y encarcelamiento de activistas antigubernamentales no violentos, y restricciones a la libertad de expresión y reunión pacífica.

Condiciones de detención por debajo de los estándares, con hacinamiento, aislamiento y abuso físico y sexual de los presos. Prácticas que no cumplen con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, como alimentación, atención médica y programas de trabajo.

Hostigamiento, agresiones y encarcelamiento a defensores de derechos humanos que documentan abusos. Negativa a reconocer el trabajo en derechos humanos como actividad legítima.

Represión y censura sistemática ante cualquier forma de disenso o crítica pública. Detenciones arbitrarias de opositores al gobierno.

Incumplimiento de obligaciones internacionales, como no haber ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Crisis económica severa que impacta en los derechos básicos de la población, con escasez de alimentos, medicinas y apagones.

Cuba enfrenta una crisis de derechos humanos caracterizada por violaciones a libertades fundamentales, condiciones carcelarias inhumanas, represión a la disidencia y defensores, y una grave crisis económica que afecta los derechos fundamentales.

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"Régimen en Nicaragua viola sistemáticamente los derechos humanos" ONU

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Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

seguridad social

atención médica y alimentación para las personas privadas de libertad

persecución contra organizaciones de la sociedad civil (DESC)

persecución contra docentes universitarios, adoctrinamiento.

persecución a servidores públicos que no son parte de la tendencia política del gobierno

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Libertad de expresión.

persecución judicial, represión, estigmatización, ataques, amenazas e intimidaciones contra personas y grupos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, tanto en línea como fuera de línea

falta de garantías judiciales a las personas sometidas a proceso penal por motivos vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

manipulación de los medios de comunicación

retención de pasaportes, negación de cualquier tipo de documentación migratoria por motivos vinculados al ejercicio del derecho a la libertad de expresión

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Tortura y muerte en las prisiones de El Salvador | Contexto DW

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Comunidades indígenas y afro.

territorios

consulta previa

amenazas, agresiones y otros actos de intimidación por terceros o empresas en sus territorios.

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Las protestas y las manifestaciones, han desencadenado en:

Privaciones a la libertad en condiciones y tratos inhumanos.

Represión social y violencia contra manifestantes.

Concentración de poder y abusos policivos.

Persecución política y religiosa.

Anular la libertad de expresión y formas de comunicación.

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Privación de la libertad

detenciones arbitrarias

aislamiento

falta de atención médica y alimentos.

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Espacio cívico y democrático.

cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil

la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas e intimidaciones contra los diferentes actores de la sociedad civil

persecución contra la Iglesia católica

detenciones arbitrarias, confiscaciones

obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta (obstáculos al ejercicio legítimo del derecho a la protesta)

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Condiciones deshumanizantes en las cárceles

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ONU renueva por dos años más al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. #noticias #nicaragua #aprendeentiktok #onu #danielortega 

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ONU renueva por dos años más al Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. #noticias #nicaragua #aprendeentiktok #onu #danielortega
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Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una época de violación masiva a DDHHH.

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Violencia sexual contra las mujeres trans