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Pero esto no contenta mucho a los y las migrantes que residen en Chile.

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Fernanda Paúl

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"Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada".

Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año. Ingresó al país sudamericano por un paso irregular, en la frontera con Perú, luego de caminar tres días por el desierto, consumiendo solo agua y pan.

Al llegar a la ciudad de Arica, continuó su viaje de más de 700 kilómetros arriba de una mula para arribar a su destino final: la pequeña localidad El Loa, ubicada en la región de Antofagasta.

Iba en búsqueda de oportunidades y las encontró: consiguió un trabajo como tapicera y, con el dinero que logra reunir mantiene a sus dos hijos -de 6 y 9 años- que permanecen en Venezuela al cuidado de su madre.

"No he conseguido ayuda, ningún abogado me da respuestas. Y en cualquier momento me pueden tomar detenida y expulsar", le dice a BBC Mundo.

"Es muy triste y doloroso estar en esta situación. Yo soy el sustento de mi familia y quiero traerlos a todos para acá porque es la única posibilidad de darles un mejor futuro a mis hijos, que tengan educación y libertad de expresión; lo que está pasando en mi país es una locura", añade.

Nueva ley

Hay miles de migrantes en Chile que están enfrentando una situación similar a la de Daniela.

La nueva ley de migraciones que comenzó a regir el 20 de abril solo les permite regularizar su situación migratoria a quienes ingresaron por un paso habilitado antes del 18 de marzo de 2020, día en que el gobierno de Sebastián Piñera cerró las fronteras por primera vez producto de la pandemia de coronavirus.

"No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes", dijo el presidente Piñera, al promulgar la ley.

"Quienes intenten ingresar clandestinamente, no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión", agregó.

Tras casi ocho años de tramitación en el Parlamento chileno, esta nueva legislación surge en medio del fuerte aumento del flujo migratorio que el país sudamericano ha experimentado en los últimos 10 años.

Los extranjeros aumentaron de 305 mil en 2010 (lo que correspondía al 1,8% de la población total chilena) a casi 1.500.000 personas en 2020 ( 7,5% de la población), según la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que recopiló datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Departamento de Extranjería y Migración de Chile.

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Pie de foto,

En Chile habitan 1.492.522 personas extranjeras, lo que representa un 7.5% de la población en ese país.

Estimaciones del INE, señalan que hoy los venezolanos son el grupo más grande en Chile (30,5%), seguido de peruanos (15,8%) y haitianos (12,5%).

La nueva ola migratoria ha significado un fuerte desafío para esta nación, donde se han tenido que adoptar medidas a contrarreloj para intentar adecuar sus políticas de integración hacia los migrantes.

También ha habido importantes cambios sociales: ciertos municipios, incluso, han terminado cambiando su perfil demográfico debido a la gran concentración de extranjeros, como Santiago Centro o Independencia, donde uno de cada tres residentes no es de origen chileno.

"Frente al aumento de los flujos migratorios, resultaba urgente modernizar la ley que teníamos y que estaba absolutamente obsoleta", le explica a BBC Mundo la abogada Pilar Hazbun, coordinadora del área legislativa del centro de estudios Libertad y Desarrollo, del cual varios de sus investigadores han colaborado con partidos de centroderecha y el gobierno de Piñera.

"Esta nueva legislación tiene un enfoque integral y comprende un equilibrio entre reconocer los derechos y deberes de los migrantes, pero también reconocer que el Estado tiene la soberanía para determinar quiénes ingresan y quiénes no, y cuáles son los requisitos para ello", agrega.

Pasos no habilitados

En ese contexto, muchos optan por emigrar, incluso a pie, buscando un mejor futuro, sin importarles si tienen o no permiso de entrada en las naciones a las que se dirigen.

Y Chile, pese a las fallas estructurales que dejó en evidencia el estallido social que se inició en octubre de 2019, sigue siendo uno de los destinos más atractivos.

Un ejemplo de sus consecuencias es lo que sucedió en Colchane en febrero de este año, cuando los servicios del pequeño pueblo altiplánico colapsaron luego de la llegada de miles de migrantes que ingresaron a Chile de forma clandestina, a pesar de las bajas temperaturas y el clima inhóspito de la zona.

Pero hay otro factor que es determinante en el aumento de los migrantes "ilegales": en los últimos tres años, Chile comenzó a exigir un "visto consular" a las personas provenientes de Venezuela y Haití, requisito que la nueva ley de migraciones extendió a todos quienes quieran instalarse en el país, con el fin de evitar que extranjeros ingresen como turistas y cambien su calidad migratoria para buscar trabajo.

Para Macarena Rodríguez, presidenta de SJM y académica de la facultad de derecho de la Universidad Alberto Hurtado, esto puede significar un grave problema.

"Los visados previos son muy difíciles de conseguir, imagínate en Venezuela. Y cuando tienes personas desesperadas, que ven esto como vía de supervivencia, el ingreso por pasos no habilitados se abre como una posibilidad", le explica a BBC Mundo.

La misma opinión tiene el sociólogo y experto en migraciones, Luis Eduardo Thayer.

"Las personas que no tienen oportunidades en otros países van a venir igual a Chile porque los va a mover el trabajo, la posibilidad de conseguir recursos, entonces todas las normas nuevas chilenas lo que van a terminar haciendo es incentivar el ingreso clandestino", le señala a BBC Mundo.

Sin embargo, el subsecretario del ministerio del Interior, Juan Francisco Galli, afirma que el país sudamericano tenía que tomar una decisión.

"¿Qué es mejor, 250 mil ingresando como turistas y quedando en irregularidad o 24 mil ingresando clandestinamente? Creo que los números hablan por sí solos; redujimos a un décimo el problema. Aunque sigue siendo un problema", le dice a BBC Mundo.

"Chile le está cerrando las puertas a la migración clandestina, sí. Pero para aquellos que declaren, desde su país de origen, que vienen a Chile a vivir, a trabajar o a estudiar, las puertas están abiertas", agrega.

Expulsiones administrativas

Para intentar controlar la migración ilegal, aparte del requerimiento de visados consulares, la nueva ley de facilita las "expulsiones administrativas".

Ahora, para que un migrante sea expulsado ya no es necesario que haya una denuncia penal en su contra (lo que suponía una demora en el trámite). Desde el 20 de abril, la simple constatación de que una persona ingresó de manera irregular es argumento suficiente para que sea expulsada.

El gobierno de Piñera ha sido enfático en que hará cumplir la ley y para ello contrató 15 aviones comerciales que, según han adelantado las autoridades, se usarán para devolver a sus países a un total de 1.500 personas en 2021.

El primero de ellos despegó a fines de abril con 55 personas a bordo, todas vestidas con overol blanco para evitar el contagio de covid-19. ¿El destino? Caracas.

"Desprecio a los derechos humanos"

Organizaciones pro migrantes han criticado fuertemente la acción, señalando que es una "humillación" para los deportados.

El 19 de mayo expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamaron al gobierno chileno a "detener inmediatamente los planes de expulsiones colectivas de migrantes" pues, afirmaron, tienen "derecho a una evaluación individual y a permanecer en el país mientras se valora su situación de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos".

El Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, le aseguró a BBC Mundo que "hay un mal entendido que a veces se da en los Estados respecto a las deportaciones: dicen que tienen derecho soberano a deportar y lo cierto es que hay una gran cantidad de limitaciones para hacerlo".

"El principio de no devolución, el arraigo en el país, las relaciones familiares y problemas de tipo sanitario, son algunas de ellas", explica.

El académico señala además que "cuando se hace gran aparataje de las deportaciones, se estigmatiza a los migrantes".

"Puede haber una connotación de interés político porque se trata de mandar un mensaje a costa de los derechos de la población migrante. Y es muy complicado usar a los migrantes como moneda de cambio para satisfacer otros intereses", asegura.

En la misma línea, la directora de Aministía Internacional en Chile, Ana Piquer, ha insistido en que los expulsados no son "propiamente migrantes", sino personas que buscan "protección internacional" dada la fuerte crisis que atraviesan algunas de estas naciones, como Venezuela.

Frente a estas críticas, el subsecretario Galli le señaló a BBC Mundo que "en Chile no hay expulsiones masivas ni colectivas".

"Cada caso de expulsión es analizado en sí mismo. Aquí no hay una voluntad del Estado de expulsar a cualquier costo o a cualquier persona, pero el Estado tiene que dar señales claras respecto de que el ingreso clandestino no está permitido en Chile, que es malo para el migrante y es malo para el país".

Sobre los cuestionamientos a los derechos humanos, Galli asegura: "El desprecio por los derechos a las personas está dado por aquellos que incentivan el ingreso clandestino".

"No puedes tener una ley de apertura ciega a la migración sin hacerte cargo de los temas", señala.

El caso de Colombia

La postura de Chile contrasta con las políticas migratorias que otros países de la región han tomado con el fin de proteger a los migrantes, especialmente a los venezolanos.

De acuerdo con ACNUR, la agencia de la ONU para refugiados, hay 5,4 millones de venezolanos refugiados en distintos continentes, una de las crisis de desplazamiento más importantes del mundo.

Quienes se acojan a este beneficio podrán permanecer de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años.

El trámite, completamente gratuito y en línea, ha sido catalogado por expertos como un "avance histórico" hacia los derechos humanos de los venezolanos, pues permitirá tener un registro universal de esta población y focalizar adecuadamente las ayudas estatales.

Para Felipe González Morales, Chile debería tomar una actitud similar.

"Tiene que buscar formas de establecer mecanismos de regularización de la población migrante. La crisis en Venezuela es real, entonces no es una cuestión de que te guste o no; es una crisis que afecta a la gente y por eso han salido 5 millones de personas en los últimos seis años. Lo otro es tapar el sol con un dedo", dice.

Cabe recordar que Chile es de los pocos países latinoamericanos que decidió rechazar el pacto mundial sobre migración de la ONU en diciembre de 2018, al cual adhirieron 164 gobiernos. La razón que se entregó en ese momento fue que el pacto chocaba con las normas chilenas para tener una migración "segura, ordenada y regular".

"Es una olla de presión"

Hay otra cifra que hay que tener en cuenta al momento de analizar el tema migratorio en Chile: de acuerdo con el Departamento de Extranjería y Migración de este país, el número de visas otorgadas para extranjeros ha disminuido considerablemente en los últimos tres años.

En 2018, por ejemplo, se otorgaron más de 438 mil mientras que en 2020, poco menos de 200 mil. Las permanencias definitivas también han disminuido, de aproximadamente 93 mil en 2018 a 74 mil en 2020.

Según el subsecretario Galli, esto se explica por el proceso de regularización que vivió Chile en 2018, pero también porque las solicitudes han disminuido.

Si bien Macarena Rodríguez coincide en que hay una "baja importante" en las solicitudes, afirma que esto no es por "falta de interés" sino por "dificultades" en el proceso.

"Hay una burocracia detrás de las solicitudes que es tremenda y eso hace que las personas no logren obtener regularidad migratoria", dice.

"Tapar la realidad y devolver a los migrantes a sus países no es sostenible en el tiempo", advierte.

"Esta es una olla de presión; hay personas que van a quedar en Chile sin posibilidades de regularizarse porque algunas van a ser expulsadas pero no todas. Y la irregularidad les hace muy mal, las metes en un círculo de informalidad que genera dinámicas complejas", agrega.

Para Luis Eduardo Thayer, las autoridades chilenas están "errando el foco" con estas nuevas restricciones.

"Están mirando el modelo neozelandés, australiano y canadiense. Pero nosotros estamos en la región de donde provienen los migrantes y no es posible tener un control tan selectivo e ideal en términos de ideología", indica.

"Su aplicación carece de realismo y visión de contexto", añade, "y hay un aumento de la precariedad que es evidente en los sectores más marginales".

Discriminación y estigmatización

Según una encuesta de la empresa de opinión pública Cadem, el porcentaje de chilenos que en febrero de este año creía que la llegada de extranjeros es "mala" para su país alcanzó un 60%.

Este número representa un aumento de 16 puntos desde julio de 2019 (44%) y es el porcentaje más alto desde diciembre de 2016.

De acuerdo con el análisis de expertos, estos resultados reflejan algo que está incubándose en la sociedad chilena desde hace un buen tiempo: la discriminación hacia el migrante.

Para el académico, Chile está poniendo por delante una política migratoria de frontera, descuidando la política de integración de los migrantes, que debería considerar un sistema educacional, de salud y territorial adecuada a los tiempos.

"Se ha dejado de lado algo muy importante para evitar que nos convirtamos en una sociedad que odia a los inmigrantes", dice.

"Ver a los migrantes como una amenaza nos va a convertir en una sociedad sin cohesión social y menos igualitaria. Y ese es un problema que en este momento se está desconociendo", agrega.

Por su parte, Patricia Rojas, presidenta de la asociación de venezolanos en Chile, afirma que existe una "campaña mediática para culpar a la migración de los problemas estructurales del país". "Y eso, desde hace un año, vemos que ha calado en la psiquis de los chilenos".

"Si tú le dices a las personas que el migrante viene a quitarles los puestos de trabajo, que estresa los servicios de salud, que no paga impuestos, que se dedica al comercio ambulante, los estigmatizas", le indica a BBC Mundo.

Para ella, las expulsiones de cientos de personas están ayudando a que aumente esta discriminación y que, incluso, se "criminalice" a los migrantes, pues en un mismo avión mezclan a quienes son expulsados por razones administrativas con quienes lo son por razones penales.

Con todo, está por verse si con estas medidas el gobierno de Chile logrará su objetivo de "ordenar la casa" y desincentivar la migración ilegal.

Alejandra*, una venezolana que ingresó al país de manera clandestina el 31 de enero junto a su marido y sus dos hijos, es escéptica.

A pesar de su condición de ilegal, ya consiguió un trabajo como reponedora de un supermercado en la capital, Santiago, que le permitió arrendar una casa para ella y su familia, algo a lo que nunca imaginó que podría acceder tan rápido.

"Aquí sí hay oportunidades. Estuve en Perú antes y, aunque es un país que te abre las puertas para salir de la crisis en Venezuela, no te hace progresar, el título universitario no te sirve y la educación no es buena", señala.

Aunque reconoce que tiene miedo a que la expulsen, asegura que ella y muchos venezolanos están dispuestos a hacer lo que sea por permanecer en esta nación.

"Todavía hay muchísima gente cruzando. Yo, por ejemplo, estoy esperando a mi mamá, a mi hermana y a mis cuatro sobrinos".

*Daniela y Alejandra solicitaron el anonimato de sus nombres completos.

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¿El fin del "sueño chileno"?: los migrantes que luchan por permanecer en un país que les cierra las puertas - BBC News Mundo

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Fernanda Paúl BBC News Mundo "Para nosotros, los latinos, llegar a Chile es como cumplir el sueño americano, y yo salí de Venezuela con una maleta cargada de sueños. Si me deportan ahora, sería como volver al pasado completamente derrotada". Daniela* vive en el norte de Chile hace casi un año.

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A raíz de estos y varios incidentes más se crea la "Nueva ley de Migraciones"

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Dirigente feriante enfrenta violentamente a mujer haitiana por no tener permiso para vender en la feria.

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Dirigente de feriantes en Maipú encara a mujer haitiana sin permiso

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Mujer Vietnamita era explotada por dueños de una tienda en la región de Valparaíso, donde afirma: “En la mañana despertaba y limpiaba afuera y adentro. Cocinaba, lavaba ropa, tenía que trabajar en la tienda y ordenar la bodega, en la noche también, todo”al ser consultada por la remuneración asegura que nunca le pagaron y que además, no la dejaban salir sola. La mujer cuando trabajaba estaba embarazada y relata que no se le otorgó prenatal y post natal, siendo víctima de vulneraciones inhumanas, “Cuando nació mi hijo tuve que hacer un colchón con bolsas para dormir con él".
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Los sueños y esperanzas de un mejor vivir terminaron transformándose en la peor pesadilla. Vulneraciones, malos tratos y desesperanza es lo que tuvo que enfrentar una mujer vietnamita que trabajaba en un mall chino de Cabildo, en la región de Valparaíso.

En el año 2017 luego de retener sus documentos, sus jefes la obligaban a trabajar en extensas jornadas laborales de lunes a domingo, más de 17 horas al día, y además debía realizar labores domesticas y dormir en el suelo aún cuando estaba embarazada. Todo esto, sin recibir un sueldo.

Se habla de trata de personas, de esclavitud, de abuso. Lo cierto es que hoy el Ministerio Público desarrolla una investigación judicial por trata de personas en Chile, y así llegar a los responsables de estos malos tratos.

Ayer durante la edición central de Chilevisión Noticias, un reportaje mostró las declaraciones de esta mujer respecto a lo vivido en esa lamentable situación, graficando con sus primeras palabras el sentimiento que más la embargó. " Tenía miedo, mucho miedo. No tienen corazón, sólo saben de plata ".

Y es que esta vulneración de derechos se extendió por casi tres años. Sin hablar bien el idioma, sin dinero, con un menor a su cuidado y la ilusión de poder ayudar a su familia que vive en una extrema pobreza en Vietnam, Thi Tinh Nguyen soportó todo para sobrevivir.

Fue contactada en Vietnam por un intermediario de los dos imputados que tiene esta causa, ambos dueños del local comercial donde trabajaba la mujer. A la distancia se pactó un sueldo de 500 mil dólares por el primer mes de prueba, y luego 1.000 dólares los siguientes meses por concepto de atención al cliente. Pero al llegar el 1 de noviembre de 2017, sus empleadores le dicen que ya no necesitan de sus servicios.

"Fue muy triste, sentí mucho miedo y no sabía qué hacer", relata la mujer vietnamita. Su abogado querellante, Manuel Contreras, comentó que al verse en esta situación a Thi Tinh Nguyen no le quedó más opción que quedarse a trabajar en el lugar y gratis.

"En la mañana despertaba y limpiaba afuera y adentro. Cocinaba, lavaba ropa, tenía que trabajar en la tienda y ordenar la bodega, en la noche también, todo", al ser consultada por la remuneración asegura que nunca le pagaron y que además, no la dejaban salir sola.

Cuando nació su pequeño fue obligada a trabajar, sin la existencia de un pre o post natal, y en las peores condiciones. Dormían en el suelo de la bodega, en un colchón que ella misma fabricó teniendo a su bebé recién nacido.

"Cuando nació mi hijo tuve que hacer un colchón con bolsas para dormir con él". En el fallo laboral se habla expresamente de condiciones de esclavitud en términos modernos según lo indicado por sus abogados.

Tal como lo señalan en el reportaje, según la carpeta investigativa este caso no habría sido el único, sino que habrían más extranjeros en condiciones similares a las de Thi Tinh Nguyen. "Un chino y yo estábamos en las mismas condiciones. Trabajando todo el día, de la mañana hasta la noche, sin descanso ni vacaciones", comentó la ciudadana vietnamita.

En marzo de 2020 y a través de un plan, Thi Tinh Nguyen fue "despedida" por parte de sus "empleadores" y prácticamente echada a la calle junto a su pequeño hijo de una manera violenta. "Me mandaron a comprar verduras y me cerraron la puerta... no se por qué. Me botaron mis cosas y mi ropa afuera, la jefa sabía que yo no tenía plata y me botó con mi hijo a la calle", recordó la mujer.

Actualmente la ciudadana vietnamita vive junto a su pequeño hijo gracias a la ayuda de algunos vecinos en Cabildo. Su deseo es volver lo antes posible a su tierra natal pero la situación de la pandemia y el juicio que está atravesando en nuestro país no la dejan volver.

" Hablo por si otra persona está viviendo lo mismo que yo. Mucha gente no sabe y muchas personas de otro país pueden estar viviendo temor con sus jefes", argumentó la mujer al finalizar el reportaje desarrollado por Chilevisión Noticias.

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"No tienen corazón, sólo saben de plata": el relato de vietnamita explotada por sus jefes en Cabildo

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Los sueños y esperanzas de un mejor vivir terminaron transformándose en la peor pesadilla. Vulneraciones, malos tratos y desesperanza es lo que tuvo que enfrentar una mujer vietnamita que trabajaba en un mall chino de Cabildo, en la región de Valparaíso.

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Mujer haitiana demanda a empleador.

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Noticiero Judicial: Juzgado Laboral ordena indemnizar a extranjera víctima de burlas en el trabajo

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Trabajador de nacionalidad Haitiana denuncia malos tratos y explotación laboral. El hombre de iniciales P.M afirma: "En ese lugar tuve que aguantar malos tratos solo por mi color de piel. Me echaron de un día para otro sin aviso (…). Ahí me pasaron el finiquito, pero no lo firmé ante notario (…) y ahora no me lo quieren reconocer".
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P.M. es un trabajador de nacionalidad haitiana que viajó a Chile hace tres años para buscar "una mejor vida". Llegó junto a su pareja y dejó a sus dos hijos a cargo de su abuela. En su primer año en el país deambuló en distintos trabajos, hasta conseguir un puesto como personal de aseo en un conocido restaurante de Ñuñoa.

Allí trabajó dos años con contrato, en jornadas que excedían las 45 horas semanales, sin domingos de descanso ni pago de horas extras. Pese a que lo despidieron en octubre de 2018, hasta la fecha no le han pagado finiquito y le adeudan gran parte de sus imposiciones.

"En ese lugar tuve que aguantar malos tratos solo por mi color de piel. Me echaron de un día para otro sin aviso (...). Ahí me pasaron el finiquito, pero no lo firmé ante notario (...) y ahora no me lo quieren reconocer", cuenta P.M., entre un español poco fluido y frases en inglés. "Solo quiero que me paguen las cotizaciones para renovar mi (visa) temporaria. Quiero ser regular para traer a mis hijos", agrega.

Entre 2016 y 2018, las denuncias interpuestas por trabajadores migrantes en la Dirección del Trabajo, por vulneraciones a sus derechos laborales, se han triplicado: pasaron de ser 1.855 a 7.427 el año pasado, según información obtenida vía Ley de Transparencia (ver infografía al final del texto).

Si bien la materia más sancionada en las fiscalizaciones de la Dirección del Trabajo (DT) es la excesiva jornada laboral, también hay altos índices de infracciones en temas previsionales y de remuneraciones.

¿La razón de este aumento? Diferentes expertos en temas de migración y autoridades creen que no es fácil esbozar una sola. Entre ellas, un factor podría ser el aumento de la población extranjera.

En 2018, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Departamento de Extranjería y Migración (DEM) estimaron los extranjeros residentes en Chile en un 6,6% de la población. Sin embargo, las denuncias de migrantes, ese mismo año, alcanzaron el 12,7% del total.

Según Mauricio Peñaloza, director nacional del Trabajo, "la tasa de participación laboral de los extranjeros es más alta que la de los chilenos. No tengo una cifra exacta, porque se da una informalidad importante, lo cual conlleva a una mayor infracción laboral".

Asimismo, asegura Peñaloza, existe un "desconocimiento mayor por parte de los trabajadores extranjeros en relación a sus derechos y, lamentablemente, se puede dar que algunos empleadores abusen de esa realidad e infrinjan con mayor frecuencia respecto de los trabajadores chilenos".

Ignacia Labbé, encargada del programa laboral del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), opina que el aumento de las denuncias de personas migrantes por abusos en sus trabajos podría explicarse porque "la preocupación de los migrantes por conocer sus derechos y deberes ha ido en aumento".

Emilia Solís, dirigenta del Sindicato de Trabajadores de Casa Particular , afirma que el principal problema detectado entre sus asociadas extranjeras es que sus empleadores no formalizan la relación con un contrato. "Estamos reuniendo antecedentes de varias trabajadoras que están en esta situación, para poder hacer una denuncia formal en la DT como agrupación. Conocemos el caso de una trabajadora que lleva siete años en una casa sin contrato", dice.

Los expertos también advierten de una posible "cifra oculta", debido al miedo de los extranjeros a denunciar por residir en el país con un estatus migratorio irregular.

Según la directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la UAH, Macarena Rodríguez, "actualmente, el trabajador depende de un contrato para mantener una condición migratoria regular. Ellos aguantan mucho y cuando se deciden a denunciar, es por no pago de sus horas extras o de finiquito".

Para Karla Nowajewski, coordinadora de la bolsa de empleo del Instituto Católico Chileno de Migración (Incami), "los principales momentos cuando la persona está más susceptible a sufrir vulneraciones se dan cuando todavía no tienen permiso de trabajo o cuando ya se les venció el carné, porque es cuando tienen menos posibilidades de emplearse de manera formal".

Álvaro Bellolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), indica que "es importante transmitir la seguridad de que, independiente de la condición migratoria, pueden denunciar. Si bien corresponde por normativa realizar una sanción si trabaja sin permiso, esta puede ser apelada y reducida o eliminada al analizar las circunstancias".

Con el fin de revertir estas situaciones, se han desarrollado distintas iniciativas que van desde informar a los empleadores y trabajadores sobre los derechos del trabajo, hasta incentivar el ingreso de migrantes a sindicatos.

El DEM, junto con el Ministerio del Trabajo, está elaborando un documento con recomendaciones y buenas prácticas en la materia. "Creemos que existe cierto nivel de desinformación o mitos sobre la contratación de parte de los empleadores", dice Bellolio.

Desde la DT señalaron que es relevante realizar campañas de difusión dirigidas a los trabajadores, para que estos puedan estar más conscientes de sus derechos.

Otra de las iniciativas es el trabajo que el Movimiento de Acción Migrante (MAM) realiza con la Central Única de Trabajadores (CUT). "Es indispensable promover la incorporación de los trabajadores migrantes a los sindicatos y que sus dirigentes puedan velar porque se respeten las mismas condiciones laborales para todos", dice Francisco Bazo, vocero del MAM.

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Las cifras de las denuncias[/caption]

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Denuncias de migrantes por abuso laboral se triplican en dos años - La Tercera

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P.M. es un trabajador de nacionalidad haitiana que viajó a Chile hace tres años para buscar "una mejor vida". Llegó junto a su pareja y dejó a sus dos hijos a cargo de su abuela. En su primer año en el país deambuló en distintos trabajos, hasta conseguir un puesto como personal de aseo en un conocido restaurante de Ñuñoa.

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"En tanto, durante el primer trimestre de 2019, la cifra de denuncias de trabajadores extranjeros alcanzó el 15% del total. Es la población haitiana la que presenta la mayor cantidad de denuncias, siendo el rubro de hoteles y restaurantes donde éstas tienden a concentrarse en la mayor cantidad."
Para mayor información visitar el siguiente enlace:

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Muchos de los extranjeros que residen hoy en Chile vienen con la finalidad de encontrar una nueva y mejorada vida, y para lograr esto deben buscar empleos para mantenerse económicamente. Como no hay una gran variedad de empleos o son discriminados por el hecho de ser migrantes, deben aceptar cualquier trabajo, sin importar el sacrificio que deban hacer.

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(Según la Real Academia Española) Segregar es:
Separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales.
Y labor:
Acción y efecto de trabajar.
Por lo tanto la "segregación laboral" es apartar a una persona diferente al resto en ámbito de trabajo.