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Se utilizan para asegurar que los derechos humanos, civiles y sociales de las personas sean respetados, protegidos y garantizados. Estos mecanismos pueden incluir leyes que establecen los derechos fundamentales de las personas, sistemas judiciales independientes que garantizan el acceso a la justicia, organismos de monitoreo que supervisan y denuncian violaciones de derechos.

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"Apoyemos la creación de programas de asistencia y acompañamiento para personas con discapacidad en el uso del transporte público, garantizando su autonomía y pleno ejercicio de derechos en la movilidad urbana."

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"Apoyemos la creación de programas de asistencia y acompañamiento para personas con discapacidad en el uso del transporte público, garantizando su autonomía y pleno ejercicio de derechos en la movilidad urbana."

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Implementemos leyes y regulaciones que exijan la accesibilidad universal en el transporte público, asegurando el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.

Exijamos la creación de políticas públicas inclusivas que garanticen el acceso equitativo al transporte público para todas las personas, como parte de los mecanismos de protección de derechos en nuestra ciudad

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Ciudades sostenibles

Tribuna

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Organizaciones de personas con discapacidad y mayores se organizan para reivindicar urbes habitables para todos, también para ellos

Manifestantes en silla de ruedas participan en una concentración con motivo del día europeo por la igualdad de las personas con discapacidad, en Berlín, el 5 de mayo de 2023. JOHN MACDOUGALL (AFP)

La urbanización es una de las tendencias globales más importantes del siglo XXI. Hoy, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y el 15% de ellas son personas con discapacidad. Actualmente, hay más personas de 60 años que niños de cinco años. Para 2050, el 70 % de la población mundial vivirá en comunidades urbanas, incluidos más de 2. 000 millones de personas con discapacidad y mayores (este último grupo representará el 21 % de la población total).

A medida que las poblaciones crecen y envejecen rápidamente, es esencial que los planes y políticas de urbanización respondan a los derechos y necesidades de las personas mayores y con discapacidad. El objetivo es abordar los riesgos, prevenir crecientes desigualdades y garantizar que se cumplan las obligaciones establecidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), así como reconocer sus contribuciones a sus familias, barrios y países. Estas comunidades se ven privadas recurrentemente de sus derechos por aspectos como el acceso limitado al transporte público; barreras arquitectónicas que dificultan su movilidad; falta de espacios y servicios (como ausencia de baños accesibles o falta información en braille o audio, por ejemplo) que limita su participación en la sociedad; aislamiento social por falta de infraestructuras o discriminación y estigmas generalizados hacia las personas con discapacidad.

Para 2050, el 70 % de la población mundial vivirá en comunidades urbanas, incluidos más de 2 .000 millones de personas con discapacidad y mayores

Construir un futuro inclusivo y accesible para todos solo puede lograrse promoviendo y adoptando políticas, servicios, infraestructuras y productos urbanos inclusivos y sostenibles que funcionen y faciliten la vida a todas las personas. Los modelos de planificación urbana inclusiva de Curitiba (Brasil), los sistemas de transporte para mejorar la accesibilidad en México, o las soluciones móviles para personas con discapacidad visual en Bangalore (India) son buenos ejemplos de ello.

La accesibilidad es un derecho y una condición previa para que las personas con discapacidad y mayores participen en la vida de sus comunidades. Accesibilidad significa garantizar que tengan acceso al entorno físico que les rodea, al transporte, a información como material de lectura, a la tecnología de la comunicación y a todos los demás sistemas en igualdad de condiciones con los demás.

Si las ciudades y los gobiernos locales no están concienciados y formados en materia de accesibilidad, es posible que sigan adoptando estrategias, políticas y programas que pueden reforzar las barreras existentes y crear nuevos problemas de accesibilidad en lugar de salvar las diferencias y contrarrestar la marginación y la exclusión de las personas con discapacidad.

Codirigido por los grupos constituyentes de personas mayores y personas con discapacidad de la Asamblea General de Socios, la Unión Mundial de Ciegos y World Enabled, el Caucus de Accesibilidad es una alianza que incluye a representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de personas mayores, redes, asociaciones y aliados estratégicos. Trabajan colectivamente para abogar por la accesibilidad y la inclusión en el diseño urbano y exigir responsabilidades a los gobiernos locales y regionales.

Accesibilidad significa garantizar que las personas con discapacidad y mayores tengan acceso al entorno físico que les rodea, al transporte, a información y a todos los demás sistemas en igualdad de condiciones

Parte de los objetivos que promueve el Caucus es asegurar la participación de estas personas en todas las etapas de desarrollo, implementación y seguimiento de programas, políticas y prácticas. También recomiendan el diseño de indicadores para medir y monitorear la inclusión y la accesibilidad, y fomentan la promoción de la coordinación interinstitucional a nivel local, regional y nacional. Para ello, es importante que los gobiernos locales y regionales lleven a la práctica el Pacto por el Futuro de la Humanidad, que se aprobó por la organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en el Congreso Mundial de CGLU de Daejeon en 2022.

Asimismo, aunque muchos gobiernos han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, persisten muchas lagunas de aplicación y falta de cumplimiento de esos derechos. No existe una Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores y la aplicación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, de carácter voluntario, es escasa. Debido a ello, es preciso actuar de acuerdo con las obligaciones y responsabilidades legales de los gobiernos a todos los niveles para promover, proteger y realizar los derechos humanos para todos, incluido el derecho a la igualdad de acceso a los servicios y espacios, el derecho a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad.

En definitiva, la accesibilidad es un derecho humano, una condición previa para la inclusión y un prerrequisito para la realización de todos los demás derechos. Reconocerlo pasa por aceptar que la accesibilidad universal es un bien público y un componente integral del Derecho a la Ciudad. Tal y como establece el párrafo octavo de las Acciones Declaradas de Katowice, que dice que "la accesibilidad para todos y el diseño universal son una parte integral de la solución a los desafíos de la urbanización, incluida la crisis urbana, y constituye el agente de la acción transformadora para un futuro urbano más equitativo".

Katherine Kline es colaboradora de la Asociación de Naciones Unidas para organizaciones no gubernamentales.

Hannes Juhlin Lagrelius es coordinador del Programa Global para el Desarrollo Urbano Inclusivo y Accesible de la Unión Mundial de Ciegos. Ambos son copresidentes de la Asamblea General de Socios para Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

Más información

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Katherine Kline, Hannes Juhlin Lagrelius

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Por qué construir ciudades accesibles e inclusivas es esencial para el futuro de nuestras comunidades

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Organizaciones de personas con discapacidad y mayores se organizan para reivindicar urbes habitables para todos, también para ellos

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Para abordar la falta de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad en Bogotá, se pueden emplear varios mecanismos de protección de derechos, que pueden trabajar de manera conjunta para garantizar que las personas con discapacidad tengan igualdad de acceso y oportunidades en el transporte público, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.

Las Acciones Legales: Facilitarían el acceso a la justicia para las personas con discapacidad que enfrenten discriminación o violaciones de sus derechos en el contexto del transporte público, garantizando así la protección legal de sus derechos.

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¿Qué mecanismo de protección de derechos podría aplicar en la problemática seleccionada?

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¿Qué mecanismo de protección de derechos podría aplicar en la problemática seleccionada?

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Algunas opciones incluyen:

1. Legislación y Normativas Específicas: Implementar leyes y normativas que establezcan estándares de accesibilidad para el transporte público, asegurando que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad.

2. Mecanismos de Monitoreo y Supervisión: Establecer organismos gubernamentales o entidades independientes encargadas de monitorear y hacer cumplir las normativas de accesibilidad en el transporte público, garantizando así el respeto de los derechos de las personas con discapacidad.

3. Capacitación y Sensibilización: Desarrollar programas de capacitación para operadores de transporte público y sensibilización para la comunidad en general, con el objetivo de promover una cultura de respeto e inclusión hacia las personas con discapacidad.

4. Participación Ciudadana: Fomentar la participación activa de personas con discapacidad y organizaciones de la sociedad civil en la elaboración y seguimiento de políticas públicas relacionadas con la accesibilidad en el transporte público.

5. Incentivos y Sanciones: Establecer incentivos para aquellas empresas de transporte público que implementen medidas de accesibilidad y sanciones para aquellas que incumplan con dichas medidas.

6. Diseño Universal: Promover el diseño universal en la infraestructura y los servicios de transporte público, de manera que sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades.

7. Acciones Legales: Facilitar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad que enfrenten discriminación o violaciones de sus derechos en el contexto del transporte público, garantizando así la protección legal de sus derechos.

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La problemática seleccionada es la falta de accesibilidad en el transporte público para las personas con discapacidad en Bogotá.

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Requiere medidas concretas para mejorar la accesibilidad en el transporte público, así como promover políticas que fomenten una movilidad sostenible y eficiente para todos los ciudadanos. Es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y la participación de todas las personas en la sociedad, y esto comienza con la eliminación de barreras físicas y sociales en el transporte público de nuestra ciudad.