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Etcr de Mesetas: entre la esperanza de la Paz Total y el miedo de los excombatientes a que les incumplan lo prometido. (López, 2023)

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El acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, constituyó un inmenso paso en el camino hacia la paz. Sin embargo, debido a la magnitud, su implementación no ha sido una tarea sencilla, y, a pesar de algunos avances significativos, se han tenido diferentes tropiezos y han surgido un sinfín de retos sociales, políticos, económicos, culturales y obviamente, jurídicos. (González, 2021)

Bibliografía
López, O. M. (18 de Mayo de 2023). infobae.com. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2023/04/09/etcr-de-mesetas-entre-la-esperanza-de-la-paz-total-y-el-miedo-de-los-excombatientes-a-que-les-incumplan-lo-prometido/

González Rodríguez, A. (2021). Cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP respecto a la resocialización de la población en proceso de reincorporación ubicada en la zona veredal de Mesetas-Meta, 2016-2020. Universidad Santo Tomás.

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Sectores del Congreso y los mismos excombatientes han creído en la palabra del Gobierno y el presiente Petro de mejorar las condiciones del ETCR Mariana Páez y avanzar en la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016. Infobae (Jesús Avilés)

"La comunidad del Etcr Mariana Páez decidió confiar en el presidente". Aferrados a una nueva esperanza de que les cumplan con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, los excombatientes y sus familias que residen en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Mesetas -Meta- le apostaron a respaldar las promesas de Gustavo Petro y los acuerdos alcanzados para la protección de los firmantes y sus proyectos productivos ante las constantes amenazas de grupos residuales de las extintas Farc, como el Estado Mayor Central.

Esas intimidaciones no solo demuestran el crecimiento de estructuras armadas ilegales, incluyendo las disidencias conformadas por quienes no quisieron acogerse a lo pactado en La Habana, sino que son fiel reflejo de la falta de una plena implementación de cada uno de los seis puntos acordados en la capital cubana y refrendados en Bogotá, durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Ahora, la administración Petro dentro de su gran política de Paz Total busca que el Acuerdo logre mayores niveles de implementación que los dejados por el gobierno de Iván Duque, y ello implica el acompañamiento suyo y de las entidades correspondientes -fuerza pública, la oficina del alto comisionado para la Paz, la Unidad de Implementación, las instancias de observación y verificación planteadas en el Acuerdo y las misiones internacionales- con aquellos excombatientes que le siguen apostando a la paz pese a las constantes faltas que, desde el Estado, le han hecho al cumplimiento de los seis puntos del documento.

Esa confianza de la comunidad del Mariana Páez depositada en el presidente Petro y reflejada en un comunicado redactado un día después de la visita que tuvo el jefe de Estado a ese Etcr, implica también el reconocimiento de fallas en la implementación que no fueron propias del actual gobierno pero que deben replantear y corregir; entre ellas, la ubicación de ese espacio de reincorporación. De acuerdo con el senador Iván Cepeda, en la administración anterior no se tuvo en cuenta la adecuación de esas zonas en terrenos fértiles para el desarrollo de proyectos productivos.

"Este espacio territorial está ubicado en un terreno que todavía no les pertenece a los excombatientes y que, al parecer, no se va a poder adquirir porque es un baldío, entonces eso muestra que muchas de esas ubicaciones que se hicieron de los excombatientes se han realizado en lugares donde no se verificó de una manera más rigurosa", le dijo el también presidente de la Comisión de Paz del Senado a Infobae Colombia.

Desde Mesetas, Petro dijo el miércoles 29 de marzo que el Mariana Páez debe contar con un área de 1.400 hectáreas de tierra fértil para la continuidad de los proyectos productivos liderados por excombatientes y sus familias -aproximadamente 200-. Dicha adecuación, según lo manifestado, hace parte de la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral, primer punto del Acuerdo Final.

La comunidad del espacio de reincorporación puntualizó que llegó a cuatro acuerdos con el presidente Petro. Presidencia.

En diversas ocasiones la bancada de Comunes le insistió al presidente tener un encuentro para que conociera la situación real de los exguerrilleros en proceso de reincorporación a la vida civil. Esas cumbres, sostenidas en la Casa de Nariño, fueron el primer aliciente para que viajara al municipio de Meta y tomara medidas reales ante las amenazas y la falta de implementación que hay detrás de esas acciones de las disidencias. Para Julián Gallo, senador del partido que nació tras el Acuerdo Final, hay una "voluntad política incuestionable" del Gobierno nacional también para brindar las garantías de seguridad a los firmantes de la paz.

"Lo que se acordó es que obviamente van a permanecer allí con garantías y presencia de la fuerza pública en el territorio. En su intervención, el presidente fue claro en señalar que la salida de la gente de este espacio territorial no significaba en ningún momento que les van a dejar ese territorio a las organizaciones ilegales armadas; todo lo contrario: el Estado se va a asentar allí con mucha más presencia no solo de la fuerza pública sino en general de la institucionalidad. De hecho, el presidente planteó que quiere regresar al territorio a reunirse con las comunidades, ya no solamente con los firmantes de paz", detalló a este medio el ahora legislador.

El Mariana Páez es uno de los 24 Etcr existentes en el país. De estos, solamente 12 cuentan con terrenos comprados; los demás -incluyendo este- tiene sus terrenos en arriendo. Sin embargo, datos de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz entregados a este medio indican que se están adelantando acciones para la compra de predios en cinco espacios territoriales.

El ETCR Mariana Páez de Mesetas es uno de los 12 que no cuenta con terrenos totalmente comprados. Cortesía (Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz)

Dicha dependencia, que era dirigida por Emilio Archila y Juan Carlos Vargas en el gobierno Duque, fue reemplazada por la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz vía decreto que recortó un total de siete consejerías. Esto, según Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia - Dapre -, le ahorraría al país 33 mil millones de pesos.

La Unidad de Implementación pasó a integrar la oficina del alto comisionado para la paz, y justamente, ese hecho ha generado discordia dentro y fuera del gobierno. De hecho, una de las conclusiones a las que se llegó tras la cumbre realizada en Cartagena y que contó con la presencia del expresidente Juan Manuel Santos, integrantes del otrora equipo negociador del gobierno con las extintas Farc y varios miembros de la delegación con el ELN, fue que la implementación del Acuerdo de 2016 no puede quedar en manos de Danilo Rueda, pues pierde la prioridad necesaria de implementación ya que él se encuentra adelantando otros procesos con distintos grupos armados.

Incluso, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, reconoció que el director del Dapre no tuvo en cuenta los reparos presentados a la hora de eliminar la consejería para la Estabilización. "No hubo por parte de Lizcano un proceso de diálogo con el Partido Comunes ni con la antigua consejería de Estabilización para mirar las consecuencias que implicaría eliminar una consejería para la paz y dejarla como una unidad", le explicó a Infobae Colombia. Además, aseguró que al pasarle todas las funciones de esa consejería al comisionado Rueda, quedaron vacíos con respecto no solo a la implementación del Acuerdo, sino también sobre el manejo de los recursos para la paz.

Pese a estas rencillas administrativas, la Unidad de Implementación sigue su curso y actualmente hace acompañamiento al tránsito de los excombatientes del ETCR. "La reincorporación está en el centro de este compromiso por la paz y no de una manera fragmentada como se vino realizando en los últimos años donde los planes nacionales de reforma rural tuvieron la elaboración del plan de acción pero no los presupuestos en lo que era la Paz con Legalidad y no una inserción a unas nuevas condiciones de vida como lo está planteando el presidente Petro (...) El presidente habló de cumplir el acuerdo y en eso estamos con el alto comisionado en el marco de la Paz Total", sostuvo Cuartas.

El martes 18 de abril se llevará a cabo en el Congreso un debate de control político al que fue citado el comisionado Rueda y al que asistiría también la funcionaria para explicar los avances presentados en materia de implementación. Mientras tanto, los excombatientes del Etcr Mariana Páez esperan que se cumpla lo prometido por el presidente, así como cada uno de los cuatro acuerdos alcanzados con el jefe de Estado: destrabar las restricciones normativas para la compra de tierras; mantener el campamento humanitario con acompañamiento institucional; salida inmediata del territorio en caso de que se rompan los diálogos con el Estado Mayor Central, y el pleno cumplimiento del mecanismo de salida de los reinsertados en esa zona.

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Etcr de Mesetas: entre la esperanza de la Paz Total y el miedo de los excombatientes a que les incumplan lo prometido

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El gobierno del presidente Gustavo Petro tampoco se ha salvado de los cuestionamientos por fallas en la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc; pese a eso, el mandatario acordó varios puntos con los guerrilleros en proceso de reinserción en el espacio territorial de Meta mientras que en Bogotá el ojo de la crítica está sobre el comisionado Danilo Rueda y la prioridad que tendría la puesta en marcha de lo pactado en La Habana dentro de la Paz Total

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La comunidad ha venido trabajando para impulsar el turismo, como medio de desarrollo económico en el territorio. (cambio, 2022)
Bibliografía
Cambio, I. V. (Octubre de 2022). spotify.com. Obtenido de Spotify: https://open.spotify.com/episode/2Hda5hbOSGablJNRQSWSWX?si=7020bee8ebb149d4

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Listen to this episode from Inquebrantables: voces del cambio on Spotify. Firmantes de paz del centro poblado Mariana Páez y campesinos de Mesetas, Meta, trabajan en el proyecto turístico 'Sendepaz', una ruta por caminos que fueron abiertos por los grupos armados que operaban en la región.

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A partir de 200 encuestas realizadas en Mesetas, vemos la interacción frecuente entre excombatientes y población civil dando paso a un nuevo escenario de incertidumbre y temor. (Barrios Sabogal, Lopez Alvarez, & Wolff, 2023)

Bibliografía

Barrios Sabogal, L. C., Lopez Alvarez, S., & Wolff, J. (23 de Marzo de 2023). elespectador.com. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/analistas/que-esta-en-riesgo-en-mesetas-meta/

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El desplazamiento forzado del antiguo ETCR en Mesetas pondría fin a un impresionante proceso de construcción de paz territorial que ha involucrado a 200 familias de excombatientes y a comunidades aledañas.

Es un hecho. Así empieza el segundo comunicado con el que la comunidad Mariana Páez del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas, Meta, ratifica el desplazamiento al que serán sometidas en las próximas semanas cerca de 200 familias por las amenazas y ultimátum recibido por parte del Estado Mayor Central, disidencia de las antiguas FARC-EP.

Como investigadores tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano las apuestas de paz de esta comunidad frente a la reincorporación y la construcción de paz local. Allí adelantamos un proyecto sobre "el impacto de los ETCR en los procesos de reincorporación y de reconstrucción del tejido social en los territorios", financiado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y realizado entre la Universidad del Rosario, la Universidad de Rice y el Instituto de Paz de Frankfurt (PRIF). Es muchísimo lo que está en juego.

Con la firma del Acuerdo Final en 2016, las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) se establecieron para realizar el proceso de dejación de armas de excombatientes de las FARC-EP que se acogieron al acuerdo. En agosto de 2017, algunas de estas zonas se convirtieron en los ETCR, donde muchas familias decidieron continuar con su proceso de reincorporación. En el de Mesetas, ubicado en la vereda La Guajira, en el departamento del Meta, más de 290 firmantes de paz iniciaron su proceso de retorno a la vida civil. A hoy, el número de excombatientes que residen en el espacio ha disminuido significativamente. Las amenazas y la zozobra por las precarias condiciones de seguridad los han obligado a recomenzar un nuevo proyecto de vida fuera de esa zona. "Son más los que se han ido que los que quedan", dice uno de nuestros entrevistados.

Quienes se quedan le apuestan, junto con familiares y personas de la comunidad aledaña, a un futuro en la región. Desde la firma de los acuerdos en La Habana, firmantes y comunidad han establecido en el espacio diferentes formas organizativas, entre ellas cuatro cooperativas y tres asociaciones, como la Asociación de Mujeres Amasando Sueños (MUASU), la Cooperativa Multiactiva de Líderes y Líderesas Campesinas (LICAMP), la Cooperativa Multiactiva de Granjas Multipropósito Auto Sostenible Construyendo y Cultivando Paz (GRAMPAZ). Los proyectos que adelantan son diversos, desde una planta de reciclaje de plásticos con apoyo de la cooperación internacional, hasta iniciativas de compostaje, piscicultura, confecciones y turismo. La planta de transformación de café es su proyecto insignia, gracias al cual producen el Café Maru, uno de los mejores Premium de la región.

Pero los obstáculos persisten. La inseguridad en la zona ha dificultado el desarrollo de estas iniciativas de paz por la disputa y consolidación territorial de diferentes grupos, incluida la disidencia Estado Mayor Central liderada por alias "Iván Mordisco", que nunca se acogió al proceso de paz. La gravedad de la situación ha escalado después del asesinato de Alexander Parra, en octubre de 2019. Parra fue el primer excombatiente asesinado dentro de un ETCR y era responsable del seguimiento al proceso de reincorporación de los excombatientes de la zona. Según la población encuestada en el marco del proyecto, en 2022 la fuerte presencia de disidencias en el territorio era evidente, sin que hubiese claridad de quién o qué grupo específico estaba detrás de los hechos de violencia. Las extorsiones frecuentes y el ejercicio de control armado persistieron. Si bien los habitantes de Mesetas vivieron un cambio positivo tras la firma de los acuerdos, seis años después, la sensación de inseguridad en la comunidad se incrementó nuevamente.

A la inseguridad, se suma la titularidad del predio en donde se ha desarrollado el ETCR desde sus inicios. Las cerca de 17 hectáreas están ubicadas en un terreno baldío, lo que ha impedido que los firmantes puedan comprar los terrenos. La Agencia de Renovación del Territorio-ART y el gobierno de Iván Duque no solucionaron el problema. De acuerdo con nuestros entrevistados, a finales del año pasado, estos organismos habían dilatado el tema dejando a la comunidad una sola alternativa: esperar a que el nuevo gobierno tome las medidas necesarias para resolver la situación.

A partir de cerca de 200 encuestas realizadas en Mesetas, y de más de mil llevadas a cabo en otros seis municipios del país con presencia de comunidades de firmantes, vemos que la interacción frecuente entre excombatientes y población civil ha permitido la reconstrucción de vínculos significativos entre ambos, un paso crítico y a la vez vital para la reconciliación nacional. Firmantes y comunidad trabajan en los proyectos productivos ya mencionados y en la consolidación de la paz en uno de los territorios más afectados por la guerra. Defender estos espacios y garantizar la seguridad y permanencia de los firmantes es urgente para alcanzar el propósito de una paz territorial sea estable y duradera.

Las condiciones de precariedad, el aumento de la inseguridad y la incertidumbre generada por la inoperancia institucional en la zona son responsables de que estas 200 familias no solo tengan que abandonar su territorio, sino también a las comunidades aledañas a las que el ETCR les ha permitido acceder a servicios como guardería, supermercado, restaurante o la biblioteca.

El gobierno de Gustavo Petro enfrenta muchos retos y obstáculos frente a la implementación del Acuerdo Final. Deberá demostrar con determinación su compromiso con la consolidación de la paz territorial y la búsqueda e implementación de medidas urgentes para evitar, no solo el desplazamiento forzado de la comunidad Mariana Páez, sino también para impedir una nueva ruptura del tejido social. Estas amenazas afectan todo un territorio que ha creído que la paz es posible. Tal y como sugieren los resultados de nuestra investigación, el compromiso de los firmantes de paz y las comunidades aledañas con la reconciliación sigue intacto. La acción del gobierno es crucial para que estas experiencias y esperanzas no se vean frustradas.
*Esta columna hace parte de la línea de trabajo en diplomacia de la educación y la ciencia del Instituto CAPAZ. Twitter institucional: @Instituto_CAPAZ La columna representa las opiniones de los autores. **Laura Camila Barrios Sabogal. Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, investigadora de doctorado del Instituto Leibniz de Investigación de la Paz de Frankfurt (PRIF, por sus siglas en inglés). Twitter: LauraC_Barrios Santiago López Álvarez. Investigador académico y Consultor de Naciones Unidas. Jonas Wolff. Politólogo, investigador y director del departamento de investigación "Conflictos intraestatales" del Instituto Leibniz de Investigación de la Paz de Frankfurt (PRIF) y miembro de la junta directiva del Instituto Colombo-Alemán para la Paz - CAPAZ. Twitter institucional: @HSFK_PRIF

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El desplazamiento forzado del antiguo ETCR en Mesetas pondría fin a un impresionante proceso de construcción de paz territorial que ha involucrado a 200 familias de excombatientes y a comunidades aledañas. Es un hecho.

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Efectivamente después del acuerdo se evidenció una reducción significativa, toda vez que los desmovilizados quedaron en esta zona veredal de concentración ETCR Mariana Páez (Presidencia de la República - Colombia, 2017)

Bibliografía

Presidencia de la República - Colombia. (13 de Febrero de 2017). youtube.com. Obtenido de YouTube: https://youtu.be/KRmf8tt-Akw

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la violencia se redujo en el municipio de mesetas meta - Google Search

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Mesetas, Meta, pasó de ser una zona de conflicto a convertirse en cuna del turismo en los llanos orientales. (Institucional, 2022)

Bibliografía
Institucional, C. (23 de Febrero de 2022). Twitter.com. Twitter: https://twitter.com/i/status/1496459163777609737

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🔴🎥 #SeñalDeLaMañana | 🕊️ Con la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el municipio de Mesetas, Meta, pasó de ser una zona de conflicto a convertirse en cuna del turismo en los llanos orientales. Conoce más sobre estos proyectos 👇.

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— Canal Institucional (@InstitucionalTV) February 23, 2022

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En el departamento del Meta se encuentra el Antiguo ETCR Mariana Páez en donde fortalecemos las asociaciones Muasu y Agrocomún y las cooperativas Coomuldg, Granpaz y Licamp. mos la sostenibilidad de las organizaciones, a través de reconocer la importancia de la relación que tienen las unidades productivas con sus asociaciones o Mejora cooperativas. (Corporación Mundial de la Mujer Colombia, 2021)

Bibliografía

Corporación Mundial de la Mujer Colombia. (25 de Noviembre de 2021). youtube.com. YouTube: https://youtu.be/eRYbj_c9ZEU

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Corporación Mundial de la Mujer Colombia

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"El frente 40 de la disidencia de Gentil Duarte fortalecerá consolidarse en toda la jurisdicción de Uribe y Mesetas". (Forero Rueda, 2021)
Bibliografía
Forero Rueda, S. (8 de Agosto de 2021). elespectador.com. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/se-marchita-la-paz-donde-las-farc-dejaron-las-armas/

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La cuenca del río Duda, que del páramo de Sumapaz va a desembocar al río Guayabero, en el sur del Meta, marca la frontera entre los municipios de Uribe y Mesetas. Sobre ambas márgenes del río se ubican varios poblados que conocen de cerca la guerra y que en su momento fueron el escenario de varias conferencias guerrilleras de las extintas Farc. Sobre todos ellos hoy corre de boca en boca una advertencia: Henry Castellanos Garzón, conocido como Romaña y antiguo jefe militar en la región, ha dicho que volverá para recuperar las tierras de las que se apropió cuando por esta zona dominó el Bloque Oriental de la guerrilla.

Cuatro años atrás, esta misma zona fue la "cuna" para la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado en La Habana. A pocos kilómetros se ubica la vereda Buenavista, adonde llegaron el 27 de junio de 2017 el entonces presidente, Juan Manuel Santos, y el máximo dirigente de la exguerrilla, Rodrigo Londoño, para sellar en un acto solemne la dejación de armas de las Farc. Con la estructura de un fusil convertido en azadón para el campo, las Farc dejaban 7.132 armas (luego serían 8.994) en poder de las Naciones Unidas.

* * *

Jennifer Martínez es una lideresa de la vereda San Miguel, que hoy denuncia con vehemencia que la falta de implementación de lo pactado está desplazando a las familias de su vereda. Allí, unas cincuenta familias se acogieron al programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca, entre cultivadores y recolectores. Cumpliendo con su parte, los campesinos arrancaron las matas de coca de las que vivían hace años, esperando las promesas del programa.

Pero para que les cumplieran apenas con el primer paso, los pagos mensuales de $1 millón durante un año, varias de esas familias tuvieron que interponer tutelas. Luego llegó la huerta comunitaria, pero eso fue lo último que les llegó por cuenta del programa. Los proyectos productivos, por $19 millones, nunca llegaron. Como no tuvieron con qué reemplazar la coca que ya habían arrancado, y se quedaron sin sustento, malvendieron sus parcelas, levantaron lo suyo y se fueron a probar suerte en las zonas cocaleras. Unos a sembrar de nuevo y otros como raspachines.

No es la única vereda. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en Brisas del Duda, donde se inscribieron más de sesenta familias, o en Guacamayas, donde fueron unas treinta. En total, en todo Mesetas entraron al programa 1.103 familias. "Realmente lo que ha habido es erradicación voluntaria, pero no ha habido ninguna sustitución de cultivos", comenta Irson Córdoba, delegado del partido Comunes (antes FARC) para el programa de sustitución en el Meta.

Y denuncia: "Con tantas necesidades, muchos se han ido a otras zonas de raspachines o a involucrarse en la cadena del procesamiento de la coca, y en un momento determinado cuando se den las capturas, los cogen y comienzan a hacer la propaganda contra el programa". Las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) certifican el cumplimiento de las familias que ingresaron al programa: en un 99 % esas familias cumplieron con erradicar la coca, según el último informe ejecutivo que emitió esa agencia, antes de que el 31 de diciembre de 2020 finalizara el convenio con el Gobierno para monitorear el cumplimiento del programa. Hasta la fecha, ese convenio no ha sido renovado.

En uno de los últimos informes que emitió, la UNODC reveló que los grupos que están allí vetaron el ingreso a sus funcionarios en esta zona. "Restricción de ingreso emitida por integrantes de grupos armados ilegales, dirigida a funcionarios y personal que de una u otra forma estuviera relacionado con el PNIS y con Parques Nacionales Naturales", se lee en el documento que ubicó el episodio en el municipio de La Macarena.

Según dice Córdoba, creen que la movilización campesina puede hacer que se corrija el rumbo en la implementación del PNIS. "Estamos planificando con delegaciones y líderes por vereda hacer una denuncia no ante el presidente [Duque] porque la conoce, no ante los ministerios porque la conocen, sino ante la Embajada de Estados Unidos en Colombia o las embajadas de los países europeos en Colombia, no para decir "es que el gobierno no nos cumple", sino para decir "queremos que nos ayuden a eliminar el cultivo ilícito en Colombia, pero que sea una voluntad unánime de la comunidad internacional".

Emilio Archila, consejero para la Estabilización, le dijo a este diario que a pesar de las ambiciosas promesas que el programa les hizo a las comunidades, sin asegurar recursos para su implementación, el Gobierno ha aumentado esfuerzos para cumplirles a las 99.000 familias que en todo el país se acogieron al programa. Para ellas, han invertido unos $1,3 billones, con los que han logrado empezar los primeros proyectos de ciclo corto.

Al Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se implementa en la zona producto del primer punto del Acuerdo de Paz no le ha ido mejor. En varias veredas que recorrió Colombia+20, si bien participaron en la construcción del programa, en el que plasmaron qué era lo que necesitaban, hoy no tienen idea de qué se ha entregado ni cuánto se ha invertido.

Los datos oficiales, entregados por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART), dicen que en Mesetas se han entregado al menos 27 obras de pequeña envergadura como resultado del PDET. En la lista hay intervenciones en algunos tramos de vías terciarias, que a veces abarcan apenas 400 metros o en ocasiones hasta cuarenta kilómetros de vía. Hay casetas comunales, alcantarillas y puentes peatonales para cruzar caños. En total, en el municipio se han invertido más de $4.236 millones en esas 27 obras. Mesetas hace parte del PDET Macarena-Guaviare, en el que en total se han entregado 240 obras, por más de $36.800 millones.

* * *

El 21 de octubre de 2019, Luz Marina Giraldo ( Jessenia), a tres años de la firma de la paz, tuvo que empezar de cero su reincorporación. Ese día, después de varias semanas de amenazas a su celular, hombres armados entraron hasta su vivienda en el espacio territorial de reincorporación Mariana Páez, de Mesetas, y ultimaron a tiros a su esposo, Alexánder Parra ( Rodolfo). Ambos eran líderes de los excombatientes que avanzaban en su tránsito a la legalidad en esa zona del país. Tras el asesinato de su esposo y con el precedente de que luego entre los capturados por el crimen estaría el líder político del mismo espacio, John Jairo Giraldo Velásquez, Jessenia empacó maletas y se fue para siempre.

En noviembre de ese año llegó a parar a Villavicencio, desde donde continuó con su trabajo como enlace de reincorporación en el Meta. Al año siguiente empezó a estudiar Trabajo Social y hoy ya va por cuarto semestre. El año pasado, luego de la peregrinación de excombatientes de las Farc que llegó hasta Bogotá tras el asesinato de Albeiro Suárez -también asesinado en esta zona del país, en Uribe- Jessenia integró el comité de peregrinos que se creó para hacerle seguimiento a lo que se acordó entonces con el gobierno de Duque.

"El hecho de nosotros estar trabajando en pro de la reincorporación y sostener a los firmantes del Acuerdo en este camino se ha convertido para quienes decidieron devolverse o los que nunca hicieron parte del proceso en un punto de quiebre, en el que nos tildan a nosotros de arrodillados del Gobierno y de traidores", explica.

Hoy quiere que se ponga un tema sobre la mesa: los hijos de los exguerrilleros que han sido asesinados después de la firma del Acuerdo, cifra que ya va en 280 casos. "Los hijos de excombatientes asesinados están totalmente abandonados por el Estado. Como los derechos que da la reincorporación no son heredables, ¿estos niños qué heredaron entonces? ¿La desgracia de ser hijos de excombatientes?".

Desde su rol de lideresa de la reincorporación en el Meta, hace un balance de la situación económica de los exguerrilleros en el departamento. "A cuatro años de la reincorporación, ya no estamos hablando de proyectos productivos, sino de sostenibilidad económica. Se habla de una millonada que han entregado para las cooperativas y sus proyectos, pero vamos a ver cuál es la rentabilidad. Las cooperativas para implementar sus proyectos de ganadería o agrícolas tienen que hacerlo en terrenos arrendados, y eso desangra los ingresos".

Sin embargo, en noviembre de 2020, el Gobierno expidió un decreto para que predios en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) pudieran ser habilitados para adjudicarlos a excombatientes que necesitaran tierra para sus proyectos productivos. Hoy ya son más de 2.300 proyectos entre individuales y colectivos, con una inversión de más de $60.000 millones.

El cerco de la disputa entre la Segunda Marquetalia, donde está Romaña, y la de Gentil Duarte, que en la zona comanda Calarcá, ha recaído también sobre los exguerrilleros que se quedaron en la legalidad en esta zona. En la vereda El Diamante, de Uribe, se asentaron unos sesenta excombatientes que llegaron allí en principio con Romaña y cuando él se devolvió a la guerra, ellos siguieron adelante con los proyectos productivos. Sin embargo, les cayó encima el peso de la estigmatización de ser "los de Romaña " y para la disidencia de Gentil Duarte todos los bienes de esa cooperativa eran de ese exjefe de las Farc. Por eso, al puñado de exguerrilleros les dieron el ultimátum para que salieran del territorio a riesgo de ser asesinados. De eso ha pasado ya más de un año y hoy están dispersos en ciudades como Villavicencio y otros poblados del oriente del país, mientras concretan con el Gobierno un nuevo predio para trasladarse definitivamente.

En esa disputa entre Romaña y Gentil Duarte muchos incluyen lo que ocurrió hace semanas con la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras que fue masacrada en Mesetas: una finca de la que en tiempos de guerra se apropió Romaña, pero que hoy está en poder de la disidencia de Gentil Duarte. Cuando las dos hermanas reclamantes, Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe, junto con la funcionaria Karen Garay y el conductor Jhoan Cogua fueron a reclamarla se encontraron con los armados, que asesinaron a los cuatro.

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Se marchita la paz donde las Farc dejaron las armas

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La cuenca del río Duda, que del páramo de Sumapaz va a desembocar al río Guayabero, en el sur del Meta, marca la frontera entre los municipios de Uribe y Mesetas. Sobre ambas márgenes del río se ubican varios poblados que conocen de cerca la guerra y que en su momento fueron el escenario de varias conferencias guerrilleras de las extintas Farc.

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Los desmovilizados de las FARC le dieron la cara al mundo ya los colombianos, le están apostando a la paz. (Pulido, 2017)

Bibliografía

Pulido, J. R. (27 de Junio de 2017). radionacional.co. Obtenido de Radio Nacional de Colombia: https://www.radionacional.co/cultura/mesetas-el-inicio-del-camino-de-reconciliacion

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Mesetas: el inicio del camino de reconciliación

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Hace 53 años se refugiaron en las montañas de Colombia, se internaron en sus cordilleras y dieron inicio, sin saberlo, al mayor conflicto interno armado de América Latina. Ahora salieron de sus escondites, le dieron la cara al mundo y a los colombianos, y confiando en que este proceso salga adelante, le están apostando a la paz.

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Los reintegrados y sus familias en general, expresaron sentirse decepcionados, desilusionados y defraudados frente a la firma del Acuerdo de Paz. (Morales Castillo, 2023).

Bibliografía
Morales Castillo, C. A. (29 de Marzo de 2023). elespectador.com. Obtenido de El Espectador: https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/presidente-gustavoo-petro-visita-etcr-en-mesetas-meta-que-fue-amenazado-por-las-disidencias-de-las-farc/

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El presidente Gustavo Petro intenta, a esta hora, convencer a los líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, Meta, para que no se desplacen del lugar por cuenta de las amenazas que recibieron de las disidencias que se denominan Estado Mayor Central de las FARC EP. Petro encabeza una reunión con 15 hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz, junto al senador Iván Cepeda; al alto comisionado para la paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Cuartas; del director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda; de la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización, Alejandra Miller; y del director de la Agencia de Renovación del Territorio Raúl Delgado.

En ese encuentro se discuten dos propuestas que el presidente Petro puso a discusión: que los excombatientes se queden y el gobierno se compromete a comprar, en un plazo de tres meses, el predio que ocupa el espacio Mariana Páez y otro diferente -hay 7 terrenos que están bajo análisis de las entidades gubernamentales -. Los líderes del espacio insisten del lugar el próximo 8 de abril.

Esta reunión se realiza después del Puesto de Mando Unificado por la Vida, PMUV, que instaló Franklin Castañeda en la que participaron los representantes de los ETCR ubicados en ese departamento, quienes han insistido en que la decisión de que cerca de 200 familias de firmantes de paz abandonen el Mariana Páez, tras una seria amenaza que hizo una estructura de los disidentes que se identifican como miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP, EMC, que mantienen una confrontación con el otro grupo disidente que se autodenomina Segunda Marquetalia.

El director de Derechos Humanos Franklin Castañeda ratificó en la mañana que "el gobierno está en capacidad de dar todas las garantías integrales para acompañar a los firmantes de paz se queden en el ETCR Mariana Páez o de acompañarlos en otros espacios que ellos decidan".

En este espacio participaron también el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; la directora de la Unidad de Implementación, Gloria Cuartas; la directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN, Alejandra Miller; y los representantes del Partido Comunes, Rodrigo Londoño y Pastor Alape. Como garantes de la reunión están el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu y delegados de los países que han acompañado el proceso de paz.

Se espera al final de la reunión con el presidente Gustavo Petro, haya un pronunciamiento sobre la decisión definitiva. La visita de Petro -la primera a un espacio territorial desde su posesión- viene acompañada de una robusta comitiva de entidades y funcionarios para responder a las demandas de los firmantes de paz.

A causa de la situación de riesgo en la que se encuentran las personas firmantes de paz del espacio territorial Mariana Páez en Mesetas - Meta, a esta hora, por orden del presidente @petrogustavo, instalamos #PMUPorLaVida en este ETCR.
(Sigue👇🏾) pic.twitter.com/BnAcntasEw
- Franklin Castañeda Villacob (@FranklinCastaV) March 29, 2023

A primera hora del día, un grupo de mujeres excombatientes anunció que la salida de los firmantes de paz y sus familias "es inminente y no tiene reversa". Yulis Cabana y Tilfia Quintero fueron las voceras del grupo de lideresas que tienen a su cargo varios procesos organizativos dentro del espacio y señalaron que no quieren entorpecer los esfuerzos del gobierno en su política de Paz Total, pero que no hay condiciones de seguridad para quedarse en ese lugar.

Las mujeres le exigirán al gobierno celeridad en el trabajo de la comisión de tierras que se instaló la semana pasada y que es la encargada de conseguir y comprar un predio donde se puedan asentar las familias de manera definitiva para reiniciar sus proyectos productivos. También piden que las entidades gubernamentales agilicen los planes que les den acceso a vivienda.

Las lideresas fueron contundentes al señalar que si antes del 8 de abril el gobierno no ha conseguido un predio, debe habilitarles un espacio temporal en Villavicencio, con condiciones dignas y servicios básicos para esperar allí la solución definitiva a su situación. Y fijaron esa fecha porque es una semana antes de que se cumplan los 30 días que les habían dado las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC EP para irse del lugar.

Aun no hay un cálculo aproximado de pérdidas por los proyectos productivos que habían emprendido allí y que contaron con recursos de la comunidad internacional, pero las lideresas explicaron que se vio truncado el trabajo de cuatro cooperativas y seis asociaciones que producían café, ganado, pan, además de un proyecto de turismo y una planta de reciclaje que habían establecido con la comunidad aledaña.

Aunque se espera que se dé una rueda de prensa por separado, las conclusiones de la jornada parecen ya haberse dado: la salida de los habitantes del Mariana Páez -como se le conoce a ese ETCR- no tiene marcha atrás. De acuerdo con un comunicado emitido por esa comunidad hace dos días, la "salida humanitaria" será el próximo 8 de abril. "Día en el cual, mujeres, hombres, familias, proyectos productivos, mascotas, recuerdos y nostalgias saldrán para resguardar su vida, seguridad y dignidad", dice el texto.

Ambas partes ya habían atendido una reunión de emergencia hace dos semanas con los excombatientes de las FARC que viven en esa zona en la que no se logró su permanencia en el territorio. Los firmantes afirman que, aunque coinciden con el Gobierno en que una de las razones para su salida son las inconformidades que vienen presentando por el terreno donde está ubicado el espacio, la amenaza y las pocas garantías a su seguridad aceleró su desplazamiento. Incluso hoy cuando las disidencias al mando de Iván Mordisco desactivaron la amenaza, la marcha sigue en pie.

"La vida de las personas no puede depender de una posibilidad y lo que el Gobierno planteaba era eso, que ellos hablaban con las disidencias del EMC, pero ¿qué pasa si la conversación con ese grupo se rompe en un mes? Los habitantes del ETCR quedarán aún más desprotegidos. La decisión se tomó por esa amenaza latente. Ya hemos perdido muchas vidas en pro de la construcción de la paz", dijo hace unos días a Colombia+20 Manuela Marín, delegada del Partido Comunes ante la CSIVI, y quien participó en esa reunión de emergencia.

Con todo y la salida de los habitantes de ese ETCR, la visita de Petro se configura, por un lado como una señal de su compromiso con la implementación del Acuerdo de Paz -una de sus promesas de campaña-, y que se había puesto en duda por los firmantes, por el mismo Londoño e incluso por el expresidente Juan Manuel Santos, artífice de ese Acuerdo, y quien le pidió a Petro que los escuchara.

De hecho, el viaje fue el resultado tanto del encuentro entre Petro, Santos y Londoño como de la una reunión extraordinaria que el Gobierno tuvo con integrantes de la CSIVI.

"La implementación del Acuerdo de Paz y la seguridad de los firmantes es una prioridad para nuestro gobierno. El primer compromiso del gabinete es el cumplimiento de lo pactado, este es el gobierno de la paz", escribió en su cuenta de Twitter hace unos días el mandatario.

Por otro lado, la presencia de Petro da al menos una mínima garantía para los firmantes que se quedan en el departamento.

Así mismo, el hecho de haber pisado el terreno también es un mensaje para las disidencias de Mordisco con las que Petro está, además, iniciando una negociación de paz y tiene actualmente un cese al fuego que iría hasta el 30 de junio. El mismo hecho de que la amenaza se hubiera retirado por parte del Estado Mayor Central fue la primera muestra de que ese grupo armado sí le está apostando a esos diálogos y la visita de Petro es, la devolución a esa muestra, pero también un claro anuncio de que el Gobierno no está ausente en ese territorio.

Hace una semana se constituyó una comisión de tierras, que reúne a varias entidades como la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Gobernación de Meta, entre otras, para la "exploración, realización de estudios y adquisición de tierras para vivienda y desarrollos de los proyectos productivos", según explicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Esa comisión fue una de las tres que se acordaron crear con el Gobierno. Las otras eran la comisión de la ruta humanitaria, donde se constituyó el Puesto de Mando Unificado Por la Vida, y la comisión de campamento humanitario y mesa de seguimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos.

La situación deja, sin embargo, al Gobierno con un debe sobre la situación de seguridad de los firmantes que ya suman 352 asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016 hasta el 15 de marzo de 2023, tres de ellos este año. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya le solicitó a varias entidades encargadas de la implementación del Pacto que atienda la situación y presente "una ruta integral de emergencia ante situaciones de desplazamiento de personas en proceso de reincorporación, individual y colectiva incorporado al Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP)".

Lo que queda del Mariana Páez

Casi desde el día siguiente al ultimátum que les dio ese grupo armado para desalojar el territorio en 30 días -contados a partir del primero de marzo-, los habitantes del Mariana Páez, empezaron a recoger sus enseres y no se han detenido.

Proyectos productivos de firmantes de Paz de Mesetas Meta fueron desplazados forzadamente, las perdidas economicas son millonarias y la incertidumbre crece en las comunidades del área rural, cientos de personas ya salieron del ETCR. pic.twitter.com/2VeweCUEA8
- Red de Derechos Humanos Albeiro Suárez (@ReDHASMeta) March 27, 2023

En los últimos días hombres y mujeres se han dedicado a desarmar los corrales del ganado, y a subir en camiones todo lo que pueden trasladar de los 14 proyectos productivos que habían armado, entre ellos siembras de café, agencias de ecoturismo, entre otras.

Incluso, una modesta casa con varias habitaciones que habían bautizado como "hotel" para el emprendimiento de turismo, ya fue desarmada. Del Mariana Páez tampoco quedan algunos mercados ni las cooperativas que abastecían a las familias. Tampoco están los libros de la biblioteca comunitaria cuya fachada tenía a uno de los tantos gallos que se paseaban por el lugar, ni la panadería ni el letrero de una de las casas donde decía paz y fraternidad.

Las 86 mujeres que viven en el lugar, en su mayoría madres cabezas de hogar también empacaron sus cosas, cerraron las huertas y hace varios días que los 80 niños y niñas del lugar no reciben clase.

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ExFARC insisten en irse de Mesetas, pese a las garantías que ofrece el Gobierno

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El presidente Gustavo Petro intenta, a esta hora, convencer a los líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Mesetas, Meta, para que no se desplacen del lugar por cuenta de las amenazas que recibieron de las disidencias que se denominan Estado Mayor Central de las FARC EP.