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Heidy Dayana Guaca valderrama

Sí bien es cierto la globalizacion ha traído pros y contras entre ellos la pobreza al tener deudas externas, y actividades como el Tratado de Libre Comercio que dan como resultado un desarrollo de tipo dominante como por ejemplo Ley MONSANTO 970, que intentó legitimar, es decir darle un marco y promover aún más todavía al modelo impuesto a nuestro país desde los años noventa, como resultado de la Deuda Externa, y para satisfacer las necesidades de forrajes de los países europeos primero, y luego de la República de China.
Este proyecto despoja de sus derechos a la agricultura familiar campesina, que abastece a las ferias libres. Según esta ley, los productores no pueden vender, intercambiar ni sembrar más semilla de su cosecha que el equivalente de lo sembrado. El artículo 48 de la "Ley Monsanto" da derecho a guardar semillas de sólo algunas especies, como las papas, y permite la requisa judicial de cosechas en caso de denuncia de infracciones.
Siendo esta una ley innecesaria. La actual da enormes ganancias por royalties a los obtentores. Los pequeños productores rurales dependen del mercado, la norma debe permitir la comercialización de las semillas campesinas locales, reconociendo el rol y autonomía de las comunidades en la recuperación de las semillas tradicionales para el campo y los huertos urbanos.
Además de tener en cuenta que actualmente tenemos una dificultad como sociedad y es que lo que no existe en una ley pareciera que no existiera; pero en la realidad, en el sentimiento y en la cultura cotidiana, sí existe en cuanto a los Lideres Sociales.
Es importante el reconocimiento de defensores y defensoras, evitando su criminalización y luchar contra la impunidad, sería bueno implementar un sistema de protección integral para los defensores de los derechos humanos especialmente las comunidades indígenas y afrocolombianas.
El  Estado, es ausente o inoperante, la ciudadanía busca liderazgos para proteger la vida y la dignidad. Las personas que sobresalen en estos procesos se vuelven obstáculos para el control armado violento y entonces son señalados, estigmatizados, amenazados y, finalmente, asesinados.
Una serie de conductas que, si bien es difícil identificar su fuente de planificación, al ser recurrentes indican la imposibilidad de ser hechos aislados. Por ejemplo, cuando observamos que cada vez que un ciudadano levanta su voz contra un poder armado local es amenazado y asesinado es absurdo que al intentar defender los derechos se ultrajen de esta manera.
Finalmente, frente al tema de vencer el miedo a los riesgos es fundamental la motivación que se le da a la comunidad y que la persona sienta que no está sola. La justicia no opera y donde la corrupción, se convierte en uno de los más peligrosos factores. El líder si no cae en el juego de ser corrupto es asesinado.
Es momento de parar está barbarie, como Estado, debemos sensibilizarnos, de que tenemos que encontrar otras formas para ir cerrando ese cerco y que se proteja, no solamente física sino jurídicamente a los líderes sociales. Los líderes deben ser visibles.

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¡Basta ya! No mas asesinatos de lideres sociales!
Nhora Gilma Bastidas Mora.

Colombia en mas de 50 años de historia y crecimiento territorial es uno de los países en Latinoamérica  que encabeza la lista con mayor número de  lideres sociales asesinados, esta es una de las situaciones mas caóticas que miles de personas deben vivir a diario dado a que ser líder social en Colombia, te cuesta la vida, las principales causas de los asesinatos son: la lucha por el control de las economías ilegales, minería, conflicto armado entre las FARC, ELN, narcotrafíco, y cultivos ilícitos. En adición, en un país como Colombia donde la desigualdad social es mayor cada día es evidente que en diferentes regiones se concentre  más la tasa de homicidios a diferencia de otros departamentos; por su parte, lugares como: Cauca, Valle, Pacifico Nariñense y Caucano,  Urabá, bajo Cauca antioqueño, Catatumbo, Caquetá, Vichada y Meta, hoy en día,se mantiene esta disputa por el control de las zonas, rutas de narcotráfico, destrución del medio ambiente y drogas.
Dadas las circunstancias que viven a diario los habitantes de las regiones mas afectadas por los actos bélicos causados por estos grupos al margén de la ley,  con el pasar de los años han empezado a surgir y tomar fuerza miles de organizaciones y lideres sociales que buscan proteger los Derechos Humanos, animales, medio ambiente, educación, trabajo, Salud, diversidad de genero, protección a mujeres y niños, entre otras. No obstante, Francia Elena Marquéz Mina, activista medioambiental y por los derechos humanos Colombiana ademas, ganadora del Goldman Prize, es una de las lideres sociales amenazadas en el país a causa de su lucha en contra de la minería ilegal quien
junto 16 lideres fueron atacados por tres hombres armados en la finca La Trinidad a 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, por fortuna, ese intento por asesinar al grupo falló dejando en evidencia que el Estado Colombiano ofrece muy pocas garantías en la protección de los lideres sociales ya que según cifras obtenidas por la defensoria del pueblo (462) fueron los lideres sociales asesinados desde el año 2016, la Fiscalia al igual que la ONU mencionan que la cifra estaria en (276), la ONG IndePaz estima ( 681 ) y Somos Defensores ( 366 ), Por si fuera poco, miles de lideres sociales a diario son amenazados mediante panfletos
por parte de integrantes de grupos armados como: Las Aguilas Negras, FARC, ELN, Carteles como el de Sinaloa y Jalisco, Bacrim, Grupos Neoparamilitares y Bandas.
Cabe resaltar, que el Gobierno Colombiano ha desarrollado
Decretos, Rutas de Protección Colectiva y Unidades Especiales de Investigación que hoy en día se siguen quedando cortas en la protección de la vida de estas personas ya que así se escriban leyes, decretos, rutas, en fin,  en estas regiones tan golpeadas por la violencia muy pocas veces se cumple lo que establece la ley Colombiana. Finalmente, es claro evidenciar que el estado colombiano no prioriza la vida de sus ciudadanos sino que por el contrario es cómplice del genocidio que se esta presentando en el País.

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Semana.com Últimas Noticias de Colombia y el Mundo

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque. Algunos de ellos habían imaginado muchas veces una reacción como esta; otros la habían ensayado con sus esquema de seguridad; y un par, simplemente, actuó de forma instintiva, tal y como lo habían tenido que hacer para salvar sus vidas.

Tres hombres armados habían llegado a la finca La Trinidad, a solo 15 minutos del casco urbano de Santander de Quilichao, para asesinar a los 16 líderes de las comunidades afrodescendientes que se encontraban allí reunidos. El atentado comenzó como una noticia más de las que aparecen cada dos días, en promedio, desde 2016, con asesinatos o amenazas contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero sus características lo convirtieron en un hecho ampliamente repudiado.

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Inicialmente, se llevó el foco de atención la lideresa Francia Márquez, ganadora el año pasado del Goldman Prize -una especie de Nobel del medioambiente- por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral. Pero después, cuando se supo que otros líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (Aconc), como Carlos Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí o Sofía Garzón, también fueron objeto del ataque, la indignación y las alertas aumentaron. En ese paraje estaban las figuras más destacadas y visibles de las comunidades negras no solo del Pacífico, sino del país. Muchos son autoridades y personas admiradas en sus regiones, gracias al valeroso trabajo que han hecho durante décadas; han ganado el respeto de académicos, altos funcionarios del Gobierno, políticos, diplomáticos e incluso decenas de congresistas de Estados Unidos y Europa. Si la granada que cayó muy cerca del quiosco hubiera explotado, la masacre habría sido inevitable.

Rosero, Francia Márquez y demás líderes discutían los términos de una especie de memorial de agravios que las comunidades le iban a presentar al Gobierno dentro de los acuerdos firmados en la pasada minga indígena. "Queremos que haya una mesa definitiva para que cumplan los más de 300 acuerdos firmados e incumplidos con las diferentes comunidades desde 1986. Que protejan la vida y derechos de las poblaciones, resuelvan asuntos de tierras o minería ilegal, financien proyectos productivos, nuestro sistema de salud, educación y gobierno", dijo Víctor Moreno, presidente de la Aconc.

Un kilo de oro vale 130 millones de pesos en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína.

Pocos imaginaban que el ataque no iba a parar ahí. Un día después del intento de asesinato, rechazado con vehemencia por el propio presidente Iván Duque, varios de estos líderes recibieron una nueva amenaza de las Águilas Negras: " Este es solo el comienzo de lo que será el exterminio de todos ustedes... les llegó la hora, negros" decía el mensaje de texto. La advertencia cumplió su cometido, los llenó de miedo y disolvió el segundo intento de reunión.

Lo ocurrido en el norte del Cauca ofrece un claro ejemplo de lo que pasa en otras zonas del país con el conflicto, las economías ilegales, el narcotráfico y la falta de presencia del Estado. Las amenazas y atentados contra los líderes sociales son el síntoma, la fiebre de un complejo fenómeno que amenaza la tranquilidad y seguridad no solo de las comunidades afrodescendientes, indígenas o campesinas, sino de gran parte de los colombianos.

Las intimidaciones y asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales comenzaron a crecer luego de que las Farc dejaron las armas. Desde entonces, el debate se centró en qué tan ciertas eran las cifras, en si detrás de esa nueva oleada de sangre había una sistematicidad que permitiera llevar el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) y en cómo salvaguardar la vida de cientos de personas. Muchos de estos y otros problemas aún siguen sin respuesta.

Foto: El defensor del Pueblo, Carlos Negret, el procurador general, Fernando Carrillo, y el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, lideran, desde sus diferentes perspectivas, la lucha contra los asesinos de los líderes sociales y contra la problemática que rodea el fenómeno.

Frente a las cifras, todavía no hay unanimidad. La Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados desde 2016, pero la Fiscalía dice que son 276, la misma suma de la ONU. Por su parte, la ONG Indepaz cuenta 681, y Somos Defensores menciona 366. Lo cierto es que, de todos los casos, la Fiscalía sostiene que ha avanzado en 225 y ha capturado 244 personas. De los números, los de la Defensoría serían los más cercanos a la realidad, por el alcance y el contacto con las comunidades que la entidad tiene permanentemente en todo el territorio nacional.

En cambio, parece haber más consenso en las razones de las muertes e intimidaciones. En gran parte, según Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo, responden a la lucha de los líderes contra los cultivos de coca, la minería ilegal o la destrucción del medioambiente, mientras protegen sus parcelas o territorios. La inmensa mayoría está en zonas de conflicto, donde las disidencias de las Farc, el ELN, bacrim, Águilas Negras, grupos neoparamilitares o bandas que protegen economías ilegales imponen su ley o mantienen enfrentamientos por controlar regiones o corredores estratégicos.
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Un importante número de homicidios ocurren en Cauca y parte del Valle, en el Pacífico nariñense y caucano, el Urabá y Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo y algunas zonas de Caquetá, Meta y Vichada (ver infografía). En estas regiones hoy se concentran los cultivos ilícitos, la producción de drogas, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal. Pero también otros negocios como el robo y el contrabando de combustibles, el tráfico de migrantes o el terrible exterminio de las selvas, bosques y sabanas naturales de la Orinoquia. Alrededor de 130 millones de pesos vale actualmente un kilo de oro en el mercado, en comparación con los 8 o 10 en que se cotiza la misma cantidad de cocaína. Todo ello a manos de negociantes y terratenientes que han encontrado en el vacío que dejaron las Farc una oportunidad para apropiarse de miles y miles de hectáreas.

Lo que pasa en el Cauca o Nariño es terrible, dice Negret. Los indígenas, afros o campesinos luchan contra los modelos de producción extractivistas, pero los obligan a cultivar la coca. A su vez, sus propiedades y territorios han sufrido la invasión de miles de campesinos, colonos y raspachines provenientes de la Orinoquia, donde las Fuerzas Armadas han logrado avanzar en la erradicación de cultivos y asumir el control territorial. Detrás están no solo los grupos armados nacionales, sino los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco-Nueva Generación, que tienen cada vez más presencia en el Pacífico colombiano.

Los actores

El debate sobre la sistematicidad tuvo un giro inesperado hace cinco meses. Después de un encuentro con el alto gobierno, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, reconoció por primera vez dos patrones en los casos. "Uno activo y otro pasivo", dijo. El primero se refiere al tipo de estructuras responsables de los homicidios, y el segundo, al perfil de las personas que están matando.

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Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, el ELN y los Caparrapos aparecen a la cabeza de la lista de presuntos responsables. En los registros, sin embargo, abundan los autores desconocidos. Se trata en buena parte de sicarios a sueldo, lo que ha dificultado determinar los autores intelectuales y las motivaciones para hacerlo.

Foto: El presidente Duque lanzó, junto con el fiscal general y varios de sus ministros, un cuerpo de jueces especializados para acelerar la judicialización de los asesinos de líderes sociales. A la derecha, las autoridades capturaron en Caloto a uno de los participantes en el atentado, un menor de 17 años.

La sistematicidad también tiene que ver con las víctimas. Los miembros de las Juntas de Acción Comunal, a la fecha, han puesto la mitad. Un porcentaje preocupante si se tiene en cuenta que 7 millones de colombianos pertenecen a ese tipo de organizaciones. Si bien la mayoría de asesinatos y amenazas reportados conservan un estrecho vínculo con la aplicación del acuerdo de paz, los ataques están enfocados en destruir o debilitar los procesos asociativos locales. Quieren desactivar la participación y la organización social, y para conseguirlo atacan su expresión más pequeña. Para varios analistas consultados por SEMANA, al ya complejo escenario que están viviendo en muchos territorios se suma un ingrediente: las elecciones regionales de octubre.

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Es claro que en la mayoría de estas regiones ganó el Sí en el plebiscito, en segunda vuelta perdió Iván Duque y muchos de estos nuevos líderes y organizaciones quieren llegar al poder. Tal y como denunció el analista Ariel Ávila, las elecciones han multiplicado las acciones contra los líderes, algo que podría volver a pasar. Y en la arena política, las amenazas y balas pueden venir de cualquier lado, como ha demostrado la historia reciente del país.

Con la salida de las Farc, los líderes compraron la propuesta de que podían participar. Pero no fue así. Hablar y hacer política les está costando la vida. Además, la falta de coordinación del aparato institucional también los asfixia. Aunque hace mucho rato la dimensión del fenómeno sobrepasó la disputa por el número de víctimas, este es el punto de partida para diseñar una estrategia que los proteja.

Basta revisar el Plan Nacional de Desarrollo para entender lo que está pasando. La primera versión conocida del proyecto tenía como base las 462 víctimas de las que habla la Defensoría del Pueblo. En la última, aparecen las 272 que mencionan las Naciones Unidas. Si el Estado cuenta con una entidad que se encarga de velar por proteger, defender y promover los derechos humanos, ¿por qué no creerle? Las diferencias con la Defensoría vienen de vieja data. El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos echó mano de la cifra más pequeña durante años.

Del papel al terreno

Para tratar de contener la oleada de asesinatos posteriores al acuerdo, en 2017 el Gobierno expidió casi una decena de decretos. Entre ellos, el 2252, que estableció que las Alcaldías y Gobernaciones deberían actuar como las "primeras respondientes" de detectar a tiempo las amenazas. También el 660, que creó medidas de protección colectivas para las comunidades en riesgo. Por su parte, el 2078 perfiló la ruta de protección colectiva de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal de grupos y comunidades. El 898 creó la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales. Y el 2124 fortaleció el Sistema de Alertas Tempranas.

En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado.

Pese a esta artillería de medidas, la realidad en las regiones es otra. ¿Qué está fallando? Lamentablemente, buena parte de las iniciativas tramitadas después de la firma del acuerdo de paz nacieron muertas. El Gobierno las concibió sin garantías de financiación, y con la llegada del nuevo Gobierno más de una terminó enterrada. La actual administración ha optado, al parecer, por una estrategia con sello propio. Aunque en un principio se dijo que las políticas públicas al respecto permanecerían vigentes, no ha sido así. La Comisión Nacional de Garantías solo se ha reunido una vez en lo que va del actual periodo, reemplazada por el Plan de Acción Oportuna (PAO).

Los efectos de esto van más allá. Ocho días antes del atentado en Santander de Quilichao, la Defensoría del Pueblo le había hecho llegar a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una alerta urgente sobre "la situación de riesgo identificada para las organizaciones comunitarias del Cauca". En lo que va corrido de 2019 se han reportado al menos 12 panfletos amenazantes, que se suman a los 55 que circularon el año pasado. La alerta, sin embargo, no tuvo eco. A la entidad no llegó respuesta, y los líderes tampoco sintieron apoyo alguno en terreno.

Organizaciones como Somos Defensores aseguran que el PAO desconoce el trabajo que se venía adelantando y la importancia de garantizar la paz en los territorios para erradicar la violencia en contra de los defensores, y que también excluye a la sociedad civil. "Prefieren generar estrategias que, con la excusa de la seguridad, crean las condiciones para la militarización de las diferentes regiones en las que sufren agresiones los líderes sociales, bajo la vieja e inservible fórmula de combatir la guerra con más guerra, medida con la que sigue priorizando la protección física e ignora la importancia de la creación de garantías", detalló Somos Defensores en su más reciente informe, titulado 'La naranja mecánica'.

¿Hay solución?

En el encuentro llevado a cabo en agosto pasado en Apartadó, liderado por el procurador general, Fernando Carrillo, este consiguió que el alto gobierno firmara un pacto por la vida. Este ha sido clave, pero no suficiente para evitar más muertes. ¿La razón? Allí acordaron fortalecer la Unidad Nacional de Protección que hoy recibe 20 por ciento más de recursos que el año pasado. Es decir, el presupuesto quedó en 688.747 millones de pesos, cifra que por sí sola no alcanza para evitar más muertes.

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Porque robustecer y mejorar la ingeniería de la UNP, en parte, es clave para garantizar la seguridad de más de 4.377 líderes sociales. Francia Márquez es una de ellas. Su equipo de seguridad resultó determinante para evitar una tragedia en Santander de Quilichao, que habría desmoralizado al país, y también para determinar con rapidez lo que está pasando.

Los escoltas lograron rechazar con éxito el ataque, lo que permitió que, una semana después, las autoridades capturaran a un menor de 17 años como uno de los presuntos atacantes. Según relataron a la Fiscalía, no repelieron con más contundencia el ataque porque se dieron cuenta que se trataba de tres niños. Pero no solo ese detalle ayudó. También contaron que alcanzaron a impactar a uno en el brazo izquierdo, lo que facilitó su captura después de que se presentó fugazmente en un hospital.

Hacer justicia es otro factor clave para desmantelar las organizaciones responsables de estos ataques. Precisamente, esta semana el presidente Duque anunció un cuerpo de jueces para la "rápida judicialización y condena ejemplarizante de los asesinos de nuestros líderes sociales".

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Parece clave hacerle una reingeniería a la UNP, lo que requiere hacer un diagnóstico de cómo están repartidos los escoltas en el país e identificar a quienes los tienen, aunque no los necesitan, a fin de proteger a quienes están más expuestos en los territorios. Es necesario ir más allá. Como le dijo el procurador Fernando Carrillo a SEMANA, "Debemos pasar de esquemas individuales, reactivos y urbanos a esquemas de protección colectivos, preventivos, rurales y con enfoque diferencial".

Aunque se ha repetido hasta el cansancio, nada funcionará sin la presencia integral del Estado. A la acción de la fuerza pública hay que sumarle soluciones sociales, de salud, educación, proyectos productivos, inversión en vías e infraestructura para sacar del abandono y el atraso a miles y miles de colombianos.

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Informe especial: ¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales

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Una explosión, seguida de disparos, llevó a un grupo de líderes, que se encontraban reunidos en el quiosco de piso de cemento, guadua y tejas de barro, a tirarse al suelo y resguardarse detrás de los muros de ladrillo, mientras los escoltas repelían el ataque.

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Heidy Dayana Guaca valderrama

Documental
La ley Monsanto 970, es un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el gobierno del país sudamericano que, en términos generales, privilegia los intereses de grandes corporaciones de alimentos genéticamente modificados sobre el bienestar de agricultores y aun de la misma población nacional.
Las protestas se presentaron en diversos puntos del territorio Chileno y Colombiano, con protagonistas por algunos de los sectores más importantes del campo, entre ellos los de los arroceros y los cafetaleros.
Sin embargo, en el caso específico de las protestas agrarias, hasta ahora el principal motivo de descontento es la llamada Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario, la cual prohíbe a los campesinos almacenar semillas de sus propias cosechas para siembras futuras y, a cambio, permite únicamente la compra de semillas “certificadas”, un recurso legal en el que algunos han visto el favoritismo franco para las empresas multinacionales, las más importantes en el mercado de los alimentos transgénicos.
Todo es posible en la distracción mundialista y justo eso pasó con la Ley Monsanto, que fue aprobada en ese contexto. Si bien es cierto esta ley ateta contra nuestra alimentación pues permite la entrada a organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos, que hasta el momento están restringidos en el país; además, el control lo tendrá la empresa que vende la semilla, pues únicamente se podía sembrar semillas compradas en lugares como una agro veterinaria, es decir, se crea una dependencia hacia las empresas productoras de las semillas, así como se haría dependientes a las tierras de los productos químicos que facilitan la productividad de estas semillas, consolidando las ganancias económicas para las empresas y el empobrecimiento del resto de la población.
En el documental seleccionado, habla de una serie de reformas estructurales con el fin de acoplarse a una ley que sólo llevaría beneficios a empresas de la globalización dando como resultado una economía fugaz.
La relación que tienen las estrategias implementadas por la ley 970 con el modelo dominante es que ambas, buscan una estabilidad macroeconómica que recupere las condiciones de crecimiento en las regiones aplicadas, trayendo como consecuencia, en la noticia el restablecimiento de la estabilidad en sus principales sucursales y la retroalimentación y el recurso un estancamiento mediocre.
Además se pone en duda la siguiente pregunta ¿Se pueden reutilizar las semillas protegidas? Pues la respuesta es un agricultor que compra a una empresa semillas mejoradas, puede volver a sembrarlas tras la cosecha. La nueva ley restringe esta práctica, con el fin de que el creador de la variedad obtenga derechos también por la semilla “de segunda generación” esto significa un atentado contra los pequeños campesinos que históricamente reutilizan sus semillas, lo que sin embargo podría ser evitado con modificaciones al actual proyecto. Finalmente la reflexión e invitación es tener en cuenta que los campesinos son quienes nos proveen los alimentos de una u otra manera respetar la economía, además tener en cuenta que el mundo es un negocio somos números,  y nadie hace nada creo que es tiempo de parar la destrucción.

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Ley Monsanto

Nhora Gilma Bastidas Mora.

Colombia es un país rico en recursos naturales, tiene cientos de especies animales silvestres, diversidad de alimentos agrícolas, ganadería, piscicultura, animales de granja, café, entre otros. Sin embargo, el país concentra sus exportaciones en mayores cantidades en productos como el petróleo crudo, petróleo refinado, carbón, café y oro; y en medianas cantidades exporta productos alimenticios priorizados como: banano, bananito, piña, aguacate hass, lima Tahití, uchuva, papaya, fresa, plátano, frutas procesadas, vegetales procesados, productos lácteos, palma, tilapia y trucha. El hecho de realizar mayores exportaciones de petróleo, carbón, oro evidencia que el país está en un atraso enorme en cuanto al desarrollo de políticas, tecnologías, procedimientos y adquisición de productos para el cultivo de los campesinos pues al sector primario en muchos aspectos es el más olvidado del país.

Adicionalmente, el estado es un ente que se preocupa muy poco por los campesinos y mientras este debiera pensar más en ellos o desarrollar políticas, tratados o rutas para la atención de sus necesidades, el Gobierno de Colombia en un determinado momento intrujo el proyecto de ley 970 de 2010 ley Monsanto “ Por medio de la cual se establecen los requisitos para la producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas para siembra en el país, su control y se dictan otras disposiciones.” En este sentido, el Gobierno Colombiano desarrollo unas pautas de acondicionamiento, comercialización, calidad de semillas, cosechas, cultivos, especies, empaques, normas de bioseguridad, entre otros aspectos que buscaban mejorar según el Gobierno la producción  de semillas para los cultivos pero, más allá de preocuparse por mejorar la vida del campesino lo que el estado trato de hacer fue robar las semillas de los campesinos y la de sus familias,  por medio de artículos de la respetiva ley Monsanto obligar al humilde campesino a comprar las semillas que el mismo puede reservar para una próxima cosecha; no satisfecho el estado con este abusivo acto de robo campesino, tal vez una de las personas más vulnerables del país, pretendería así mismo privatizar todo lo relacionado a los productos agrícolas y si  el estado pudiera hasta privatizaría el aire que todos respiramos, teniendo en cuenta que el agua ya está privatizada en algunas zonas del país.

Lo que realmente debería preocupar al estado colombiano y por supuesto a sus compatriotas es que el Gobierno pasa por encima de las personas menos favorecidas y al contrario de ayudar a estos sectores a crecer y por ende, que mejore la economía del país; cada vez que puede lo que decreta o dictamina Colombia deja a su paso solo desolación y olvido en las zonas rurales, cabe mencionar que si los campesinos viven en zonas golpeadas por la violencia, el asunto empeora por que muy pocas veces el estado se acerca a brindar protección a estos humildes campesinos ya que en ocasiones viven en zonas rurales de difícil de acceso, gobernadas por grupos armados, obligados a tener en sus tierras cultivos ilícitos, sufrir el reclutamiento forzoso de sus hijos, desplazamiento, entre otras situaciones.

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¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales.

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¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales.

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Heidy Dayana Guaca valderrama

Noticia
Colombia un país lleno de biodiversidad, fauna, flora es también uno con memoria, de odio, rencor, violencia, corrupción e inseguridad para personas que resguardan los derechos como lo son los líderes sociales.
Los asesinatos y amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia no paran. Por el contrario, como revelará un informe de la Defensoría del Pueblo, sigue aumentando el número en toda la geografía nacional. Desde finales de 2016, activistas ambientales, líderes de restitución de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y defensores de sus comunidades han sufrido nuevas formas de violencia que salieron a flote con el posconflicto.
Más allá de quién tenga la razón, la situación es inaceptable y escandalosa. Cualquier muerte, en especial la de los líderes, amenaza la democracia, la tranquilidad y la vida de miles de colombianos, especialmente, de los que viven más lejos de los centros del poder.
Los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son una problemática que no da tregua en Colombia. Según Naciones Unidas, desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, la Defensoría del Pueblo habla de 462 líderes asesinados. Francia Márquez ganadora en 2018 el premio del Goldman Prize, este premio es una especie de Nobel del medioambiente por su lucha para detener la minería ilegal de oro en su tierra ancestral.
Si bien por su contexto y dinámicas la capital se diferencia de regiones mucho más azotadas por esta problemática, sus características hacen que no solo concentre un gran número de líderes locales, sino que otros lleguen en busca de ayuda. Es por ello que, a partir de 2016, bajo un enfoque preventivo y de orientación, en la ciudad se gestó una ruta diferenciada para su atención. Se trata de un conjunto de medidas transitorias para minimizar el riesgo y ofrecerles canales para garantizar su protección.
Finalmente lo cierto es que la victimización continúa y aun no hay claridad sobre una buena cantidad de casos. Todo parece indicar que para las zonas de circunscripciones especiales de paz es necesario diseñar un plan de contingencia para la seguridad de liderazgos sociales,  proteger las organizaciones de víctimas y restitución de tierras.
Los líderes sociales son personas encargadas de la defensa de los Derechos Humanos de territorios del medio ambiente, de educación,  de la cultura en las comunidades de Colombia. Asociados a la defensa de territorios y de los Derechos Humanos y a la participación política de la comunidad. Algunos pertenecen a las Juntas de Acción Comunal. Es decir la voz del pueblo de comunidades ante alcandías y gobernaciones para futuros proyectos e incluso mejorar las infraestructuras en mal estado.
Es por esto que se hace una reflexión a mejorar como personas, tener en cuenta que son personas como cualquier otra interesándose por problemas colectivos que se tienen, no hagamos vista gorda a problemas reales que se están viviendo, como lo son genocidios, desigualdad, corrupción. Priorizar como país la vida, como derecho fundamental de cada ciudadano.

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¡ Basta ya! No más asesinatos de lideres sociales 

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¡ Basta ya! No más asesinatos de lideres sociales 

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Geny Carolina Gutiérrez Almanza

Desde hace más de 50 años Colombia ha sido un país golpeado por la violencia y la desigualdad social, debido al conflicto interno que vive, que consiste básicamente en la lucha por el poder, es decir desafortunadamente los grupos al margen de ley utilizan la teoría que luchan por el pueblo y para que en un futuro Colombia exista una igualdad social y económica para todos, pero con sus acciones solo han logrado empobrecer al país afectando a la población que vive en el área rural y a aquella población vulnerable que no tiene acceso a la educación, a la salud, a un trabajo digno y a una vivienda digna, solo para el año  2018 el Departamento De Administrativo Nacional De Estadística (DANE) informo que el 19,6% de la población del país vivía en pobreza multidimensional en otras palabras no tiene acceso a lo antes mencionado;en esta lucha constante y ante el abandono del gobierno surgen los líderes sociales que son aquellas personas que se encargan de luchar por los derechos humanos, de los territorios, del medio ambiente, de la educación y la salud, estas personas día a día luchan por mejorar la calidad de vida de aquella población menos favorecida, pero infortunadamente son asesinados, Colombia es un país en el cual prima el desarrollo dominante, debido a que se busca un beneficio particular y no uno en común, se busca llenar los bolsillos de unos pocos a consta del trabajo de muchos, en esta problemática hay personajes que juegan un determinado rol, el gobierno y sus entidades que se supone deben garantizar una calidad de vida optima para  cada habitante del territorio nacional o garantizar que se le respeten los derechos que poseen por el hecho de ser colombianos,los grupos alzados en armas que han causado muerte y destrucción a su paso, esto debido a las actividades ilegales que realizan tales como narcotráfico, secuestro, extorsión, minería ilegal, entre otros que afectan directamente la economía del país y de las personas que lo habitan, por ultimo tenemos al pueblo colombiano que está en medio de una guerra entre los personajes antes mencionados y en esta población se incluye los 4377 líderes sociales, como Francia Márquez quien obtuvo el premio Goldman Prize, por su lucha contra la minería ilegal que afecta el medio ambiente, ella junto a otros 16 líderes  sufrieron  un atentado donde se pretendía acabar con su vida, el gobierno de manera muy inteligente a adoptado las cifras que emitió la fiscalía acerca de la cantidad de lideres que han sido asesinados,con el fin de que su imagen no se vea afectada,desde el 2016  según esta entidad y la Organización De Las Naciones Unidas (ONU) son 276 los líderes sociales que han perdido la vida, cifra que no comparte la Defensoría Del Pueblo pues según sus estadísticas  los lideres asesinados ascienden a 462, pero para otras ONG como Indepaz manifiestan que son 681 y Somos Defensores cuentan con una cifra de 366, es evidente que las cifras no encajan, el gobierno ha tomado algunas medidas pero evidentemente no han sido suficientes y menos si no se consolida una cifra real y unánime acerca de los lideres sociales que en busca de un mejor futuro han perdido la vida, se logra establecer que las poblaciones que mas se ven afectadas son aquellas olvidadas por el estado como Cauca, Pacifico Nariñense, Catatumbo, Caquetá, Urabá Y Vichada,departamentos en los cuales existe un Cáncer que está acabando con nuestro país y que ha permitido que grupos delincuenciales como el ELN, Bacrim, Disidencias de las Farc y el cartel de Sinaloa tomen el control de estos lugares, ejerciendo actividades ilegales, puesto que existen cultivos ilícitos y minería ilegal entre otras, es claro que este tipo de actividades solo lucra a algunos y afecta la calidad de vida de los habitantes de las regiones antes mencionada, si queremos un mejor país el gobierno debe tomar medidas y luchar de frente contra este tipo de actividades, además invertir en la educación de calidad para cada uno de los colombianos, pues ese es el camino para salir de la pobreza.

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¡Basta ya! No más asesinatos de líderes sociales 

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Los líderes sociales en diferentes partes del mundo son personas que promueven la dignificación, protección y respeto de las diferentes formas de vida que existen en el planeta, un ejemplo de ellos es el arduo trabajo de la activista medioambiental y de derechos humanos Francia Márquez quien paso a paso a dedicado su vida a luchar en contra de la minería ilegal en el departamento del Cauca. Es bien sabido que en un país subdesarrollado como Colombia es complicado ser líder social pues las amenazas en contra de la vida e integridad humana no dejan de llegar, el estado colombiano tiene la obligación de proteger a estas personas sin embargo, la corrupción que hay en este país es tan grande que las denuncias que hacen los lideres al estado cuando reciben panfletos, hostigamientos, secuestros, en fin no pasan del papel puesto que en muchos casos las investigaciones se guardan o nunca llegan a los entes encargados de hacer las previas investigaciones.

Esta situación es un hecho lamentable teniendo en cuenta que la existencia de los mismos líderes sociales esta para promover el desarrollo cultural, ambiental, humano y social de sus habitantes, pero en el país prima la individualidad de los intereses y los gobernantes que llegan al poder muy poco o nada les interesa cuidar de quienes luchan día a día por tener un mejor país, mayor acceso a la educación, mejor salud, la dignificación del trabajo del campesino, evitar el desplazamiento, etc… Teniendo en cuenta, estas diferentes causas y consecuencias es evidente que Colombia seguirá siendo un país donde día tras  día se seguirán asesinando a personas a sueldo pues el problema no es la estructura legislativa, del poder o ejecutiva sino que este problema se enfoca en las personas que han crecido y transmiten a sus descendientes la cultura de la mermelada y por tal razón en el país no hay unión para luchar en contra de los atropellos que se comenten a diario con el campesino, los más vulnerables, la clase obrera, el medio ambiente, los niños, mujeres, etc… Por ende, los líderes sociales en Colombia son tan importantes porque gracias a ellos muchas personas tienen voz ante el estado, pueden exigir sus derechos, garantías, entre otros derechos que se vulneran en el país.

En conclusión, para detener la ola masiva de asesinatos a sangre fría por parte de los disidentes de guerrillas, bandas criminales, incluso carteles mexicanos que se están instaurando en Colombia para delinquir,  requiere que el estado Colombiano se ponga en los zapatos de las diversas necesidades que se viven en estas regiones;  y de que como lo menciona en la constitución política del estado Colombiano el derecho a la vida prevalezca, ya que lo que está ocurriendo en las zonas afectadas por el conflicto armado en gran parte el estado es cómplice y culpable de las miles de muertes de inocentes que hoy siguen en las memorias de sus queridos, personas que murieron luchando en contra de la injusticia y desigualdad colombiana.

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El campesino Colombiano desde años atrás hasta la actualidad es un trabajador indispensable para el desarrollo del país teniendo en cuenta que los cultivos ayudan al crecimiento de la economía, provee distintos alimentos para el subsistir del Colombiano, son protectores de los recursos naturales pero, las personas a las que el estado Colombiano les ha pagado de la peor manera pues, el estado Colombiano está liderado por organismos que no se interesan en lo más mínimo por mejorar las condiciones de vida de estas personas sino que por el contrario tienen la firme intención de desangrar a mas no poder el labrador de la tierra imponiendo sobre ellos cargas que no son necesarias y viles. En este sentido, el estado colombiano en sociedad con los Estados Unidos de América pretendían poner en marcha el proyecto de ley Monsanto  que descaradamente buscaba que el campesino comprara semillas para sembrar ya patentadas y a empresas privadas para poder trabajar la tierra, esta decisión no solo afectaba el desarrollo agrícola en las zonas rurales sino que es un atropello al trabajador del campo pues Colombia es un país que necesita invertir precisamente en el desarrollo y crecimiento del campo, ya que es bien sabido que no se vive de petróleo sino por el contrario los alimentos son  esenciales para la supervivencia de las personas y se considera necesaria e importante que Colombia como país exportador de diferentes productos ya sean textiles, flores, arte, entre otros, debería apuntar hacia esos mercados pero con productos del campo Colombiano pues así se reactivaría la economía Colombiana y se mejorarían las condiciones de vida de muchas personas campesinas.

Por otro lado, el proyecto de ley Monsanto no es un tratado que favorezca al campesino y menos al país pues está llevando al campesino a poseer menos oportunidad para trabajar la tierra pues con la privatización de las semillas, registro de especies vegetales y concentración de venta de estas semillas en pocas empresas, llevará al campesino al masivo abandono de sus campos pues además de los impuestos que se deben pagar, es increíble que un país con diversidad de climas y alimentos producidos en el campo colombiano deba comprar a otros los mismos productos que en sus tierras ya se da desde generaciones ancestrales.

No obstante, Despierta Chile. (1 de Septiembre de 2013) afirma: “la apropiación del saber ancestral acumulado por parte de grandes empresas al amparo legal de la nueva ley de obtenedores vegetales no es innovación, es simplemente biopiratería: ¡Un robo! Pues las semillas de los campos colombianos pertenecen al campesino y a sus familias.” Para finalizar, el desarrollo de un país como Colombia debería basarse en la comercialización de productos campesinos  puesto que ellos necesitan que el estado les ayude a salir adelante del aberrante abandono estatal en el que están sometidos pues los trabajadores campesinos son quienes activan la economía y proveen el sustento para los ciudadanos por ende, el campesino debería gozar mejor calidad de vida ya que es artesano de la tierra.

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Documental
Geny Carolina Gutiérrez Almanza

Existen acuerdos comerciales que se firman entre países, esto con el fin de contribuir con el desarrollo económico de su nación, a estos se le conoce como tratados de libre comercio, uno de ellos se firmo entre Colombia y Estados Unidos hace más de 10 años, pero que contrario a lo que se esperaba, un crecimiento en la economía del país, ha traído consecuencias negativas pues unas de las condiciones establecidas por el país Norteamericano es la compra de semillas certificadas o patentadas. Por parte de Colombia esta medida fue adoptada por el Instituto Colombiano Agrícola (ICA) mediante la Resolución 970 o conocida coloquialmente como la ley de Monsanto, con la cual se obliga a los campesinos, agricultores y comunidades indígenas a adquirir, comprar y sembrar semillas certificadas, dejando a un lado sus buenas prácticas agrícolas ancestrales, es decir aquellas que consisten básicamente consiste en preservar las semillas para cultivarlas posteriormente, para nadie es un secreto que Estados Unidos es una de las potencias del mundo y desde siempre ha desempeñado su rol en el desarrollo, como país dominante puesto que se aprovecha de los recursos naturales y económicos de los países con los cuales llega a algún acuerdo y con aquellos en los que ha interferido de manera arbitraria, es evidente que la economía en Latinoamérica ha crecido de manera considerable, uno de estos casos es Chile, pero infortunadamente en este país también se aprobó la Ley Monsanto, que beneficia a empresas trasnacionales como Syngenta, Du Pont y Monsanto que manejan el 47% del sector de los alimentos genéticamente modificados, en Colombia solo el 8% de las semillas han sido registradas por empresas nacionales, todo lo antes mencionado ha afectado al 60% de la población colombiana, debido a esto en nuestro país se han presentado diversas manifestaciones por el sector agrícola, pues no están de acuerdo con la manera en la que esta actuando el estado colombiano, se supone que son los encargados de velar por el  bienestar de su pueblo, con sus actos y proceder solo ha dejado en evidencia sus ganas de favorecer a las grandes empresas, pues de esta manera se benefician económicamente todos aquellos políticos corruptos que integran el poder ejecutivo y legislativo de nuestro país.

Los campesinos y agricultores de nuestro país se sienten abandonados por el estado ya que con la ley de Monsanto se pretende perseguir y extinguir aquellas semillas que no son certificadas, pero como si no fuera suficiente las empresas mencionadas anteriormente buscan monopolizar el sector, puesto que a los  agricultores que cuentan con los recursos económicos para comprar las semillas les imponen la adquisición de paquetes tecnológicos que incluyen abonos, fertilizantes e insecticidas, en pocas palabras los obligan a comprar lo que ellos quieren, esta situación a afectado seriamente la economía de los campesinos e indígenas de nuestro país, de tal manera que a la mayoría los ha llevado a la quiebra, la única salida viable es que el gobierno tome medidas realmente eficientes, con las cuales se les brinde solución a las necesidades que tiene este sector tales como, alivios financieros, créditos con flexibilidad de pago, donde le permita un financiamiento y  crecimiento económico a este sector que le aporta tanto a la población en general, puesto que son ellos quienes producen la mayor parte de los alimentos que se consumen diariamente, y la población colombiana puede contribuir apoyando a nuestros campesinos, comprando sus productos y pagando lo justo, valorando el esfuerzo y trabajo que ejercen estas comunidades para lograr subsistir en medio de tanta corrupción y abandono.